Roberto Uparela, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), brindó claridades sobre el futuro de la concesión Autopistas del Café y la reciente polémica en torno a la reducción de tarifas en los peajes del Eje Cafetero.Ante los rumores de un cierre prematuro del contrato, Uparela fue enfático al declarar que "no hay sobre la mesa ninguna propuesta ni intención de terminación anticipada" y que la agencia continúa con la ejecución normal del contrato Armenia-Pereira-ManizalesContinuidad del contrato y proceso de reversiónSegún el funcionario, el contrato actual tiene una fecha de terminación definida para febrero de 2027. A partir de ese momento, se iniciará un proceso natural de reversión en el que la infraestructura pasará a manos del Estado."Me corresponde a mí como vicepresidente ejecutivo recibir de Autopistas del Café en términos de reversión toda la infraestructura que desde el año 1995 tiene a su cargo", explicó Uparela, añadiendo que posteriormente se hará la entrega al Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad que operará la vía con recursos del presupuesto nacional. La verdad sobre las tarifas de 700 pesosUno de los puntos de mayor debate fue el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la reducción de peajes a 700 pesos. Uparela aclaró que este beneficio no es universal."La tarifa diferencial no es para todos los usuarios de los siete peajes. La tarifa diferencial está únicamente destinada a un nicho poblacional de características especiales", precisó.Este "nicho" corresponde a los residentes de las áreas de influencia que cumplan con los lineamientos establecidos por la ANI.El acuerdo contempla que para las categorías 1 y 2 el costo sea de 700 pesos, mientras que para la categoría 3 habrá una reducción del 66%, y para las categorías 4 a 7, un descuento del 50%.Estas tarifas aplicarán en cinco estaciones específicas: Tarapacá 1, Tarapacá 2, San Bernardo del Viento, Corozal (mencionado como "Abas" en la fuente) y Circasia.Vigencia de los cobros y resolucionesPara quienes no pertenecen a estas comunidades locales, los costos se mantendrán en los valores habituales de aproximadamente 17,800 pesos. Uparela señaló que mientras el contrato de concesión esté vigente, la estructura financiera obliga a mantener la operación de las siete estaciones de peaje.Finalmente, informó que el Gobierno está trabajando en la resolución del Ministerio de Transporte para dar vida jurídica a estos acuerdos, con la meta de que esté "publicada y en firme antes de que finalice el próximo mes de junio". Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno nacional, a través de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), rechazó la propuesta de crear una nueva concesión vial en reemplazo de Autopistas del Café: la IP Conexión Centro.La decisión se da a conocer en medio de la lluvia de críticas al Gobierno por su anuncio de reducir las tarifas de peajes en la región y luego de la exigencia de explicaciones por parte de la Contraloría General de la República."Después de tener todas las herramientas jurídicas, técnicas y demás, en el marco de sus competencias, la ANI ha decidido rechazar la IP Conexión Centro", explicó la ministra de transporte María Fernanda Rojas.¿Qué está pasando con los peajes y qué tiene que ver Odinsa?En las últimas semanas se han registrado bloqueos y manifestaciones en el Eje Cafetero en contra del cobro de peajes de la Concesión Autopistas del Café, cuyo socio mayoritario es Odinsa (filial de Grupo Argos).La ANI ha estado dialogando con los manifestantes y prometió establecer tarifas diferenciales para categorías 1 y 2 de comunidades de la zona de influencia de los peajes quienes pasarán de pagar $17.800 y más a solo $700 pesos. Sin embargo, el presidente de Odinsa, Jean Pierre Serrani, dijo en Mañanas Blu que la compañía no había sido incluida en las mesas de diálogo y que no tenía "ni idea" de la reducción de tarifas.En ese contexto, el presidente Gustavo Petro ha dicho abiertamente que es preferible apostar por la obra pública en lugar de hacerlo por el cobro de peajes para "alimentar un negocio financiero".¿Qué era exactamente la IP Conexión Centro?La concesión Autopistas del Café termina en el año 2027 y Odinsa le propuso al Gobierno continuar con la concesión mediante una iniciativa privada llamada Conexión Centro.Conexión Centro implicaría la intervención de 317 kilómetros de vías en el Eje Cafetero con inversiones por 7 billones de pesos que no requerirían presupuesto de la nación, sino que se financiarían exclusivamente con cargo a los peajes.La iniciativa proponía la construcción, mejora, rehabilitación, operación y mantenimiento de los corredores viales La Paila-Calarcá y Armenia-Manizales.Con el rechazo de la ANI a la propuesta, la realización de estas obras queda en el limbo.De momento, el Gobierno no ha aclarado si le interesa hacer las obras de mejora a través de una licitación o si optará por mantener la vía como está y dejarla bajo administración de Invías.Las voces de los empresariosLa Cámara Colombiana de la Infraestructura aseguró que la ANI podría revisar su propia decisión y le pidió considerar las múltiples voces en favor del desarrollo de la iniciativa, además de resaltar las ventajas del modelo de iniciativas privadas."Decisiones sobre la viabilidad de este tipo de proyectos requieren análisis completos y una evaluación integral sobre sus efectos positivos para el país", indicó el gremio.Previamente, la Andi había enviado una carta a la ministra de Transporte advirtiendo que la IP Conexión Centro traería beneficios para el desarrollo de la economía de la región y que terminar anticipadamente el contrato de Concesión de Autopistas del Café, como se está sugiriendo desde el Gobierno, podría ser un precedente muy negativo en materia de estabilidad jurídica.Por su parte, la Contraloría General de la República le había pedido explicaciones al Gobierno sobre las decisiones frente a este proyecto y frente al cobro de peajes en la región.
