La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Educación firmaron el primer acuerdo de entendimiento para estructurar 13 proyectos de infraestructura educativa en Soacha, Cundinamarca, y Cali, Valle del Cauca, con una inversión estimada de $887.000 millones. Las obras se desarrollarían mediante el modelo de Asociación Público-Privada (APP).El acuerdo se concretó 15 días después de que el presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe, se comprometiera a impulsar iniciativas para ampliar la oferta educativa en Soacha y los departamentos de Cundinamarca y Valle del Cauca, fortalecer la cobertura y facilitar la implementación de la jornada única con alimentación escolar. “Este acuerdo marca el inicio de un trabajo articulado para contribuir al cierre de las brechas en la prestación de los servicios educativos”, afirmó Ayerbe.En Soacha se proyecta construir seis colegios de preescolar, básica y media: Prado Vega, Torrentes, Ciudadela Sucre Colegio 1 y otras tres instituciones en Ciudad Verde. La inversión estimada es de $467.000 millones y se calcula que los nuevos planteles beneficiarán directamente a 7.680 estudiantes, con un impacto potencial en más de 100.000 personas.En Cali, los proyectos contemplan la reposición y construcción de siete instituciones educativas: Técnico Industrial Pedro Antonio Molina-Tres de Julio, Técnico Industrial Carlos Holguín Mallarino, Juan Pablo II, La Buitrera-José María García de Toledo, Santa Rosa, Santo Tomás-Jorge Isaacs y Técnico Industrial Luz Haydee Guerrero Molina. Para estas obras se estiman recursos por $420.000 millones, con beneficio directo para 6.700 estudiantes.
Roberto Uparela, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), brindó claridades sobre el futuro de la concesión Autopistas del Café y la reciente polémica en torno a la reducción de tarifas en los peajes del Eje Cafetero.Ante los rumores de un cierre prematuro del contrato, Uparela fue enfático al declarar que "no hay sobre la mesa ninguna propuesta ni intención de terminación anticipada" y que la agencia continúa con la ejecución normal del contrato Armenia-Pereira-ManizalesContinuidad del contrato y proceso de reversiónSegún el funcionario, el contrato actual tiene una fecha de terminación definida para febrero de 2027. A partir de ese momento, se iniciará un proceso natural de reversión en el que la infraestructura pasará a manos del Estado."Me corresponde a mí como vicepresidente ejecutivo recibir de Autopistas del Café en términos de reversión toda la infraestructura que desde el año 1995 tiene a su cargo", explicó Uparela, añadiendo que posteriormente se hará la entrega al Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad que operará la vía con recursos del presupuesto nacional. La verdad sobre las tarifas de 700 pesosUno de los puntos de mayor debate fue el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la reducción de peajes a 700 pesos. Uparela aclaró que este beneficio no es universal."La tarifa diferencial no es para todos los usuarios de los siete peajes. La tarifa diferencial está únicamente destinada a un nicho poblacional de características especiales", precisó.Este "nicho" corresponde a los residentes de las áreas de influencia que cumplan con los lineamientos establecidos por la ANI.El acuerdo contempla que para las categorías 1 y 2 el costo sea de 700 pesos, mientras que para la categoría 3 habrá una reducción del 66%, y para las categorías 4 a 7, un descuento del 50%.Estas tarifas aplicarán en cinco estaciones específicas: Tarapacá 1, Tarapacá 2, San Bernardo del Viento, Corozal (mencionado como "Abas" en la fuente) y Circasia.Vigencia de los cobros y resolucionesPara quienes no pertenecen a estas comunidades locales, los costos se mantendrán en los valores habituales de aproximadamente 17,800 pesos. Uparela señaló que mientras el contrato de concesión esté vigente, la estructura financiera obliga a mantener la operación de las siete estaciones de peaje.Finalmente, informó que el Gobierno está trabajando en la resolución del Ministerio de Transporte para dar vida jurídica a estos acuerdos, con la meta de que esté "publicada y en firme antes de que finalice el próximo mes de junio". Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno nacional, a través de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), rechazó la propuesta de crear una nueva concesión vial en reemplazo de Autopistas del Café: la IP Conexión Centro.La decisión se da a conocer en medio de la lluvia de críticas al Gobierno por su anuncio de reducir las tarifas de peajes en la región y luego de la exigencia de explicaciones por parte de la Contraloría General de la República."Después de tener todas las herramientas jurídicas, técnicas y demás, en el marco de sus competencias, la ANI ha decidido rechazar la IP Conexión Centro", explicó la ministra de transporte María Fernanda Rojas.¿Qué está pasando con los peajes y qué tiene que ver Odinsa?En las últimas semanas se han registrado bloqueos y manifestaciones en el Eje Cafetero en contra del cobro de peajes de la Concesión Autopistas del Café, cuyo socio mayoritario es Odinsa (filial de Grupo Argos).La ANI ha estado dialogando con los manifestantes y prometió establecer tarifas diferenciales para categorías 1 y 2 de comunidades de la zona de influencia de los peajes quienes pasarán de pagar $17.800 y más a solo $700 pesos. Sin embargo, el presidente de Odinsa, Jean Pierre Serrani, dijo en Mañanas Blu que la compañía no había sido incluida en las mesas de diálogo y que no tenía "ni idea" de la reducción de tarifas.En ese contexto, el presidente Gustavo Petro ha dicho abiertamente que es preferible apostar por la obra pública en lugar de hacerlo por el cobro de peajes para "alimentar un negocio financiero".¿Qué era exactamente la IP Conexión Centro?La concesión Autopistas del Café termina en el año 2027 y Odinsa le propuso al Gobierno continuar con la concesión mediante una iniciativa privada llamada Conexión Centro.Conexión Centro implicaría la intervención de 317 kilómetros de vías en el Eje Cafetero con inversiones por 7 billones de pesos que no requerirían presupuesto de la nación, sino que se financiarían exclusivamente con cargo a los peajes.La iniciativa proponía la construcción, mejora, rehabilitación, operación y mantenimiento de los corredores viales La Paila-Calarcá y Armenia-Manizales.Con el rechazo de la ANI a la propuesta, la realización de estas obras queda en el limbo.De momento, el Gobierno no ha aclarado si le interesa hacer las obras de mejora a través de una licitación o si optará por mantener la vía como está y dejarla bajo administración de Invías.Las voces de los empresariosLa Cámara Colombiana de la Infraestructura aseguró que la ANI podría revisar su propia decisión y le pidió considerar las múltiples voces en favor del desarrollo de la iniciativa, además de resaltar las ventajas del modelo de iniciativas privadas."Decisiones sobre la viabilidad de este tipo de proyectos requieren análisis completos y una evaluación integral sobre sus efectos positivos para el país", indicó el gremio.Previamente, la Andi había enviado una carta a la ministra de Transporte advirtiendo que la IP Conexión Centro traería beneficios para el desarrollo de la economía de la región y que terminar anticipadamente el contrato de Concesión de Autopistas del Café, como se está sugiriendo desde el Gobierno, podría ser un precedente muy negativo en materia de estabilidad jurídica.Por su parte, la Contraloría General de la República le había pedido explicaciones al Gobierno sobre las decisiones frente a este proyecto y frente al cobro de peajes en la región.
La semana anterior la ANI, anunció el establecimiento de peajes diferenciales mientras que la ANI está hablando de terminar el contrato de concesión, una idea que el presidente Gustavo Petro ha apoyado en sus discursos públicos.Entre la información solicitada por el ente de control está la aclaración de si a la fecha, "la ANI está estudiando y/o tramitando una eventual ñ terminación anticipada de este contrato de concesión, incluyendo los argumentos que la soportarían y los eventuales reconocimientos o compensaciones que habría que pagar al Concesionario por tal decisión".También pide explicaciones detalladas sobre el desmonte de peajes en las casetas de la región.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ha dicho que la implementación de peajes diferenciales para comunidades que viven cerca de vía es una medida legal y financiada con un fondo especial de la propia concesión.Vale recordar que gremios como la Andi han advertido que teminar anticipadamente la concesión podría ser un precedentes muy negativo en materia de seguridad jurídica y que el proyecto de Iniciativa Privada, Conexión Centro, podría movilizarse unos 7 billones in inversión para los próximos años pero requiere el pago de peajes.
