El presidente electo Abelardo De La Espriella estuvo en Bogotá este jueves adelantando el empalme territorial con alcaldes y el gobernador de Cundinamarca.Al terminar la reunión con los mandatarios locales, De la Espriella anunció tres nombramientos importantes.Sandra Bessudo, quien creó y dirigió la Fundación Malpelo, va a ser la directora de Parques Nacionales Naturales.Ricardo Ayerbe estará al frente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Ayerbe fue gerente de la campaña de Abelardo en Bogotá y tiene una maestría en Gobierno y políticas públicas.Por último, De La Espriella anunció que Marco Acosta será el presidente del Fondo Nacional del Ahorro.De La Espriella también anunció que al bloque de seguridad que implementará durante su gobierno en ciudades como Barranquilla, Medellín y Cali se va a sumar Soacha.
Los retrasos en varios de los principales aeropuertos del país encendieron las alertas de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Durante el Primer Encuentro Regional de Infraestructura, el gremio pidió al Gobierno entrante acelerar los trámites para poner en marcha proyectos que ya están estructurados y que, según aseguró, no están frenados por falta de dinero, sino por demoras administrativas.La presidenta de la CCI, María Consuelo Araújo, explicó que ya existen iniciativas privadas para cuatro aeropuertos estratégicos: la ampliación de El Dorado, la ampliación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el aeropuerto de Cartagena y la pista del aeropuerto de Antioquia.Sin embargo, señaló que estos proyectos siguen detenidos porque los procesos entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Aerocivil avanzan lentamente."Necesitamos garantizar que los permisos, los requisitos y las respuestas entre funcionarios sean más rápidas, porque la ampliación de El Dorado y del aeropuerto del Valle del Cauca ya cumplen prácticamente una década y ni siquiera se requiere plata. Lo que necesitamos es avanzar en los trámites para que estas iniciativas privadas sean una realidad", afirmó Araújo.Ante este panorama, la Federación Nacional de Departamentos advirtió que el rezago también afecta los aeropuertos no concesionados. De los 14 aeródromos incluidos en un programa de la Aerocivil, solo seis tienen contratos, ocho siguen sin iniciar contratación y las obras presentan un avance promedio de apenas el 3 %, por lo que también pidió agilizar los procesos.La dirigente gremial también aseguró que una mayor presencia del Gobierno nacional en ciudades como Barranquilla, Medellín y Cali puede facilitar el trabajo conjunto entre la Nación, los departamentos y los municipios para sacar adelante proyectos estratégicos que llevan años esperando decisiones.Para la CCI, el principal desafío del nuevo Gobierno será acelerar la gestión institucional para convertir en realidad obras que ya están listas para avanzar. El gremio insistió en que destrabar estos proyectos permitirá mejorar la conectividad entre las regiones, fortalecer la competitividad del país e impulsar el desarrollo económico.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a través de su abogado Alejandro Carranza, radicó ante la Fiscalía General de la Nación una ampliación de la denuncia penal contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira. La nueva acción judicial busca que se investigue el papel de Martínez en su etapa como asesor jurídico y "superministro", señalándolo de orquestar un esquema que permitió a la multinacional Odebrecht eludir impuestos y asegurar contratos sin licitación pública.El contrato de estabilidad jurídica: “Un negociazo"Según el abogado Carranza, la denuncia se centra en el contrato de estabilidad jurídica firmado el 31 de diciembre de 2012, el cual habría sido diseñado por Martínez para favorecer a Odebrecht. Carranza sostiene que Martínez recomendó la contratación directa en lugar de licitaciones, lo que permitió que contratos accesorios elevaran el valor del proyecto inicial de 2 billones a 6 billones de pesos.“El señor Néstor Humberto fue la persona que buscó que el Estado colombiano perdiera ingresos con el contrato de estabilidad jurídica”, afirmó Carranza, explicando que, bajo este esquema, la renta para Odebrecht bajó del 33% al 25% por un periodo de 13 años. Además, señaló que mediante facturas ficticias, la multinacional logró dejar su impuesto de renta en cero, configurando lo que calificó como “el mayor fraude fiscal para Colombia”.Relación con Jorge Pisano y un “nuevo móvil”Uno de los puntos más críticos de la ampliación de la denuncia vincula estas irregularidades con la muerte de Jorge Enrique Pisano. Carranza argumenta que los hallazgos de Pisano sobre facturas y contratos “chimbos” eran, en realidad, parte del fraude fiscal orquestado a través del contrato de estabilidad jurídica que Martínez conocía.,“No es casualidad, luego que en el homicidio de Pisano vayan Néstor Humberto Martínez a recoger el iPad de Pisano y llevárselo”, denunció el abogado, sugiriendo que la fiscalía debe investigar un nuevo móvil en este caso. Según Carranza, Martínez le habría advertido a Pisano en grabaciones conocidas que lo que encontraba eran “coimas” para silenciar el fraude mayor. “Esa es una coima, marica, dijo Néstor Humberto”, recordó el abogado citando los audios filtrados.Conflicto de intereses como "Superministro"La denuncia también cuestiona el paso de Martínez por el gobierno de Juan Manuel Santos como superministro, donde firmó el documento CONPES que amplió el endeudamiento de Colombia para cubrir los costos inflados del contrato. Para Carranza, Martínez debió declararse impedido ya que él mismo, como abogado privado, había viabilizado previamente la contratación directa.