La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el director del Banco Inmobiliario de Floridablanca (BIF), Julio César González García, y la secretaria general de la entidad, Chabely Paola Flórez Cepeda, por su presunta responsabilidad en hechos de acoso laboral bajo la modalidad de entorpecimiento laboral.De acuerdo con la decisión adoptada por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el proceso disciplinario busca establecer si los dos funcionarios omitieron garantizar las condiciones administrativas mínimas y necesarias para que una trabajadora pudiera desempeñar plenamente las funciones propias de su cargo.Según el ente de control, la presunta irregularidad se habría presentado luego de que la servidora pública concluyera su proceso de reubicación en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), donde cumplía de manera provisional algunas labores. Tras su regreso al Banco Inmobiliario de Floridablanca, presuntamente no habría contado con las condiciones requeridas para ejercer sus funciones.Para la Procuraduría, estos hechos podrían constituir una conducta de acoso laboral en la modalidad de entorpecimiento laboral, razón por la cual profirió pliego de cargos contra los dos servidores públicos.En esta etapa del proceso disciplinario, el organismo de control calificó de manera provisional la presunta falta como gravísima, cometida a título de dolo.La formulación del pliego de cargos no constituye una sanción ni un fallo definitivo, sino el inicio de la etapa de juzgamiento disciplinario, durante la cual los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas y argumentos que consideren pertinentes.
Luego de que un juzgado laboral de Bogotá ordenara el arresto por cinco días del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por no acatar un fallo de tutela a favor de la representante Katherine Miranda, que le ordenaba entregar información detallada sobre las actuaciones del Ministerio frente a las denuncias de acoso y violencia de género en el sistema de medios públicos RTVC (hoy Inravisión), el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, interpuso una solicitud de inaplicación para la sanción.En su argumento, el ministro aseguró que sí respondió a la solicitud de fondo el pasado 26 de mayo de 2026. "El Ministerio del Trabajo SI respondió de fondo el 26 de mayo de 2026 a la solicitud presentada el 24 de marzo sobre el Plan Nacional de Inspección a medios, y el 1 de julio informó esa respuesta al despacho judicial”, indicó el funcionario por medio de una publicación en su cuenta de X.La solicitud inicial fue presentada el 24 de marzo de 2026 por la representante Katherine Miranda, quien requería información sobre el Plan Nacional de Inspección a medios de comunicación, ordenado por el ministro Antonio Sanguino, relacionados con presuntos casos de acoso y violencia basada en género específicamente en el medio RTVC.“Llama la atención que la excongresista no pidió información sobre los hallazgos en los demás medios de comunicación incluidos en dicho plan, sino que se concentró exclusivamente en los posibles casos de RTVC, hoy Inravisión”, dijo el ministro en el comunicado.Según el ministro Sanguino la respuesta de fondo fue emitida a finales de mayo y posteriormente, el 1 de julio de 2026 el Ministerio informó dicha respuesta al despacho judicial.“El uso político y el ensañamiento personal no harán que demos un manejo indebido a información que tiene reserva legal de posibles casos de acoso sexual en entorno laborales. Proteger datos sensibles, la intimidad de las personas involucradas y evitar la revictimización es mi prioridad y la del Gobierno Nacional a la hora de adelantar las funciones de inspección vigilancia y control a nivel nacional en medios de comunicación”, agregó el jefe de cartera.Es por esto, por lo que el ministro solicitó al juzgado laboral de Bogotá que se examinen integralmente las respuestas emitidas y se revoque la sanción.
Los stickers se han convertido en una forma cotidiana de comunicación. Están en chats familiares, grupos de amigos e incluso en conversaciones laborales. Una imagen con una frase puede resumir emociones, hacer reír o romper el hielo.Sin embargo, esa misma facilidad con la que se crean y comparten también puede cruzar límites, especialmente cuando se usan fotos de otras personas sin su autorización.En muchos entornos de trabajo, lo que empieza como “una broma” puede escalar rápidamente. Convertir la imagen de un compañero en sticker, circularla en grupos y usarla de forma repetitiva puede terminar afectando su dignidad, su reputación e incluso su bienestar emocional. En ese punto, deja de ser humor y entra en un terreno donde la ley comienza a actuar.¿Es legal usar la foto de un compañero para hacer stickers?En Colombia, usar la imagen de otra persona sin su consentimiento puede vulnerar derechos fundamentales como la intimidad, el buen nombre y la propia imagen. Además, dependiendo del contexto, esta conducta puede encajar dentro del acoso laboral, el cual está regulado por la Ley 1010 de 2006.Dicha norma establece que “el acoso laboral incluye conductas reiteradas que busquen intimidar, humillar o generar un ambiente hostil en el trabajo”. Si los stickers se usan para burlarse constantemente de un compañero, ridiculizarlo o convertirlo en objeto de bromas dentro del equipo, podrían considerarse parte de ese tipo de comportamientos, explica la Abogada De La Rosa en su cuenta de Instagram.Además, no se trata únicamente de la creación del sticker, sino del uso que se le da. Si existe intención de afectar, presión social o repetición, puede haber consecuencias, según la ley.¿Qué consecuencias puede tener?En el ámbito laboral, estas conductas pueden derivar en llamados de atención, sanciones disciplinarias e incluso la terminación del contrato. En casos más graves, la persona afectada podría iniciar acciones legales por daños morales.Además, la difusión de imágenes sin autorización también puede ser analizada desde el derecho a la protección de datos personales, regulado por la Ley 1581 de 2012, que exige consentimiento para el uso de información personal, incluida la imagen.Uno de los errores más comunes es asumir que el ambiente laboral funciona como un círculo de confianza similar al de los amigos, pero, normalmente, en un trabajo existen jerarquías, responsabilidades y normas que regulan el comportamiento.Decir “era solo un chiste” no elimina el impacto que puede tener sobre otra persona ni evita consecuencias legales.
