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Los inspectores del Ministerio del Trabajo podrían ordenar la separación o alejamiento temporal de presuntos agresores en casos graves de acoso laboral, incluido el acoso sexual y la violencia basada en género, sin necesidad de culminar un proceso formal de investigación o sanción.
Esta es una facultad que hoy no existe y que forma parte de un paquete de medidas preventivas que podrían ordenarse de acuerdo con un proyecto de decreto del gobierno nacional con el que busca darle 'dientes' a sus funcionarios y forzar el cumplimiento de la reforma laboral aprobada el año pasado.
Otras órdenes de los inspectores podrían incluir la suspensión de planes de retiro voluntario, la reubicación de personal y la corrección urgente de condiciones relacionadas con iluminación, ventilación, señalización o seguridad.
"Sin una norma que operativice estas garantías y habilite medidas de ejecución instantánea, la eficacia de la reforma laboral se vería comprometida ante la poca eficacia y eficiencia de los procedimientos administrativos", señaló el gobierno.
El objetivo del Ministerio del Trabajo es que el gobierno no espere a que "el daño esté hecho" sino que pueda actuar de forma preventiva.
Las órdenes de este tipo son de inmediato cumplimiento; una empresa podría enfrentar 'multas sucesivas' si no las acata.
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