“Se materializan varias conductas posiblemente como el interés indebido en la celebración de contratos”, sentenció el jurista, quien también actúa como abogado del presidente Gustavo Petro.Finalmente, la ANI solicitó que se compulsen copias a los Estados Unidos y a la Comisión de Acusaciones para que se investigue el alcance total de estas actuaciones mientras Martínez ostentaba el cargo de Fiscal General.Escuche la entrevista aquí:
Los habitantes de la zona de influencia de las Autopistas del Café que accedan a la tarifa diferencial no podrán utilizar ese beneficio en todos los peajes del corredor vial. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) estableció que el descuento solo aplicará en un peaje por vehículo, el cual deberá ser elegido por el propietario durante el proceso de inscripción.Esto significa que, si un conductor transita habitualmente por dos o más peajes de la concesión, únicamente recibirá la tarifa diferencial en el punto de recaudo que haya seleccionado. En los demás deberá pagar la tarifa plena.Por ejemplo, un habitante de Chinchiná que, en un mismo recorrido, pase por los peajes de Tarapacá y Pavas tendrá que escoger solo uno de ellos para acceder al beneficio. En el otro continuará pagando la tarifa ordinaria.Peajes con tarifas diferencialesLa medida hace parte de los lineamientos definidos por la ANI para la implementación de las tarifas diferenciales en los peajes de Tarapacá I, Tarapacá II, San Bernardo, Pavas y Circasia.Quienes deseen acceder al beneficio deberán residir en alguno de los municipios de la zona de influencia —Chinchiná, Palestina, Manizales, Villamaría, Santa Rosa de Cabal, Filandia o Salento— y ser propietarios de un vehículo.La solicitud deberá presentarse ante Autopistas del Café con los datos del propietario, la dirección de residencia, la placa del vehículo y el peaje en el que desea recibir la tarifa diferencial. Además, deberá anexarse la tarjeta de propiedad, la cédula de ciudadanía, el certificado de residencia o la encuesta del Sisbén y el formato de autorización para el tratamiento de datos personales.Las solicitudes podrán radicarse en los Centros de Atención al Usuario de Autopistas del Café o a través de los correos electrónicos habilitados para cada peaje.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) emitió una resolución mediante la cual rechazó la propuesta de Asociación Público-Privada (APP) de iniciativa privada denominada “IP Conexión Centro”, presentada por Odinsa Vías S.A.S. para operar y desarrollar nuevas obras en los corredores Armenia–Pereira–Manizales y Calarcá–La Paila.La decisión quedó consignada en la resolución 20267020005975 del 25 de mayo de 2026, luego de más de seis años de estudios, evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras adelantadas por la entidad.Según la ANI, el proyecto no se ajusta a los intereses ni a las políticas públicas definidas por el Gobierno nacional para la atención futura de este corredor vial, actualmente operado por Autopistas del Café.La entidad explicó que el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías) avanzan en la estructuración de un esquema de intervención pública para asumir la operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura una vez concluya la actual concesión.La resolución señala que, aunque la iniciativa privada fue sometida a procesos de evaluación y socialización en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, la propuesta resulta incompatible con la estrategia institucional que contempla una mayor participación estatal en la administración del corredor y la reducción gradual de peajes.La ANI precisó que la decisión no se fundamentó en la viabilidad técnica del proyecto, sino en un análisis de conveniencia frente a las políticas públicas vigentes y los lineamientos sectoriales definidos por el Gobierno Nacional.Con esta determinación, la entidad ordenó archivar el expediente de la iniciativa privada. Sin embargo, Odinsa Vías S.A.S. podrá interponer recurso de reposición dentro de los términos establecidos por la ley.Por otra parte, el Gobierno nacional mantiene en revisión hasta el próximo 20 de junio el borrador de decreto que establece la tarifa diferencial en los peajes de Autopistas del Café, así lo informó a través de sus redes sociales el congresista Santiago Osorio, uno de los principales promotores de las protestas en Caldas contra el cobro de estos peajes. El documento ya se encuentra publicado para observaciones y ajustes antes de la expedición del decreto definitivo.