La Procuraduría General de la Nación sancionó en fallo de primera instancia a dos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Santander por incurrir en conductas de acoso laboral contra su coordinadora regional.Se trata del agente escolta Alexander Consuegra Payares y del oficial de protección Miguel Ángel Castellanos Montt, quienes fueron destituidos e inhabilitados por 12 años tras comprobarse su responsabilidad en la creación de un ambiente hostil dentro de la entidad.Sobre la investigaciónDe acuerdo con la investigación disciplinaria, los sancionados utilizaron insultos ofensivos para referirse a la funcionaria, además de publicar más de 100 mensajes injuriosos en redes sociales desde cuentas sindicales. En estas publicaciones, difundieron fotografías personales de la víctima y lanzaron acusaciones sin sustento relacionadas con presuntos hechos de corrupción.El Ministerio Público también evidenció que los implicados instauraron múltiples quejas en su contra, las cuales fueron archivadas por falta de pruebas. Estas acciones, según el fallo, no solo afectaron el entorno laboral, sino que terminaron por obstaculizar el ejercicio de sus funciones, forzando su salida del cargo en el año 2020.El ente de control señaló que las conductas tuvieron un impacto grave en la salud mental de la víctima, generándole temor, zozobra y aislamiento. Incluso, debido al nivel de riesgo, fue necesario asignarle un esquema de seguridad.La Procuraduría concluyó que no se trató de hechos aislados, sino de un ataque sistemático con componentes de sesgo de género, orientado a debilitar su autoridad y estabilidad emocional por tratarse de una mujer en un cargo de liderazgo.Finalmente, el organismo calificó las faltas como gravísimas cometidas a título de dolo. No obstante, indicó que los disciplinados interpusieron recurso de apelación contra la decisión.
Los inspectores del Ministerio del Trabajo podrían ordenar la separación o alejamiento temporal de presuntos agresores en casos graves de acoso laboral, incluido el acoso sexual y la violencia basada en género, sin necesidad de culminar un proceso formal de investigación o sanción.Esta es una facultad que hoy no existe y que forma parte de un paquete de medidas preventivas que podrían ordenarse de acuerdo con un proyecto de decreto del gobierno nacional con el que busca darle 'dientes' a sus funcionarios y forzar el cumplimiento de la reforma laboral aprobada el año pasado.Otras órdenes de los inspectores podrían incluir la suspensión de planes de retiro voluntario, la reubicación de personal y la corrección urgente de condiciones relacionadas con iluminación, ventilación, señalización o seguridad."Sin una norma que operativice estas garantías y habilite medidas de ejecución instantánea, la eficacia de la reforma laboral se vería comprometida ante la poca eficacia y eficiencia de los procedimientos administrativos", señaló el gobierno.El objetivo del Ministerio del Trabajo es que el gobierno no espere a que "el daño esté hecho" sino que pueda actuar de forma preventiva.Las órdenes de este tipo son de inmediato cumplimiento; una empresa podría enfrentar 'multas sucesivas' si no las acata.
