La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) emitió una resolución mediante la cual rechazó la propuesta de Asociación Público-Privada (APP) de iniciativa privada denominada “IP Conexión Centro”, presentada por Odinsa Vías S.A.S. para operar y desarrollar nuevas obras en los corredores Armenia–Pereira–Manizales y Calarcá–La Paila.La decisión quedó consignada en la resolución 20267020005975 del 25 de mayo de 2026, luego de más de seis años de estudios, evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras adelantadas por la entidad.Según la ANI, el proyecto no se ajusta a los intereses ni a las políticas públicas definidas por el Gobierno nacional para la atención futura de este corredor vial, actualmente operado por Autopistas del Café.La entidad explicó que el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías) avanzan en la estructuración de un esquema de intervención pública para asumir la operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura una vez concluya la actual concesión.La resolución señala que, aunque la iniciativa privada fue sometida a procesos de evaluación y socialización en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, la propuesta resulta incompatible con la estrategia institucional que contempla una mayor participación estatal en la administración del corredor y la reducción gradual de peajes.La ANI precisó que la decisión no se fundamentó en la viabilidad técnica del proyecto, sino en un análisis de conveniencia frente a las políticas públicas vigentes y los lineamientos sectoriales definidos por el Gobierno Nacional.Con esta determinación, la entidad ordenó archivar el expediente de la iniciativa privada. Sin embargo, Odinsa Vías S.A.S. podrá interponer recurso de reposición dentro de los términos establecidos por la ley.Por otra parte, el Gobierno nacional mantiene en revisión hasta el próximo 20 de junio el borrador de decreto que establece la tarifa diferencial en los peajes de Autopistas del Café, así lo informó a través de sus redes sociales el congresista Santiago Osorio, uno de los principales promotores de las protestas en Caldas contra el cobro de estos peajes. El documento ya se encuentra publicado para observaciones y ajustes antes de la expedición del decreto definitivo.
Continúan los trabajos de remoción de material en el sector de “Marrano Loco”, sobre la vía nacional que comunica al municipio Santa María con San Luis de Gaceno, esto luego del movimiento en masa registrado el domingo 31 de mayo que obligó al cierre indefinido de este corredor vial, específicamente en el sector Marrano Loco (PR 51+720), jurisdicción del municipio de Santa María en el departamento de Boyacá.Luego de una semana de cierre y con el propósito de facilitar la movilidad de los habitantes y usuarios de la Transversal del Sisga, la Agencia Nacional de Infraestructura habilitó un paso peatonal controlado en el sector afectadoEl cruce se permitirá entre las 5:00 a.m. y 7:00 a.m., 9:30 a.m. y 10:00 a.m., 12:00 m. y 1:00 p.m., y 5:00 p.m. y 6:00 p.m. de cada día. Sin embargo, se mantiene la prohibición para motos, bicicletas y carros.Desde la entidad señalaron que estos horarios pueden ser modificados, suspendidos o restringidos de acuerdo con las condiciones climáticas, la estabilidad del terreno y los requerimientos operativos de atención de la emergencia.Asimismo, señalaron que, debido a la magnitud del movimiento en masa, las condiciones climáticas de los últimos días y la inestabilidad que aún persiste en el sector, el corredor vial continúa con cerrado en su totalidad para el tránsito vehicular y aún se desconoce la fecha de su reapertura.La ANI recordó que, por ahora, el paso de motocicletas, bicicletas y cualquier tipo de vehículo está prohibido mientras continúan las labores de atención de la emergencia ocasionada en este sector.Finalmente, la entidad les recomienda a los conductores utilizar alternas como Bogotá - Villavicencio y Yopal – Aguazul – Sogamoso – Bogotá.
