Roberto Uparela, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), brindó claridades sobre el futuro de la concesión Autopistas del Café y la reciente polémica en torno a la reducción de tarifas en los peajes del Eje Cafetero.Ante los rumores de un cierre prematuro del contrato, Uparela fue enfático al declarar que "no hay sobre la mesa ninguna propuesta ni intención de terminación anticipada" y que la agencia continúa con la ejecución normal del contrato Armenia-Pereira-ManizalesContinuidad del contrato y proceso de reversiónSegún el funcionario, el contrato actual tiene una fecha de terminación definida para febrero de 2027. A partir de ese momento, se iniciará un proceso natural de reversión en el que la infraestructura pasará a manos del Estado."Me corresponde a mí como vicepresidente ejecutivo recibir de Autopistas del Café en términos de reversión toda la infraestructura que desde el año 1995 tiene a su cargo", explicó Uparela, añadiendo que posteriormente se hará la entrega al Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad que operará la vía con recursos del presupuesto nacional. La verdad sobre las tarifas de 700 pesosUno de los puntos de mayor debate fue el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la reducción de peajes a 700 pesos. Uparela aclaró que este beneficio no es universal."La tarifa diferencial no es para todos los usuarios de los siete peajes. La tarifa diferencial está únicamente destinada a un nicho poblacional de características especiales", precisó.Este "nicho" corresponde a los residentes de las áreas de influencia que cumplan con los lineamientos establecidos por la ANI.El acuerdo contempla que para las categorías 1 y 2 el costo sea de 700 pesos, mientras que para la categoría 3 habrá una reducción del 66%, y para las categorías 4 a 7, un descuento del 50%.Estas tarifas aplicarán en cinco estaciones específicas: Tarapacá 1, Tarapacá 2, San Bernardo del Viento, Corozal (mencionado como "Abas" en la fuente) y Circasia.Vigencia de los cobros y resolucionesPara quienes no pertenecen a estas comunidades locales, los costos se mantendrán en los valores habituales de aproximadamente 17,800 pesos. Uparela señaló que mientras el contrato de concesión esté vigente, la estructura financiera obliga a mantener la operación de las siete estaciones de peaje.Finalmente, informó que el Gobierno está trabajando en la resolución del Ministerio de Transporte para dar vida jurídica a estos acuerdos, con la meta de que esté "publicada y en firme antes de que finalice el próximo mes de junio". Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno nacional, a través de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), rechazó la propuesta de crear una nueva concesión vial en reemplazo de Autopistas del Café: la IP Conexión Centro.La decisión se da a conocer en medio de la lluvia de críticas al Gobierno por su anuncio de reducir las tarifas de peajes en la región y luego de la exigencia de explicaciones por parte de la Contraloría General de la República."Después de tener todas las herramientas jurídicas, técnicas y demás, en el marco de sus competencias, la ANI ha decidido rechazar la IP Conexión Centro", explicó la ministra de transporte María Fernanda Rojas.¿Qué está pasando con los peajes y qué tiene que ver Odinsa?En las últimas semanas se han registrado bloqueos y manifestaciones en el Eje Cafetero en contra del cobro de peajes de la Concesión Autopistas del Café, cuyo socio mayoritario es Odinsa (filial de Grupo Argos).La ANI ha estado dialogando con los manifestantes y prometió establecer tarifas diferenciales para categorías 1 y 2 de comunidades de la zona de influencia de los peajes quienes pasarán de pagar $17.800 y más a solo $700 pesos. Sin embargo, el presidente de Odinsa, Jean Pierre Serrani, dijo en Mañanas Blu que la compañía no había sido incluida en las mesas de diálogo y que no tenía "ni idea" de la reducción de tarifas.En ese contexto, el presidente Gustavo Petro ha dicho abiertamente que es preferible apostar por la obra pública en lugar de hacerlo por el cobro de peajes para "alimentar un negocio financiero".