El debate sobre el empréstito por $538 mil millones solicitado por la Alcaldía de Bucaramanga volvió a tomar impulso luego de que la Procuraduría General de la Nación rechazara las recusaciones presentadas contra los concejales de la ciudad, decisión que permite reactivar la discusión del proyecto en el Concejo Municipal.El alcalde Cristian Portilla celebró la determinación del Ministerio Público y aseguró que con este fallo se garantiza la continuidad del debate sobre una de las principales apuestas de infraestructura de su administración.“Bucaramanga no puede quedarse un año más sin avance y sin desarrollo. Llevamos más de 12 años sin una gran obra de infraestructura vial”, afirmó el mandatario local, quien insistió en que la ciudad no puede seguir aplazando proyectos estratégicos de movilidad.Según explicó Portilla, el empréstito fue radicado ante el Concejo Municipal y, cuando inició su discusión, todos los concejales fueron recusados, situación que obligó a trasladar el caso a la Procuraduría. El ente de control finalmente rechazó las recusaciones y habilitó nuevamente a la corporación para continuar con el trámite del proyecto.El alcalde sostuvo que ahora será el Concejo de Bucaramanga el encargado de definir cuándo se reanudará el debate y si finalmente autoriza el préstamo solicitado por la administración municipal.Los recursos del empréstito estarían destinados a ejecutar varias obras contempladas dentro del Plan Maestro de Movilidad 2010-2030, entre ellas la modernización de 1.370 semáforos en la ciudad, la construcción de la troncal Norte-Sur, intervenciones en la carrera novena con calle 45, obras en el sector Mutis y proyectos relacionados con plazas y mercados campesinos.Portilla señaló que muchas de estas iniciativas llevan años pendientes y advirtió que el plan maestro está próximo a vencerse sin que varias de las obras hayan sido ejecutadas.El empréstito ha generado amplio debate político y ciudadano en Bucaramanga. Mientras la administración asegura que los recursos son necesarios para modernizar la infraestructura vial y mejorar la movilidad, sectores críticos han manifestado preocupación por el nivel de endeudamiento que asumiría el municipio y han pedido mayores garantías sobre la ejecución de las obras y el manejo de los recursos públicos.La discusión ahora regresará al Concejo de Bucaramanga, donde los cabildantes deberán decidir el futuro de uno de los proyectos más ambiciosos de la actual administración municipal.
En medio de cuestionamientos y procesos en curso por parte de los entes de control, la secretaria de Infraestructura de Bucaramanga, María del Rosario Torres, presentó su renuncia al cargo.La salida de la funcionaria se da mientras la Contraloría Municipal adelanta investigaciones fiscales relacionadas con su gestión, lo que había generado diversas críticas y atención pública en las últimas semanas sobre el manejo de proyectos de infraestructura en la ciudad y el escándalo de la chatarra. No obstante, en la carta de renuncia, Torres argumentó que su decisión obedece a motivos personales y de salud, sin hacer referencia directa a los procesos fiscales que cursan en su contra. Esta explicación ha generado reacciones divididas, especialmente en sectores políticos y ciudadanos que ven en su salida un intento de desligarse de las investigaciones en curso.Frente a la situación, el alcalde de la ciudad, Cristian Portilla, confirmó la renuncia y anunció que el ingeniero Carlos Méndez asumirá como nuevo secretario de Infraestructura, con el reto de dar continuidad a las obras y recuperar la confianza en la gestión de esta dependencia.Este relevo se produce en un contexto de creciente vigilancia sobre la ejecución de recursos públicos en Bucaramanga, donde los organismos de control han intensificado las acciones para garantizar la transparencia en la contratación y desarrollo de proyectos.Se espera que en los próximos días las autoridades entreguen mayores detalles sobre el avance de las investigaciones fiscales y las posibles responsabilidades de la exsecretaria de Infraestructura, María del Rosario Torres.