Los vehículos de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas podrán circular sin restricciones este viernes 5 de junio por los corredores Bogotá–Fusagasugá–Melgar–Ibagué e Ibagué–Cajamarca–Calarcá–La Paila, una de las principales rutas de conexión entre el centro del país y el puerto de Buenaventura.La decisión fue adoptada por el Ministerio de Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA) mediante un Boletín expedido para la temporada de Corpus Christi, luego de una solicitud presentada por la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar).De acuerdo con el gremio, la medida responde a la necesidad de facilitar el flujo de mercancías hacia y desde Buenaventura, donde aún persisten dificultades operativas derivadas de los recientes bloqueos registrados en la región y de la congestión que continúa afectando la cadena logística portuaria."En gestión realizada por Colfecar y con fundamento en criterios técnicos relacionados con los volúmenes de carga, el cierre de la vía por evento ciclístico y la compleja situación de congestión que continúa registrando Buenaventura, hoy no se aplicará la restricción a los vehículos de carga en el tramo Bogotá-La Paila del corredor Bogotá-Buenaventura", informó Colfecar a través de su cuenta de X.Según las autoridades, aunque el tránsito en los accesos al puerto ha sido restablecido, todavía se registran represamientos de vehículos, retrasos en las operaciones de cargue y descargue y dificultades para normalizar el movimiento de mercancías de importación y exportación.A este panorama se suma la realización de la primera etapa de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026, que este viernes recorrerá los sectores Girardot-Alto de Gualanday, Variante de Ibagué-Cajamarca y Alto de La Línea. La competencia obligará a implementar cierres y controles de tránsito entre las 6:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.Las autoridades señalaron que la flexibilización temporal busca evacuar la carga represada, reducir los tiempos de espera para los transportadores y contribuir a la recuperación operativa del corredor logístico Buenaventura-Bogotá.La excepción regirá únicamente durante este viernes 5 de junio. El Ministerio de Transporte, la Policía de Tránsito, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) mantendrán controles operativos y de seguridad vial para garantizar una circulación segura durante la jornada.
Roberto Uparela, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), brindó claridades sobre el futuro de la concesión Autopistas del Café y la reciente polémica en torno a la reducción de tarifas en los peajes del Eje Cafetero.Ante los rumores de un cierre prematuro del contrato, Uparela fue enfático al declarar que "no hay sobre la mesa ninguna propuesta ni intención de terminación anticipada" y que la agencia continúa con la ejecución normal del contrato Armenia-Pereira-ManizalesContinuidad del contrato y proceso de reversiónSegún el funcionario, el contrato actual tiene una fecha de terminación definida para febrero de 2027. A partir de ese momento, se iniciará un proceso natural de reversión en el que la infraestructura pasará a manos del Estado."Me corresponde a mí como vicepresidente ejecutivo recibir de Autopistas del Café en términos de reversión toda la infraestructura que desde el año 1995 tiene a su cargo", explicó Uparela, añadiendo que posteriormente se hará la entrega al Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad que operará la vía con recursos del presupuesto nacional. La verdad sobre las tarifas de 700 pesosUno de los puntos de mayor debate fue el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la reducción de peajes a 700 pesos. Uparela aclaró que este beneficio no es universal."La tarifa diferencial no es para todos los usuarios de los siete peajes. La tarifa diferencial está únicamente destinada a un nicho poblacional de características especiales", precisó.Este "nicho" corresponde a los residentes de las áreas de influencia que cumplan con los lineamientos establecidos por la ANI.El acuerdo contempla que para las categorías 1 y 2 el costo sea de 700 pesos, mientras que para la categoría 3 habrá una reducción del 66%, y para las categorías 4 a 7, un descuento del 50%.Estas tarifas aplicarán en cinco estaciones específicas: Tarapacá 1, Tarapacá 2, San Bernardo del Viento, Corozal (mencionado como "Abas" en la fuente) y Circasia.Vigencia de los cobros y resolucionesPara quienes no pertenecen a estas comunidades locales, los costos se mantendrán en los valores habituales de aproximadamente 17,800 pesos. Uparela señaló que mientras el contrato de concesión esté vigente, la estructura financiera obliga a mantener la operación de las siete estaciones de peaje.Finalmente, informó que el Gobierno está trabajando en la resolución del Ministerio de Transporte para dar vida jurídica a estos acuerdos, con la meta de que esté "publicada y en firme antes de que finalice el próximo mes de junio". Escuche aquí la entrevista:
