Colombia atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de seguridad colectiva de los últimos años. Durante los primeros tres meses de 2026, el país registró 35 masacres que dejaron 133 personas asesinadas, según el más reciente informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Se trata del arranque de año más violento en la última década en este tipo de hechos.
Los homicidios ocurrieron en 34 municipios distribuidos en 17 departamentos, lo que evidencia una expansión territorial de la violencia. Las investigaciones están en manos de la Fiscalía General de la Nación, que busca esclarecer tanto los responsables como los móviles detrás de estos crímenes.
Las cifras superan ampliamente los registros recientes. Desde la firma del Acuerdo de paz con las Farc, no se había presentado un primer trimestre con un número tan alto de masacres. El antecedente más cercano es 2022, cuando se documentaron 31 casos entre enero y marzo, en un contexto marcado por la transición presidencial entre Iván Duque y Gustavo Petro.
El análisis histórico de Indepaz muestra variaciones importantes en la última década. Mientras que en 2018 se registraron apenas nueve masacres en el primer trimestre, la cifra más baja, el número ha fluctuado en los años siguientes: 13 en 2016, 14 en 2017, 13 en 2019, 17 en 2020, 24 en 2021, 27 en 2023, 18 en 2024 y 16 en 2025. El salto a 35 casos en 2026 marca un repunte significativo que enciende las alertas entre organizaciones sociales.
De acuerdo con el informe, las cifras pueden diferir de otros registros oficiales o internacionales, debido a los distintos criterios utilizados para clasificar este tipo de hechos. Sin embargo, el incremento sostenido en el inicio de 2026 evidencia un deterioro en las condiciones de seguridad en varias regiones del país.
Entre los casos más recientes, Indepaz documentó un hecho ocurrido el 26 de marzo en Cajibío, Cauca, donde tres personas fueron encontradas sin vida dentro de un vehículo incinerado. Días antes, el 24 de marzo, otro caso en Bogotá, en la localidad de Bosa, dejó tres mujeres asesinadas, en un hecho que es materia de investigación y que tendría como presunto responsable a una persona cercana a una de las víctimas.
A lo largo de marzo también se registraron hechos en municipios como Soledad (Atlántico), Bucaramanga (Santander), Pitalito (Huila), Belén de Umbría (Risaralda), Cimitarra (Norte de Santander) y Ansermanuevo (Valle del Cauca), entre otros. Febrero y enero igualmente concentraron múltiples episodios en regiones como Antioquia, Nariño, Cauca, La Guajira y Norte de Santander.
El balance también revela datos preocupantes sobre las víctimas. De las 133 personas asesinadas, 74 eran hombres y 16 mujeres, mientras que 40 cuerpos aún no han sido identificados. Además, 17 de las víctimas eran menores de edad, lo que agrava el impacto social de estos hechos.
El panorama refleja no solo la persistencia de la violencia, sino también su complejidad. La dispersión geográfica de los casos y la diversidad de contextos en los que ocurren dificultan una respuesta uniforme por parte del Estado.
Con este inicio de año, Colombia enfrenta un nuevo desafío en materia de seguridad y construcción de paz, en un escenario donde las cifras vuelven a niveles que no se veían desde hace casi una década.