¿Qué era exactamente la IP Conexión Centro?La concesión Autopistas del Café termina en el año 2027 y Odinsa le propuso al Gobierno continuar con la concesión mediante una iniciativa privada llamada Conexión Centro.Conexión Centro implicaría la intervención de 317 kilómetros de vías en el Eje Cafetero con inversiones por 7 billones de pesos que no requerirían presupuesto de la nación, sino que se financiarían exclusivamente con cargo a los peajes.La iniciativa proponía la construcción, mejora, rehabilitación, operación y mantenimiento de los corredores viales La Paila-Calarcá y Armenia-Manizales.Con el rechazo de la ANI a la propuesta, la realización de estas obras queda en el limbo.De momento, el Gobierno no ha aclarado si le interesa hacer las obras de mejora a través de una licitación o si optará por mantener la vía como está y dejarla bajo administración de Invías.Las voces de los empresariosLa Cámara Colombiana de la Infraestructura aseguró que la ANI podría revisar su propia decisión y le pidió considerar las múltiples voces en favor del desarrollo de la iniciativa, además de resaltar las ventajas del modelo de iniciativas privadas."Decisiones sobre la viabilidad de este tipo de proyectos requieren análisis completos y una evaluación integral sobre sus efectos positivos para el país", indicó el gremio.Previamente, la Andi había enviado una carta a la ministra de Transporte advirtiendo que la IP Conexión Centro traería beneficios para el desarrollo de la economía de la región y que terminar anticipadamente el contrato de Concesión de Autopistas del Café, como se está sugiriendo desde el Gobierno, podría ser un precedente muy negativo en materia de estabilidad jurídica.Por su parte, la Contraloría General de la República le había pedido explicaciones al Gobierno sobre las decisiones frente a este proyecto y frente al cobro de peajes en la región.
La semana anterior la ANI, anunció el establecimiento de peajes diferenciales mientras que la ANI está hablando de terminar el contrato de concesión, una idea que el presidente Gustavo Petro ha apoyado en sus discursos públicos.Entre la información solicitada por el ente de control está la aclaración de si a la fecha, "la ANI está estudiando y/o tramitando una eventual ñ terminación anticipada de este contrato de concesión, incluyendo los argumentos que la soportarían y los eventuales reconocimientos o compensaciones que habría que pagar al Concesionario por tal decisión".También pide explicaciones detalladas sobre el desmonte de peajes en las casetas de la región.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ha dicho que la implementación de peajes diferenciales para comunidades que viven cerca de vía es una medida legal y financiada con un fondo especial de la propia concesión.Vale recordar que gremios como la Andi han advertido que teminar anticipadamente la concesión podría ser un precedentes muy negativo en materia de seguridad jurídica y que el proyecto de Iniciativa Privada, Conexión Centro, podría movilizarse unos 7 billones in inversión para los próximos años pero requiere el pago de peajes.
El debate sobre el empréstito por $538 mil millones solicitado por la Alcaldía de Bucaramanga volvió a tomar impulso luego de que la Procuraduría General de la Nación rechazara las recusaciones presentadas contra los concejales de la ciudad, decisión que permite reactivar la discusión del proyecto en el Concejo Municipal.El alcalde Cristian Portilla celebró la determinación del Ministerio Público y aseguró que con este fallo se garantiza la continuidad del debate sobre una de las principales apuestas de infraestructura de su administración.“Bucaramanga no puede quedarse un año más sin avance y sin desarrollo. Llevamos más de 12 años sin una gran obra de infraestructura vial”, afirmó el mandatario local, quien insistió en que la ciudad no puede seguir aplazando proyectos estratégicos de movilidad.Según explicó Portilla, el empréstito fue radicado ante el Concejo Municipal y, cuando inició su discusión, todos los concejales fueron recusados, situación que obligó a trasladar el caso a la Procuraduría. El ente de control finalmente rechazó las recusaciones y habilitó nuevamente a la corporación para continuar con el trámite del proyecto.El alcalde sostuvo que ahora será el Concejo de Bucaramanga el encargado de definir cuándo se reanudará el debate y si finalmente autoriza el préstamo solicitado por la administración municipal.Los recursos del empréstito estarían destinados a ejecutar varias obras contempladas dentro del Plan Maestro de Movilidad 2010-2030, entre ellas la modernización de 1.370 semáforos en la ciudad, la construcción de la troncal Norte-Sur, intervenciones en la carrera novena con calle 45, obras en el sector Mutis y proyectos relacionados con plazas y mercados campesinos.Portilla señaló que muchas de estas iniciativas llevan años pendientes y advirtió que el plan maestro está próximo a vencerse sin que varias de las obras hayan sido ejecutadas.El empréstito ha generado amplio debate político y ciudadano en Bucaramanga. Mientras la administración asegura que los recursos son necesarios para modernizar la infraestructura vial y mejorar la movilidad, sectores críticos han manifestado preocupación por el nivel de endeudamiento que asumiría el municipio y han pedido mayores garantías sobre la ejecución de las obras y el manejo de los recursos públicos.La discusión ahora regresará al Concejo de Bucaramanga, donde los cabildantes deberán decidir el futuro de uno de los proyectos más ambiciosos de la actual administración municipal.
