La reciente autorización del Ministerio de Salud para implementar la hidrólisis alcalina como método de disposición final de cadáveres en Colombia abrió un nuevo frente de debate en el país, especialmente por sus implicaciones forenses, ambientales y éticas.
La técnica, también conocida como “cremación líquida”, consiste en someter el cuerpo a altas temperaturas, agua y compuestos alcalinos para descomponer los tejidos orgánicos. “Es introducir el cuerpo del fallecido en un contenedor con mucha agua, entre 600 y 1.000 litros, con altas temperaturas y sustancias alcalinas para deshacer la materia orgánica”, explicó Catalina Páez, vocera de la Cámara Exequial de Colombia. Sobre el resultado del proceso, añadió: “los huesos pasan a secado, luego a trituración y eso es lo que se entrega a las familias”.
Desde ese gremio, sin embargo, hay fuertes reparos. Páez advirtió que la resolución “abre las puertas a problemáticas ambientales que atentan contra la dignidad humana”, y lanzó una alerta en materia de seguridad: “al usar estas sustancias se pierde el ADN, lo que quiere decir que grupos al margen de la ley pueden usar estos equipos para desaparecer personas”.
En la misma línea, el exdirector del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Valdés, calificó la autorización como “un hecho muy grave desde el punto de vista forense”. Según explicó, “la hidrólisis alcalina destruye la molécula de ADN”, lo que impide la identificación de restos humanos. En un país con más de 120.000 desaparecidos, advirtió: “se crea una técnica para destruir el cadáver y su identidad”, lo que podría agravar la situación de miles de familias.
Valdés también marcó diferencias con la cremación tradicional: “en la cremación el ADN se fractura, pero se puede recuperar; en la hidrólisis alcalina se destruye completamente”. Y agregó un llamado directo: “antes de implementar esto, debieron pensar en las familias de las personas desaparecidas”.
No obstante, otras voces destacan posibles beneficios. El experto Ariel Cortés señaló que se trata de “una técnica interesante, nueva y moderna que podría sustituir la cremación”. Entre sus ventajas mencionó el costo: “un proceso puede pasar de seis millones de pesos a cerca de tres millones”, así como un menor impacto ambiental.
Frente a las preocupaciones por su uso indebido, Cortés aseguró que la regulación establece límites claros: “Solo se puede aplicar en muertes naturales; en casos de homicidio o accidentes los cuerpos deben pasar por Medicina Legal”. En ese sentido, insistió en que “lo importante es que se cumpla la norma”, comparando el control con el que ya existe sobre la cremación.
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Pese a estas garantías, el sector exequial cuestiona que la medida haya sido adoptada por resolución y no mediante una ley debatida en el Congreso, donde una iniciativa similar ya había sido archivada. “No puede salir solo por resolución, tiene muchos vacíos y deja la responsabilidad al prestador”, advirtió Páez.
El llamado, coinciden varios expertos, es a abrir un debate más amplio y fortalecer los mecanismos de control. Mientras tanto, la implementación de la hidrólisis alcalina avanza en medio de una discusión que enfrenta innovación tecnológica con memoria, justicia y dignidad.
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