Continúan los trabajos de remoción de material en el sector de “Marrano Loco”, sobre la vía nacional que comunica al municipio Santa María con San Luis de Gaceno, esto luego del movimiento en masa registrado el domingo 31 de mayo que obligó al cierre indefinido de este corredor vial, específicamente en el sector Marrano Loco (PR 51+720), jurisdicción del municipio de Santa María en el departamento de Boyacá.Luego de una semana de cierre y con el propósito de facilitar la movilidad de los habitantes y usuarios de la Transversal del Sisga, la Agencia Nacional de Infraestructura habilitó un paso peatonal controlado en el sector afectadoEl cruce se permitirá entre las 5:00 a.m. y 7:00 a.m., 9:30 a.m. y 10:00 a.m., 12:00 m. y 1:00 p.m., y 5:00 p.m. y 6:00 p.m. de cada día. Sin embargo, se mantiene la prohibición para motos, bicicletas y carros.Desde la entidad señalaron que estos horarios pueden ser modificados, suspendidos o restringidos de acuerdo con las condiciones climáticas, la estabilidad del terreno y los requerimientos operativos de atención de la emergencia.Asimismo, señalaron que, debido a la magnitud del movimiento en masa, las condiciones climáticas de los últimos días y la inestabilidad que aún persiste en el sector, el corredor vial continúa con cerrado en su totalidad para el tránsito vehicular y aún se desconoce la fecha de su reapertura.La ANI recordó que, por ahora, el paso de motocicletas, bicicletas y cualquier tipo de vehículo está prohibido mientras continúan las labores de atención de la emergencia ocasionada en este sector.Finalmente, la entidad les recomienda a los conductores utilizar alternas como Bogotá - Villavicencio y Yopal – Aguazul – Sogamoso – Bogotá.
Los vehículos de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas podrán circular sin restricciones este viernes 5 de junio por los corredores Bogotá–Fusagasugá–Melgar–Ibagué e Ibagué–Cajamarca–Calarcá–La Paila, una de las principales rutas de conexión entre el centro del país y el puerto de Buenaventura.La decisión fue adoptada por el Ministerio de Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA) mediante un Boletín expedido para la temporada de Corpus Christi, luego de una solicitud presentada por la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar).De acuerdo con el gremio, la medida responde a la necesidad de facilitar el flujo de mercancías hacia y desde Buenaventura, donde aún persisten dificultades operativas derivadas de los recientes bloqueos registrados en la región y de la congestión que continúa afectando la cadena logística portuaria."En gestión realizada por Colfecar y con fundamento en criterios técnicos relacionados con los volúmenes de carga, el cierre de la vía por evento ciclístico y la compleja situación de congestión que continúa registrando Buenaventura, hoy no se aplicará la restricción a los vehículos de carga en el tramo Bogotá-La Paila del corredor Bogotá-Buenaventura", informó Colfecar a través de su cuenta de X.Según las autoridades, aunque el tránsito en los accesos al puerto ha sido restablecido, todavía se registran represamientos de vehículos, retrasos en las operaciones de cargue y descargue y dificultades para normalizar el movimiento de mercancías de importación y exportación.A este panorama se suma la realización de la primera etapa de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026, que este viernes recorrerá los sectores Girardot-Alto de Gualanday, Variante de Ibagué-Cajamarca y Alto de La Línea. La competencia obligará a implementar cierres y controles de tránsito entre las 6:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.Las autoridades señalaron que la flexibilización temporal busca evacuar la carga represada, reducir los tiempos de espera para los transportadores y contribuir a la recuperación operativa del corredor logístico Buenaventura-Bogotá.La excepción regirá únicamente durante este viernes 5 de junio. El Ministerio de Transporte, la Policía de Tránsito, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) mantendrán controles operativos y de seguridad vial para garantizar una circulación segura durante la jornada.