En medio de cuestionamientos y procesos en curso por parte de los entes de control, la secretaria de Infraestructura de Bucaramanga, María del Rosario Torres, presentó su renuncia al cargo.La salida de la funcionaria se da mientras la Contraloría Municipal adelanta investigaciones fiscales relacionadas con su gestión, lo que había generado diversas críticas y atención pública en las últimas semanas sobre el manejo de proyectos de infraestructura en la ciudad y el escándalo de la chatarra. No obstante, en la carta de renuncia, Torres argumentó que su decisión obedece a motivos personales y de salud, sin hacer referencia directa a los procesos fiscales que cursan en su contra. Esta explicación ha generado reacciones divididas, especialmente en sectores políticos y ciudadanos que ven en su salida un intento de desligarse de las investigaciones en curso.Frente a la situación, el alcalde de la ciudad, Cristian Portilla, confirmó la renuncia y anunció que el ingeniero Carlos Méndez asumirá como nuevo secretario de Infraestructura, con el reto de dar continuidad a las obras y recuperar la confianza en la gestión de esta dependencia.Este relevo se produce en un contexto de creciente vigilancia sobre la ejecución de recursos públicos en Bucaramanga, donde los organismos de control han intensificado las acciones para garantizar la transparencia en la contratación y desarrollo de proyectos.Se espera que en los próximos días las autoridades entreguen mayores detalles sobre el avance de las investigaciones fiscales y las posibles responsabilidades de la exsecretaria de Infraestructura, María del Rosario Torres.
No para la polémica entre las víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño y Puerto Pisisí, ya que los representantes de las personas afectadas por la violencia aseguraron que le pidieron a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- que la multa impuesta al proyecto sea parte de la indemnización.Hay que recordar que recientemente la ANI multó a Puerto Pisisí con $14.286 millones por incumplimientos contractuales y aunque actualmente, dicho proceso no ha concluido, pues se encuentran en trámite recursos presentados por la empresa frente a esta sanción, un pedido especial llegó de las víctimas para que de una manera u otra haya compensaciones.El abogado de Forjando Futuros, Gerardo Vega, explicó que se logró radicar una solicitud formal ante la ANI para que con la multa se compense a las familias que perdieron sus predios y fueron víctimas del exterminio de la Unión Patriótica."Hemos presentado que ese recurso de esa multa debe ser para compensar a las víctimas en el incumplimiento que ha hecho Pisisí con esas familias", indicó. Además, la Fundación Forjando Futuros alertó sobre una preocupación y es que el actual gerente de la Sociedad Portuaria de Urabá Pisisí, Jorge Alberto Acevedo Talero, se desempeñó como contratista de la Agencia Nacional de Infraestructura hasta el 31 de diciembre de 2025, en funciones directamente relacionadas con el seguimiento técnico, administrativo y operativo de concesiones portuarias.Los representantes de las víctimas reiteran su llamado a la ANI para que adopte decisiones que prioricen la compensación de las víctimas y garanticen que las sanciones impuestas cumplan una función social y reparadora, especialmente en casos relacionados con el conflicto armado y el despojo de tierras.
