El Ministerio del Trabajo realizó una inspección en la tienda Zara ubicada en el centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá, luego de una denuncia pública que se viralizó en redes sociales por un presunto caso de maltrato laboral que involucra a una trabajadora del establecimiento.El caso que originó la intervención de la autoridad laboral se conoció tras la denuncia de una trabajadora, quien aseguró que al finalizar su jornada le habrían exigido devolver los zapatos que utilizaba como parte de su dotación. Según su relato, no contaba con otro par para cambiarse, por lo que habría salido del establecimiento descalza para regresar a su casa, situación que generó rechazo e indignación en redes sociales y abrió un debate público sobre las condiciones laborales en el lugar.Este hecho generó cuestionamientos sobre el manejo de la dotación laboral y el respeto a la dignidad de los trabajadores, lo que llevó a la actuación inmediata de las autoridades competentes.Ante la difusión del caso, el Ministerio del Trabajo activó sus funciones de inspección, vigilancia y control y realizó una visita sin previo aviso al establecimiento comercial ubicado en el centro comercial Unicentro, adelantada por la Dirección Territorial Bogotá por medio del Grupo de Prevención, Inspección y Vigilancia en Materia Laboral.El objetivo principal de la inspección es verificar directamente el cumplimiento de la normatividad laboral vigente por parte del empleador, incluyendo aspectos relacionados con la seguridad social, las condiciones de trabajo, la seguridad y salud en el trabajo, así como el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores.Durante la visita, los funcionarios revisan las condiciones reales en las que se desempeñan los empleados, con el fin de establecer si existen posibles incumplimientos a la legislación laboral colombiana o situaciones que puedan requerir intervención administrativa.El Ministerio del Trabajo indicó que este tipo de acciones hacen parte de su labor preventiva y correctiva para garantizar ambientes laborales adecuados y el cumplimiento de la ley en los diferentes sectores económicos.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el director del Banco Inmobiliario de Floridablanca (BIF), Julio César González García, y la secretaria general de la entidad, Chabely Paola Flórez Cepeda, por su presunta responsabilidad en hechos de acoso laboral bajo la modalidad de entorpecimiento laboral.De acuerdo con la decisión adoptada por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el proceso disciplinario busca establecer si los dos funcionarios omitieron garantizar las condiciones administrativas mínimas y necesarias para que una trabajadora pudiera desempeñar plenamente las funciones propias de su cargo.Según el ente de control, la presunta irregularidad se habría presentado luego de que la servidora pública concluyera su proceso de reubicación en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), donde cumplía de manera provisional algunas labores. Tras su regreso al Banco Inmobiliario de Floridablanca, presuntamente no habría contado con las condiciones requeridas para ejercer sus funciones.Para la Procuraduría, estos hechos podrían constituir una conducta de acoso laboral en la modalidad de entorpecimiento laboral, razón por la cual profirió pliego de cargos contra los dos servidores públicos.En esta etapa del proceso disciplinario, el organismo de control calificó de manera provisional la presunta falta como gravísima, cometida a título de dolo.La formulación del pliego de cargos no constituye una sanción ni un fallo definitivo, sino el inicio de la etapa de juzgamiento disciplinario, durante la cual los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas y argumentos que consideren pertinentes.
Luego de que un juzgado laboral de Bogotá ordenara el arresto por cinco días del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por no acatar un fallo de tutela a favor de la representante Katherine Miranda, que le ordenaba entregar información detallada sobre las actuaciones del Ministerio frente a las denuncias de acoso y violencia de género en el sistema de medios públicos RTVC (hoy Inravisión), el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, interpuso una solicitud de inaplicación para la sanción.En su argumento, el ministro aseguró que sí respondió a la solicitud de fondo el pasado 26 de mayo de 2026. "El Ministerio del Trabajo SI respondió de fondo el 26 de mayo de 2026 a la solicitud presentada el 24 de marzo sobre el Plan Nacional de Inspección a medios, y el 1 de julio informó esa respuesta al despacho judicial”, indicó el funcionario por medio de una publicación en su cuenta de X.La solicitud inicial fue presentada el 24 de marzo de 2026 por la representante Katherine Miranda, quien requería información sobre el Plan Nacional de Inspección a medios de comunicación, ordenado por el ministro Antonio Sanguino, relacionados con presuntos casos de acoso y violencia basada en género específicamente en el medio RTVC.“Llama la atención que la excongresista no pidió información sobre los hallazgos en los demás medios de comunicación incluidos en dicho plan, sino que se concentró exclusivamente en los posibles casos de RTVC, hoy Inravisión”, dijo el ministro en el comunicado.Según el ministro Sanguino la respuesta de fondo fue emitida a finales de mayo y posteriormente, el 1 de julio de 2026 el Ministerio informó dicha respuesta al despacho judicial.“El uso político y el ensañamiento personal no harán que demos un manejo indebido a información que tiene reserva legal de posibles casos de acoso sexual en entorno laborales. Proteger datos sensibles, la intimidad de las personas involucradas y evitar la revictimización es mi prioridad y la del Gobierno Nacional a la hora de adelantar las funciones de inspección vigilancia y control a nivel nacional en medios de comunicación”, agregó el jefe de cartera.Es por esto, por lo que el ministro solicitó al juzgado laboral de Bogotá que se examinen integralmente las respuestas emitidas y se revoque la sanción.