Roberto Uparela, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), brindó claridades sobre el futuro de la concesión Autopistas del Café y la reciente polémica en torno a la reducción de tarifas en los peajes del Eje Cafetero.Ante los rumores de un cierre prematuro del contrato, Uparela fue enfático al declarar que "no hay sobre la mesa ninguna propuesta ni intención de terminación anticipada" y que la agencia continúa con la ejecución normal del contrato Armenia-Pereira-ManizalesContinuidad del contrato y proceso de reversiónSegún el funcionario, el contrato actual tiene una fecha de terminación definida para febrero de 2027. A partir de ese momento, se iniciará un proceso natural de reversión en el que la infraestructura pasará a manos del Estado."Me corresponde a mí como vicepresidente ejecutivo recibir de Autopistas del Café en términos de reversión toda la infraestructura que desde el año 1995 tiene a su cargo", explicó Uparela, añadiendo que posteriormente se hará la entrega al Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad que operará la vía con recursos del presupuesto nacional. La verdad sobre las tarifas de 700 pesosUno de los puntos de mayor debate fue el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la reducción de peajes a 700 pesos. Uparela aclaró que este beneficio no es universal."La tarifa diferencial no es para todos los usuarios de los siete peajes. La tarifa diferencial está únicamente destinada a un nicho poblacional de características especiales", precisó.Este "nicho" corresponde a los residentes de las áreas de influencia que cumplan con los lineamientos establecidos por la ANI.El acuerdo contempla que para las categorías 1 y 2 el costo sea de 700 pesos, mientras que para la categoría 3 habrá una reducción del 66%, y para las categorías 4 a 7, un descuento del 50%.Estas tarifas aplicarán en cinco estaciones específicas: Tarapacá 1, Tarapacá 2, San Bernardo del Viento, Corozal (mencionado como "Abas" en la fuente) y Circasia.Vigencia de los cobros y resolucionesPara quienes no pertenecen a estas comunidades locales, los costos se mantendrán en los valores habituales de aproximadamente 17,800 pesos. Uparela señaló que mientras el contrato de concesión esté vigente, la estructura financiera obliga a mantener la operación de las siete estaciones de peaje.Finalmente, informó que el Gobierno está trabajando en la resolución del Ministerio de Transporte para dar vida jurídica a estos acuerdos, con la meta de que esté "publicada y en firme antes de que finalice el próximo mes de junio". Escuche aquí la entrevista:
La Red PRO expresó su preocupación por lo que considera un deterioro de la seguridad jurídica en la infraestructura colombiana, tras recientes anuncios y decisiones del Gobierno nacional y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) relacionados con proyectos desarrollados bajo el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP).A través de un pronunciamiento, la organización aseguró que las medidas adoptadas alrededor de algunas concesiones viales están generando incertidumbre sobre la estabilidad institucional y las condiciones para la inversión de largo plazo en el país.Uno de los casos que motivó la alerta es el de Autopistas del Café, en el Eje Cafetero. Según la Red PRO, el anuncio de una eventual terminación anticipada de esta concesión, cuando faltan pocos años para que finalice de manera ordinaria, genera preocupación frente a la continuidad de las reglas del modelo concesionado.La organización también cuestionó el manejo de la Iniciativa Privada Conexión Centro, al señalar que habría sido descartada antes de culminar las evaluaciones técnicas y financieras correspondientes. Este megaproyecto también en el Eje Cafetero, tiene prevista una inversión de 7 billones de pesos y 77 kilómetros de construcción en vía nueva, intersecciones, puentes y desarrollo de una vía con estándares 5G.En su concepto, este tipo de decisiones podría afectar la confianza de inversionistas y actores del sector frente al esquema de APP en Colombia.La Red PRO sostuvo que el debate no se limita a una concesión específica o a una región del país, sino que involucra el futuro de un mecanismo que ha servido para financiar obras estratégicas de infraestructura, mejorar la conectividad y atraer capital privado para grandes proyectos.El gremio advirtió que eventuales modificaciones institucionales o decisiones adoptadas fuera de los procedimientos previstos podrían aumentar la percepción de incertidumbre jurídica y afectar la capacidad del país para desarrollar nuevas obras en el mediano y largo plazo.La Red PRO hizo un llamado al Gobierno nacional y a la ANI para preservar la confianza institucional construida alrededor del sector de infraestructura, al considerar que la estabilidad de las reglas de juego resulta determinante para garantizar inversión, planeación y ejecución de proyectos estratégicos en Colombia.