Este 31 de marzo marca la "hora cero" para que el concesionario a cargo del proyecto Accesos Norte 2 firme el acta de inicio, un paso fundamental para comenzar la ampliación de la Autopista Norte entre las calles 191 y 245. Un proyecto listo que no arrancaA pesar de contar con todos los requisitos técnicos y legales, el proyecto se encuentra estancado. En diálogo con Mañanas Blu, el gobernador Jorge Emilio Rey, dijo que la obra ya tiene estudios y diseños aprobados, cierre financiero, cronograma de obras sin objeciones por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y, lo más importante, la licencia ambiental que tanto tiempo se esperó. “No encontramos una razón, un argumento de soporte válido, fuerte, que haga pensar que el concesionario no podría empezar la obra en este momento”, señaló el mandatario, quien instó a la firma a ser sincera sobre los motivos de la dilación. Posibles sanciones y disputas de calendarioAnte la falta de la firma, el gobernador ha sugerido que la ANI inicie un proceso sancionatorio administrativo que incluya multas significativas según el régimen contractual vigente. Existe, no obstante, una discrepancia sobre la fecha límite. Mientras algunas informaciones sugieren que el plazo podría extenderse hasta el 22 de abril debido a ajustes pedidos por la ANLA, el gobernador fue enfático en que la posición de la ANI es la que prevalece: el plazo máximo vence hoy a la medianoche.Rey expresó su preocupación por la actitud del contratista en una inversión que asciende a los 1.8 billones de pesos y que impacta a más de 5 millones de personas.“Si así es el desayuno, pues no me quiero imaginar cómo es el almuerzo”, advirtió, haciendo referencia a que el proyecto tiene una duración estimada de cinco años y cualquier retraso inicial afecta la competitividad de la región. Movilidad en Semana Santa: Recomendaciones a viajerosAprovechando la coyuntura de la Semana Santa, el gobernador también entregó un reporte sobre el estado de las vías en el departamento. Informó que, aunque no hay novedades graves en los corredores nacionales, sí se presentan cierres y dificultades en vías departamentales como la Troncal de Río Negro y la vía La Vega-Sasaima. Especial atención requiere la Autopista Sur, donde se esperan altos flujos vehiculares para los días 4 y 5 de abril. El mandatario recomendó tomar rutas alternas como la vía Chusacá-Canoas-Mondoñedo para evitar los represamientos. Finalmente, recordó que el Pico y Placa Regional estará activo en todos los corredores para el ingreso a Bogotá el próximo domingo, coordinado con la administración distrital. Escuche aquí la entrevista:
En julio de 2025 las lluvias en el departamento de Antioquia generaron una grave emergencia en el sector Sinifaná de la Troncal del Café, la creciente del río Cauca ocasionó la pérdida de banca en la vía que conduce de Medellín - Bolomboló. Aunque desde un inicio se dijo que las obras durarían 4 meses, las labores se retrasaron mucho más.Tras meses y meses de trabajos, que se complicaron por las continuas precipitaciones sobre la zona, la Concesionaria Vial del Pacífico informó que las obras de pavimentación culminaron con éxito, adelantando las labores estabilización y recuperación de la banca en esta zona afectada por las lluvias.Las intervenciones hechas en el sector Sinifaná constaron de la estabilización de laderas y taludes, corrección de la pendiente, la pavimentación de la vía y la protección de la ladera inferior y la quebrada, esto tras el gigantesco deslizamiento de tierra que taponó por completo esta zona importante para la movilidad de la subregión.Según informó Covipacífico, la recuperación de la vía de carácter nacional terminó dos meses antes del último análisis de los expertos y por ello se permitió habilitar nuevamente el tránsito en condiciones normales para miles de personas que viajan al Suroeste antioqueño o al Eje Cafetero.Hay que mencionar que ya los transportadores de pasajeros habían advertido desde 2024 a la Agencia Nacional de Infraestructura que en el sector Sinifaná había un grave problema que podría generar, eventualmente, complicaciones como las que terminó sucediendo.Hay que recordar que solamente cuando se dio el cierre de la vía habían disminuido en un 30 % los viajes hacia el Suroeste antioqueño y 22 empresas que llevan a personas reportaron pérdidas económicas en los primeros meses de la medida que hoy beneficia no solo a los transportadores y al comercio, sino a los turistas que también se vieron afectados en tiempo y dinero por estos cierres.
