La Red PRO expresó su preocupación por lo que considera un deterioro de la seguridad jurídica en la infraestructura colombiana, tras recientes anuncios y decisiones del Gobierno nacional y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) relacionados con proyectos desarrollados bajo el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP).
A través de un pronunciamiento, la organización aseguró que las medidas adoptadas alrededor de algunas concesiones viales están generando incertidumbre sobre la estabilidad institucional y las condiciones para la inversión de largo plazo en el país.
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Uno de los casos que motivó la alerta es el de Autopistas del Café, en el Eje Cafetero. Según la Red PRO, el anuncio de una eventual terminación anticipada de esta concesión, cuando faltan pocos años para que finalice de manera ordinaria, genera preocupación frente a la continuidad de las reglas del modelo concesionado.
La organización también cuestionó el manejo de la Iniciativa Privada Conexión Centro, al señalar que habría sido descartada antes de culminar las evaluaciones técnicas y financieras correspondientes. Este megaproyecto también en el Eje Cafetero, tiene prevista una inversión de 7 billones de pesos y 77 kilómetros de construcción en vía nueva, intersecciones, puentes y desarrollo de una vía con estándares 5G.
En su concepto, este tipo de decisiones podría afectar la confianza de inversionistas y actores del sector frente al esquema de APP en Colombia.
La Red PRO sostuvo que el debate no se limita a una concesión específica o a una región del país, sino que involucra el futuro de un mecanismo que ha servido para financiar obras estratégicas de infraestructura, mejorar la conectividad y atraer capital privado para grandes proyectos.
El gremio advirtió que eventuales modificaciones institucionales o decisiones adoptadas fuera de los procedimientos previstos podrían aumentar la percepción de incertidumbre jurídica y afectar la capacidad del país para desarrollar nuevas obras en el mediano y largo plazo.
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La Red PRO hizo un llamado al Gobierno nacional y a la ANI para preservar la confianza institucional construida alrededor del sector de infraestructura, al considerar que la estabilidad de las reglas de juego resulta determinante para garantizar inversión, planeación y ejecución de proyectos estratégicos en Colombia.
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