La Red PRO expresó su preocupación por lo que considera un deterioro de la seguridad jurídica en la infraestructura colombiana, tras recientes anuncios y decisiones del Gobierno nacional y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) relacionados con proyectos desarrollados bajo el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP).A través de un pronunciamiento, la organización aseguró que las medidas adoptadas alrededor de algunas concesiones viales están generando incertidumbre sobre la estabilidad institucional y las condiciones para la inversión de largo plazo en el país.Uno de los casos que motivó la alerta es el de Autopistas del Café, en el Eje Cafetero. Según la Red PRO, el anuncio de una eventual terminación anticipada de esta concesión, cuando faltan pocos años para que finalice de manera ordinaria, genera preocupación frente a la continuidad de las reglas del modelo concesionado.La organización también cuestionó el manejo de la Iniciativa Privada Conexión Centro, al señalar que habría sido descartada antes de culminar las evaluaciones técnicas y financieras correspondientes. Este megaproyecto también en el Eje Cafetero, tiene prevista una inversión de 7 billones de pesos y 77 kilómetros de construcción en vía nueva, intersecciones, puentes y desarrollo de una vía con estándares 5G.En su concepto, este tipo de decisiones podría afectar la confianza de inversionistas y actores del sector frente al esquema de APP en Colombia.La Red PRO sostuvo que el debate no se limita a una concesión específica o a una región del país, sino que involucra el futuro de un mecanismo que ha servido para financiar obras estratégicas de infraestructura, mejorar la conectividad y atraer capital privado para grandes proyectos.El gremio advirtió que eventuales modificaciones institucionales o decisiones adoptadas fuera de los procedimientos previstos podrían aumentar la percepción de incertidumbre jurídica y afectar la capacidad del país para desarrollar nuevas obras en el mediano y largo plazo.La Red PRO hizo un llamado al Gobierno nacional y a la ANI para preservar la confianza institucional construida alrededor del sector de infraestructura, al considerar que la estabilidad de las reglas de juego resulta determinante para garantizar inversión, planeación y ejecución de proyectos estratégicos en Colombia.
¿Otro palo en la rueda del Gobierno nacional? En el Oriente de Antioquia alertan por impedimentos de la ANI para ejecutar obras de movilidad en varias zonas de la subregión que dejan en vilo 121.000 millones de pesos. Los recursos son excedentes de peajes administrados por la concesionaria Devimed durante los últimos 30 años.Obras que han generado disputas entre el Gobierno nacional y departamental, como el Túnel del Toyo, el acueducto para la subregión de Urabá y varias vías 4G, proyectos clave para la movilidad del Oriente de Antioquia podrían marcar ahora un nuevo desencuentro.Así lo alertó el propio alcalde del municipio de Rionegro, Jorge Rivas, sobre la negativa que han recibido por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura el pasado 19 de abril para autorizar la ejecución de obras necesarias para la conectividad regional por 121.000 millones de pesos.Se trata de recursos provenientes de excedentes de peajes en toda la región administrados en las últimas tres décadas por parte de la concesionaria Devimed. El mandatario aseguró que ante la determinación que pone en riesgo dinero y proyectos ya solicitaron una reunión urgente para este viernes 8 de mayo.“Decisión del Gobierno nacional de no firmar el otrosí, que permite ejecutar estas obras, pone en riesgo la ejecución y la movilidad de todo el Oriente. Solicitamos una cita al Gobierno Nacional y, por supuesto, a la ANI para que los alcaldes podamos ir a conversar con ustedes y mirar alternativas para que estas obras efectivamente se realicen”, afirmó el mandatario.Entre las obras a ejecutar se encuentra en Rionegro el intercambio vial de Somer, una zona clave para el tránsito diario de habitantes de otros 23 municipios. De igual manera están con gestión predial y diseños la entrada al municipio de San Vicente por la autopista Medellín - Bogotá a la altura de Guarne y el intercambio vial de Embalses, que conecta también a la Medellín - Bogotá con el corredor Marinilla - El Peñol.El alcalde de Marinilla, Julio César Serna, expuso la necesidad de esta última obra teniendo en cuenta el crecimiento exponencial que en los últimos años ha tenido esa zona de la subregión.“Hoy conocemos todos las esperas de cuatro, cinco, hasta 6 horas de las personas que van a esa ruta a Guatapé. Recordemos que después de Cartagena, Medellín, Guatapé es el segundo destino turístico más importante de Colombia. Más de 4 millones de turistas pasan por ahí”, aseguró.Desde la administración de Rionegro mostraron su disposición al diálogo institucional, pero insistieron en la necesidad de tomar decisiones inmediatas para evitar que entren en riesgo iniciativas no solo necesarias para el Oriente del departamento, sino que ya cuentan con un importante avance en materia legal y de planeación.