La semana anterior la ANI, anunció el establecimiento de peajes diferenciales mientras que la ANI está hablando de terminar el contrato de concesión, una idea que el presidente Gustavo Petro ha apoyado en sus discursos públicos.Entre la información solicitada por el ente de control está la aclaración de si a la fecha, "la ANI está estudiando y/o tramitando una eventual ñ terminación anticipada de este contrato de concesión, incluyendo los argumentos que la soportarían y los eventuales reconocimientos o compensaciones que habría que pagar al Concesionario por tal decisión".También pide explicaciones detalladas sobre el desmonte de peajes en las casetas de la región.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ha dicho que la implementación de peajes diferenciales para comunidades que viven cerca de vía es una medida legal y financiada con un fondo especial de la propia concesión.Vale recordar que gremios como la Andi han advertido que teminar anticipadamente la concesión podría ser un precedentes muy negativo en materia de seguridad jurídica y que el proyecto de Iniciativa Privada, Conexión Centro, podría movilizarse unos 7 billones in inversión para los próximos años pero requiere el pago de peajes.
El debate sobre el empréstito por $538 mil millones solicitado por la Alcaldía de Bucaramanga volvió a tomar impulso luego de que la Procuraduría General de la Nación rechazara las recusaciones presentadas contra los concejales de la ciudad, decisión que permite reactivar la discusión del proyecto en el Concejo Municipal.El alcalde Cristian Portilla celebró la determinación del Ministerio Público y aseguró que con este fallo se garantiza la continuidad del debate sobre una de las principales apuestas de infraestructura de su administración.“Bucaramanga no puede quedarse un año más sin avance y sin desarrollo. Llevamos más de 12 años sin una gran obra de infraestructura vial”, afirmó el mandatario local, quien insistió en que la ciudad no puede seguir aplazando proyectos estratégicos de movilidad.Según explicó Portilla, el empréstito fue radicado ante el Concejo Municipal y, cuando inició su discusión, todos los concejales fueron recusados, situación que obligó a trasladar el caso a la Procuraduría. El ente de control finalmente rechazó las recusaciones y habilitó nuevamente a la corporación para continuar con el trámite del proyecto.El alcalde sostuvo que ahora será el Concejo de Bucaramanga el encargado de definir cuándo se reanudará el debate y si finalmente autoriza el préstamo solicitado por la administración municipal.Los recursos del empréstito estarían destinados a ejecutar varias obras contempladas dentro del Plan Maestro de Movilidad 2010-2030, entre ellas la modernización de 1.370 semáforos en la ciudad, la construcción de la troncal Norte-Sur, intervenciones en la carrera novena con calle 45, obras en el sector Mutis y proyectos relacionados con plazas y mercados campesinos.Portilla señaló que muchas de estas iniciativas llevan años pendientes y advirtió que el plan maestro está próximo a vencerse sin que varias de las obras hayan sido ejecutadas.El empréstito ha generado amplio debate político y ciudadano en Bucaramanga. Mientras la administración asegura que los recursos son necesarios para modernizar la infraestructura vial y mejorar la movilidad, sectores críticos han manifestado preocupación por el nivel de endeudamiento que asumiría el municipio y han pedido mayores garantías sobre la ejecución de las obras y el manejo de los recursos públicos.La discusión ahora regresará al Concejo de Bucaramanga, donde los cabildantes deberán decidir el futuro de uno de los proyectos más ambiciosos de la actual administración municipal.