¿Otro palo en la rueda del Gobierno nacional? En el Oriente de Antioquia alertan por impedimentos de la ANI para ejecutar obras de movilidad en varias zonas de la subregión que dejan en vilo 121.000 millones de pesos. Los recursos son excedentes de peajes administrados por la concesionaria Devimed durante los últimos 30 años.Obras que han generado disputas entre el Gobierno nacional y departamental, como el Túnel del Toyo, el acueducto para la subregión de Urabá y varias vías 4G, proyectos clave para la movilidad del Oriente de Antioquia podrían marcar ahora un nuevo desencuentro.Así lo alertó el propio alcalde del municipio de Rionegro, Jorge Rivas, sobre la negativa que han recibido por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura el pasado 19 de abril para autorizar la ejecución de obras necesarias para la conectividad regional por 121.000 millones de pesos.Se trata de recursos provenientes de excedentes de peajes en toda la región administrados en las últimas tres décadas por parte de la concesionaria Devimed. El mandatario aseguró que ante la determinación que pone en riesgo dinero y proyectos ya solicitaron una reunión urgente para este viernes 8 de mayo.“Decisión del Gobierno nacional de no firmar el otrosí, que permite ejecutar estas obras, pone en riesgo la ejecución y la movilidad de todo el Oriente. Solicitamos una cita al Gobierno Nacional y, por supuesto, a la ANI para que los alcaldes podamos ir a conversar con ustedes y mirar alternativas para que estas obras efectivamente se realicen”, afirmó el mandatario.Entre las obras a ejecutar se encuentra en Rionegro el intercambio vial de Somer, una zona clave para el tránsito diario de habitantes de otros 23 municipios. De igual manera están con gestión predial y diseños la entrada al municipio de San Vicente por la autopista Medellín - Bogotá a la altura de Guarne y el intercambio vial de Embalses, que conecta también a la Medellín - Bogotá con el corredor Marinilla - El Peñol.El alcalde de Marinilla, Julio César Serna, expuso la necesidad de esta última obra teniendo en cuenta el crecimiento exponencial que en los últimos años ha tenido esa zona de la subregión.“Hoy conocemos todos las esperas de cuatro, cinco, hasta 6 horas de las personas que van a esa ruta a Guatapé. Recordemos que después de Cartagena, Medellín, Guatapé es el segundo destino turístico más importante de Colombia. Más de 4 millones de turistas pasan por ahí”, aseguró.Desde la administración de Rionegro mostraron su disposición al diálogo institucional, pero insistieron en la necesidad de tomar decisiones inmediatas para evitar que entren en riesgo iniciativas no solo necesarias para el Oriente del departamento, sino que ya cuentan con un importante avance en materia legal y de planeación.
