La frontera entre Colombia y Ecuador atraviesa una transformación en sus dinámicas migratorias. Un informe conjunto de las Defensorías del Pueblo de ambos países encontró que el paso fronterizo de Rumichaca concentra actualmente una proporción de migración irregular superior a la registrada en el corredor con Venezuela.
De acuerdo con el documento, el 49 % de la migración irregular registrada por Migración Colombia se concentra en la frontera con Ecuador, frente al 41,6 % del corredor fronterizo con Venezuela.
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El informe fue elaborado a partir de una misión de monitoreo realizada en julio de 2026 en la frontera entre Ipiales, en Nariño, y Carchi, en Ecuador, con apoyo técnico de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El documento advierte que la dinámica de movilidad en esta zona ya no responde únicamente al tránsito de ciudadanos venezolanos hacia el norte del continente. Esto se debe a que en el corredor de Rumichaca confluyen movimientos de población provenientes de distintos países, retornos, migración de personas venezolanas y desplazamientos de familias que buscan regresar a sus lugares de origen.
Según las entrevistas realizadas durante el monitoreo por ambas entidades, el 79,7 % de los movimientos identificados correspondió a desplazamientos en dirección sur-norte, mientras que el 66,1 % de los cruces registrados tuvo como destino Colombia.
Además, el 71,2 % de las personas consultadas manifestó que tenía intención de continuar su recorrido hasta Venezuela, mientras que el 28,8 % señaló que quería permanecer en Colombia.
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El informe identifica varios factores que estarían contribuyendo a que las personas permanezcan en situación migratoria irregular.
Entre ellos aparecen las dificultades para acceder a procesos de regularización, los costos de los trámites y las barreras administrativas. El documento advierte que estas condiciones restringen el acceso a derechos básicos y pueden prolongar la permanencia de las personas en situación irregular.
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A esto se suma la reducción de la asistencia humanitaria y de los recursos de cooperación internacional destinados a la frontera. En Ipiales, por ejemplo, el informe señala que la cantidad de cooperantes internacionales pasó de 25 en 2024 a aproximadamente cinco en la actualidad.
Además, las Defensorías señalaron que la situación migratoria también está relacionada con riesgos de seguridad y vulneraciones de derechos. En las 59 entrevistas realizadas en la frontera, el 42,4 % de las personas reportó haber sufrido discriminación, el 32,2 % dijo haber sido víctima de robos y el 23,7 % de extorsiones. Además, el 13,6 % reportó ataques físicos.
El monitoreo también identificó la presencia de redes dedicadas a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes. El informe advierte sobre operadores informales que, bajo la fachada de servicios turísticos o agencias de viaje, captan personas en terminales y vías y les cobran por supuestas rutas seguras.
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En este informe binacional, ambas entidades identificaron advierten sobre los riesgos que enfrentan las personas en movilidad humana durante su paso por esta zona de frontera. Entre las principales preocupaciones aparecen la extorsión, el robo, la trata de personas, el tráfico de migrantes y diferentes formas de violencia. A esto se suman las dificultades para acceder a mecanismos de regularización, salud, educación, alojamiento y otras ayudas, especialmente para niños, niñas, adolescentes y mujeres.
Otro de los aspectos señalados es la reducción de la asistencia humanitaria y de los recursos de cooperación internacional, que ha limitado la capacidad de los albergues y centros de atención en la zona.
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Las defensorías también llaman la atención sobre la presencia de redes criminales y operadores informales que se aprovechan de la necesidad de las personas migrantes, por lo que plantean fortalecer la coordinación entre Colombia y Ecuador, mejorar los mecanismos de protección y facilitar el acceso a derechos y procesos de regularización.