En medio de cuestionamientos y procesos en curso por parte de los entes de control, la secretaria de Infraestructura de Bucaramanga, María del Rosario Torres, presentó su renuncia al cargo.La salida de la funcionaria se da mientras la Contraloría Municipal adelanta investigaciones fiscales relacionadas con su gestión, lo que había generado diversas críticas y atención pública en las últimas semanas sobre el manejo de proyectos de infraestructura en la ciudad y el escándalo de la chatarra. No obstante, en la carta de renuncia, Torres argumentó que su decisión obedece a motivos personales y de salud, sin hacer referencia directa a los procesos fiscales que cursan en su contra. Esta explicación ha generado reacciones divididas, especialmente en sectores políticos y ciudadanos que ven en su salida un intento de desligarse de las investigaciones en curso.Frente a la situación, el alcalde de la ciudad, Cristian Portilla, confirmó la renuncia y anunció que el ingeniero Carlos Méndez asumirá como nuevo secretario de Infraestructura, con el reto de dar continuidad a las obras y recuperar la confianza en la gestión de esta dependencia.Este relevo se produce en un contexto de creciente vigilancia sobre la ejecución de recursos públicos en Bucaramanga, donde los organismos de control han intensificado las acciones para garantizar la transparencia en la contratación y desarrollo de proyectos.Se espera que en los próximos días las autoridades entreguen mayores detalles sobre el avance de las investigaciones fiscales y las posibles responsabilidades de la exsecretaria de Infraestructura, María del Rosario Torres.
No para la polémica entre las víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño y Puerto Pisisí, ya que los representantes de las personas afectadas por la violencia aseguraron que le pidieron a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- que la multa impuesta al proyecto sea parte de la indemnización.Hay que recordar que recientemente la ANI multó a Puerto Pisisí con $14.286 millones por incumplimientos contractuales y aunque actualmente, dicho proceso no ha concluido, pues se encuentran en trámite recursos presentados por la empresa frente a esta sanción, un pedido especial llegó de las víctimas para que de una manera u otra haya compensaciones.El abogado de Forjando Futuros, Gerardo Vega, explicó que se logró radicar una solicitud formal ante la ANI para que con la multa se compense a las familias que perdieron sus predios y fueron víctimas del exterminio de la Unión Patriótica."Hemos presentado que ese recurso de esa multa debe ser para compensar a las víctimas en el incumplimiento que ha hecho Pisisí con esas familias", indicó. Además, la Fundación Forjando Futuros alertó sobre una preocupación y es que el actual gerente de la Sociedad Portuaria de Urabá Pisisí, Jorge Alberto Acevedo Talero, se desempeñó como contratista de la Agencia Nacional de Infraestructura hasta el 31 de diciembre de 2025, en funciones directamente relacionadas con el seguimiento técnico, administrativo y operativo de concesiones portuarias.Los representantes de las víctimas reiteran su llamado a la ANI para que adopte decisiones que prioricen la compensación de las víctimas y garanticen que las sanciones impuestas cumplan una función social y reparadora, especialmente en casos relacionados con el conflicto armado y el despojo de tierras.