Los stickers se han convertido en una forma cotidiana de comunicación. Están en chats familiares, grupos de amigos e incluso en conversaciones laborales. Una imagen con una frase puede resumir emociones, hacer reír o romper el hielo.Sin embargo, esa misma facilidad con la que se crean y comparten también puede cruzar límites, especialmente cuando se usan fotos de otras personas sin su autorización.En muchos entornos de trabajo, lo que empieza como “una broma” puede escalar rápidamente. Convertir la imagen de un compañero en sticker, circularla en grupos y usarla de forma repetitiva puede terminar afectando su dignidad, su reputación e incluso su bienestar emocional. En ese punto, deja de ser humor y entra en un terreno donde la ley comienza a actuar.¿Es legal usar la foto de un compañero para hacer stickers?En Colombia, usar la imagen de otra persona sin su consentimiento puede vulnerar derechos fundamentales como la intimidad, el buen nombre y la propia imagen. Además, dependiendo del contexto, esta conducta puede encajar dentro del acoso laboral, el cual está regulado por la Ley 1010 de 2006.Dicha norma establece que “el acoso laboral incluye conductas reiteradas que busquen intimidar, humillar o generar un ambiente hostil en el trabajo”. Si los stickers se usan para burlarse constantemente de un compañero, ridiculizarlo o convertirlo en objeto de bromas dentro del equipo, podrían considerarse parte de ese tipo de comportamientos, explica la Abogada De La Rosa en su cuenta de Instagram.Además, no se trata únicamente de la creación del sticker, sino del uso que se le da. Si existe intención de afectar, presión social o repetición, puede haber consecuencias, según la ley.¿Qué consecuencias puede tener?En el ámbito laboral, estas conductas pueden derivar en llamados de atención, sanciones disciplinarias e incluso la terminación del contrato. En casos más graves, la persona afectada podría iniciar acciones legales por daños morales.Además, la difusión de imágenes sin autorización también puede ser analizada desde el derecho a la protección de datos personales, regulado por la Ley 1581 de 2012, que exige consentimiento para el uso de información personal, incluida la imagen.Uno de los errores más comunes es asumir que el ambiente laboral funciona como un círculo de confianza similar al de los amigos, pero, normalmente, en un trabajo existen jerarquías, responsabilidades y normas que regulan el comportamiento.Decir “era solo un chiste” no elimina el impacto que puede tener sobre otra persona ni evita consecuencias legales.
La Procuraduría General de la Nación sancionó en fallo de primera instancia a dos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Santander por incurrir en conductas de acoso laboral contra su coordinadora regional.Se trata del agente escolta Alexander Consuegra Payares y del oficial de protección Miguel Ángel Castellanos Montt, quienes fueron destituidos e inhabilitados por 12 años tras comprobarse su responsabilidad en la creación de un ambiente hostil dentro de la entidad.Sobre la investigaciónDe acuerdo con la investigación disciplinaria, los sancionados utilizaron insultos ofensivos para referirse a la funcionaria, además de publicar más de 100 mensajes injuriosos en redes sociales desde cuentas sindicales. En estas publicaciones, difundieron fotografías personales de la víctima y lanzaron acusaciones sin sustento relacionadas con presuntos hechos de corrupción.El Ministerio Público también evidenció que los implicados instauraron múltiples quejas en su contra, las cuales fueron archivadas por falta de pruebas. Estas acciones, según el fallo, no solo afectaron el entorno laboral, sino que terminaron por obstaculizar el ejercicio de sus funciones, forzando su salida del cargo en el año 2020.El ente de control señaló que las conductas tuvieron un impacto grave en la salud mental de la víctima, generándole temor, zozobra y aislamiento. Incluso, debido al nivel de riesgo, fue necesario asignarle un esquema de seguridad.La Procuraduría concluyó que no se trató de hechos aislados, sino de un ataque sistemático con componentes de sesgo de género, orientado a debilitar su autoridad y estabilidad emocional por tratarse de una mujer en un cargo de liderazgo.Finalmente, el organismo calificó las faltas como gravísimas cometidas a título de dolo. No obstante, indicó que los disciplinados interpusieron recurso de apelación contra la decisión.