Una decisión judicial internacional dio decisión final al pleito entre la concesión Ruta del Mar S.A.S y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en la que se determinó que el estado deberá pagar $3.306.292.000.000 (Tres billones trescientos seis mil doscientos noventa y dos millones de pesos colombianos) y así mismo la finalización del contrato de manera anticipada por incumplimientos contractuales, desequilibrios economico y riesgos no compensados de la vía al mar que desde aproximadamente el año 2018 registraba demoras y denuncias en el proyecto.De acuerdo con el laudo, la ANI está obligada a pagar ese monto por consecuencia de: materialización del riesgo derivado de la falta de aumento de las tarifas de la Estación de Peaje Carimagua, por la insuficiencia de aplicar el valor estimado para las compensaciones ambientales, la falta de activación de pólizas para cubrir efectos de la vía en sitios inestables como la unidad funcional 4 y 5 que conecta el departamento de Sucre con Bolívar y los gastos de honorarios y de arbitraje.“Desestima todas las demás pretensiones y peticiones de ambas Partes en todas sus partes.” Cita el laudo de más de 190 páginas.Caber recordar que en principio las pretensiones de pago era aproximadamente de 4.5 billones de pesos, de los cuales la ANI siempre rechazó y defendió la legalidad de las actuaciones, argumentando que muchas de las situaciones alegadas deban correr por parte de la concesionaria, ya que respondía a riesgos propios del contrato y que no eran atribuibles a la entidad.El laudo pone fin a un proceso arbitral iniciado en 2023, que incluyó audiencias, pruebas documentales, peritazgos técnicos y testimonios de ambas partes. La decisión final establece las responsabilidades contractuales y define las obligaciones económicas derivadas del conflicto, así como la distribución de las costas del proceso, marcando un precedente relevante para futuros proyectos de infraestructura en el país.
En medio de las alertas por el déficit en la producción de gas natural que enfrenta el país, Ecopetrol y Frontera Energy pidieron celeridad a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, en la aprobación del permiso que permitirá la entrada en operación, a finales de este mismo año, de una nueva planta regasificadora en Cartagena.De acuerdo a las dos empresas que tienen a su cargo la puesta en marcha de la que sería la segunda regasificadora en el país, en este momento el avance del proyecto depende del trámite de la “modificación no sustancial de la concesión portuaria” ante la ANI, que se viene adelantando desde diciembre de 2025.Orlando Cabrales, ceo de Frontera Energy, la empresa encargada de la infraestructura del proyecto que estará ubicado en la terminal marítima Puerto Bahía, explicó que se requiere urgentemente que este permiso se aprobado máximo en un mes.“Básicamente lo que la ANI tiene que aprobar, es que dentro del área marítima, donde va a estar ubicado el barco, el punto donde se amarra el barco. Es decir el sistema de amarre, hay que hacer unos micropilotes sobre el lecho marino para poder amarrar permanentemente el barco”, detalló.Cabrales además señaló que este es un proyecto estratégico para el país, pues podría alcanzar una capacidad de procesamiento de 370 millones pies cúbicos día de gas natural en su tercer año de operación.“La fecha estimada que tenemos entrada es tener el primer gas en diciembre de este año, sujeto a los permisos, tanto de la ANLA que va por muy buen camino, tanto por la ANI ir obviamente pediríamos aceleración para tener ese permiso antes de que termine este mes y poder traer ese primer gas que necesita el país para poder satisfacer la demanda de gas, cuyos usuarios en un 85% son los estratos populares”, dijo.Por su parte, el presidente (E) de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado, indicó que este proyecto tendrá capacidad de importar y regasificar en los primeros dos años, 126 millones pies cúbicos de gas natural por día, lo que garantizaría al menos el 60% del abastecimiento en el centro del país.“Nosotros desde Ecopetrol adelantamos un proceso de comercialización de 126 millones de pies cúbicos día, para esto logramos que tuvieran interés sobre esta oferta 44 empresas, de las cuales se asignaron a tres empresas estos 126 millones de pies cúbicos aproximadamente, pero para que se materialice el proyecto se requiere que se haga una interacción con las instituciones, ya tenemos varios permisos, pero ahora lo importante es avanzar con la Autoridad de Licencias Ambientales que va muy bien, y con la Agencia Nacional de Infraestructura”, sostuvo.