Las personas que tienen un contrato laboral deben cumplir con obligaciones básicas dentro de su trabajo. Entre estas se encuentran respetar la jornada laboral, seguir las instrucciones de sus superiores, cumplir con las normas de seguridad y garantizar el adecuado desarrollo de sus funciones.Sin embargo, también existen responsabilidades del empleador que, aunque forman parte de su rol, tienen límites legales que no pueden sobrepasarse, ya que hacerlo constituiría una falta e incluso un abuso.Nueve acciones en el trabajo que son ilegales en ColombiaEn el país, las empresas son supervisadas por distintas entidades para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. Una de ellas es el Ministerio del Trabajo, encargado de proteger los derechos de los trabajadores en todo el territorio nacional.Según lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo (CST), hay nueve prácticas por parte de los empleadores o superiores que están prohibidas por la ley y son las siguientes:1. Trabajar horas extra sin pago La jornada laboral tiene límites y a partir del 15 de julio de 2026, la jornada ordinaria en Colombia se reducirá a 42 horas semanales. de superar ese número el empleador está obligado a pagar las horas extra si pide al trabajador quedarse más tiempo del estipulado.2. No afiliar al trabajador a seguridad socialSin importar el tiempo que lleve el empleado en la empresa, desde el primer día laboral el empleador debe pagar salud, pensión ARL y caja de compensación.3. Exigir trabajo fuera del horario laboralEn Colombia se reconoce la Ley de desconexión laboral el jefe o superior no puede exigirle al empleado responder mensajes o trabajar en su tiempo libre o de descanso.4. No pagar la liquidación a tiempoAl finalizar un contrato laboral, la empresa debe pagar lo correspondiente a la liquidación, que generalmente es dentro de los próximos 15 días hábiles. Si se demora, la compañía debe pagar un día de salario por cada día de retraso.5. Descontar dinero del salarioEl empleador no puede descontar dinero del salario sin la autorización del trabajador, ni siquiera si se trata de un préstamo o una deuda con la empresa. Para ejecutarlo debe existir una autorización escrita del empleado o una orden judicial.6. Negar permisos o licencias legalesEn este ámbito hacen parte los permisos médicos, calamidad familiar o licencias. Estas no pueden negarse arbitrariamente. No obstante, el trabajador debe solicitarlos con tiempo según lo establecido por la empresa, siempre y cuando no se trate de una emergencia como una calamidad doméstica.7. Permitir acoso laboral o sexualNingún trabajador debe tolerar cualquier tipo de abuso como humillaciones, persecusión laboral, hostigamiento o discriminatorio. De llegar a ocurrir, el empleado debe denunciar el hecho ante las áreas pertinentes en la empresa.8. No proteger la salud y la seguridad del trabajadorLa compañía está en la obligación de garantizar condiciones seguras de trabajo. De no hacerlo, debe responder legalmente.9. Irrespetar la reputación profesionalDifamar, calumniar o evaluar injustamente a un trabajador puede ser considerado como acoso laboral.
Blu Radio conoció la denuncia presentada por Claudia Patricia Bueno, quien continúa vinculada a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y quien asegura haber sido víctima de un presunto acoso laboral por parte de Rodrigo Rojas Orozco, quien se desempeñaba como coordinador de la gestoría de excomandantes de las AUC.En su declaración también menciona actuaciones del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y del coordinador administrativo de la entidad, Luis Fernando Martínez, que, según afirmó, se habrían producido con posterioridad a la denuncia que ella presentó.Bueno sostiene que los hechos se remontan a diciembre de 2024, cuando trabajaba en la gestoría de excomandantes de las AUC. “El acoso laboral no es ahorita. No, esto tiene más de un año. Entonces creo que en parte eso es lo que les molesta a ellos, porque es que ellos han tratado de sacarme desde mayo, junio del 2025 y no han podido”.Durante ese periodo, explicó, asumía funciones estratégicas dentro del proceso, pero asegura que también era objeto de descalificaciones públicas y exigencias que, según su versión, no correspondían a su cargo.“Yo soy la que hago todo, es decir, la que desarrollé la estrategia, la que articulé con los gestores, la internacionalista, la asesora legal, la asesora política, pero que crea que además de que yo le hago todo en la gestoría, también tengo que ir a traerle el tinto, a traerle el agua, me insulta delante de la gente”.La asesora afirma que en marzo de 2025 decidió activar la ruta institucional contra la violencia de género.“En marzo, me insulta un día, pero durísimo, que ahí donde aparece un testigo, es un muchacho que trabaja allá, y me dijo en chat yo tengo en algún lado el pantallazo, me claudia, yo vi cómo este tipo la trató a usted y la insultó. Si usted quiere que yo le sirva de testigo, yo le sirvo de testigo y ponga la queja. Entonces yo puse la queja, activé la ruta de prevención contra la violencia de género. El tipo no fue a los descargos y por eso el proceso, él está en la Procuraduría”.Proceso disciplinario y solicitud de insubsistenciaTras esa decisión, asegura, comenzaron actuaciones administrativas en su contra. Entre ellas, un proceso disciplinario que, según señala, fue promovido por María Paz Lara Camacho.El disciplinario se originó por una presunta falsedad de firma en un documento dirigido al INPEC, relacionado con un evento que posteriormente fue cancelado.