En medio del ajuste de tarifas que comenzó a regir desde este viernes 16 de enero, los peajes en Colombia vuelven a causar polémica. Sin embargo, más allá del incremento en los valores, existe un aspecto poco conocido para muchos conductores: el recibo del peaje da acceso a varios servicios gratuitos durante el recorrido por las vías concesionadas.Y es que, aunque el pago del peaje no solo corresponde a un cobro obligatorio, también habilita una serie de beneficios operativos y de atención para los usuarios de las carreteras del país.Qué beneficios obtiene el conductor con el recibo del peajeCon solo presentar la factura del peaje, los conductores pueden acceder a una serie de servicios que deben estar disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin ningún costo adicional, y que aplican exclusivamente dentro del tramo concesionado.Entre los servicios incluidos se encuentran:Grúa, en caso de fallas mecánicas o accidentes.Ambulancia, para la atención de emergencias derivadas de siniestros viales.Inspección vial, encargada de verificar el estado de la vía y asistir a los usuarios.Auxilio mecánico básico, que cubre situaciones como pinchazos, cambio de batería o instalación de repuestos menores.Si el daño del vehículo requiere una reparación mayor, el concesionario debe asumir el traslado del automotor hasta un taller, aunque los peajes de salida del corredor vial deberán ser pagados por el conductor afectado.Conservar el comprobante de pago permite a los usuarios reclamar respaldo en caso de que el vehículo sufra daños ocasionados por baches, derrumbes u otras fallas en la vía concesionada, lo cual es clave para demostrar que el conductor se encontraba dentro del tramo bajo responsabilidad del concesionario.Adicionalmente, las carreteras cuentan con postes SOS, a través de los cuales los usuarios pueden comunicarse con los servicios de emergencia, inspección vial o con la Policía de Carreteras.Por qué subieron los peajes en 2026El aumento aplicado en 15 peajes ubicados en seis departamentos responde a la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que cerró 2025 en 5,1 %, sumado a un porcentaje adicional de normalización autorizado por el Ministerio de Transporte para las vías bajo concesión.Según la ANI, este ajuste hace parte de los contratos vigentes y busca garantizar la sostenibilidad financiera de los proyectos viales, así como el mantenimiento y la operación continua de las carreteras.Dónde están los peajes más costosos de ColombiaTras la actualización tarifaria, los peajes con los valores más altos en la Categoría I (automóviles, camperos, camionetas y microbuses con ejes sencillos) quedaron así:Pipiral (Meta): $27.746Machetá (Cundinamarca): $27.326Antioquia (Antioquia): $25.855A estos se suman Aburrá en Antioquia ($24.909), El Placer en Nariño ($20.915) y Boquerón I y II en Cundinamarca ($19.864 cada uno).Los departamentos con mayor alza de peajesDe acuerdo con el balance oficial, Cundinamarca y Antioquia concentran la mayor cantidad de peajes que ajustaron tarifas para 2026.En Cundinamarca también subieron los peajes Naranjal ($17.026), Fusca y Andes ($14.294). En Antioquia, además de Cisneros y Aburrá, se sumaron La Pintada ($19.549), Amagá ($16.924) y Puerto Berrío ($14.083).La ANI reiteró que los peajes son un aporte obligatorio concesionado a operadores privados, que permite financiar la construcción, mejora y mantenimiento de vías modernas y seguras. Según la entidad, este esquema acelera la ejecución de grandes obras de infraestructura que, de depender únicamente del presupuesto público, tardarían más tiempo en concretarse.