Luego del terremoto registrado este lunes 10 de agosto en Colombia, Bancolombia activó sus protocolos de atención para verificar el estado de sus trabajadores, clientes, instalaciones y servicios en las regiones afectadas por el sismo de magnitud 7,4.Ante ello, la entidad decidió que, de las 563 sucursales que tiene en el país, 46 permanecerán cerradas temporalmente, principalmente al sur de Colombia, donde se concentraron varias de las afectaciones. La decisión responde a las revisiones realizadas sobre la infraestructura de las oficinas, con el propósito de garantizar condiciones seguras antes de retomar la atención presencial a sus clientes.¿Qué oficinas de Bancolombia estarán cerradas por el terremoto?La mayor parte de las sucursales que suspendieron sus servicios temporalmente están ubicadas en Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó. Entre ellas se encuentran oficinas en Cali, Pereira, Manizales, Armenia y otros municipios afectados.Adicionalmente, en Antioquia también fueron cerradas las sucursales de Jardín y El Peñol. En Chocó, por su parte, las oficinas de Quibdó e Istmina suspendieron sus servicios mientras se evalúan las condiciones para definir su reapertura.El banco explicó que las demás oficinas continuarán operando con normalidad. Sin embargo, recomendó que, para mantenerse al tanto sobre sucursales abiertas y horarios, se valide la información en su sucursal telefónica.¿Cómo hacer operaciones de Bancolombia si una oficina está cerrada?Para los clientes que necesiten realizar movimientos bancarios durante la emergencia, Bancolombia informó que sus canales digitales continúan funcionando con normalidad y están disponibles las 24 horas.Entre las opciones habilitadas están:App Mi Bancolombia.App Negocios.Sucursal Virtual Personas.Sucursal Virtual Negocios.Botón de Pagos Bancolombia.Cajeros automáticos.Corresponsales bancarios.Sucursal Telefónica.Tarjetas Bancolombia para pagos.La recomendación para quienes se encuentren en las zonas afectadas es revisar primero los canales oficiales antes de desplazarse hasta una oficina.Bancolombia abrió canales de donaciones por terremotoLa Fundación Bancolombia habilitó una cuenta de ahorros para recibir donaciones destinadas a las comunidades afectadas por la emergencia.La cuenta habilitada para este fin es el número 24542391932. De acuerdo con la entidad, los recursos serán utilizados en acciones de atención y apoyo en los territorios impactados, en articulación con autoridades, organizaciones aliadas y actores locales.Bancolombia indicó que continuará monitoreando la situación y comunicará cualquier actualización relacionada con sus oficinas y servicios a través de sus canales oficiales.
La cifra de fallecidos por los terremotos del 24 de junio en Venezuela se elevó a 6.301, mientras familiares siguen buscando desaparecidos entre las ruinas de edificios colapsados, según un balance divulgado el lunes por el jefe parlamentario Jorge Rodríguez.A la fecha el gobierno no ha publicado una cifra oficial sobre los desaparecidos luego de los sismos de 7,2 y 7,5 que provocaron el colapso de unos 190 edificios ubicados en su mayoría en el costero estado La Guaira, a unos 40 km de Caracas. Muchos venezolanos revivieron escenas de los terremotos que sacudieron el país caribeño, tras sentirse este lunes en varias regiones un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en Colombia, que deja un saldo de al menos 111 muertos y decenas de heridos.El balance anterior publicado el 3 de agosto por autoridades venezolanas cifraba el número de muertos en 6.125. Según declaraciones a medios locales del gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, quedaban cerca de 1.400 desaparecidos hace poco más de una semana.Además de las edificaciones que colapsaron por completo, otras 9.567 han sido catalogadas por las autoridades como de "alto riesgo". El número de "viviendas restringidas" se ubica en 12.411. Por ello, muchas de las familias que las ocupaban son atendidas en refugios temporales o se fueron a vivir con familiares o amigos.Casi 24.000 damnificados viven ahora en campamentos en Caracas y en el estado La Guaira, un popular balneario cuya vida giraba en torno al turismo prácticamente inexistente luego de los terremotos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió de Turquía en secreto el pasado 8 de julio y utilizó un avión militar más pequeño para continuar su viaje hacia Reino Unido, en una operación destinada a ocultar su ubicación ante una posible amenaza de asesinato procedente de Irán, según una investigación publicada por The Washington Post. (The Washington Post)El episodio ocurrió después de la participación de Trump en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara. Aunque públicamente se informó que el