El Ministerio del Trabajo realizó una inspección en la tienda Zara ubicada en el centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá, luego de una denuncia pública que se viralizó en redes sociales por un presunto caso de maltrato laboral que involucra a una trabajadora del establecimiento.El caso que originó la intervención de la autoridad laboral se conoció tras la denuncia de una trabajadora, quien aseguró que al finalizar su jornada le habrían exigido devolver los zapatos que utilizaba como parte de su dotación. Según su relato, no contaba con otro par para cambiarse, por lo que habría salido del establecimiento descalza para regresar a su casa, situación que generó rechazo e indignación en redes sociales y abrió un debate público sobre las condiciones laborales en el lugar.Este hecho generó cuestionamientos sobre el manejo de la dotación laboral y el respeto a la dignidad de los trabajadores, lo que llevó a la actuación inmediata de las autoridades competentes.Ante la difusión del caso, el Ministerio del Trabajo activó sus funciones de inspección, vigilancia y control y realizó una visita sin previo aviso al establecimiento comercial ubicado en el centro comercial Unicentro, adelantada por la Dirección Territorial Bogotá por medio del Grupo de Prevención, Inspección y Vigilancia en Materia Laboral.El objetivo principal de la inspección es verificar directamente el cumplimiento de la normatividad laboral vigente por parte del empleador, incluyendo aspectos relacionados con la seguridad social, las condiciones de trabajo, la seguridad y salud en el trabajo, así como el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores.Durante la visita, los funcionarios revisan las condiciones reales en las que se desempeñan los empleados, con el fin de establecer si existen posibles incumplimientos a la legislación laboral colombiana o situaciones que puedan requerir intervención administrativa.El Ministerio del Trabajo indicó que este tipo de acciones hacen parte de su labor preventiva y correctiva para garantizar ambientes laborales adecuados y el cumplimiento de la ley en los diferentes sectores económicos.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el director del Banco Inmobiliario de Floridablanca (BIF), Julio César González García, y la secretaria general de la entidad, Chabely Paola Flórez Cepeda, por su presunta responsabilidad en hechos de acoso laboral bajo la modalidad de entorpecimiento laboral.De acuerdo con la decisión adoptada por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el proceso disciplinario busca establecer si los dos funcionarios omitieron garantizar las condiciones administrativas mínimas y necesarias para que una trabajadora pudiera desempeñar plenamente las funciones propias de su cargo.Según el ente de control, la presunta irregularidad se habría presentado luego de que la servidora pública concluyera su proceso de reubicación en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), donde cumplía de manera provisional algunas labores. Tras su regreso al Banco Inmobiliario de Floridablanca, presuntamente no habría contado con las condiciones requeridas para ejercer sus funciones.Para la Procuraduría, estos hechos podrían constituir una conducta de acoso laboral en la modalidad de entorpecimiento laboral, razón por la cual profirió pliego de cargos contra los dos servidores públicos.En esta etapa del proceso disciplinario, el organismo de control calificó de manera provisional la presunta falta como gravísima, cometida a título de dolo.La formulación del pliego de cargos no constituye una sanción ni un fallo definitivo, sino el inicio de la etapa de juzgamiento disciplinario, durante la cual los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas y argumentos que consideren pertinentes.
