La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación para establecer el alcance de la información contenida en la serie de audios revelados por la revista Semana, en los que se hacen señalamientos sobre presuntas irregularidades relacionadas con la primera dama, Verónica Alcocer, y personas de su círculo cercano.
Las grabaciones publicadas contienen conversaciones atribuidas a la ciudadana colombo-española Eva Ferrer Galcerán, en las que se mencionan presuntos manejos irregulares de dinero, supuestas contrataciones en entidades del Estado y otros hechos que ahora serán objeto de verificación por parte del ente investigador.
Según la publicación periodística, los audios harían referencia a un grupo de ciudadanos españoles que trabajaron con la Presidencia de la República y que eran cercanos a la primera dama, quienes, presuntamente, habrían participado en actuaciones relacionadas con contrataciones y manejo de recursos.
Tras la divulgación del material, la defensa de Eva Ferrer, encabezada por la abogada María Soledad Morales Torrejano, aseguró que la difusión de las grabaciones constituye una vulneración de los derechos de su cliente, al sostener que fueron obtenidas de manera ilegal dentro de su residencia.
Aunque inicialmente evitó confirmar la identidad de la persona que aparece en las grabaciones, posteriormente reconoció que “sí es la voz de Eva”, precisando que las conversaciones se desarrollaron en un ámbito privado y con una persona de su confianza.
La defensa también reveló que Eva Ferrer ha promovido cuatro procesos judiciales relacionados con hechos que, según afirma, ocurrieron tras su salida del Gobierno nacional.
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La abogada María Soledad Morales aseguró que existen pagos pendientes por su trabajo. “A Eva le dejaron de pagar los últimos cuatro meses por su trabajo”, afirmó, al explicar que su cliente fue contratada bajo acuerdos económicos pactados en euros y pesos colombianos que, según sostiene, no fueron cumplidos. La defensa agregó que, tras el deterioro de la relación laboral, Ferrer quedó sin respaldo económico en Colombia y fue, según sus palabras, “aislada”.
Por su parte, la primera dama, Verónica Alcocer, respondió a las publicaciones mediante una carta dirigida a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, documento que posteriormente divulgó a través de sus redes sociales.
En esa comunicación sostuvo que las versiones conocidas públicamente no corresponden a la realidad y manifestó que “las recientes publicaciones periodísticas que pretenden atribuirle conductas, compromisos o actuaciones irregulares carecen de todo sustento y no corresponden a la realidad”.
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