Los inspectores del Ministerio del Trabajo podrían ordenar la separación o alejamiento temporal de presuntos agresores en casos graves de acoso laboral, incluido el acoso sexual y la violencia basada en género, sin necesidad de culminar un proceso formal de investigación o sanción.Esta es una facultad que hoy no existe y que forma parte de un paquete de medidas preventivas que podrían ordenarse de acuerdo con un proyecto de decreto del gobierno nacional con el que busca darle 'dientes' a sus funcionarios y forzar el cumplimiento de la reforma laboral aprobada el año pasado.Otras órdenes de los inspectores podrían incluir la suspensión de planes de retiro voluntario, la reubicación de personal y la corrección urgente de condiciones relacionadas con iluminación, ventilación, señalización o seguridad."Sin una norma que operativice estas garantías y habilite medidas de ejecución instantánea, la eficacia de la reforma laboral se vería comprometida ante la poca eficacia y eficiencia de los procedimientos administrativos", señaló el gobierno.El objetivo del Ministerio del Trabajo es que el gobierno no espere a que "el daño esté hecho" sino que pueda actuar de forma preventiva.Las órdenes de este tipo son de inmediato cumplimiento; una empresa podría enfrentar 'multas sucesivas' si no las acata.
Las personas que tienen un contrato laboral deben cumplir con obligaciones básicas dentro de su trabajo. Entre estas se encuentran respetar la jornada laboral, seguir las instrucciones de sus superiores, cumplir con las normas de seguridad y garantizar el adecuado desarrollo de sus funciones.Sin embargo, también existen responsabilidades del empleador que, aunque forman parte de su rol, tienen límites legales que no pueden sobrepasarse, ya que hacerlo constituiría una falta e incluso un abuso.Nueve acciones en el trabajo que son ilegales en ColombiaEn el país, las empresas son supervisadas por distintas entidades para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. Una de ellas es el Ministerio del Trabajo, encargado de proteger los derechos de los trabajadores en todo el territorio nacional.Según lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo (CST), hay nueve prácticas por parte de los empleadores o superiores que están prohibidas por la ley y son las siguientes:1. Trabajar horas extra sin pago La jornada laboral tiene límites y a partir del 15 de julio de 2026, la jornada ordinaria en Colombia se reducirá a 42 horas semanales. de superar ese número el empleador está obligado a pagar las horas extra si pide al trabajador quedarse más tiempo del estipulado.2. No afiliar al trabajador a seguridad socialSin importar el tiempo que lleve el empleado en la empresa, desde el primer día laboral el empleador debe pagar salud, pensión ARL y caja de compensación.3. Exigir trabajo fuera del horario laboralEn Colombia se reconoce la Ley de desconexión laboral el jefe o superior no puede exigirle al empleado responder mensajes o trabajar en su tiempo libre o de descanso.4. No pagar la liquidación a tiempoAl finalizar un contrato laboral, la empresa debe pagar lo correspondiente a la liquidación, que generalmente es dentro de los próximos 15 días hábiles. Si se demora, la compañía debe pagar un día de salario por cada día de retraso.5. Descontar dinero del salarioEl empleador no puede descontar dinero del salario sin la autorización del trabajador, ni siquiera si se trata de un préstamo o una deuda con la empresa. Para ejecutarlo debe existir una autorización escrita del empleado o una orden judicial.6. Negar permisos o licencias legalesEn este ámbito hacen parte los permisos médicos, calamidad familiar o licencias. Estas no pueden negarse arbitrariamente. No obstante, el trabajador debe solicitarlos con tiempo según lo establecido por la empresa, siempre y cuando no se trate de una emergencia como una calamidad doméstica.7. Permitir acoso laboral o sexualNingún trabajador debe tolerar cualquier tipo de abuso como humillaciones, persecusión laboral, hostigamiento o discriminatorio. De llegar a ocurrir, el empleado debe denunciar el hecho ante las áreas pertinentes en la empresa.8. No proteger la salud y la seguridad del trabajadorLa compañía está en la obligación de garantizar condiciones seguras de trabajo. De no hacerlo, debe responder legalmente.9. Irrespetar la reputación profesionalDifamar, calumniar o evaluar injustamente a un trabajador puede ser considerado como acoso laboral.