Luego de que un juzgado laboral de Bogotá ordenara el arresto por cinco días del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por no acatar un fallo de tutela a favor de la representante Katherine Miranda, que le ordenaba entregar información detallada sobre las actuaciones del Ministerio frente a las denuncias de acoso y violencia de género en el sistema de medios públicos RTVC (hoy Inravisión), el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, interpuso una solicitud de inaplicación para la sanción.En su argumento, el ministro aseguró que sí respondió a la solicitud de fondo el pasado 26 de mayo de 2026. "El Ministerio del Trabajo SI respondió de fondo el 26 de mayo de 2026 a la solicitud presentada el 24 de marzo sobre el Plan Nacional de Inspección a medios, y el 1 de julio informó esa respuesta al despacho judicial”, indicó el funcionario por medio de una publicación en su cuenta de X.La solicitud inicial fue presentada el 24 de marzo de 2026 por la representante Katherine Miranda, quien requería información sobre el Plan Nacional de Inspección a medios de comunicación, ordenado por el ministro Antonio Sanguino, relacionados con presuntos casos de acoso y violencia basada en género específicamente en el medio RTVC.“Llama la atención que la excongresista no pidió información sobre los hallazgos en los demás medios de comunicación incluidos en dicho plan, sino que se concentró exclusivamente en los posibles casos de RTVC, hoy Inravisión”, dijo el ministro en el comunicado.Según el ministro Sanguino la respuesta de fondo fue emitida a finales de mayo y posteriormente, el 1 de julio de 2026 el Ministerio informó dicha respuesta al despacho judicial.“El uso político y el ensañamiento personal no harán que demos un manejo indebido a información que tiene reserva legal de posibles casos de acoso sexual en entorno laborales. Proteger datos sensibles, la intimidad de las personas involucradas y evitar la revictimización es mi prioridad y la del Gobierno Nacional a la hora de adelantar las funciones de inspección vigilancia y control a nivel nacional en medios de comunicación”, agregó el jefe de cartera.Es por esto, por lo que el ministro solicitó al juzgado laboral de Bogotá que se examinen integralmente las respuestas emitidas y se revoque la sanción.
Los stickers se han convertido en una forma cotidiana de comunicación. Están en chats familiares, grupos de amigos e incluso en conversaciones laborales. Una imagen con una frase puede resumir emociones, hacer reír o romper el hielo.Sin embargo, esa misma facilidad con la que se crean y comparten también puede cruzar límites, especialmente cuando se usan fotos de otras personas sin su autorización.En muchos entornos de trabajo, lo que empieza como “una broma” puede escalar rápidamente. Convertir la imagen de un compañero en sticker, circularla en grupos y usarla de forma repetitiva puede terminar afectando su dignidad, su reputación e incluso su bienestar emocional. En ese punto, deja de ser humor y entra en un terreno donde la ley comienza a actuar.¿Es legal usar la foto de un compañero para hacer stickers?En Colombia, usar la imagen de otra persona sin su consentimiento puede vulnerar derechos fundamentales como la intimidad, el buen nombre y la propia imagen. Además, dependiendo del contexto, esta conducta puede encajar dentro del acoso laboral, el cual está regulado por la Ley 1010 de 2006.Dicha norma establece que “el acoso laboral incluye conductas reiteradas que busquen intimidar, humillar o generar un ambiente hostil en el trabajo”. Si los stickers se usan para burlarse constantemente de un compañero, ridiculizarlo o convertirlo en objeto de bromas dentro del equipo, podrían considerarse parte de ese tipo de comportamientos, explica la Abogada De La Rosa en su cuenta de Instagram.Además, no se trata únicamente de la creación del sticker, sino del uso que se le da. Si existe intención de afectar, presión social o repetición, puede haber consecuencias, según la ley.¿Qué consecuencias puede tener?En el ámbito laboral, estas conductas pueden derivar en llamados de atención, sanciones disciplinarias e incluso la terminación del contrato. En casos más graves, la persona afectada podría iniciar acciones legales por daños morales.Además, la difusión de imágenes sin autorización también puede ser analizada desde el derecho a la protección de datos personales, regulado por la Ley 1581 de 2012, que exige consentimiento para el uso de información personal, incluida la imagen.Uno de los errores más comunes es asumir que el ambiente laboral funciona como un círculo de confianza similar al de los amigos, pero, normalmente, en un trabajo existen jerarquías, responsabilidades y normas que regulan el comportamiento.Decir “era solo un chiste” no elimina el impacto que puede tener sobre otra persona ni evita consecuencias legales.