Este 31 de marzo marca la "hora cero" para que el concesionario a cargo del proyecto Accesos Norte 2 firme el acta de inicio, un paso fundamental para comenzar la ampliación de la Autopista Norte entre las calles 191 y 245. Un proyecto listo que no arrancaA pesar de contar con todos los requisitos técnicos y legales, el proyecto se encuentra estancado. En diálogo con Mañanas Blu, el gobernador Jorge Emilio Rey, dijo que la obra ya tiene estudios y diseños aprobados, cierre financiero, cronograma de obras sin objeciones por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y, lo más importante, la licencia ambiental que tanto tiempo se esperó. “No encontramos una razón, un argumento de soporte válido, fuerte, que haga pensar que el concesionario no podría empezar la obra en este momento”, señaló el mandatario, quien instó a la firma a ser sincera sobre los motivos de la dilación. Posibles sanciones y disputas de calendarioAnte la falta de la firma, el gobernador ha sugerido que la ANI inicie un proceso sancionatorio administrativo que incluya multas significativas según el régimen contractual vigente. Existe, no obstante, una discrepancia sobre la fecha límite. Mientras algunas informaciones sugieren que el plazo podría extenderse hasta el 22 de abril debido a ajustes pedidos por la ANLA, el gobernador fue enfático en que la posición de la ANI es la que prevalece: el plazo máximo vence hoy a la medianoche.Rey expresó su preocupación por la actitud del contratista en una inversión que asciende a los 1.8 billones de pesos y que impacta a más de 5 millones de personas.“Si así es el desayuno, pues no me quiero imaginar cómo es el almuerzo”, advirtió, haciendo referencia a que el proyecto tiene una duración estimada de cinco años y cualquier retraso inicial afecta la competitividad de la región. Movilidad en Semana Santa: Recomendaciones a viajerosAprovechando la coyuntura de la Semana Santa, el gobernador también entregó un reporte sobre el estado de las vías en el departamento. Informó que, aunque no hay novedades graves en los corredores nacionales, sí se presentan cierres y dificultades en vías departamentales como la Troncal de Río Negro y la vía La Vega-Sasaima. Especial atención requiere la Autopista Sur, donde se esperan altos flujos vehiculares para los días 4 y 5 de abril. El mandatario recomendó tomar rutas alternas como la vía Chusacá-Canoas-Mondoñedo para evitar los represamientos. Finalmente, recordó que el Pico y Placa Regional estará activo en todos los corredores para el ingreso a Bogotá el próximo domingo, coordinado con la administración distrital. Escuche aquí la entrevista:
En julio de 2025 las lluvias en el departamento de Antioquia generaron una grave emergencia en el sector Sinifaná de la Troncal del Café, la creciente del río Cauca ocasionó la pérdida de banca en la vía que conduce de Medellín - Bolomboló. Aunque desde un inicio se dijo que las obras durarían 4 meses, las labores se retrasaron mucho más.Tras meses y meses de trabajos, que se complicaron por las continuas precipitaciones sobre la zona, la Concesionaria Vial del Pacífico informó que las obras de pavimentación culminaron con éxito, adelantando las labores estabilización y recuperación de la banca en esta zona afectada por las lluvias.Las intervenciones hechas en el sector Sinifaná constaron de la estabilización de laderas y taludes, corrección de la pendiente, la pavimentación de la vía y la protección de la ladera inferior y la quebrada, esto tras el gigantesco deslizamiento de tierra que taponó por completo esta zona importante para la movilidad de la subregión.Según informó Covipacífico, la recuperación de la vía de carácter nacional terminó dos meses antes del último análisis de los expertos y por ello se permitió habilitar nuevamente el tránsito en condiciones normales para miles de personas que viajan al Suroeste antioqueño o al Eje Cafetero.Hay que mencionar que ya los transportadores de pasajeros habían advertido desde 2024 a la Agencia Nacional de Infraestructura que en el sector Sinifaná había un grave problema que podría generar, eventualmente, complicaciones como las que terminó sucediendo.Hay que recordar que solamente cuando se dio el cierre de la vía habían disminuido en un 30 % los viajes hacia el Suroeste antioqueño y 22 empresas que llevan a personas reportaron pérdidas económicas en los primeros meses de la medida que hoy beneficia no solo a los transportadores y al comercio, sino a los turistas que también se vieron afectados en tiempo y dinero por estos cierres.