Blu Radio conoció la denuncia presentada por Claudia Patricia Bueno, quien continúa vinculada a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y quien asegura haber sido víctima de un presunto acoso laboral por parte de Rodrigo Rojas Orozco, quien se desempeñaba como coordinador de la gestoría de excomandantes de las AUC.En su declaración también menciona actuaciones del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y del coordinador administrativo de la entidad, Luis Fernando Martínez, que, según afirmó, se habrían producido con posterioridad a la denuncia que ella presentó.Bueno sostiene que los hechos se remontan a diciembre de 2024, cuando trabajaba en la gestoría de excomandantes de las AUC. “El acoso laboral no es ahorita. No, esto tiene más de un año. Entonces creo que en parte eso es lo que les molesta a ellos, porque es que ellos han tratado de sacarme desde mayo, junio del 2025 y no han podido”.Durante ese periodo, explicó, asumía funciones estratégicas dentro del proceso, pero asegura que también era objeto de descalificaciones públicas y exigencias que, según su versión, no correspondían a su cargo.“Yo soy la que hago todo, es decir, la que desarrollé la estrategia, la que articulé con los gestores, la internacionalista, la asesora legal, la asesora política, pero que crea que además de que yo le hago todo en la gestoría, también tengo que ir a traerle el tinto, a traerle el agua, me insulta delante de la gente”.La asesora afirma que en marzo de 2025 decidió activar la ruta institucional contra la violencia de género.“En marzo, me insulta un día, pero durísimo, que ahí donde aparece un testigo, es un muchacho que trabaja allá, y me dijo en chat yo tengo en algún lado el pantallazo, me claudia, yo vi cómo este tipo la trató a usted y la insultó. Si usted quiere que yo le sirva de testigo, yo le sirvo de testigo y ponga la queja. Entonces yo puse la queja, activé la ruta de prevención contra la violencia de género. El tipo no fue a los descargos y por eso el proceso, él está en la Procuraduría”.Proceso disciplinario y solicitud de insubsistenciaTras esa decisión, asegura, comenzaron actuaciones administrativas en su contra. Entre ellas, un proceso disciplinario que, según señala, fue promovido por María Paz Lara Camacho.El disciplinario se originó por una presunta falsedad de firma en un documento dirigido al INPEC, relacionado con un evento que posteriormente fue cancelado.“Yo les mando el borrador, hice las advertencias por mis lados, por chat, por correo, que era un borrador. Y el INPEC elaboró las resoluciones para agilizar el proceso. Y cuando yo le notifico a mi jefe, que es Rodrigo Rojas, lo llamo y le digo, oye, el INPEC aprobó que estos señores se queden en la cárcel en el convento. Después Rodrigo me llama, fue un 28 de mayo, y me dice el Comisionado de Paz y Álvaro Jiménez cancelaron el evento”.Según su relato, en el trámite disciplinario se estableció que el documento cuestionado era un borrador y que no existía firma falsificada.“En esas pruebas quedó claramente establecido que nunca hubo un documento firmado, que siempre fue un borrador y que literalmente las órdenes a mí me las daba Rodrigo Rojas y que la señora María Paz sí sabía del evento”.Claudia Bueno asegura que la solicitud no prosperó. “Lo que pasó es que finalmente la directora del DAPRE, el despacho de la dirección del DAPRE en ese momento, la doctora Angie Rodríguez, pues rechazó la solicitud de declaratoria de insubsistencia porque digamos que ya estaba alertada”.Evaluación reducida por actividad sindicalOtro de los hechos que denuncia tiene que ver con su evaluación de desempeño. Durante el primer semestre de 2025 fue negociadora del sindicato SINEDAPRE. Meses después, asegura, recibió una notificación en la que su calificación fue modificada.“Entonces me entero que solo el correo me lo mandaron a mí. Y el correo del Comisionado dice como usted fue negociadora del sindicato en tales y tales periodos, con base en tales resoluciones, su calificación ha sufrido una variación qué pasa de 50%. Que me puse, me la dejaron como en 20, en una me pusieron 7, en otra 11, en otra 9, me dejaron como 20”.Señala que impugnó la decisión y que, hasta ahora, no ha recibido respuesta definitiva.“Yo decidí impugnar eso, no firmé nada y le notifique a Talento Humano esto. Entonces Talento Humano nunca dijo nada. Y el Comisionado tampoco se pronunció sobre mi recurso, sobre mi impugnación”.Negativa de teletrabajo pese a diagnósticoLa situación, afirma, se agravó tras la negativa del comité de seguridad y salud en el trabajo a su solicitud de teletrabajo autónomo, pese a haber notificado su diagnóstico médico.