“Yo les mando el borrador, hice las advertencias por mis lados, por chat, por correo, que era un borrador. Y el INPEC elaboró las resoluciones para agilizar el proceso. Y cuando yo le notifico a mi jefe, que es Rodrigo Rojas, lo llamo y le digo, oye, el INPEC aprobó que estos señores se queden en la cárcel en el convento. Después Rodrigo me llama, fue un 28 de mayo, y me dice el Comisionado de Paz y Álvaro Jiménez cancelaron el evento”.Según su relato, en el trámite disciplinario se estableció que el documento cuestionado era un borrador y que no existía firma falsificada.“En esas pruebas quedó claramente establecido que nunca hubo un documento firmado, que siempre fue un borrador y que literalmente las órdenes a mí me las daba Rodrigo Rojas y que la señora María Paz sí sabía del evento”.Claudia Bueno asegura que la solicitud no prosperó. “Lo que pasó es que finalmente la directora del DAPRE, el despacho de la dirección del DAPRE en ese momento, la doctora Angie Rodríguez, pues rechazó la solicitud de declaratoria de insubsistencia porque digamos que ya estaba alertada”.Evaluación reducida por actividad sindicalOtro de los hechos que denuncia tiene que ver con su evaluación de desempeño. Durante el primer semestre de 2025 fue negociadora del sindicato SINEDAPRE. Meses después, asegura, recibió una notificación en la que su calificación fue modificada.“Entonces me entero que solo el correo me lo mandaron a mí. Y el correo del Comisionado dice como usted fue negociadora del sindicato en tales y tales periodos, con base en tales resoluciones, su calificación ha sufrido una variación qué pasa de 50%. Que me puse, me la dejaron como en 20, en una me pusieron 7, en otra 11, en otra 9, me dejaron como 20”.Señala que impugnó la decisión y que, hasta ahora, no ha recibido respuesta definitiva.“Yo decidí impugnar eso, no firmé nada y le notifique a Talento Humano esto. Entonces Talento Humano nunca dijo nada. Y el Comisionado tampoco se pronunció sobre mi recurso, sobre mi impugnación”.Negativa de teletrabajo pese a diagnósticoLa situación, afirma, se agravó tras la negativa del comité de seguridad y salud en el trabajo a su solicitud de teletrabajo autónomo, pese a haber notificado su diagnóstico médico.“Yo notifico mi estado de salud por escrito, mando el diagnóstico, el diagnóstico se lee carcinoma. El consejero comisionado de paz tenía desde el 13 de febrero al mediodía mi solicitud de teletrabajo autónomo y yo había advertido que el comité que definía eso se reunía el B a la semana siguiente y ellos no lo querían aprobar porque me lo dijo la jefa de Talento Humano”.Según su versión, el comité está conformado por ocho personas y la decisión fue adoptada por mayoría.“Explícame cómo un comité conformado por ocho personas, dos de ellas del sindicato al que pertenezco, me niega por mayoría el teletrabajo. Y me contó la jefa de Talento Humano que la presidenta de mi sindicato y el vicepresidente, un man que se llama Jaime Gaitán, negaron, me pidieron que no me dieran el teletrabajo autónomo”.Afirma que al pedir explicaciones, esto fue lo que le respondieron: “es un comité de ocho personas, la mayoría votó que no. Si usted quiere saber por qué pasó, escríbale a la secretaría técnica, que es Luz Dari Cruz y pídale a ella la información.La funcionaria indicó que informó de la situación a la Procuraduría y que también envió comunicaciones a la entonces directora del DAPRE, Angie Rodríguez, sin que, según dijo, obtuviera respuesta.Hasta el momento, Bueno señala que la Procuraduría General de la Nación no ha adelantado las diligencias. Asegura que le ha enviado la información completa y que lo que están haciendo es devolviendo todo al comité de convivencia “como si no hubiera el comité enviado todo desde 2025”.La respuestaBlu Radio consultó a Rodrigo Rojas Orozco, excoordinador de la gestoría de excomandantes de las AUC, quien negó haber tomado represalias contra la funcionaria.“Claudia sí fue subalterna mía, trabajó conmigo y pues hubo inconveniente con otras personas que trabajaron con ella y en el equipo de trabajo”.Rojas aseguró que apoyó la solicitud de teletrabajo presentada por Bueno.“Yo solicité que le dieran el teletrabajo, pero resulta que eso, aunque yo era el jefe inmediato, esa decisión era de la parte de personal de la consejería de paz”.También indicó que se retiró de la entidad el primero de julio y que desde entonces no ha tenido relación con la oficina.“Yo nunca tomé ninguna represalia contra ella. Yo me retiré desde el primero de julio. Yo tenía problemas médicos, ella inclusive en un comité de trabajo ella dijo que yo ya estaba muy viejo y que ya estaba mal, que se me olvidaban las cosas y eso”.“Yo no sé ella por qué insiste en eso, cuando ella misma dijo en unos comités laborales que están las actas, que yo era la persona que le escuchaba y le entendía. Entonces, pues en ese tiempo, cuando entró a trabajar conmigo, el tema era que nadie quería trabajar con ella”.El exfuncionario también cuestionó el momento en que se formuló la denuncia.“Yo entré a finales de noviembre del 2024. Pero lo que yo no entiendo es ella inclusive yo le entregué el manejo de mi computador personal cuando yo no estaba o algo. Ella tenía acceso a mis correos personales y eso. Si ella era tan humillada y tan maltratada, una persona, ¿cómo le manejaba eso? Y lo que no entiendo yo es por qué fue hasta marzo, si yo trabajé abril, mayo, junio y me retiré en julio. ¿Qué pasó en esos tres meses?”.Por su parte, la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, respondió frente a las declaraciones de Bueno, quién asegura haberle enviado un correo a Rodriguez contándole su situación.“No tengo conocimiento sobre ello, y mi solidaridad. No conozco la señora”.
El Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (SINDHEP) denunció públicamente presuntos hechos reiterados de acoso laboral, violencia psicológica y negligencia institucional en la Regional Atlántico de la entidad, los cuales habrían afectado la salud física y emocional de varias trabajadoras.Uno de los casos más complejos, según la denuncia, involucra a la funcionaria Martha de la Cruz, quien es contratista de la institución y tiene cinco meses de embarazo. La mujer se encuentra hospitalizada en grave estado de salud por una situación que estaría asociada a presunta violencia y acoso laboral que padeció durante meses.Ana Fuentes, vocera del sindicato, expresó que han conocido más de 10 denuncias por acoso laboral, especialmente contra mujeres en la Regional Atlántico.Para el sindicato es preocupante que, desde la posesión de la actual defensora regional, Carolina Gómez, quien asumió el cargo en abril de 2025, se hayan acumulado en un corto periodo un número significativo de señalamientos por presunto acoso laboral y tratos denigrantes.La denuncia fue escalada a la defensora nacional del Pueblo, quien, a través de su cuenta de X, emitió un comunicado manifestando su preocupación y reconociendo la gravedad de la situación denunciada.Afirman que ya fueron desplegadas acciones de verificación, investigación y acompañamiento institucional ante los presuntos casos de acoso laboral, para adoptar las medidas a que haya lugar.
La Procuraduría negó el archivo de la investigación y ordenó nuevas pruebas en el caso de presunto acoso laboral que compromete al exgerente del Hospital General de Medellín, Mario Fernando Córdoba. Los hechos están relacionados con la reubicación de un ingeniero informático que quedó sin funciones ni evaluación de desempeño por dos años.Luego de que el pasado 10 de septiembre la Procuraduría General asumiera el control preferente de la investigación por presunto acoso laboral contra el exgerente del Hospital General de Medellín, Mario Fernando Cordoba, en los últimos días se han producido avances en el proceso disciplinario.Y es que en medio de la indagación que inicialmente abrió la Personería de Medellín por el caso de Marvin Esteban Juan Camilo Toro Pastor, un ingeniero informático del centro asistencial, aún el Ministerio Público tenía pendiente pronunciarse sobre la solicitud de archivo de la investigación realizada parte de la defensa del exdirectivo del centro asistencial.A través de un reciente auto la pretensión fue rechazada, es decir, el proceso continuará, pero además la Procuraduría ordenó pruebas documentales y testimoniales por parte de funcionarios del centro asistencial que en su momento pudieron conocer el caso.La situación puntual con Toro Pastor se habría derivado de la autorización que el entonces gerente Córdoba dio para que fuera reubicado en un puesto que requería un ingeniero biomédico y que por eso lo dejó sin funciones asignadas y sin evaluación de desempeño durante el segundo semestre de 2020, todo el año 2021 y el primer semestre de 2022.En el auto la Procuraduría también solicitó la cadena íntegra de correos electrónicos intercambiada con la presunta víctima sobre sus solicitudes, manuales de funciones, reglamentos internos o esquemas de planta de personal vigentes para el año 2020, el protocolo o manual institucional para la evaluación del desempeño de servidores provisionales o de libre nombramiento y remoción, además si durante su desempeño como gerente Córdoba llegó a tener otras quejas formales por acoso laboral que hubieran derivado en la apertura de investigación disciplinaria o sanción.