En medio del ajuste de tarifas que comenzó a regir desde este viernes 16 de enero, los peajes en Colombia vuelven a causar polémica. Sin embargo, más allá del incremento en los valores, existe un aspecto poco conocido para muchos conductores: el recibo del peaje da acceso a varios servicios gratuitos durante el recorrido por las vías concesionadas.Y es que, aunque el pago del peaje no solo corresponde a un cobro obligatorio, también habilita una serie de beneficios operativos y de atención para los usuarios de las carreteras del país.Qué beneficios obtiene el conductor con el recibo del peajeCon solo presentar la factura del peaje, los conductores pueden acceder a una serie de servicios que deben estar disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin ningún costo adicional, y que aplican exclusivamente dentro del tramo concesionado.Entre los servicios incluidos se encuentran:Grúa, en caso de fallas mecánicas o accidentes.Ambulancia, para la atención de emergencias derivadas de siniestros viales.Inspección vial, encargada de verificar el estado de la vía y asistir a los usuarios.Auxilio mecánico básico, que cubre situaciones como pinchazos, cambio de batería o instalación de repuestos menores.Si el daño del vehículo requiere una reparación mayor, el concesionario debe asumir el traslado del automotor hasta un taller, aunque los peajes de salida del corredor vial deberán ser pagados por el conductor afectado.Conservar el comprobante de pago permite a los usuarios reclamar respaldo en caso de que el vehículo sufra daños ocasionados por baches, derrumbes u otras fallas en la vía concesionada, lo cual es clave para demostrar que el conductor se encontraba dentro del tramo bajo responsabilidad del concesionario.Adicionalmente, las carreteras cuentan con postes SOS, a través de los cuales los usuarios pueden comunicarse con los servicios de emergencia, inspección vial o con la Policía de Carreteras.Por qué subieron los peajes en 2026El aumento aplicado en 15 peajes ubicados en seis departamentos responde a la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que cerró 2025 en 5,1 %, sumado a un porcentaje adicional de normalización autorizado por el Ministerio de Transporte para las vías bajo concesión.Según la ANI, este ajuste hace parte de los contratos vigentes y busca garantizar la sostenibilidad financiera de los proyectos viales, así como el mantenimiento y la operación continua de las carreteras.Dónde están los peajes más costosos de ColombiaTras la actualización tarifaria, los peajes con los valores más altos en la Categoría I (automóviles, camperos, camionetas y microbuses con ejes sencillos) quedaron así:Pipiral (Meta): $27.746Machetá (Cundinamarca): $27.326Antioquia (Antioquia): $25.855A estos se suman Aburrá en Antioquia ($24.909), El Placer en Nariño ($20.915) y Boquerón I y II en Cundinamarca ($19.864 cada uno).Los departamentos con mayor alza de peajesDe acuerdo con el balance oficial, Cundinamarca y Antioquia concentran la mayor cantidad de peajes que ajustaron tarifas para 2026.En Cundinamarca también subieron los peajes Naranjal ($17.026), Fusca y Andes ($14.294). En Antioquia, además de Cisneros y Aburrá, se sumaron La Pintada ($19.549), Amagá ($16.924) y Puerto Berrío ($14.083).La ANI reiteró que los peajes son un aporte obligatorio concesionado a operadores privados, que permite financiar la construcción, mejora y mantenimiento de vías modernas y seguras. Según la entidad, este esquema acelera la ejecución de grandes obras de infraestructura que, de depender únicamente del presupuesto público, tardarían más tiempo en concretarse.
No todo es alegría alrededor de reversión del contrato de Autopistas del Caribe, concesión encargada de la operación y mantenimiento de la vía que conecta a Cartagena con Barranquilla, incluyendo a sus peajes; puesto que desde la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) seccional Norte consideran que generará impactos negativos directos tanto en empleos como en la economía.En medio de la opción que el Instituto Nacional de Vías (Invías) se hago cargo de este corredor, especifican que estarán con la responsabilidad de "asumir de manera directa la gestión de una infraestructura concebida inicialmente bajo un modelo IP (inversión privada), sin haberse ejecutado las inversiones estructurales previstas, lo que plantea retos significativos en términos de capacidad institucional, disponibilidad presupuestal y priorización de proyectos"."Nos preocupa especialmente el impacto que este tipo de decisiones puede tener sobre un modelo de concesión que ha demostrado históricamente ser una herramienta eficaz para movilizar inversión pública y privada, desarrollar infraestructura vial de alta calidad y eficiencia, y cerrar brechas territoriales en el país", expresan.Asegura su director Héctor Mauricio Carbonell que hasta los puertos perderán competitividad y que la inversión que salga de ella ya no será 100% reinvertida.“La noticia informada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a través de su presidente ejecutivo sobre la liquidación anticipada de Autopistas del Caribe es lamentable. Desde el sector lamentamos mucho por todos los esfuerzos que se vinieron realizando en relación a salvar este gran proyecto. No solamente iba a mejorar la competitividad de la región Caribe, mejoraría los tiempos de traslado entre Cartagena y Barranquilla, la competitividad de los puertos y del sistema logístico que conecta a estas ciudades, sino que también generaría un importante número de empleo”, dijo inicialmente.“Los peajes seguirán cobrándose, ahora por Invías, y no será invertido el 100% del recaudo en la misma vía. Eso es lo más triste, no van a eliminarse. Pasará mucho tiempo hasta que una nueva IP esté interesada en un proyecto de infraestructura de doble calzada sobre Barranquilla y Cartagena, en ese lapso de la Cordialidad. Las condiciones no están dadas en este momento”, agregó.La CCI Norte le pide al Ministerio de Transporte y a Invías que se haga una gestión técnica, eficiente y transparente de este corredor.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.