No para la polémica entre las víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño y Puerto Pisisí, ya que los representantes de las personas afectadas por la violencia aseguraron que le pidieron a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- que la multa impuesta al proyecto sea parte de la indemnización.Hay que recordar que recientemente la ANI multó a Puerto Pisisí con $14.286 millones por incumplimientos contractuales y aunque actualmente, dicho proceso no ha concluido, pues se encuentran en trámite recursos presentados por la empresa frente a esta sanción, un pedido especial llegó de las víctimas para que de una manera u otra haya compensaciones.El abogado de Forjando Futuros, Gerardo Vega, explicó que se logró radicar una solicitud formal ante la ANI para que con la multa se compense a las familias que perdieron sus predios y fueron víctimas del exterminio de la Unión Patriótica."Hemos presentado que ese recurso de esa multa debe ser para compensar a las víctimas en el incumplimiento que ha hecho Pisisí con esas familias", indicó. Además, la Fundación Forjando Futuros alertó sobre una preocupación y es que el actual gerente de la Sociedad Portuaria de Urabá Pisisí, Jorge Alberto Acevedo Talero, se desempeñó como contratista de la Agencia Nacional de Infraestructura hasta el 31 de diciembre de 2025, en funciones directamente relacionadas con el seguimiento técnico, administrativo y operativo de concesiones portuarias.Los representantes de las víctimas reiteran su llamado a la ANI para que adopte decisiones que prioricen la compensación de las víctimas y garanticen que las sanciones impuestas cumplan una función social y reparadora, especialmente en casos relacionados con el conflicto armado y el despojo de tierras.
Este 31 de marzo marca la "hora cero" para que el concesionario a cargo del proyecto Accesos Norte 2 firme el acta de inicio, un paso fundamental para comenzar la ampliación de la Autopista Norte entre las calles 191 y 245. Un proyecto listo que no arrancaA pesar de contar con todos los requisitos técnicos y legales, el proyecto se encuentra estancado. En diálogo con Mañanas Blu, el gobernador Jorge Emilio Rey, dijo que la obra ya tiene estudios y diseños aprobados, cierre financiero, cronograma de obras sin objeciones por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y, lo más importante, la licencia ambiental que tanto tiempo se esperó. “No encontramos una razón, un argumento de soporte válido, fuerte, que haga pensar que el concesionario no podría empezar la obra en este momento”, señaló el mandatario, quien instó a la firma a ser sincera sobre los motivos de la dilación. Posibles sanciones y disputas de calendarioAnte la falta de la firma, el gobernador ha sugerido que la ANI inicie un proceso sancionatorio administrativo que incluya multas significativas según el régimen contractual vigente. Existe, no obstante, una discrepancia sobre la fecha límite. Mientras algunas informaciones sugieren que el plazo podría extenderse hasta el 22 de abril debido a ajustes pedidos por la ANLA, el gobernador fue enfático en que la posición de la ANI es la que prevalece: el plazo máximo vence hoy a la medianoche.Rey expresó su preocupación por la actitud del contratista en una inversión que asciende a los 1.8 billones de pesos y que impacta a más de 5 millones de personas.“Si así es el desayuno, pues no me quiero imaginar cómo es el almuerzo”, advirtió, haciendo referencia a que el proyecto tiene una duración estimada de cinco años y cualquier retraso inicial afecta la competitividad de la región. Movilidad en Semana Santa: Recomendaciones a viajerosAprovechando la coyuntura de la Semana Santa, el gobernador también entregó un reporte sobre el estado de las vías en el departamento. Informó que, aunque no hay novedades graves en los corredores nacionales, sí se presentan cierres y dificultades en vías departamentales como la Troncal de Río Negro y la vía La Vega-Sasaima. Especial atención requiere la Autopista Sur, donde se esperan altos flujos vehiculares para los días 4 y 5 de abril. El mandatario recomendó tomar rutas alternas como la vía Chusacá-Canoas-Mondoñedo para evitar los represamientos. Finalmente, recordó que el Pico y Placa Regional estará activo en todos los corredores para el ingreso a Bogotá el próximo domingo, coordinado con la administración distrital. Escuche aquí la entrevista:
En julio de 2025 las lluvias en el departamento de Antioquia generaron una grave emergencia en el sector Sinifaná de la Troncal del Café, la creciente del río Cauca ocasionó la pérdida de banca en la vía que conduce de Medellín - Bolomboló. Aunque desde un inicio se dijo que las obras durarían 4 meses, las labores se retrasaron mucho más.Tras meses y meses de trabajos, que se complicaron por las continuas precipitaciones sobre la zona, la Concesionaria Vial del Pacífico informó que las obras de pavimentación culminaron con éxito, adelantando las labores estabilización y recuperación de la banca en esta zona afectada por las lluvias.Las intervenciones hechas en el sector Sinifaná constaron de la estabilización de laderas y taludes, corrección de la pendiente, la pavimentación de la vía y la protección de la ladera inferior y la quebrada, esto tras el gigantesco deslizamiento de tierra que taponó por completo esta zona importante para la movilidad de la subregión.Según informó Covipacífico, la recuperación de la vía de carácter nacional terminó dos meses antes del último análisis de los expertos y por ello se permitió habilitar nuevamente el tránsito en condiciones normales para miles de personas que viajan al Suroeste antioqueño o al Eje Cafetero.Hay que mencionar que ya los transportadores de pasajeros habían advertido desde 2024 a la Agencia Nacional de Infraestructura que en el sector Sinifaná había un grave problema que podría generar, eventualmente, complicaciones como las que terminó sucediendo.Hay que recordar que solamente cuando se dio el cierre de la vía habían disminuido en un 30 % los viajes hacia el Suroeste antioqueño y 22 empresas que llevan a personas reportaron pérdidas económicas en los primeros meses de la medida que hoy beneficia no solo a los transportadores y al comercio, sino a los turistas que también se vieron afectados en tiempo y dinero por estos cierres.
En medio del ajuste de tarifas que comenzó a regir desde este viernes 16 de enero, los peajes en Colombia vuelven a causar polémica. Sin embargo, más allá del incremento en los valores, existe un aspecto poco conocido para muchos conductores: el recibo del peaje da acceso a varios servicios gratuitos durante el recorrido por las vías concesionadas.Y es que, aunque el pago del peaje no solo corresponde a un cobro obligatorio, también habilita una serie de beneficios operativos y de atención para los usuarios de las carreteras del país.Qué beneficios obtiene el conductor con el recibo del peajeCon solo presentar la factura del peaje, los conductores pueden acceder a una serie de servicios que deben estar disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin ningún costo adicional, y que aplican exclusivamente dentro del tramo concesionado.Entre los servicios incluidos se encuentran:Grúa, en caso de fallas mecánicas o accidentes.Ambulancia, para la atención de emergencias derivadas de siniestros viales.Inspección vial, encargada de verificar el estado de la vía y asistir a los usuarios.Auxilio mecánico básico, que cubre situaciones como pinchazos, cambio de batería o instalación de repuestos menores.Si el daño del vehículo requiere una reparación mayor, el concesionario debe asumir el traslado del automotor hasta un taller, aunque los peajes de salida del corredor vial deberán ser pagados por el conductor afectado.Conservar el comprobante de pago permite a los usuarios reclamar respaldo en caso de que el vehículo sufra daños ocasionados por baches, derrumbes u otras fallas en la vía concesionada, lo cual es clave para demostrar que el conductor se encontraba dentro del tramo bajo responsabilidad del concesionario.Adicionalmente, las carreteras cuentan con postes SOS, a través de los cuales los usuarios pueden comunicarse con los servicios de emergencia, inspección vial o con la Policía de Carreteras.Por qué subieron los peajes en 2026El aumento aplicado en 15 peajes ubicados en seis departamentos responde a la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que cerró 2025 en 5,1 %, sumado a un porcentaje adicional de normalización autorizado por el Ministerio de Transporte para las vías bajo concesión.Según la ANI, este ajuste hace parte de los contratos vigentes y busca garantizar la sostenibilidad financiera de los proyectos viales, así como el mantenimiento y la operación continua de las carreteras.Dónde están los peajes más costosos de ColombiaTras la actualización tarifaria, los peajes con los valores más altos en la Categoría I (automóviles, camperos, camionetas y microbuses con ejes sencillos) quedaron así:Pipiral (Meta): $27.746Machetá (Cundinamarca): $27.326Antioquia (Antioquia): $25.855A estos se suman Aburrá en Antioquia ($24.909), El Placer en Nariño ($20.915) y Boquerón I y II en Cundinamarca ($19.864 cada uno).Los departamentos con mayor alza de peajesDe acuerdo con el balance oficial, Cundinamarca y Antioquia concentran la mayor cantidad de peajes que ajustaron tarifas para 2026.En Cundinamarca también subieron los peajes Naranjal ($17.026), Fusca y Andes ($14.294). En Antioquia, además de Cisneros y Aburrá, se sumaron La Pintada ($19.549), Amagá ($16.924) y Puerto Berrío ($14.083).La ANI reiteró que los peajes son un aporte obligatorio concesionado a operadores privados, que permite financiar la construcción, mejora y mantenimiento de vías modernas y seguras. Según la entidad, este esquema acelera la ejecución de grandes obras de infraestructura que, de depender únicamente del presupuesto público, tardarían más tiempo en concretarse.
