El Congreso inició la discusión del proyecto de acto legislativo que busca poner fin al funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2028 y trasladar sus funciones a la justicia ordinaria. La iniciativa impulsada por el senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, abrió un debate sobre los resultados, los recursos y la continuidad del modelo de justicia transicional creado tras el Acuerdo de Paz.
Durante la presentación de la propuesta, Gómez cuestionó el crecimiento de la contratación de la JEP y afirmó que su nómina paralela pasó de 134 a 1.218 contratos en menos de siete años.
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“Un aumento de 1.084 contratistas en menos de siete años, eso no tiene ninguna justificación y el costo de los contratos suma más de 62.000 millones”, aseguró el senador.
El congresista también señaló que la jurisdicción ha avanzado lentamente en la resolución de la situación jurídica de los comparecientes que no tenían posiciones de mando dentro de las antiguas Farc y de la Fuerza Pública.
Según las cifras presentadas por Gómez, las salas de la JEP han remitido a 3.443 comparecientes a la ruta no sancionatoria para resolver su situación jurídica, pero el tribunal ha proferido 607 decisiones. El senador sostuvo que, al ritmo actual, se necesitarían siete años más para avanzar con ese grupo, sin contar a otros 12.000 comparecientes que, según indicó, están pendientes de ser remitidos.
Gómez cuestionó el costo de estas decisiones y afirmó que cada una habría representado una inversión de $6.600 millones. Con esos argumentos, sostuvo que el modelo de operación de la justicia transicional fracasó y pidió que se permita una transición hacia la jurisdicción ordinaria.
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"Esto en lengua castiza, franca y clara, son amnistías. Lo que pasa es que en la JEP le ponemos este nombre para no decir que son amnistías, para poder con ello también beneficiar a miembros de la Fuerza Pública y obviamente a los miembros de las FARC. A este ritmo, con la inversión institucional en la principal misión que tiene la JEP, le han costado a la nación colombiana 6.600 millones de pesos. Cada una. Cada una. Con lo cual el país hubiera podido resolver 30.000 procesos ordinarios en cualquier jurisdicción con la inversión promedio que genera el Consejo Superior de la Judicatura", dijo.
Durante el debate, la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, respaldó las críticas al tribunal y aseguró que la discusión debe centrarse en los resultados obtenidos frente a los recursos invertidos.
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Posada afirmó que la JEP ha costado 3,8 billones de pesos y cuestionó los gastos relacionados con las sedes de la jurisdicción. También aseguró que el gasto acumulado en arriendos del edificio Torres Cuadra asciende a 160.000 millones de pesos. Para la senadora, estas cifras justifican revisar el uso de los recursos públicos y los resultados obtenidos por la jurisdicción.
“Este proyecto no busca acabar con el sistema transicional. Este proyecto lo que busca es que esas reglas se salvaguarden a través de la jurisdicción ordinaria y no de un tribunal que al día de hoy se ha constituido en un tribunal de derroche y en un tribunal de injusticia”, aseguró la congresista.
Por su parte, el senador del Partido de la U, Alfredo Deluque, sostuvo que la iniciativa busca modificar la operación de la justicia transicional, al considerar que la JEP no ha sido un buen operador. Sin embargo, advirtió que el traslado de esas funciones a la justicia ordinaria también plantea un desafío para garantizar una adecuada administración de justicia.
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En contra de la iniciativa, la senadora del Pacto Histórico, Carolina Corcho, afirmó que la Comisión Primera no estaría facultada para aprobar una reforma que, a su juicio, sustituiría la Constitución y desconocería las garantías que protegen el sistema de justicia transicional.
“Esto es un acto de venganza y de odio”, manifestó Corcho, quien también advirtió sobre posibles afectaciones a la seguridad jurídica de los comparecientes y sobre el riesgo de incumplir compromisos derivados del Acuerdo de Paz.
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La senadora sostuvo que el proyecto desconoce el marco constitucional que desarrolla el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Además, señaló que la iniciativa podría entrar en tensión con compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano.