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Exmilitares confiesan las duras órdenes que tenían para cometer falsos positivos

Noticias Caracol realizó un informe en el que los uniformados indicaron que eran medidos por “litros de sangre” y se podían negociar atractivos incentivos por esas supuestas ‘bajas en combate’.

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BLU Radio. Ejército / foto: imagen de referencia.

La dolorosa marca que dejaron las ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como ‘falsos positivos’, se agudiza cada día más en el país.

El más reciente informe de la JEP indicó que son 6.402 y no 2.248 las víctimas de estos asesinatos cometidos por militares.

Noticias Caracol realizó una completa radiografía sobre estos hechos y la aterradora forma en la que se cometieron.

De acuerdo con la JEP, el Caribe, entre el norte del Cesar y el sur de La Guajira es una de las regiones con más víctimas.

En esta zona se tiene documentado que el 7,3% de las víctimas provienen del departamento de Cesar, es decir, más de 460 personas hacían parte de esta región en donde operaba, principalmente, el Batallón de Artillería N.2 La Popa.

La ejecución de los falsos positivos en esta zona del país se caracterizó por las alianzas entre miembros del Ejército y paramilitares.

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“El batallón era una máquina de guerra y por lo tanto tenían que verse los resultados operacionales”, así describe un mayor retirado del Ejército, quien comparece ante la JEP, los horrores cometidos por algunos miembros del Batallón de Artillería N. 2 La Popa.

El alto oficial, al igual que muchos otros, a quienes protegemos su identidad por razones de seguridad, decidieron contar una década después lo que pasó y quiénes pueden estar detrás de estos graves hechos.

El discurso del señor coronel Mejía fue muy convincente, llegó con unas metas claras y él sabía que en ese posicionamiento, indudablemente, uno de los pilares era los resultados operacionales
dice.

Y fue esa presión por resultados operacionales lo que habría llevado a que se creara una alianza de la muerte con el paramilitarismo.

“El comandante de La Popa, el coronel Mejía, era determinante en estos resultados operacionales. Él, con alias ‘39’, era quien coordinaba estas situaciones”, sostiene el mayor retirado.

Pero no era lo único ilegal que se movía con tal de sumar números y obtener resultados. Otro teniente retirado, también investigado, cuenta cómo se pagaban importantes sumas de dinero a los soldados por cada supuesto muerto en combate:

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“Yo escuché a mi coronel decir que 500.000 (pesos) por arma corta y un millón (de pesos) por arma larga”.

La víctima podía ser cualquier persona, desde un campesino de la región o cualquiera que, como ellos mismos dicen, "oliera a guerrillero".

Se hacia el respectivo montaje del combate y se procedía a asesinar a quien fuera el próximo resultado operacional, tal como lo cuenta un cabo retirado:

“En el momento cuando ya tenían una operación planeada, él ya nos daba las instrucciones específicas, tan específicas como: ‘está un soldado trayendo a una o dos personas, se va a ir a tal sitio y se va a simular un combate’”, insistió.

“Es decir, ¿desde la planeación de las operaciones ya sabían que el combate iba a ser simulado?”, le preguntan desde la JEP. A lo que responde el cabo retirado: “Sí señor, desde que arrancábamos a la operación ya sabía o sabíamos que se iba a quitarle la vida a una persona simulando un combate”.

Según los uniformados de menor rango, cuando los superiores daban una orden, no había posibilidad de incumplirla. Era la vida de la víctima o era la vida del soldado.

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“Cuando me le acerco al teniente le pregunto para qué me manda llamar y él me específica, me muestra a las dos personas que estaban separadas, y me dice: ‘vea que son guerrilleros, vaya mátelos’”, recuerda un soldado retirado adscrito a La Popa.

Aunque estas personas ya no hacen parte del Ejército y comparecen ante la JEP, aseguran que las presiones por cambiar la verdad no han cesado.

“La mayoría de soldados que están en estos procesos recibían mucha presión, su señoría. Como le digo, a mí lo primero que me dijo el abogado que me recomendó mi coronel Mejía fue: ‘ojo, no vaya a decir que Hugo existe’”, dice el teniente retirado.

Campesinos, pobladores de cascos urbanos, habitantes de calle y hasta población indígena del norte del país: esas fueron algunas de las víctimas de ese horror conocido como falsos positivos.

Precisamente, el dato sobre población indígena es grave, pues para la JEP representa el 2% de los casos.

Norte de Santander también fue una zona donde la práctica del horror se hizo evidente y en donde la orden también fue la misma: litros de sangre.

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“Escuchaban los programas donde decían al Ejército: ‘los estamos midiendo por litros de sangre y carrotanques’ y pues los litros de sangre y los carrotanques los daban son los muertos, no los capturados”, expone un capitán retirado de la Brigada Móvil 15 en Norte de Santander.

“¿Quién lo decía y usted dónde oyó mencionar esto de los resultados del Ejército?”, le preguntan desde la JEP al oficial, quien responde: “En los programas, su señoría. En los programas que hacía el comandante del Ejército, que era mi general Montoya. Solamente programas en escucha, nosotros no podíamos interrumpir esos programas”.

Vea el informe completo realizado por Noticias Caracol aquí:

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