“Yo notifico mi estado de salud por escrito, mando el diagnóstico, el diagnóstico se lee carcinoma. El consejero comisionado de paz tenía desde el 13 de febrero al mediodía mi solicitud de teletrabajo autónomo y yo había advertido que el comité que definía eso se reunía el B a la semana siguiente y ellos no lo querían aprobar porque me lo dijo la jefa de Talento Humano”.Según su versión, el comité está conformado por ocho personas y la decisión fue adoptada por mayoría.“Explícame cómo un comité conformado por ocho personas, dos de ellas del sindicato al que pertenezco, me niega por mayoría el teletrabajo. Y me contó la jefa de Talento Humano que la presidenta de mi sindicato y el vicepresidente, un man que se llama Jaime Gaitán, negaron, me pidieron que no me dieran el teletrabajo autónomo”.Afirma que al pedir explicaciones, esto fue lo que le respondieron: “es un comité de ocho personas, la mayoría votó que no. Si usted quiere saber por qué pasó, escríbale a la secretaría técnica, que es Luz Dari Cruz y pídale a ella la información.La funcionaria indicó que informó de la situación a la Procuraduría y que también envió comunicaciones a la entonces directora del DAPRE, Angie Rodríguez, sin que, según dijo, obtuviera respuesta.Hasta el momento, Bueno señala que la Procuraduría General de la Nación no ha adelantado las diligencias. Asegura que le ha enviado la información completa y que lo que están haciendo es devolviendo todo al comité de convivencia “como si no hubiera el comité enviado todo desde 2025”.La respuestaBlu Radio consultó a Rodrigo Rojas Orozco, excoordinador de la gestoría de excomandantes de las AUC, quien negó haber tomado represalias contra la funcionaria.“Claudia sí fue subalterna mía, trabajó conmigo y pues hubo inconveniente con otras personas que trabajaron con ella y en el equipo de trabajo”.Rojas aseguró que apoyó la solicitud de teletrabajo presentada por Bueno.“Yo solicité que le dieran el teletrabajo, pero resulta que eso, aunque yo era el jefe inmediato, esa decisión era de la parte de personal de la consejería de paz”.También indicó que se retiró de la entidad el primero de julio y que desde entonces no ha tenido relación con la oficina.“Yo nunca tomé ninguna represalia contra ella. Yo me retiré desde el primero de julio. Yo tenía problemas médicos, ella inclusive en un comité de trabajo ella dijo que yo ya estaba muy viejo y que ya estaba mal, que se me olvidaban las cosas y eso”.“Yo no sé ella por qué insiste en eso, cuando ella misma dijo en unos comités laborales que están las actas, que yo era la persona que le escuchaba y le entendía. Entonces, pues en ese tiempo, cuando entró a trabajar conmigo, el tema era que nadie quería trabajar con ella”.El exfuncionario también cuestionó el momento en que se formuló la denuncia.“Yo entré a finales de noviembre del 2024. Pero lo que yo no entiendo es ella inclusive yo le entregué el manejo de mi computador personal cuando yo no estaba o algo. Ella tenía acceso a mis correos personales y eso. Si ella era tan humillada y tan maltratada, una persona, ¿cómo le manejaba eso? Y lo que no entiendo yo es por qué fue hasta marzo, si yo trabajé abril, mayo, junio y me retiré en julio. ¿Qué pasó en esos tres meses?”.Por su parte, la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, respondió frente a las declaraciones de Bueno, quién asegura haberle enviado un correo a Rodriguez contándole su situación.“No tengo conocimiento sobre ello, y mi solidaridad. No conozco la señora”.
El Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (SINDHEP) denunció públicamente presuntos hechos reiterados de acoso laboral, violencia psicológica y negligencia institucional en la Regional Atlántico de la entidad, los cuales habrían afectado la salud física y emocional de varias trabajadoras.Uno de los casos más complejos, según la denuncia, involucra a la funcionaria Martha de la Cruz, quien es contratista de la institución y tiene cinco meses de embarazo. La mujer se encuentra hospitalizada en grave estado de salud por una situación que estaría asociada a presunta violencia y acoso laboral que padeció durante meses.Ana Fuentes, vocera del sindicato, expresó que han conocido más de 10 denuncias por acoso laboral, especialmente contra mujeres en la Regional Atlántico.Para el sindicato es preocupante que, desde la posesión de la actual defensora regional, Carolina Gómez, quien asumió el cargo en abril de 2025, se hayan acumulado en un corto periodo un número significativo de señalamientos por presunto acoso laboral y tratos denigrantes.La denuncia fue escalada a la defensora nacional del Pueblo, quien, a través de su cuenta de X, emitió un comunicado manifestando su preocupación y reconociendo la gravedad de la situación denunciada.Afirman que ya fueron desplegadas acciones de verificación, investigación y acompañamiento institucional ante los presuntos casos de acoso laboral, para adoptar las medidas a que haya lugar.