No todo es alegría alrededor de reversión del contrato de Autopistas del Caribe, concesión encargada de la operación y mantenimiento de la vía que conecta a Cartagena con Barranquilla, incluyendo a sus peajes; puesto que desde la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) seccional Norte consideran que generará impactos negativos directos tanto en empleos como en la economía.En medio de la opción que el Instituto Nacional de Vías (Invías) se hago cargo de este corredor, especifican que estarán con la responsabilidad de "asumir de manera directa la gestión de una infraestructura concebida inicialmente bajo un modelo IP (inversión privada), sin haberse ejecutado las inversiones estructurales previstas, lo que plantea retos significativos en términos de capacidad institucional, disponibilidad presupuestal y priorización de proyectos"."Nos preocupa especialmente el impacto que este tipo de decisiones puede tener sobre un modelo de concesión que ha demostrado históricamente ser una herramienta eficaz para movilizar inversión pública y privada, desarrollar infraestructura vial de alta calidad y eficiencia, y cerrar brechas territoriales en el país", expresan.Asegura su director Héctor Mauricio Carbonell que hasta los puertos perderán competitividad y que la inversión que salga de ella ya no será 100% reinvertida.“La noticia informada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a través de su presidente ejecutivo sobre la liquidación anticipada de Autopistas del Caribe es lamentable. Desde el sector lamentamos mucho por todos los esfuerzos que se vinieron realizando en relación a salvar este gran proyecto. No solamente iba a mejorar la competitividad de la región Caribe, mejoraría los tiempos de traslado entre Cartagena y Barranquilla, la competitividad de los puertos y del sistema logístico que conecta a estas ciudades, sino que también generaría un importante número de empleo”, dijo inicialmente.“Los peajes seguirán cobrándose, ahora por Invías, y no será invertido el 100% del recaudo en la misma vía. Eso es lo más triste, no van a eliminarse. Pasará mucho tiempo hasta que una nueva IP esté interesada en un proyecto de infraestructura de doble calzada sobre Barranquilla y Cartagena, en ese lapso de la Cordialidad. Las condiciones no están dadas en este momento”, agregó.La CCI Norte le pide al Ministerio de Transporte y a Invías que se haga una gestión técnica, eficiente y transparente de este corredor.
Durante cerca de cinco horas, más de 530 silleteros y silleteras de Santa Elena llevaron sobre sus espaldas esas enormes composiciones florales por un recorrido de más de 2.4 kilómetros que arrancó pasadas las 2 de la tarde en una jornada en la que la tradición, el trabajo campesino y la creatividad volvieron a convertirse en protagonistas para emocionar a los miles de asistentes propios y foráneos que llegaron a la capital antioqueña para vivir una de sus más importantes tradiciones.La edición de este año también dejó nombres propios: John Jairo Grajales Gómez, de la vereda El Porvenir, se quedó con el título de ganador absoluto del desfile con su silleta tradicional. También había obtenido este mismo premio en 2019."No tengo palabras, demasiado emocionado. Es una labor, es una tradición que la llevo en el corazón por ser. En homenajeado con estos galardones, y bendito dios, a nuestro señor, a los jurados, a todo mundo que está viendo la labor que uno hace. No es fácil, son siete, ocho meses de trabajar duro para poder producir esta silleta y sacarla en la ciudad de Medellín", manifestó Grajales.GanadoresEn otras categorías los ganadores fueron Mateo Londoño Ospina, de la vereda San Ignacio, en la Comercial; en la Monumental el galardón fue para David Santiago Grisales Gómez, de la vereda Piedra Gorda. Mientras tanto, la mejor propuesta en Emblemática correspondió a Juan Gabriel Velásquez Grajales, también de El Porvenir, y de ese mismo lugar del corregimiento, Víctor Julio Ruiz se destacó en la categoría Artística; Isabela Londoño Grajales, de la vereda El Cerro, obtuvo reconocimiento en la categoría Infantil e Isabela Grajales Grajales, de la vereda Piedra Gorda, en Junior.El principal evento de la Feria contó con por segunda vez en la historia de un presidente de la República. Abelardo de la Espriella estuvo acompañado de su familia, del vicepresidente José Manuel Restrepo, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón."Feliz de estar aquí en Medellín, en este desfile, en esta feria, que es patrimonio de Colombia, pero tenemos que hacerlo patrimonio de la humanidad, y ese es el compromiso", apuntó el jefe de Estado. Por su parte, el vicepresidente Restrepo habló sobre la elección de Medellín para la primera visita oficial de los nuevos mandatarios."Lo que significa enderrama económica para el municipio, para el departamento, en quien se dedica al jardín, en quien hace la silleta, en quienes traen las flores de otros territorios de Colombia. Vincula el país alrededor de las flores. Y las flores, ¿ustedes saben lo que significa incluso en tradición exportadora de Colombia?", aseguró. El vicepresidente Restrepo también destacó que el Desfile de Silleteros es un evento que, además de estar muy arraigado a la tradición antioqueña, es un ícono del país en el mundo."De Colombia, de Antioquia, de Medellín, que hay que acompañar, porque estos estos, estas silletas y los silleteros representan, además, mire la hermosura de lo que significa esta tierra, de lo que tiene Colombia también para mostrarle al mundo. Y tenemos que acompañarlo, esto es una tradición cultural de enorme importancia para el país", expuso Restrepo.Según el alcalde Federico Gutiérrez, durante los 10 días de Feria, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera superior al 80% y una derrama económica superior a 60 millones de dólares.
