El gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito acordaron actualizar la metodología con la que se calcula la producción potencial de clorhidrato de cocaína en el país.
La decisión fue tomada durante una serie de reuniones técnicas realizadas entre el 13 y el 17 de abril de 2026 en la sede de la UNODC en Viena. Allí, expertos de ambas partes revisaron el sistema utilizado para elaborar los informes de monitoreo de cultivos de coca y definieron ajustes al modelo estadístico.
Los cambios serán incorporados en el informe Monitoreo de Territorios con Presencia de Cultivos de Coca 2024, cuya publicación está prevista para la última semana de junio de 2026.
El anuncio pone fin, al menos de manera parcial, a varios meses de cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre las cifras utilizadas por la ONU para medir la producción de cocaína en Colombia.
La discusión tomó fuerza en octubre de 2024, cuando la UNODC informó que el país había alcanzado 253.000 hectáreas sembradas con coca y que la producción potencial de cocaína aumentó 53 % frente al año anterior. Estas cifras fueron utilizadas por Estados Unidos como referencia para evaluar la política antidrogas colombiana.
En enero de 2026, el presidente Petro aseguró que el Gobierno dejaría de usar ese indicador, al considerar que la metodología no reflejaba con precisión la situación del país. Según el mandatario, el sistema de monitoreo de la Policía Nacional mostraba resultados distintos y evidenciaba una reducción en el crecimiento de los cultivos.
Días después, el entonces ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, explicó que Colombia propondría utilizar el sistema de la Policía Nacional con acompañamiento de verificadores internacionales, para garantizar transparencia e imparcialidad en los resultados.
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El tema fue llevado a las conversaciones del Gobierno colombiano con el presidente Donald Trump y también abrió un diálogo directo con la UNODC, que finalmente derivó en las mesas técnicas realizadas en Viena.
Con el acuerdo anunciado este 14 de mayo, el Gobierno y la UNODC ratifican que continuarán trabajando de manera conjunta en la medición de los cultivos ilícitos, con una metodología ajustada que busca ofrecer cifras más precisas y confiables.
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