La Procuraduría negó el archivo de la investigación y ordenó nuevas pruebas en el caso de presunto acoso laboral que compromete al exgerente del Hospital General de Medellín, Mario Fernando Córdoba. Los hechos están relacionados con la reubicación de un ingeniero informático que quedó sin funciones ni evaluación de desempeño por dos años.Luego de que el pasado 10 de septiembre la Procuraduría General asumiera el control preferente de la investigación por presunto acoso laboral contra el exgerente del Hospital General de Medellín, Mario Fernando Cordoba, en los últimos días se han producido avances en el proceso disciplinario.Y es que en medio de la indagación que inicialmente abrió la Personería de Medellín por el caso de Marvin Esteban Juan Camilo Toro Pastor, un ingeniero informático del centro asistencial, aún el Ministerio Público tenía pendiente pronunciarse sobre la solicitud de archivo de la investigación realizada parte de la defensa del exdirectivo del centro asistencial.A través de un reciente auto la pretensión fue rechazada, es decir, el proceso continuará, pero además la Procuraduría ordenó pruebas documentales y testimoniales por parte de funcionarios del centro asistencial que en su momento pudieron conocer el caso.La situación puntual con Toro Pastor se habría derivado de la autorización que el entonces gerente Córdoba dio para que fuera reubicado en un puesto que requería un ingeniero biomédico y que por eso lo dejó sin funciones asignadas y sin evaluación de desempeño durante el segundo semestre de 2020, todo el año 2021 y el primer semestre de 2022.En el auto la Procuraduría también solicitó la cadena íntegra de correos electrónicos intercambiada con la presunta víctima sobre sus solicitudes, manuales de funciones, reglamentos internos o esquemas de planta de personal vigentes para el año 2020, el protocolo o manual institucional para la evaluación del desempeño de servidores provisionales o de libre nombramiento y remoción, además si durante su desempeño como gerente Córdoba llegó a tener otras quejas formales por acoso laboral que hubieran derivado en la apertura de investigación disciplinaria o sanción.
A escasas tres semanas de la consulta popular que definirá la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, las autoridades electorales y departamentales continúan afinando los aspectos logísticos y operativos para garantizar el desarrollo de la jornada en los ocho municipios del Oriente antioqueño convocados a las urnas.Los avances se conocieron durante un nuevo comité departamental de garantías electorales, que contó con la participación del registrador nacional, Hernán Penagos, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.Al término del encuentro, las autoridades señalaron que siguen dadas las condiciones para llevar a cabo el mecanismo de participación ciudadana el próximo 29 de noviembre.De acuerdo con las cifras entregadas por Penagos, el censo electoral ya está conformado por 383.952 personas habilitadas para votar. De ellas, 196.512 son mujeres y 187.440 hombres. Para atender a los votantes se dispondrán 87 puestos, distribuidos en 51 urbanos, 35 rurales y uno ubicado en un centro carcelario, con un total de 501 mesas."La convocatoria está llevada a cabo y se ha cumplido todos los requisitos que la ley determina para este tipo de convocatorias. En segundo lugar, que los recursos también están absolutamente dispuestos y ya la parte operativa desplegada", informó el funcionario.Uno de los aspectos determinantes de la jornada será la verificación del umbral de participación. El registrador explicó que, antes de comenzar el escrutinio de los votos por el sí y por el no, se comprobará que en cada municipio haya acudido a las urnas al menos el 5% de su respectivo censo electoral. Solo después de cumplir esa condición se procederá a establecer el resultado de la consulta."Se hace la verificación del umbral y no se llega a ese umbral, ya no se revisa si hay mayorías en uno u otro sentido. Es decir, son unos requisitos que son excluyentes. Primero debe cumplirse el uno para poder llegar al segundo", dijo el registrador.La organización también contempla la participación de más de 3.600 jurados de votación. Su designación se realizará mediante un sorteo programado para el viernes 13 de noviembre, mientras que las jornadas de capacitación están previstas para los días 26 y 27 del mismo mes.