El futbolista chileno Leandro Hernández, del Colo Colo, fue detenido la madrugada de este domingo en Santiago tras protagonizar un grave accidente de tránsito y conducir bajo los efectos del alcohol.Según el cuerpo policial chileno, Hernández "conducía en estado de ebriedad, con 1,2 gramos de alcohol en la sangre".El futbolista, de 21 años, salió ileso del accidente, pero el conductor contra el que chocó tuvo que ser trasladado a un hospital cercano tras sufrir heridas de consideración.De acuerdo con la prensa local, Hernández se habría saltado un semáforo en rojo y colisionó contra otro auto en el capitalino barrio de Providencia.El joven no está convocado al partido de este domingo frente al Ñublense porque se encuentra en recuperación por un esguince medial en el tobillo izquierdo.Colo Colo se mide a las 15:00, hora local, con Ñublense en Chillán, a 400 kilómetros al sur de Santiago, en un partido que podría alzarlo como campeón de la Liga de Primera 2026.
La agente Especial Interventora del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Marjorie Englehard Archbold, dio a conocer que los recursos asignados al programa equipos básicos de salud no se encuentran disponibles en las cuentas de la E.S.E. en la cuantía que se necesita para atender las obligaciones pendientes.Dijo en un comunicado la funcionaria que ante esta crítica situación por el riesgo que corre la atención a las comunidades en la isla, adelanta la revisión financiera y administrativa relacionada con el programa, con el propósito de establecer los recursos recibidos, los valores ejecutados, los pagos realizados y los saldos pendientes asociados a cada obligación, y que corresponden a hechos ocurridos antes del inicio de la intervención; es decir, bajo la administración del exgerente del hospital, Michael Manuel Cardona.Agregó que esta situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio, como entidad que asignó los recursos del programa.Asimismo, los hechos que así lo requieran serán puestos en conocimiento de los organismos de control competentes.“El Hospital Departamental de San Andrés continuará con la revisión de las cuentas presentadas por los contratistas y dará respuesta a las solicitudes recibidas conforme avance el proceso de verificación financiera”, ratificó la funcionaria.Hay que recordar que la Supersalud ordenó en octubre de este año la intervención forzosa administrativa por un año del hospital, tras una visita que hizo a la Isla el presidente Abelardo De La Espriella.En medio de la visita, se produjo un intercambio de palabras entre el mandatario con la gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Girley Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara por la comunidad raizal Elizabeth Jay-Pang Díaz por la intervención del Hospital Departamental y el manejo de recursos públicos en el archipiélago.La decisión de intervenir el hospital por parte de la Superintendencia de Salud se tomó después de los múltiples incumplimientos en los planes de mejoramiento que, según la entidad, venían siendo exigidos desde 2022.