Blu Radio conoció en primicia el organigrama del inicio de obras de la ampliación de la Autopista Norte en Bogotá, cuya finalización está prevista para 2030. En entrevista exclusiva, se conocieron detalles del alcance y cronograma de este proyecto clave para la movilidad de la capital.La firma del Acta de Inicio marca oficialmente el arranque de la fase de construcción del proyecto Accesos Norte Fase II, liderado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en conjunto con la interventoría AFA y la concesión Ruta Bogotá Norte. Este hito consolida uno de los proyectos viales más importantes para la conexión entre Bogotá y los municipios del norte de Cundinamarca.De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, el proyecto se estructura en tres grandes etapas. La fase de preconstrucción, que se extendió desde junio de 2022 hasta abril de 2026, ya fue completada. A partir de ahora inicia la fase de construcción, que irá desde abril de 2026 hasta agosto de 2030, tras la suscripción del acta este 6 de abril. Posteriormente, se contempla una etapa de operación y mantenimiento por 19 años, contados desde la finalización total de las unidades funcionales.En total, el contrato tiene un plazo de 29 años, aunque podría finalizar antes si se alcanza el indicador financiero previsto (VPIP).Las primeras intervenciones estarán concentradas en el tramo entre las calles 191 y 245. Allí se ejecutarán obras de ampliación que incluyen la construcción de dos nuevos carriles mixtos por sentido y un carril exclusivo para TransMilenio entre las calles 191 y 235. También se adecuarán los carriles existentes, se construirán carriles de adelantamiento para el sistema de transporte masivo y se desarrollará infraestructura para peatones y ciclistas, como andenes y ciclorrutas a ambos costados.El proyecto también contempla retornos a desnivel en puntos estratégicos, como las calles 235 y 242, y los estudios y diseños para la intersección de la calle 201.Uno de los puntos clave del proyecto es su componente ambiental. Las obras en zonas cercanas a los humedales Torca y Guaymaral estarán condicionadas al cumplimiento de los requisitos establecidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Según explicó la ANI, el avance en estas áreas dependerá del cumplimiento progresivo de las obligaciones definidas en la licencia ambiental, que actúan como requisito habilitante para iniciar actividades constructivas; incluso, para evitar inundaciones, se realizará una lámina que permita que el agua fluya por debajo.
La Agencia Nacional de Infraestructura confirmó que el próximo lunes 6 de abril se suscribirá el Acta de Inicio de la Fase de Construcción del proyecto de ampliación de la Autopista Norte, en medio de la alerta emitida por la Gobernación de Cundinamarca ante la proximidad del vencimiento del plazo contractual para la firma del documento por parte del concesionario del proyecto Accesos Norte II.Según lo indicado, el plazo para la firma del documento vencía a la medianoche, situación que motivó el pronunciamiento oficial de la entidad para ratificar que el inicio formal de la fase constructiva se realizará el lunes 6 de abril.El proyecto cuenta con el respaldo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que previamente aprobó la licencia ambiental necesaria para la ejecución de la ampliación vial. De acuerdo con la información oficial, la iniciativa ya dispone de estudios y diseños aprobados, cierre financiero garantizado, gestión predial adelantada y un cronograma de obra que no presenta objeciones por parte de la ANI, lo que permite avanzar hacia el inicio de las obras.Las primeras intervenciones del proyecto estarán enfocadas en el tramo comprendido entre las calles 191 y 245. Según lo informado por las autoridades, estas labores se iniciarán una vez se cumplan las condiciones exigidas por la licencia ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, las cuales establecen lineamientos específicos para la ejecución de las obras y la protección del entorno natural.La ampliación de la Autopista Norte ha sido catalogada como una obra estratégica tanto para Bogotá como para Cundinamarca, debido a su impacto esperado en la movilidad regional. De acuerdo con lo proyectado, la obra contribuirá a la descongestión vehicular en uno de los corredores más transitados del país, además de fortalecer la conexión logística entre la capital y los municipios cercanos, lo que a su vez impulsaría el desarrollo económico del territorio.En materia ambiental, la aprobación otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales contempla una serie de obligaciones orientadas a la protección de los Humedales Torca-Guaymaral, considerados ecosistemas estratégicos de importancia internacional. Estas medidas responden a una decisión adoptada en 2018 que reconoce la relevancia de estos humedales y compromete al Estado a su conservación, en cumplimiento de principios y obligaciones derivados de instrumentos internacionales relacionados con la protección ambiental.