mandatario había abandonado Turquía a bordo de un antiguo Boeing 747 utilizado como Air Force One, en realidad habría sido trasladado de manera discreta a un C-32A de la Fuerza Aérea estadounidense.De acuerdo con la información publicada por el diario estadounidense, la operación buscaba impedir que posibles adversarios conocieran cuál era el avión que transportaba realmente al presidente.Trump utilizó un avión como señueloTrump había llegado a Turquía a bordo del nuevo Boeing 747-8 que fue entregado a Estados Unidos por Catar. Sin embargo, para el regreso, el mandatario apareció públicamente abordando el antiguo Air Force One.En ese momento, Trump explicó que el cambio obedecía a una razón logística: el nuevo avión sería trasladado previamente a la base aérea de Mildenhall, en Reino Unido, para que militares estadounidenses pudieran conocerlo y recorrer sus instalaciones. (The Washington Post)La versión pública hizo que periodistas y parte del personal de la Casa Blanca creyeran que Trump viajaba en el Boeing 747 más antiguo. Sin embargo, según The Washington Post, el avión que aparentemente transportaba al presidente funcionó en realidad como un señuelo. Trump habría sido trasladado desde la zona del aeropuerto hasta el C-32A, una aeronave de menor tamaño utilizada habitualmente para transportar a altos funcionarios estadounidenses. El objetivo era mantener en secreto la ubicación del presidente durante una parte del trayecto.Una amenaza iraní habría motivado el operativoLa decisión de cambiar de aeronave estuvo relacionada con preocupaciones de seguridad vinculadas a Irán, según las fuentes citadas por el diario.La posibilidad de que Trump fuera objetivo de un ataque iraní ya había sido mencionada durante su salida de Turquía. El propio presidente reconoció entonces que existían amenazas contra él y afirmó que era considerado por Irán como uno de sus principales objetivos.Durante ese viaje, los periodistas que permanecieron a bordo del avión que salió de Ankara recibieron instrucciones de mantener cerradas las persianas de las ventanillas. La medida llamó la atención de los reporteros y alimentó las dudas sobre las verdaderas razones del cambio de aeronave. (The Washington Post)La nueva información publicada ahora apunta a que las medidas de seguridad fueron mucho más amplias de lo que se conoció inicialmente.El avión regalado por Catar también quedó bajo escrutinioEl episodio volvió a poner el foco en el nuevo avión presidencial entregado por Catar a Estados Unidos.El Boeing 747-8 fue donado por la familia real catarí después de que Trump cuestionara durante meses el estado de los dos aviones Boeing 747 utilizados como Air Force One desde la década de 1990.La aeronave fue sometida a modificaciones para adaptarla a las necesidades del Gobierno estadounidense. No obstante, desde que comenzó a utilizarse surgieron interrogantes sobre si contaba con todas las capacidades de protección disponibles en los aviones presidenciales más antiguos.Entre las diferencias señaladas se encuentran determinados sistemas de seguridad y defensa frente a posibles amenazas externas. Informaciones previas habían indicado que el nuevo avión no disponía inicialmente de algunas de las capacidades de detección y contramedidas que sí poseen las aeronaves presidenciales tradicionales. (The Washington Post)El cambio de avión durante el viaje de Trump a Estados Unidos incrementó esas dudas y abrió nuevamente el debate sobre la seguridad del aparato.La Casa Blanca defiende la seguridad del nuevo Air Force OneAnte la publicación de The Washington Post, la Casa Blanca defendió las condiciones de seguridad del nuevo avión.El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, aseguró que la aeronave cuenta con sistemas y protocolos destinados a proteger al presidente y a los integrantes de su equipo.La administración de Trump no confirmó públicamente todos los detalles de la operación descrita por el periódico, incluida la forma exacta en la que el mandatario fue trasladado desde el avión que utilizó como señuelo hasta el C-32A. La información sobre la salida secreta se conoce semanas después de la cumbre de la OTAN y en un contexto de fuerte tensión entre Estados Unidos e Irán. Durante la reunión en Ankara, Trump había reiterado sus advertencias contra Teherán y, posteriormente, Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos iraníes. (The Washington Post)