Llega la temporada de Navidad y miles de personas buscan el “destino ideal” para disfrutar de la época. Sin embargo, suele suceder que en algunos sitios los precios se disparan y termina siendo demasiado costoso salir, pero, de acuerdo con informe de Kayak, existe uno que representa una reducción importante para este 2026.El destino fuera del país que redujo su tarifa hasta un 25 %La capital de Curazao, Willemstad, sorprendió para esta temporada de Navidad al tener una reducción en su tarifa hasta un 25 % con un precio medio de vuelos en 1.214.917 pesos colombianos, abriendo la posibilidad de conocer un destino internacional en diciembre. Además, apareció en el listado destinos como Roma, Aruba, Panamá y Chile que también ha presentado reducción en sus tarifas.“Un destino muy, muy conocido por los colombianos, un destino de playa y demás, tiene un decrecimiento, una disminución del 25% en sus tarifas promedio frente a lo que era el 2025, ¿no? Y otro destino que vemos con una disminución similar del 25 % también es Roma. Entonces ahí digamos que vemos ciertos destinos interesantes que pues que entran a tener como estas oportunidades a nivel de precio. Si hablamos, por ejemplo, de destinos nacionales dentro del país, que también en el cual también vemos un decrecimiento en el precio, está Barranquilla con un 16 %”, explicó Alejandro Lombana, director senior Comercial para Latinoamérica de Kayak.¿Cómo llegar a Willemstad desde Bogotá?Wingo, Avianca y Copa son las aerolíneas que ofrecen este trayecto a la isla con precios de 1.2 hasta 1.5 millones de pesos, pero con una reducción estable de 1.300.000 pesos en esta temporada de diciembre. Todos saliendo del aeropuerto El Dorado.Diez planes para hacer en CurazaoPlaya Grote Knip: disfrutar de sus aguas turquesas y arena blanca.Klein Curazao: hacer una excursión en barco a esta isla paradisíaca.Playa Piskadó: observar tortugas marinas y practicar esnórquel.Parque Nacional Shete Boka: explorar cuevas, acantilados y paisajes naturales.Buceo y esnórquel: descubrir arrecifes de coral y peces tropicales.Willemstad: recorrer sus calles coloridas y visitar el famoso puente flotante Queen Emma.Puente Queen Emma: disfrutar de las vistas del puerto y tomar fotografías.Cuevas de Hato: conocer formaciones rocosas y antiguas cavernas.Gastronomía local: probar platos típicos como el keshi yena y el pescado fresco.Mambo Beach: disfrutar de restaurantes, bares, tiendas y entretenimiento frente al mar.Otros destinos que bajaron sus precios para NavidadRoma (Italia), Oranjestad (Aruba), Ciudad de Panamá (Panamá) y Santiago de Chile (Chile) redujeron sus precios entre 25 y 17 % para esta temporada con precios accesibles para que los colombianos tengan la oportunidad de viajar al exterior sin gastar tanto.“Curazao y Roma, pues que están teniendo ese decrecimiento del 25%. Creo que se vuelve interesante. Ambos destinos pues son destinos, digamos que muy, muy distintos. Ambos ofrecen, digamos que ciertas características muy interesantes. Curazao siendo pues una pequeña isla, un viaje muy de relax, muy de playa. Entiendo que se puede hacer como buceo y ese tipo de actividades. Y bueno, Roma siendo, siendo Roma, obviamente pues queda, queda en Europa, la meca de la humanidad y demás”, añadió.
El Real Madrid, con Linda Caicedo como suplente, femenino goleó 3-0 al Paris FC este martes y firmó su primera victoria en la Liga de Campeones de Europa de 2026, en una jornada que también tuvo el primer triunfo del Manchester City.El equipo merengue, liderado por la colombiana Linda Caicedo, se colocó en el octavo puesto de la tabla, con seis puntos, en una jornada que también tuvo la primera victoria del Manchester City.En Madrid, las francesas lograron mantener el empate hasta el descanso a pesar del dominio madrileño, pero las locales derrumbaron el fortín con goles de la italiana Arianna Caruso (55'), la neerlandesa Lineth Beerensteyn (65') y Caicedo (81').Video del gol de Linda Caicedo:Con el triunfo en casa, el Real Madrid rompió una seguidilla de tres empates en el torneo europeo, un resultado que lo mantiene en carrera por ir a la fase mata-mata.Sus rivales parisinas, solo suman dos puntos a falta de dos fechas para el final de la ronda.Por su parte, las campeonas de la Superliga femenina, el Mánchester City, disfrutaron de un triunfo por 4-1 ante el Inter de Milán para firmar su primera victoria en la fase, tras sumar tres empates.Un doblete de Aoba Fujino en la primera parte neutralizó el gol inicial de Elisa Bartoli para las locales antes del descanso. Kerstin Casparij y Grace Clinton marcaron tras la reanudación para impulsar al City hasta la séptima posición en la tabla.El París Saint Germain encajó su primera derrota ante un Bayern Múnich que se impuso por 2-1 en el Parque de los Príncipes.Ahora, el equipo alemán figura en la segunda posición, delante del Chelsea por diferencia de goles. Este martes, las inglesas desperdiciaron la oportunidad de dar caza al Barcelona al empatar sin goles ante el Häcken sueco.Barcelona, el vigente campeón, es líder con 9 puntos. Las catalanas tienen un partido menos y enfrentarán el jueves al Arsenal, en una reedición de la final de 2025.