El defensor francés del París Saint-Germain Lucas Hernández se encuentra en una tormenta judicial tras la denuncia de una familia colombiana que trabajó para él y su esposa durante más de un año y que le acusa de trabajo ilegal y de trato degradante.Según desvela este miércoles la revista Paris Match, la pareja colombiana y sus tres hijos trabajaron en el domicilio de la familia Hernández entre septiembre de 2024 y noviembre pasado, pese a que sólo firmaron un contrato el mes anterior a su despido.En ese tiempo, según la denuncia, llevaron a cabo labores de limpieza, cocina, se ocuparon de los hijos del fútbolista, hicieron de porteros e, incluso, de agentes de seguridad.A cambio, recibieron la promesa de ayudarles en las labores administrativas para obtener los papeles en Francia y dos pasaportes ilegales españoles.En realidad, aseguran los denunciantes, no recibieron nada más que largas jornadas de trabajo, de 72 a 84 horas semanales, incluso más, y sin vacaciones ni días libres.Unas prácticas que la mujer colombiana, de 27 años, describe como "próxima a la esclavitud moderna".
El Ministerio de Defensa confirmó los resultados de la Operación Beta, el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo De La Espriella contra el ELN en el Catatumbo.La operación se adelantó en zona rural de Tibú y San Calixto, donde dos integrantes del ELN fueron neutralizados, 1,5 toneladas de explosivos fueron incautadas y cinco campamentos fueron destruidos.En la noche del lunes 10 de agosto, las Fuerzas Militares ejecutaron la acción contra la estructura criminal que delinque en esa región del Catatumbo, con un resultado de dos presuntos integrantes del ELN neutralizados durante el desarrollo de las operaciones.Durante la intervención fueron incautadas aproximadamente 1,5 toneladas de explosivos y diverso material de guerra, entre ellos 440 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones, además de material de comunicaciones e intendencia. También fueron ubicados y destruidos dos búnkeres y cinco áreas campamentarias que, según la cartera, eran utilizadas por la estructura armada.El Ministerio de Defensa enfatizó el marco legal de la operación y aseguró que fue planeada y ejecutada bajo los principios y normas aplicables del Derecho Internacional Humanitario, observando las reglas de distinción, proporcionalidad, precaución y humanidad, con especial énfasis en la protección de la población civil, las personas protegidas y sus bienes, así como en la integridad de los uniformados que participaron en la acción.El Ministerio de Defensa hizo una precisión: la operación se desarrolló en zona rural de los municipios de Tibú y San Calixto y no específicamente en la vereda El Sinaí, como se ha señalado en algunas publicaciones que circulan en redes sociales.Esa aclaración cobra relevancia frente a lo que ya había denunciado horas antes la Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín, que reportó que la operación habría afectado a población civil, señalando que al menos tres campesinos, incluida una mujer de 44 años, resultaron heridos precisamente en la vereda El Sinaí, jurisdicción de San Calixto.Se trata de la primera acción aérea del nuevo Gobierno, ejecutada con el apoyo de aeronaves Kfir de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, luego de que unidades del Comando de Operaciones Especiales sostuvieran combates previos en tierra con integrantes de la estructura. El operativo llega semanas después de que, en julio, De La Espriella lanzara un ultimátum a los cabecillas del ELN y del Frente 33 durante su primer empalme regional en Cúcuta.El Catatumbo atraviesa desde enero de 2025 una crisis humanitaria derivada de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33: más de 120.000 personas han sido desplazadas, cerca de 50.000 familias permanecen confinadas y alrededor de 120 personas han muerto en medio de esos enfrentamientos, según cifras recogidas por la Defensoría del Pueblo.