El colectivo Acuerdos Fundamentales, integrado por organizaciones científicas, gremiales y asociaciones del talento humano en salud, informó que sostuvo reuniones técnicas con el equipo programático de salud vinculado al proceso de empalme del presidente electo, Abelardo De La Espriella, con el propósito de aportar propuestas frente a la situación que enfrenta el sistema de salud en el país.De acuerdo con el comunicado, durante los encuentros se abordaron temas relacionados con la sostenibilidad y estabilidad del sistema, el pago oportuno al talento humano en salud, la autonomía profesional, la autorregulación, la gobernanza del sector y la participación de los diferentes actores que hacen parte del sistema.El colectivo señaló que, como resultado de estos acercamientos, se acordó desarrollar una serie de tareas orientadas a construir propuestas técnicas enfocadas en soluciones para los pacientes, el talento humano en salud y el fortalecimiento del sistema. Asimismo, indicó que continuará participando en estos espacios desde una perspectiva técnica y constructiva.En el comunicado también se destaca la disposición al diálogo por parte del equipo de salud del gobierno entrante. El documento está respaldado por más de una veintena de organizaciones, entre ellas asociaciones científicas, colegios médicos, federaciones y gremios del sector salud, que manifestaron su intención de contribuir a la formulación de propuestas durante el proceso de empalme.
El reciente sismo que sacudió a Venezuela y que se sintió con fuerza en varias ciudades de Colombia como Cúcuta, Bucaramanga, Medellín y Bogotá, revivió el temor sobre la resistencia de las edificaciones en el país. En entrevista con Mañanas Blu, Gilberto Areiza, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS), analizó el panorama actual y lanzó una advertencia clara: Colombia no está del todo preparada debido al alto costo que implica actualizar las estructuras más antiguas.Al ser consultado directamente sobre las estadísticas de actualización en el país frente a un sismo de gran magnitud, Areiza fue contundente. "No muy bien, y hay que ser sinceros", afirmó el experto, explicando que el principal obstáculo para asegurar los inmuebles es económico.El grave problema de los edificios construidos antes de 1984La normativa de sismorresistencia en el territorio nacional ha tenido una evolución histórica que marca una línea de seguridad muy clara para los habitantes de cualquier propiedad.Edificaciones posteriores a 1984: Cuentan con un buen nivel de seguridad. La primera norma oficial nació con la Ley 400 del 7 de junio de 1984, la cual tuvo actualizaciones posteriores en los años 1998 y 2010 (NSR-10).Edificaciones anteriores a 1984: Representan el mayor riesgo. Al no estar cobijadas por legislaciones estrictas, su resistencia ante un terremoto es una incógnita que depende enteramente de la rigurosidad del constructor de la época."Las actualizaciones sismorresistentes son muy costosas y dependen de la edad de la edificación", señaló Areiza. Como ejemplo de esta problemática, citó el caso del Hospital San Juan de Dios en Cali, una estructura indispensable construida en 1829 donde no se han podido realizar mayores intervenciones por falta de recursos.¿Se puede actualizar la sismorresistencia de un edificio viejo?El ingeniero explicó que sí es técnicamente posible mediante un procedimiento denominado estudio de vulnerabilidad estructural. Este análisis evalúa el comportamiento del inmueble frente a las exigencias de la norma vigente (NSR-10) y plantea una ruta de rehabilitación técnica.Bajo la ley colombiana, los hospitales, centros de emergencia y todas aquellas denominadas "edificaciones indispensables" tienen la obligación legal de realizar esta actualización para garantizar su funcionamiento tras un desastre. Sin embargo, en el sector residencial privado la situación es distinta y la inversión depende de las copropiedades.El peligro oculto en las obrasEl presidente de la AIS enfatizó que un buen diseño estructural en el papel no garantiza que el edificio soporte un terremoto si falla el control en la construcción. El talón de Aquiles de la infraestructura colombiana suele estar en la supervisión técnica de la obra.Un error común y crítico es el mal curado del concreto. Según datos compartidos por el experto, si este proceso no se ejecuta de forma correcta en la obra, el material puede llegar a perder hasta un 50% de la resistencia especificada en los planos, dejando la estructura en una situación de alta vulnerabilidad.Actualmente, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica trabaja junto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en una nueva propuesta para actualizar la norma sismorresistente del país, buscando mantener a Colombia bajo los más altos estándares científicos del mundo.