Un doble homicidio seguido del suicidio del presunto agresor conmocionó al municipio de Ponce, en Puerto Rico. Los hechos ocurrieron durante la noche del 8 de noviembre en una residencia donde Rey Torres Roche, de 39 años, habría disparado contra su expareja, Yasmín Rivera Roca, de 47 años, y su amigo Gerardo Santiago Santiago, de 49. Después de los asesinatos, el hombre se atrincheró en la vivienda y posteriormente se quitó la vida.De acuerdo con Noticentro, de Wapa Puerto Rico, las dos víctimas se encontraban dentro de un vehículo cuando fueron atacadas. La secuencia habría comenzado luego de que los tres compartieran durante la tarde en un negocio cercano, como acostumbraban hacerlo. Sin embargo, al llegar a la residencia se habría producido una discusión que terminó en el ataque armado, según explicó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.La situación también derivó en un intercambio de disparos que puso en riesgo a otros familiares presentes en el lugar. Bryan Santiago, sobrino de una de las víctimas, contó que tuvo que lanzarse al suelo junto con sus allegados cuando el agresor comenzó a disparar.“Me comenzó a disparar a mí también y a ciertos familiares que también estaban”, relató. El testimonio de los allegados también describió la relación que existía entre las víctimas y el presunto agresor. Según contaron a Noticentro, los involucrados se conocían desde hacía años y solían compartir en un ambiente de amistad y familiaridad. En cuanto a sus antecedentes, el reporte señaló que Torres Roche tenía expediente criminal, incluyendo una caso por agresión sexual, mientras que Santiago Santiago registraba antecedentes relacionados con sustancias controladas.Tras el episodio, las autoridades encontraron cerca de doce casquillos de bala. Las autoridades investigan lo ocurrido para esclarecer las circunstancias del doble asesinato y el posterior suicidio.
El Tribunal Administrativo del Atlántico le dio la razón a Barranquilla en una demanda contra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), en la que alegaba que la entidad seguía mostrando, en sus mapas oficiales, un límite entre Barranquilla y Puerto Colombia basado en una norma que ya había sido declarada nula por la justicia.Es decir, que dentro de la plataforma llamada “Colombia en Mapas” se apreciaban los límites expedidos en la ordenanza 075 de la Asamblea del Atlántico, cuando, según los argumentos del Distrito, esa norma fue dejada sin efectos legales por el mismo Tribunal y el Consejo de Estado.Así las cosas, el Tribunal ordenó corregirla en un plazo de 30 días. A partir de ahora, el mapa deberá mostrar, con el mismo peso, tanto la línea que reclama Barranquilla como la que reclama Puerto Colombia, y deberá quedar claro que ese límite todavía no está definido legalmente.Además, en el fallo también se ordena al Área Metropolitana de Barranquilla la entrega provisional al Distrito de una copia completa y organizada de la base catastral de los predios que están en la zona en disputa. Lo que significa que la Alcaldía de Barranquilla tendrá acceso, por primera vez de manera estructurada, a toda la información física, jurídica, económica y de avalúos de esos predios, así como al historial de trámites que se han hecho sobre ellos.Una de las condiciones para esa decisión es que tanto el Distrito como Puerto Colombia deberán si hay terrenos a los que les están cobrando impuestos dos veces por esta confusión de límites.Para el cumplimiento y vigilancia de estas disposiciones, fue creado un comité de seguimiento por parte de la autoridad conformado por el IGAC, Barranquilla, Puerto Colombia, el Área Metropolitana, la Procuraduría, la Contraloría y una organización no gubernamental con actividades relacionadas con la defensa del patrimonio público.Finalmente, el Tribunal aclaró que en ningún momento pidió devolver a Barranquilla los predios ni los impuestos que hoy recibe Puerto Colombia, pues el límite definitivo entre los dos municipios solo lo puede fijar el Congreso de la República, donde ya cursa ese trámite.