La Procuraduría General de la Nación sancionó en fallo de primera instancia a dos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Santander por incurrir en conductas de acoso laboral contra su coordinadora regional.Se trata del agente escolta Alexander Consuegra Payares y del oficial de protección Miguel Ángel Castellanos Montt, quienes fueron destituidos e inhabilitados por 12 años tras comprobarse su responsabilidad en la creación de un ambiente hostil dentro de la entidad.Sobre la investigaciónDe acuerdo con la investigación disciplinaria, los sancionados utilizaron insultos ofensivos para referirse a la funcionaria, además de publicar más de 100 mensajes injuriosos en redes sociales desde cuentas sindicales. En estas publicaciones, difundieron fotografías personales de la víctima y lanzaron acusaciones sin sustento relacionadas con presuntos hechos de corrupción.El Ministerio Público también evidenció que los implicados instauraron múltiples quejas en su contra, las cuales fueron archivadas por falta de pruebas. Estas acciones, según el fallo, no solo afectaron el entorno laboral, sino que terminaron por obstaculizar el ejercicio de sus funciones, forzando su salida del cargo en el año 2020.El ente de control señaló que las conductas tuvieron un impacto grave en la salud mental de la víctima, generándole temor, zozobra y aislamiento. Incluso, debido al nivel de riesgo, fue necesario asignarle un esquema de seguridad.La Procuraduría concluyó que no se trató de hechos aislados, sino de un ataque sistemático con componentes de sesgo de género, orientado a debilitar su autoridad y estabilidad emocional por tratarse de una mujer en un cargo de liderazgo.Finalmente, el organismo calificó las faltas como gravísimas cometidas a título de dolo. No obstante, indicó que los disciplinados interpusieron recurso de apelación contra la decisión.
Los inspectores del Ministerio del Trabajo podrían ordenar la separación o alejamiento temporal de presuntos agresores en casos graves de acoso laboral, incluido el acoso sexual y la violencia basada en género, sin necesidad de culminar un proceso formal de investigación o sanción.Esta es una facultad que hoy no existe y que forma parte de un paquete de medidas preventivas que podrían ordenarse de acuerdo con un proyecto de decreto del gobierno nacional con el que busca darle 'dientes' a sus funcionarios y forzar el cumplimiento de la reforma laboral aprobada el año pasado.Otras órdenes de los inspectores podrían incluir la suspensión de planes de retiro voluntario, la reubicación de personal y la corrección urgente de condiciones relacionadas con iluminación, ventilación, señalización o seguridad."Sin una norma que operativice estas garantías y habilite medidas de ejecución instantánea, la eficacia de la reforma laboral se vería comprometida ante la poca eficacia y eficiencia de los procedimientos administrativos", señaló el gobierno.El objetivo del Ministerio del Trabajo es que el gobierno no espere a que "el daño esté hecho" sino que pueda actuar de forma preventiva.Las órdenes de este tipo son de inmediato cumplimiento; una empresa podría enfrentar 'multas sucesivas' si no las acata.