Seis rescatistas vinculados a Caldas ya viajaron a Venezuela como parte de la delegación colombiana que apoyará las labores de búsqueda, rescate y atención de la emergencia que enfrenta ese país.Tras el proceso de selección realizado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los seis profesionales quedaron integrados al equipo de 62 integrantes que representa a Colombia en la misión humanitaria.Tres de los rescatistas hacen parte del componente médico, mientras que los otros tres cumplen funciones en operaciones de búsqueda y rescate, además de planificación y coordinación bajo el sistema USAR (Búsqueda y Rescate Urbano).La delegación caldense está conformada por cuatro integrantes activos de la Cruz Roja Colombiana, un miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chinchiná y un profesional de la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas, quien también integra el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Manizales.Con esta misión, Caldas aporta personal especializado a las labores humanitarias que adelanta Colombia para apoyar la atención de la emergencia en territorio venezolano.Desde la Gobernación de Caldas expresaron su reconocimiento a los rescatistas y reiteraron un mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano.
La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, ABACO, en coordinación con los 26 Bancos de Alimentos del país, puso en marcha una estrategia nacional para recolectar alimentos, productos de primera necesidad y aportes económicos destinados a atender la emergencia humanitaria provocada por los terremotos registrados en Venezuela. La ayuda será movilizada por vía terrestre y aérea en articulación con el Banco de Alimentos de Venezuela y Cáritas.Las mayores afectaciones se concentran en Caracas y en los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, donde miles de familias requieren asistencia inmediata, según aseguró la organización.Para responder a esta situación, ABACO habilitó inicialmente 13 Bancos de Alimentos en diferentes regiones del país para recibir y clasificar las donaciones, mientras avanza la activación de toda la red nacional de 26 bancos. Entre los productos priorizados se encuentran alimentos no perecederos, agua, leche, granos, artículos de higiene, pañales, cobijas, kits de cocina y otros elementos esenciales que serán distribuidos entre la población afectada.El director de ABACO, Juan Carlos Buitrago, explicó que las donaciones llegarán a través de los bancos de alimentos de Bogotá y Cúcuta, desde donde serán transportadas por vía terrestre y aérea para su distribución, con el apoyo de Cáritas y el Banco de Alimentos de Venezuela. Además, invitó a la ciudadanía a realizar donaciones en especie o en dinero para cubrir tanto la compra de productos faltantes como los costos logísticos de la operación humanitaria.Los interesados pueden realizar donaciones en especie en los Bancos de Alimentos habilitados o hacer aportes económicos a través del portal donahoy.abaco.org.co/emergenciavzla2026 También está disponible la cuenta de ahorros Bancolombia 04867105340, a nombre de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia – ABACO, con NIT 900326456-1, y la llave Bre-B 0090989753. Los recursos serán destinados a la compra de productos faltantes y al transporte de la ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas.
Gases del Caribe se pronunció tras la decisión de la Corte del Banco del Rey de Alberta, en Canadá, que autorizó a Canacol Energy a terminar varios contratos de suministro de gas como parte de su proceso de reestructuración empresarial. La compañía enfatizó que esa decisión no tiene efectos inmediatos en Colombia y que, por ahora, los contratos de suministro de gas continúan plenamente vigentes.Según explicó la empresa, el fallo del tribunal canadiense, emitido el 24 de junio, expone las razones para autorizar a Canacol a finalizar, entre otros, dos contratos suscritos con Gases del Caribe.La Corte sustentó su decisión en que esa medida facilitaría el proceso de reorganización financiera que adelanta la compañía dentro del régimen de insolvencia transfronteriza en Canadá.Sin embargo, Gases del Caribe precisó que esa autorización aún debe ser incorporada mediante un Disclaimer Order y, posteriormente, ser reconocida por la Superintendencia de Sociedades de Colombia. La entidad colombiana deberá analizar si la decisión cumple con lo establecido en la Ley 1116 de 2006 y verificar que no afecte el orden público económico, los derechos de los acreedores ni el interés general.Mientras ese procedimiento no concluya, la empresa aseguró que los contratos de suministro de gas permanecen en firme y continúan produciendo todos sus efectos legales. En consecuencia, la decisión adoptada por la justicia canadiense todavía no modifica las obligaciones contractuales entre las partes en territorio colombiano.El pronunciamiento de Gases del Caribe se conoce luego de que la Corte de Alberta respaldara la solicitud presentada por Canacol Energy dentro de su proceso de insolvencia transfronteriza. {Ahora, el siguiente paso será la revisión que realice la Superintendencia de Sociedades, cuya decisión será determinante para establecer si la autorización concedida en Canadá puede tener efectos jurídicos en Colombia.