La memoria de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven bumangués de 25 años que murió tras recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), empieza a quedar plasmada en las calles de Biddeford, Maine.Dos artistas locales comenzaron a pintar un mural en el centro de esta ciudad para homenajear al colombiano, quien murió el pasado 13 de julio durante un procedimiento de agentes de inmigración. La obra está ubicada en el número 5 de Alfred Street y muestra a Johan junto a su pequeña hija.El mural fue autorizado tanto por los propietarios del edificio como por el negocio que funciona en el lugar, Stem & Vine. Su propietaria, Brianne Emhiser, aseguró que se siente honrada de que la fachada de su establecimiento sea el espacio escogido para mantener viva la memoria del joven colombiano.De acuerdo con los artistas, la obra estaría terminada aproximadamente en las próximas 48 horas.El homenaje se suma a las distintas expresiones de duelo que han surgido en Biddeford desde la muerte de Johan. En los días posteriores al tiroteo, residentes levantaron memoriales improvisados en el sitio donde ocurrió el hecho, mientras familiares, amigos y organizaciones defensoras de los migrantes han reclamado respuestas sobre las circunstancias de su muerte.Johan Sebastián Durán Guerrero había llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades y se había establecido en Biddeford junto con su familia. Era padre de una niña de tres años y, según organizaciones de apoyo a migrantes, contaba con autorización para trabajar y un número de Seguro Social.El 13 de julio, Johan salió de su vivienda en un vehículo cuando fue interceptado por agentes de ICE. La versión oficial sostiene que el joven intentó escapar y que habría dirigido el automóvil hacia uno de los funcionarios, quien entonces disparó al considerar que existía una amenaza para su seguridad.Sin embargo, el caso ha estado rodeado de cuestionamientos. El senador independiente Angus King afirmó que, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional, Johan no era el objetivo de la operación. Además, se ha señalado que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. La Fiscalía General de Maine mantiene abierta la investigación y el funcionario que disparó fue puesto en licencia administrativa.Videos de cámaras de seguridad y testimonios de personas que estaban en el sector también han generado interrogantes frente a la versión oficial. Medios estadounidenses han reportado que el agente identificado como David Brouillette disparó contra Johan y que posteriormente surgieron antecedentes sobre el comportamiento violento del funcionario, información que ahora también hace parte del escrutinio público sobre el caso.La muerte del joven bumangués provocó además una fuerte reacción en Biddeford. Su compañera, Karolina Rojas Álvarez, describió a Johan como un hombre trabajador, dedicado a su familia y con sueños por cumplir. Durante una declaración pública, recordó especialmente el vínculo que tenía con su hija de tresEl alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, también ha reclamado una investigación transparente y ha insistido en que Johan era parte de la comunidad. En una proclamación presentada ante el Concejo Municipal, pidió justicia y rendición de cuentas por su muerte y expresó solidaridad con la familia y con los habitantes migrantes de la ciudad.Ahora, mientras avanza la investigación en Estados Unidos, el rostro de Johan quedará plasmado en un muro de Biddeford. Una imagen junto a su hija que busca convertir el dolor de una comunidad en memoria y recordar la historia del joven colombiano que salió de Bucaramanga buscando un mejor futuro y terminó muriendo durante un operativo de inmigración.