Las labores de búsqueda continúan en Pereira y otros municipios de Risaralda luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones de Colombia el lunes y dejó una emergencia de grandes proporciones, especialmente en el occidente del país.En medio de las operaciones de rescate y la atención a las familias afectadas, las autoridades mantienen la búsqueda de personas cuyo paradero todavía no ha podido ser establecido. Medicina Legal en Pereira reportó que ha recibido 67 reportes de personas desaparecidas, de las cuales 33 están confirmadas.El sismo ocurrió a las 7:34 de la mañana y tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en Chocó. Los departamentos más afectados han sido Valle del Cauca, Risaralda y Chocó, aunque también se reportaron graves daños en Caldas y Quindío.¿Quiénes son las personas desaparecidas en Pereira?La lista entregada para apoyar las labores de búsqueda está conformada por las siguientes personas:Lina Marcela Rodas CuadrosJulián Andrés Mejía MorenoSandra Patricia Chica MontoyaGilberto de Jesús Giraldo LópezPilar Jiménez ToquicaMoncada AguirreMaría Araengoza González GutiérrezPaola Andrea Franco BustamanteDargui González GuerreroÁngela María Acosta GonzálezJuan Manuel Toro SánchezWilson Largo TrejosLuis Fernando Hernández OssaPedro Nell Díaz DíazAracelly DazaRoyer David Ramírez QuirozDerly Angélica MartínezVanessa Gómez MolinaDeici Zulkernhe Rodríguez MejíaKevin Estiven Álvarez MosqueraRosa Angélica Maya MayaMaría Mariela Granada EcheverryGuillermo Orrego FlórezBlanca Libia Hincapié LondoñoJosé Fernando Valencia CañasSorley Aracely Villa GuevaraAleyda Campiña TrujilloMariana Santa GómezPaulo Andrés Rivera AviramaMaría Dalila Moncada AguirreJosé Fernando GranadoPaula Milena Villaneda FrancoJuan Carlos Urquijo¿Cómo avanzan las labores de búsqueda tras el terremoto?Los organismos de socorro continúan concentrando esfuerzos en las zonas donde se presentaron colapsos estructurales y existen reportes de personas que podrían permanecer atrapadas.Uno de los casos que ha generado esperanza ocurrió en el barrio Torres del Limonar, en Cali, donde los rescatistas encontraron con vida a Diana Troncoso, una mujer de 31 años que permaneció atrapada durante varias horas tras el colapso de un edificio de cuatro pisos.En Pereira, además de las labores de rescate, las autoridades adelantan la evaluación de los daños ocasionados por el terremoto. El aeropuerto internacional Matecaña mantiene suspendidas sus operaciones comerciales mientras se revisan la pista, los sistemas de comunicación y la torre de control.El presidente Abelardo De La Espriella recorrió Pereira, Manizales y Dosquebradas para coordinar la respuesta del Gobierno con las autoridades locales. En Manizales anunció subsidios de alquiler para cerca de 1.150 familias que perdieron sus viviendas y señaló que se contemplan ayudas similares para los damnificados de Risaralda.
Un nuevo millonario tiene Bogotá luego de que el premio mayor de MiLoto, correspondiente al sorteo número 587, quedara en manos de un jugador que acertó los cinco números ganadores: 6, 10, 13, 17 y 33.El tiquete ganador fue adquirido mediante la modalidad automática a través de Baloto.com, plataforma en la que el jugador realizó su apuesta para el sorteo celebrado el martes 11 de agosto de 2026. El premio mayor estaba acumulado en $550 millones, cifra que ahora pasará a manos del afortunado ganador, una vez cumpla con el proceso establecido para reclamarlo.De acuerdo con la información entregada por el operador, este resultado representa la vigésima primera vez que cae el premio mayor de MiLoto en lo que va de 2026, una cifra que la compañía utiliza para destacar la frecuencia con la que el premio mayor ha sido entregado durante el año.Números ganadores de MiLoto del 11 de agosto de 2026Los números que resultaron ganadores en el sorteo 587 fueron:0610131733Con esta combinación, un jugador logró los cinco aciertos necesarios para quedarse con el premio mayor de $550 millones.Además del gran premio, el sorteo distribuyó premios entre miles de jugadores que acertaron cuatro, tres o dos números. En total, 13.105 personas resultaron ganadoras en las diferentes categorías.Premios del sorteo MiLoto 587La distribución reportada para el sorteo del martes 11 de agosto fue la siguiente:5 aciertos: premio total de $550.000.000. Hubo 1 ganador, con un premio de $550.000.000.4 aciertos: premio total de $19.840.000. Hubo 40 ganadores, cada uno con $496.000.3 aciertos: premio total de $32.201.400. Hubo 1.148 ganadores, cada uno con $28.050.2 aciertos: premio total de $47.664.000. Hubo 11.916 ganadores, cada uno con $4.000.En conjunto, el sorteo 587 entregó $649.705.400 en premios, según la información publicada por el operador.El premio mayor de MiLoto vuelve a caer en BogotáEl nuevo premio mayor también marca un resultado destacado para Bogotá. Según Baloto, esta es la decimoctava vez en la historia de MiLoto que el premio mayor cae en la capital colombiana.El ganador adquirió su tiquete mediante la modalidad automática en Baloto.com. La plataforma señala que ya cuenta con más de un millón de usuarios registrados, lo que permite realizar las apuestas desde dispositivos como computadores y teléfonos celulares.Para reclamar los $550 millones, el ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente y seguir los procedimientos y condiciones establecidos para el pago del premio. La información oficial sobre el proceso de reclamación está disponible en Baloto.com.MiLoto: premios y cifras acumuladasDesde el lanzamiento de MiLoto, el juego ha entregado millones de pesos en premios a jugadores de diferentes regiones del país.Según las cifras suministradas por el operador, entre el 20 de octubre de 2023 y el 9 de agosto de 2026, MiLoto ha pagado más de $57.420 millones en premios, correspondientes a 3.427.306 premios entregados durante ese periodo.El operador también informó que, en ese mismo lapso, MiLoto ha transferido más de $23.903 millones al sistema de salud colombiano, como parte de los recursos derivados de la operación de los juegos de suerte y azar.Estas cifras hacen parte del balance presentado por Baloto sobre el comportamiento de MiLoto desde su lanzamiento y sobre los recursos destinados al sistema de salud.¿Dónde comprar MiLoto?Los jugadores pueden adquirir MiLoto a través de la página web oficial de Baloto, desde un computador o teléfono celular.También es posible comprar el juego de manera presencial en más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGIROS distribuidos en Colombia, además de las principales cadenas de grandes superficies.El resultado del sorteo 587 deja así un nuevo millonario en Bogotá, mientras el resto de los ganadores podrá reclamar los premios correspondientes a los aciertos obtenidos.Para conocer los resultados, condiciones de participación y procesos de reclamación, los jugadores pueden consultar los canales oficiales de Baloto.
