La defensora del Pueblo, Iris Marín, se refirió a las imágenes del presidente Abelardo De La Espriella caminando entre cuerpos de personas muertas durante la operación Azarías, desarrollada en el Guaviare contra estructuras de alias 'Iván Mordisco'.
De acuerdo con el reporte oficial citado por la Defensoría, durante la operación murieron 23 integrantes de esas estructuras armadas, entre ellos algunos de sus mandos. Según Medicina Legal, dos de las personas fallecidas eran menores de edad.
Marín recordó que Colombia lleva décadas enfrentando distintos ciclos de conflicto armado y criminalidad organizada, pero cuestionó que un mandatario aparezca entre los cuerpos de personas muertas y que esas imágenes puedan interpretarse como una demostración de orgullo por los resultados militares.
El Estado y el gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o con quién convierte la muerte en demostración de poder
Marín señaló que el Estado tiene el deber de proteger a la población y enfrentar, dentro de la Constitución y el derecho internacional humanitario, a los grupos armados responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, aclaró que su cuestionamiento no está dirigido contra las operaciones legítimas de la fuerza pública, sino contra la manera en que el Estado ejerce el poder y comunica sus resultados.
“Esta reflexión no desconoce ese deber ni cuestiona por sí mismas las operaciones legítimas de la fuerza pública. Se refiere más bien a algo distinto, a la manera como el Estado ejerce el poder y comunica sus resultados”, explicó Marín.
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La defensora recordó que la Constitución establece que el derecho a la vida es un derecho fundamental de aplicación inmediata y que no puede ser suspendido ni siquiera durante los estados de excepción.
No obstante, explicó que el derecho a la vida no es absoluto y que el ordenamiento jurídico contempla determinadas situaciones en las que puede producirse la muerte de una persona, como la legítima defensa o la baja de combatientes en situaciones de conflicto armado, de acuerdo con las normas del derecho internacional humanitario.
Sostuvo también que la privación de la vida no puede ser arbitraria y debe responder a criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.
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“El DIH parte del mismo principio. Incluso en la guerra existen límites. Los muertos deben ser respetados y tratados dignamente”, señaló la defensora.
El Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel. Precisamente porque es el Estado, su actuación tiene límites.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) September 6, 2026
Enfrentar militarmente a los grupos armados ilegales y proteger a la población es un deber constitucional. Pero… pic.twitter.com/bNq3L0VnUe
Marín reconoció que las acciones militares en las que pueden perder la vida integrantes de grupos armados están permitidas en determinadas circunstancias y pueden ser necesarias para proteger a la población. Sin embargo, insistió en que esas muertes no deben convertirse en un mecanismo de exaltación.
¿Página que mide las bajas?
Otro de los puntos planteados por la defensora fue la existencia de un portal denominado “Las Bajas del Tigre”, que, según indicó, no ha sido confirmado como una página oficial y en el que se registran muertos y otros resultados operacionales desde la posesión del actual presidente de la República.
Marín pidió especial cautela frente a este tipo de indicadores y recordó el antecedente de la política de resultados basada en bajas en combate, que estuvo relacionada con los llamados falsos positivos, crímenes que actualmente son juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En esto sí que hay que ser cautelosos, porque en el pasado la política que evaluaba los resultados en bajas de combate conllevó a un crimen de sistema que hoy es juzgado por la JEP, los llamados falsos positivos
La defensora aclaró que no está planteando que los cuerpos de las personas muertas durante la operación Azarías respondan a esa lógica. Sin embargo, invitó a utilizar indicadores más amplios para evaluar la seguridad.
“No planteamos con esto que los cuerpos en tulas de la operación Azarías atiendan esa lógica, pero sí invitamos a tener indicadores más comprensivos de lo que significa la seguridad, que se mide en derechos garantizados y en vidas salvadas, especialmente para la población civil sometida a la acción de grupos criminales”, agregó.
Marín también se refirió a la manera en que históricamente los actores armados han utilizado los cuerpos, la humillación y el miedo para enviar mensajes de dominio y terror.
Según la defensora, Colombia conoce las consecuencias de la deshumanización en medio del conflicto y ese lenguaje no debería ser adoptado por las instituciones estatales.
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“La humanidad aprendió después de guerras y violencias extremas que deshumanizar al adversario termina también deshumanizando a quien ejerce el poder. Colombia conoce demasiado bien esta historia”, recordó.
En ese sentido, sostuvo que la acción militar del Estado es un deber y destacó el trabajo de los integrantes de la Fuerza Pública que arriesgan su vida para proteger a la población. Aun así, afirmó que debe prevalecer la acción de la justicia.
“Ese lenguaje de quienes prefieren la muerte a la vida no puede convertirse en el lenguaje del Estado”, sostuvo Marín.
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La defensora cuestionó además que los cuerpos de las personas muertas sean utilizados como parte de una declaración pública o como una forma de exhibir autoridad.
“No deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”, afirmó.
Finalmente, Marín señaló que el poder del Estado también se expresa a través de los símbolos y las imágenes que transmite a la sociedad.
“Cada gesto y cada imagen difundida desde una institución pública comunican algo sobre lo que es el Estado y sobre los valores que defiende”, manifestó la defensora. Según agregó, cuando el poder estatal utiliza esos símbolos para transmitir espectáculo o humillación, puede terminar debilitando su propia legitimidad.
La defensora declaro que es precisamente frente a quienes son considerados adversarios cuando el Estado debe demostrar que la dignidad humana es un principio que debe defenderse en todo tiempo y lugar.
“El Estado no necesita parecerse a quienes combate para demostrar su fortaleza. Su autoridad se afirma cuando enfrenta con decisión a quienes amenazan a la población, pero conserva los límites que imponen la Constitución, la ley y sobre todo la humanidad”, concluyó Marín.