Luego de una semana pedagógica por la rotación de los nuevos dígitos, este lunes 10 de agosto comenzará a regir el periodo sancionatorio del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas.La disposición, producto de un estudio técnico de acuerdo al número de registros y vehículos activos, seguirá teniendo como base el último dígito de la placa para carros particulares, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se determina por el primer dígito de la placa.De igual manera seguirá, rigiendo de manera continua entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, así:Lunes: 5 y 8Martes: 1 y 4Miércoles: 0 y 2Jueves: 3 y 6Viernes: 7 y 9Con estos dígitos funcionará la medida hasta el 27 de enero de 2027.Continúan como vías exentas de la medida la vía Las Palmas, vía 4.1 occidente antioqueño, conexión de la avenida 33 entre la autopista sur y la avenida Las Palmas, calle 10 entre el Eje vial del Río y la terminal del sur y los corregimientos; además de la autopista Sur y avenida Regional, excepto en el municipio de Bello, donde la restricción rige en todas las vías, según las autoridades locales con el fin de descongestionar la glorieta de Niquía."La entidad invita a la ciudadanía a consultar previamente las placas con restricción, verificar los horarios y planear sus desplazamientos con anticipación. Desde la secretaría reiteramos que esta medida busca mejorar la movilidad en la ciudad", manifestó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.Vale la pena recordar que el pico y placa busca sacar cerca de 200.000 vehículos diariamente de circulación en la subregión, a pesar de la identificación de una saturación en la vías de entre el 100 y el 170%. Según esta dependencia de la Alcaldía de Medellín hay días en los que esa tarea es más difícil, por la cantidad de motos y carros que hay matriculados con ciertos dígitos: 0,1 y 5.
A menos de 48 horas de haberse posesionado como presidente, Abelardo De La Espriella anunció las primeras afectaciones a grupos armados que delinquen en Antioquia tras los resultados reportados por la fuerza pública en las subregiones de Urabá y el Nordeste.Tras su asistencia al tradicional Desfile de Silleteros que cerró la Feria de las Flores en Medellín, antes de dejar la capital antioqueña el mandatario anunció que en medio de combates con tropas de la Décima Cuarta Brigada fueron abatidos dos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Liberia del municipio de Anorí.La operación, según el presidente, también permitió la incautación de seis fusiles y abundante material de guerra e intendencia.Los hombres, entre ellos uno de sus cabecillas en la zona, hacían parte de la subestructura Jorge Mario Valle y eran señalados de diferentes acciones terroristas en contra de la población civil, pero también de la fuerza pública."Esta comisión terrorista a la que se le propinó este duro golpe es la misma que en el año 2024 había asesinado a cuatro de nuestros valientes soldados que adelantaban operaciones en esa región del departamento",dijo el mandatario.De la Espriella también aseguró que en otras acciones desplegadas en el Urabá antioqueño, en el municipio de Necoclí, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del mismo grupo ilegal dedicados al narcotráfico y al componente financiero.En las operaciones desarrolladas por parte de la Armada y la Décima Séptima Brigada, los uniformados incautaron armas de fuego, municiones y material de interés para las labores de inteligencia militar.
La senadora María Clara Posada solicitó a la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, ordenar una auditoría forense a Colpensiones para revisar el manejo de los recursos de la entidad durante los últimos cuatro años.La congresista argumenta que existen numerosas denuncias sobre presuntas irregularidades en materia de contratación y consideró necesario establecer cómo fueron ejecutados los recursos públicos. “El país necesita saber cómo ejecutaron los recursos públicos”, afirmó.Entre los hechos que cuestiona, Posada menciona la presunta contratación del principal financiador del Pacto Histórico y aseguró que en junio se destinaron 25.300 millones de pesos para garantizar hasta octubre la contratación de una nómina paralela de 1.000 trabajadores temporales.También reprocha la ejecución de 238.587 millones de pesos para el cambio del data center, proceso que, según indicó, estuvo relacionado con fallas en la prestación del servicio durante junio y julio.A esto sumó un gasto de 87.621 millones de pesos en publicidad y señaló que no se han publicado las facturas correspondientes a los viajes de los directivos de la entidad.Colpensiones cuenta con un presupuesto anual de 75,6 billones de pesos, por lo que la senadora insiste en que su administración debe estar sometida a criterios de transparencia y control.Posada pide que la nueva administración de la entidad comience con un “corte de cuentas claro” que permita establecer qué ocurrió con los recursos públicos y cómo fueron utilizados durante los últimos años.