La agencia internacional Fitch Ratings ratificó la calificación nacional de largo plazo de Medellín en ‘AAA(col)’, la máxima de su escala, con perspectiva estable, tras evaluar el comportamiento de las finanzas del Distrito durante 2025.En su revisión del 5 de noviembre de 2026, la calificadora destacó el crecimiento de los ingresos tributarios, las transferencias nacionales y los dividendos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), factores que contribuyeron a mantener márgenes operativos sólidos y aumentar la disponibilidad de recursos de la administración distrital.Según Fitch, Medellín tiene una expectativa muy baja de riesgo de incumplimiento de sus obligaciones financieras frente a otros emisores del país. Además, su perfil financiero ‘AA’ y su perfil crediticio individual ‘BBB’ la ubican por encima de Bogotá, Cali, Barranquilla y el departamento de Antioquia.El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que esta calificación refleja la confianza en el manejo de los recursos públicos y permite respaldar la financiación de proyectos de infraestructura mediante créditos, cuyos pagos se distribuyen en el tiempo.“Esta calificación es una buena noticia para Medellín y una muestra de que cuando se administran los recursos públicos con transparencia, responsabilidad y rigor, se construye confianza. Recuperamos la credibilidad en nuestras instituciones y demostramos que la plata de la gente se debe cuidar e invertir bien”, expresó el mandatario.Por su parte, el secretario de Hacienda, Orlando Uribe Villa, indicó que el recaudo tributario pasó de 2,72 billones de pesos a 3,47 billones durante esta administración, lo que representa un crecimiento del 27,56 %.“En la ciudad hay más de 1.800 obras en marcha, avanzamos en la construcción de megacolegios, jardines infantiles Buen Comienzo, el Metro de la 80, escenarios deportivos y espacios culturales. Ese trabajo se financia con distintas fuentes”, afirmó el funcionario.En su evaluación, Fitch también señaló que salud y educación concentran las principales responsabilidades de gasto del Distrito. Sin embargo, indicó que el crecimiento de los gastos operativos ha estado acompañado por mayores ingresos, lo que ha permitido conservar un margen operativo positivo y estable.La ratificación de esta calificación se conoce mientras el Concejo de Medellín discute el presupuesto para 2027 y las fuentes de financiación de los proyectos de la ciudad.
El programa de este domingo, 8 de noviembre de 2026, 'En Blu Jeans' arrancó con la encuesta: ¿En cuáles de estas experiencias prefiere gastar su dinero?'La ciencia detrás de las cosas': Juanca Solarte explicó la anatomía de las orejas y el funcionamiento del oído, respondiendo a por qué nunca dejamos de escuchar.'Tema Central': Se analizó la economía de las experiencias y por qué las personas prefieren gastar su dinero en vivencias (viajes, gastronomía, entretenimiento y aprendizaje) antes que acumular bienes materiales.'Historias de viaje con JuanK': Juanca compartió detalles de su viaje a Egipto, comentando la importancia cultural de los gatos y su recorrido por las pirámides en la meseta de Guiza.'La máquina de la verdad': Se desmintieron mitos sobre Guatapé, explicando el valor cultural e histórico de sus zócalos y sus variadas opciones turísticas más allá de la rumba.
Un nuevo hecho de violencia con arma de fuego se registró en el municipio de Roldanillo, norte del Valle del Cauca. El ataque, ocurrido en el barrio San Sebastián, dejó como saldo una persona fallecida y un menor de edad lesionado, lo que generó preocupación entre los habitantes de este sector.De acuerdo con el reporte preliminar entregado por el Departamento de Policía Valle, las víctimas se encontraban en este sector cuando fueron interceptadas por varios sujetos que, al parecer, las atacaron con arma de fuego. En medio de la agresión, una de las personas recibió impactos que le ocasionaron la muerte, mientras que el menor resultó herido."Es de esclarecer que se perpetúa el sicariato de una persona mayor de edad de sexo masculino y un daño colateral contra un menor de edad. Es de resaltar que se amplía y se ejecuta el despliegue de todas las actividades institucionales para dar con los móviles irresponsables de este lamentable caso", dijo el mayor Hans Alberto Cardona Bedoya, comandante (e) de Distrito de Policía Roldanillo.Tras lo ocurrido, el adolescente fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Por ahora, las autoridades no han entregado información adicional sobre su estado de salud ni han precisado las circunstancias que rodearon el ataque."La Policía Nacional rechaza categóricamente todo acto de violencia que atente contra la vida y la integridad de las personas, especialmente cuando pone en riesgo a niños, niñas y adolescentes", dice un comunicado emitido por la institución.El hecho es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, que buscan establecer qué motivó esta agresión, determinar si las víctimas habían recibido amenazas y establecer las identidades de los responsables. Asimismo, se adelantan las labores de recolección de información y verificación de los elementos que permitan reconstruir lo sucedido.Este nuevo episodio de violencia genera preocupación por la afectación a la población civil, especialmente por la presencia de un menor de edad entre las víctimas. La Policía Nacional hizo un llamado a los habitantes de Roldanillo para que suministren cualquier información que permita avanzar en el esclarecimiento de este caso y facilitar la identificación de los responsables.