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Como un “hostigamiento permanente por grupos minoritarios” catalogó la concesión Autopistas del Caribe lo ocurrido en los peajes de Sabanagrande (Atlántico), y Turbaco (Bolívar) durante este sábado, luego de que decenas de manifestantes se tomaran en señal de protesta éstas casetas de recaudo para exigir, una vez más, sus respectivos desmontes.
En lo que respecta al peaje de Sabanagrande, en el que los manifestantes levantaron las talanqueras por casi cuatro horas para permitir el paso gratuito, la concesión explicó que éste ya contempla tarifas diferencias y que, retirarlo de tajo, pondría en riesgo un contrato de billones de pesos y dejaría en el aire múltiples proyectos viales en el Atlántico.
Entre tanto, frente a la toma del peaje de Turbaco (Bolívar), reiteró que éste se encuentra operando dentro del marco de la ley y su cobro está cobijado bajo un contrato de concesión, recordando que también cuenta con un esquema de tarifas diferenciales.
Así las cosas, a la solicitud de terminación del contrato, la concesión Autopistas del Caribe dijo que se trataba de una “postura irresponsable”, teniendo en cuenta que “los recursos que se recaudan en las vías concesionadas van únicamente para invertir en el área de influencia del proyecto”.
Todo ello, teniendo en cuenta que, desde el pasado mes de febrero, el ministerio de Transporte había anunciado la terminación del contrato con la concesión Autopistas del Caribe, dado que no logró cierre financiero durante 2023.
Sin embargo, dos nuevos plazos otorgados a la concesión generaron rechazo entre los habitantes de éstos tres municipios, quienes aseguran que, hasta este momento, y tras varios meses de reuniones y solicitudes, aún no logran que el Gobierno nacional anuncie medidas adicionales para aliviar los costos o implementar tarifas diferenciales en el peaje.
Por su parte, la Cámara Colombiana de la Infraestructura catalogó como un “atentado” el alza de las talanqueras en el peaje de Sabanagrande, señalando que “es inaceptable que se utilice la violencia como medio de protesta, afectando no solo la infraestructura vial sino también poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios que transitan por la vía y de los funcionarios que laboran en la concesión”.
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