Esta semana la Corte Constitucional emitió un fallo en el que dio vía libre a la Jurisdicción Especial para la Paz mientras de manera paralela, después de siete sesiones, el Senado de la República aprobaba la ley estatutaria de la Justicia Especial que incluye una polémica proposición del senador del Cambio Radical Germán Barón que plantea inhabilidades para quienes serán magistrados de los tribunales de paz.
Las inhabilidades impedirían a aquellas personas que han litigado en contra del Estado colombiano a hacer parte del tribunal, lo que dejaría por fuera a varios abogados quienes incluso han interpuesto demandas ante instancias internacionales.
Claudia Vaca, química farmacéutica de la Universidad Nacional e integrante del Comité de Escogencia, quien ha seleccionado a los magistrados, dijo en El Radar que se trata de un mensaje confuso y contradictorio.
“El comité ha recibido con sorpresa este mensaje que es muy confuso y contradictorio, puesto que se cumplió con los tiempos establecidos y los contenidos del acuerdo y las normas constitucionales. Cambiar las reglas del juego es algo complejo, porque la tarea está terminada habiendo cumplido a cabalidad los requisitos”, dijo.
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Frente a la decisión tomada por el Senado que plantea que las inhabilidades se dan con el fin de que haya sesgos políticos, Vaca dijo que “el Comité no tenía un mandato de hacer evaluaciones de carácter ideológico en la escogencia, y que además era algo difícil de evaluar. Para el Comité también es un irrespeto con un trabajo riguroso y juicioso. Somos el elemento del acuerdo que se ha cumplido con más seriedad en términos de tiempos y rigor”.
La integrante del Comité también se refirió a quienes dicen que aquellas personas que han litigado en contra el Estado colombiano no serían garantía de una justicia imparcial.
“¿Se imagina unos requisitos sea ecuánime que se inhabiliten instituciones en general? Es un asunto que se sale de proporciones que impediría que personas que han trabajado en estos asuntos se presentaran para ser seleccionados”, criticó Vaca, quien recordó que el acuerdo de paz estableció que las personas seleccionadas debían acreditar trabajo en Derechos Humanos, derecho internacional y centralidad en las víctimas.
En caso de ser aprobada y sancionada dicha proposición, el Gobierno debería establecer la fórmula para escoger el reemplazo de aquellas personas que serían inhabilitadas con un comité distinto, si la decisión sobrepasa el 15 de diciembre.
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