Tras el concepto que la Procuraduría envió a la Corte Constitucional para que tumbe el decreto que implementa la Reforma Rural Integral, el Gobierno Nacional consideró que no se puede aplazar más la solución de tierras para las víctimas y que la demora puede provocar el resurgimiento de los grupos ilegales en algunas zonas rurales.
Para el director de la Unidad Nacional de Tierras, Ricardo Sabogal, la decisión del Ministerio Público es respetable, pero no la comparte porque el decreto ha sido un instrumento necesario para aplicar el punto uno del acuerdo de La Habana.
“Es darle titularidad de tierra la gente. En restitución nos dimos cuenta el factor que facilitó el despojo de tierras en este país. Los campesinos no tenían títulos de tierra y hoy vemos que ese decreto es vital y esperamos que la Corte lo declaré exequible”, explicó.
Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras, dijo que solucionar los problemas de la tierra en Colombia no da espera.
“Seguir frenando la solución sobre los problemas de la tierra es permitir que el conflicto armado acelere su resurgimiento en algunas zonas rurales del país”, dijo.
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