Las personas que tienen un contrato laboral deben cumplir con obligaciones básicas dentro de su trabajo. Entre estas se encuentran respetar la jornada laboral, seguir las instrucciones de sus superiores, cumplir con las normas de seguridad y garantizar el adecuado desarrollo de sus funciones.Sin embargo, también existen responsabilidades del empleador que, aunque forman parte de su rol, tienen límites legales que no pueden sobrepasarse, ya que hacerlo constituiría una falta e incluso un abuso.Nueve acciones en el trabajo que son ilegales en ColombiaEn el país, las empresas son supervisadas por distintas entidades para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. Una de ellas es el Ministerio del Trabajo, encargado de proteger los derechos de los trabajadores en todo el territorio nacional.Según lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo (CST), hay nueve prácticas por parte de los empleadores o superiores que están prohibidas por la ley y son las siguientes:1. Trabajar horas extra sin pago La jornada laboral tiene límites y a partir del 15 de julio de 2026, la jornada ordinaria en Colombia se reducirá a 42 horas semanales. de superar ese número el empleador está obligado a pagar las horas extra si pide al trabajador quedarse más tiempo del estipulado.2. No afiliar al trabajador a seguridad socialSin importar el tiempo que lleve el empleado en la empresa, desde el primer día laboral el empleador debe pagar salud, pensión ARL y caja de compensación.3. Exigir trabajo fuera del horario laboralEn Colombia se reconoce la Ley de desconexión laboral el jefe o superior no puede exigirle al empleado responder mensajes o trabajar en su tiempo libre o de descanso.4. No pagar la liquidación a tiempoAl finalizar un contrato laboral, la empresa debe pagar lo correspondiente a la liquidación, que generalmente es dentro de los próximos 15 días hábiles. Si se demora, la compañía debe pagar un día de salario por cada día de retraso.5. Descontar dinero del salarioEl empleador no puede descontar dinero del salario sin la autorización del trabajador, ni siquiera si se trata de un préstamo o una deuda con la empresa. Para ejecutarlo debe existir una autorización escrita del empleado o una orden judicial.6. Negar permisos o licencias legalesEn este ámbito hacen parte los permisos médicos, calamidad familiar o licencias. Estas no pueden negarse arbitrariamente. No obstante, el trabajador debe solicitarlos con tiempo según lo establecido por la empresa, siempre y cuando no se trate de una emergencia como una calamidad doméstica.7. Permitir acoso laboral o sexualNingún trabajador debe tolerar cualquier tipo de abuso como humillaciones, persecusión laboral, hostigamiento o discriminatorio. De llegar a ocurrir, el empleado debe denunciar el hecho ante las áreas pertinentes en la empresa.8. No proteger la salud y la seguridad del trabajadorLa compañía está en la obligación de garantizar condiciones seguras de trabajo. De no hacerlo, debe responder legalmente.9. Irrespetar la reputación profesionalDifamar, calumniar o evaluar injustamente a un trabajador puede ser considerado como acoso laboral.
Blu Radio conoció la denuncia presentada por Claudia Patricia Bueno, quien continúa vinculada a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y quien asegura haber sido víctima de un presunto acoso laboral por parte de Rodrigo Rojas Orozco, quien se desempeñaba como coordinador de la gestoría de excomandantes de las AUC.En su declaración también menciona actuaciones del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y del coordinador administrativo de la entidad, Luis Fernando Martínez, que, según afirmó, se habrían producido con posterioridad a la denuncia que ella presentó.Bueno sostiene que los hechos se remontan a diciembre de 2024, cuando trabajaba en la gestoría de excomandantes de las AUC. “El acoso laboral no es ahorita. No, esto tiene más de un año. Entonces creo que en parte eso es lo que les molesta a ellos, porque es que ellos han tratado de sacarme desde mayo, junio del 2025 y no han podido”.Durante ese periodo, explicó, asumía funciones estratégicas dentro del proceso, pero asegura que también era objeto de descalificaciones públicas y exigencias que, según su versión, no correspondían a su cargo.