Si bien en Antioquia no se sintió la tragedia como en otros departamentos, miles de personas resultaron afectadas de una manera u otra por el terremoto que dejó una persona muerta y 16 heridas en varias partes del departamento.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hizo una visita por algunas zonas afectadas y entregó un balance sobre lo que deja el potente sismo que causó diversos daños en la infraestructura del departamento."Cerca de 1.500 viviendas afectadas, 90 municipios los que registran algún tipo de infraestructura afectada o lesionados con 16 personas, 250 sedes educativas, cerca de 50 iglesias, 21 sedes hospitalarias", indicó. Sobre las cifras que dejó el terremoto en Antioquia, hay que mencionar que el mandatario confirmó que la ayuda se hará a través del banco de materiales de VIVA que dará todos los elementos necesarios para que las familias paisas puedan recuperar sus hogares.Rendón fue enfático al afirmar que la reconstrucción de las más de 1.400 viviendas afectadas dependerá del trabajo conjunto entre la Gobernación, las autoridades locales y las personas que perdieron su casa por el fuerte terremoto."Que es más fácil entregarle materiales a la comunidad. Nosotros tenemos un banco de materiales muy potente a través de Viva, la empresa vivienda de Antioquia. Los alcaldes tienen toda la disposición para ellos contratar a los trabajadores de construcción, los oficiales, y la misma gente hace la interventoría", expuso. El mandatario aseguró que durante su recorrido encontró en Hispania y Betania afectaciones masivas en viviendas, mientras que en Jardín se hallaron daños que serían más laboriosos al ser infraestructuras declaradas como patrimonio, por lo que pidió la intervención del Ministerio de Cultura.Hay que recordar que solo el departamento de Antioquia envió 72 rescatistas a Chocó, esto luego de comprometerse con el Gobierno nacional de ayudar de manera prioritaria al departamento vecino. Misma situación por la que ya ha recibido 33 pacientes remitidos desde la ciudad de Quibdó.
Ante la grave situación de emergencia que atraviesa el país tras el reciente terremoto, el Grupo Trinity y su filial, Acerías PazdelRío, han anunciado un despliegue de acciones concretas de solidaridad para apoyar a las comunidades afectadas y liderar los esfuerzos de reconstrucción.Respuesta inmediata en el terrenoComo primera medida de apoyo, las empresas han iniciado la donación de kits y elementos de protección personal (EPP) destinados a los equipos que trabajan en las labores de búsqueda y rescate. Estas entregas se están realizando de manera coordinada con la Cruz Roja Colombiana, con el fin de fortalecer la capacidad operativa de quienes atienden la emergencia en la primera línea.El acero para reconstruir un símboloEn un compromiso por la recuperación del patrimonio y la moral de la región, Acerías PazdelRío ha confirmado que donará el 100% del acero requerido para la reparación y reconstrucción de la Catedral de Manizales. Este gesto busca devolverle a la capital de Caldas uno de sus símbolos más emblemáticos, seriamente afectado por el sismo.Alianza con la Primera DamaAdemás de estas acciones directas, el Grupo Trinity ha formalizado su vinculación a la iniciativa nacional “Colombia, un solo corazón”, liderada por la Primera Dama de la Nación, Ana Lucía Pineda. A través de todas sus compañías, el grupo empresarial busca sumar fuerzas en una estrategia unificada de país.Bajo la consigna de "Fuerza Colombia", las organizaciones hicieron un llamado a la unidad nacional, destacando que es el momento de ayudar y generar esperanza para reconstruir las zonas afectadas