Una alerta técnica fue presentada ante la Gobernación de Santander por el estado de dos puentes metálicos considerados estratégicos para la conectividad del departamento: el puente Baraya, ubicado sobre el río Fonce en la Ruta del Petróleo, y el puente sobre el río Suárez que comunica con los municipios de El Hato y Palmar.La advertencia fue realizada por la Sociedad Santandereana de Ingenieros, cuyos integrantes, durante un recorrido reciente por la Ruta del Petróleo, identificaron varias afectaciones que, según advierten, requieren una intervención prioritaria para evitar riesgos en la seguridad vial y en la estabilidad de las estructuras.Uno de los puntos que genera mayor preocupación está en el puente Baraya. La sociedad señala que el estribo norte de la estructura estaría en riesgo de perder estabilidad debido a la socavación que ha sufrido el lecho del río.De acuerdo con la alerta, “a pocos metros aguas abajo del puente funciona una concesión minera dedicada a la extracción de material pétreo. Los ingenieros advierten que, según lo manifestado por habitantes de la zona, antes de que comenzara esta explotación el nivel del río coincidía con la base de la pila, mientras que actualmente el cauce habría descendido cerca de tres metros”.La Sociedad Santandereana de Ingenieros pidió que la autoridad ambiental revise el impacto de esta actividad y ejerza los controles correspondientes sobre la explotación minera y sobre otras operaciones similares ubicadas en puntos considerados críticos para la infraestructura vial de Santander.El segundo llamado de atención corresponde al puente sobre el río Suárez, ubicado en el ramal que conduce hacia El Hato y Palmar. Allí, los ingenieros encontraron un deterioro aún mayor de la pintura anticorrosiva y una afectación en uno de los elementos de la estructura metálica.Según el documento, la primera diagonal de la cercha norte, en el costado occidental, fue golpeada por un vehículo y permanece doblada. La Sociedad Santandereana de Ingenieros advierte que esta deformación afecta las condiciones de trabajo de la estructura y genera riesgos para su estabilidad. Aunque aparentemente la baranda fue reparada, el elemento estructural no habría recibido la misma intervención.La organización recordó que ambos puentes tienen cerca de un siglo de construcción. Fueron levantados en 1938 y, pese a su antigüedad, continúan prestando servicio y hacen parte de la red vial del departamento, con importancia para la movilidad, la actividad económica y el turismo.Ante este panorama, la Sociedad Santandereana de Ingenieros solicitó al gobernador Juvenal Díaz Mateus instruir a la Secretaría de Infraestructura para que realice una inspección técnica prioritaria, determine el alcance de los daños y establezca las intervenciones necesarias.También pidió coordinar con las autoridades ambientales la revisión de la licencia y de la operación de la concesión minera ubicada cerca del puente Baraya, debido a la preocupación por la posible relación entre la extracción de material y la acelerada socavación del lecho del río.
Las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) dieron un nuevo paso en su proceso de fortalecimiento institucional al convertirse en una institución universitaria, cambio que abre la posibilidad de ampliar su oferta académica y ofrecer programas de formación de posgrado.La transformación se concretó después de ocho años de proceso y representa un cambio que va más allá del nombre de la institución, pues permitirá a las UTS ampliar sus niveles de formación y avanzar en una oferta académica que incluya programas de posgrado.Uno de los primeros proyectos será la Maestría en Administración de Empresas, cuyo proceso avanza ante el Ministerio de Educación Nacional y que, de acuerdo con las proyecciones de la institución, podría comenzar a ofrecerse el próximo año.El rector de las UTS, Omar Lengerke, destacó que esta transformación permitirá ampliar las oportunidades de formación para los estudiantes de Santander y anunció que la institución proyecta nuevos programas en diferentes áreas del conocimiento.“Ingresan a una nueva institución. Se matricularon en las Unidades y hoy ingresan a la Universitaria Tecnológica de Santander, una universidad acreditada en alta calidad. Vamos a tener programas en el área de la salud, posgrados, maestrías y doctorados. Con orgullo, de aquí en adelante van a decir: estudian en la Universitaria Tecnológica de Santander”, afirmó Lengerke.De acuerdo con el rector, entre las áreas que se busca fortalecer están salud, comunicación y humanidades, con nuevos programas que respondan a las necesidades de formación de la región.Otro de los aspectos destacados es el acceso a la educación superior. Según Lengerke, actualmente el 98 % de los estudiantes de las UTS cuenta con gratuidad, una condición que, aseguró, hace parte del compromiso de la institución de facilitar el acceso de los jóvenes a la educación superior.Con este cambio, las UTS buscan ampliar progresivamente su oferta académica y consolidarse como una institución con nuevos niveles de formación para estudiantes y profesionales de Santander.