“Yo soy la que hago todo, es decir, la que desarrollé la estrategia, la que articulé con los gestores, la internacionalista, la asesora legal, la asesora política, pero que crea que además de que yo le hago todo en la gestoría, también tengo que ir a traerle el tinto, a traerle el agua, me insulta delante de la gente”.La asesora afirma que en marzo de 2025 decidió activar la ruta institucional contra la violencia de género.“En marzo, me insulta un día, pero durísimo, que ahí donde aparece un testigo, es un muchacho que trabaja allá, y me dijo en chat yo tengo en algún lado el pantallazo, me claudia, yo vi cómo este tipo la trató a usted y la insultó. Si usted quiere que yo le sirva de testigo, yo le sirvo de testigo y ponga la queja. Entonces yo puse la queja, activé la ruta de prevención contra la violencia de género. El tipo no fue a los descargos y por eso el proceso, él está en la Procuraduría”.Proceso disciplinario y solicitud de insubsistenciaTras esa decisión, asegura, comenzaron actuaciones administrativas en su contra. Entre ellas, un proceso disciplinario que, según señala, fue promovido por María Paz Lara Camacho.El disciplinario se originó por una presunta falsedad de firma en un documento dirigido al INPEC, relacionado con un evento que posteriormente fue cancelado.“Yo les mando el borrador, hice las advertencias por mis lados, por chat, por correo, que era un borrador. Y el INPEC elaboró las resoluciones para agilizar el proceso. Y cuando yo le notifico a mi jefe, que es Rodrigo Rojas, lo llamo y le digo, oye, el INPEC aprobó que estos señores se queden en la cárcel en el convento. Después Rodrigo me llama, fue un 28 de mayo, y me dice el Comisionado de Paz y Álvaro Jiménez cancelaron el evento”.Según su relato, en el trámite disciplinario se estableció que el documento cuestionado era un borrador y que no existía firma falsificada.“En esas pruebas quedó claramente establecido que nunca hubo un documento firmado, que siempre fue un borrador y que literalmente las órdenes a mí me las daba Rodrigo Rojas y que la señora María Paz sí sabía del evento”.Claudia Bueno asegura que la solicitud no prosperó. “Lo que pasó es que finalmente la directora del DAPRE, el despacho de la dirección del DAPRE en ese momento, la doctora Angie Rodríguez, pues rechazó la solicitud de declaratoria de insubsistencia porque digamos que ya estaba alertada”.Evaluación reducida por actividad sindicalOtro de los hechos que denuncia tiene que ver con su evaluación de desempeño. Durante el primer semestre de 2025 fue negociadora del sindicato SINEDAPRE. Meses después, asegura, recibió una notificación en la que su calificación fue modificada.“Entonces me entero que solo el correo me lo mandaron a mí. Y el correo del Comisionado dice como usted fue negociadora del sindicato en tales y tales periodos, con base en tales resoluciones, su calificación ha sufrido una variación qué pasa de 50%. Que me puse, me la dejaron como en 20, en una me pusieron 7, en otra 11, en otra 9, me dejaron como 20”.Señala que impugnó la decisión y que, hasta ahora, no ha recibido respuesta definitiva.“Yo decidí impugnar eso, no firmé nada y le notifique a Talento Humano esto. Entonces Talento Humano nunca dijo nada. Y el Comisionado tampoco se pronunció sobre mi recurso, sobre mi impugnación”.Negativa de teletrabajo pese a diagnósticoLa situación, afirma, se agravó tras la negativa del comité de seguridad y salud en el trabajo a su solicitud de teletrabajo autónomo, pese a haber notificado su diagnóstico médico.“Yo notifico mi estado de salud por escrito, mando el diagnóstico, el diagnóstico se lee carcinoma. El consejero comisionado de paz tenía desde el 13 de febrero al mediodía mi solicitud de teletrabajo autónomo y yo había advertido que el comité que definía eso se reunía el B a la semana siguiente y ellos no lo querían aprobar porque me lo dijo la jefa de Talento Humano”.Según su versión, el comité está conformado por ocho personas y la decisión fue adoptada por mayoría.“Explícame cómo un comité conformado por ocho personas, dos de ellas del sindicato al que pertenezco, me niega por mayoría el teletrabajo. Y me contó la jefa de Talento Humano que la presidenta de mi sindicato y el vicepresidente, un man que se llama Jaime Gaitán, negaron, me pidieron que no me dieran el teletrabajo autónomo”.Afirma que al pedir explicaciones, esto fue lo que le respondieron: “es un comité de ocho personas, la mayoría votó que no. Si usted quiere saber por qué pasó, escríbale a la secretaría técnica, que es Luz Dari Cruz y pídale a ella la información.La funcionaria indicó que informó de la situación a la Procuraduría y que también envió comunicaciones a la entonces directora del DAPRE, Angie Rodríguez, sin que, según dijo, obtuviera respuesta.Hasta el momento, Bueno señala que la Procuraduría General de la Nación no ha adelantado las diligencias. Asegura que le ha enviado la información completa y que lo que están haciendo es devolviendo todo al comité de convivencia “como si no hubiera el comité enviado todo desde 2025”.La respuestaBlu Radio consultó a Rodrigo Rojas Orozco, excoordinador de la gestoría de excomandantes de las AUC, quien negó haber tomado represalias contra la funcionaria.“Claudia sí fue subalterna mía, trabajó conmigo y pues hubo inconveniente con otras personas que trabajaron con ella y en el equipo de trabajo”.Rojas aseguró que apoyó la solicitud de teletrabajo presentada por Bueno.“Yo solicité que le dieran el teletrabajo, pero resulta que eso, aunque yo era el jefe inmediato, esa decisión era de la parte de personal de la consejería de paz”.También indicó que se retiró de la entidad el primero de julio y que desde entonces no ha tenido relación con la oficina.“Yo nunca tomé ninguna represalia contra ella. Yo me retiré desde el primero de julio. Yo tenía problemas médicos, ella inclusive en un comité de trabajo ella dijo que yo ya estaba muy viejo y que ya estaba mal, que se me olvidaban las cosas y eso”.“Yo no sé ella por qué insiste en eso, cuando ella misma dijo en unos comités laborales que están las actas, que yo era la persona que le escuchaba y le entendía. Entonces, pues en ese tiempo, cuando entró a trabajar conmigo, el tema era que nadie quería trabajar con ella”.El exfuncionario también cuestionó el momento en que se formuló la denuncia.“Yo entré a finales de noviembre del 2024. Pero lo que yo no entiendo es ella inclusive yo le entregué el manejo de mi computador personal cuando yo no estaba o algo. Ella tenía acceso a mis correos personales y eso. Si ella era tan humillada y tan maltratada, una persona, ¿cómo le manejaba eso? Y lo que no entiendo yo es por qué fue hasta marzo, si yo trabajé abril, mayo, junio y me retiré en julio. ¿Qué pasó en esos tres meses?”.Por su parte, la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, respondió frente a las declaraciones de Bueno, quién asegura haberle enviado un correo a Rodriguez contándole su situación.“No tengo conocimiento sobre ello, y mi solidaridad. No conozco la señora”.
El Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (SINDHEP) denunció públicamente presuntos hechos reiterados de acoso laboral, violencia psicológica y negligencia institucional en la Regional Atlántico de la entidad, los cuales habrían afectado la salud física y emocional de varias trabajadoras.Uno de los casos más complejos, según la denuncia, involucra a la funcionaria Martha de la Cruz, quien es contratista de la institución y tiene cinco meses de embarazo. La mujer se encuentra hospitalizada en grave estado de salud por una situación que estaría asociada a presunta violencia y acoso laboral que padeció durante meses.Ana Fuentes, vocera del sindicato, expresó que han conocido más de 10 denuncias por acoso laboral, especialmente contra mujeres en la Regional Atlántico.Para el sindicato es preocupante que, desde la posesión de la actual defensora regional, Carolina Gómez, quien asumió el cargo en abril de 2025, se hayan acumulado en un corto periodo un número significativo de señalamientos por presunto acoso laboral y tratos denigrantes.La denuncia fue escalada a la defensora nacional del Pueblo, quien, a través de su cuenta de X, emitió un comunicado manifestando su preocupación y reconociendo la gravedad de la situación denunciada.Afirman que ya fueron desplegadas acciones de verificación, investigación y acompañamiento institucional ante los presuntos casos de acoso laboral, para adoptar las medidas a que haya lugar.
La Procuraduría negó el archivo de la investigación y ordenó nuevas pruebas en el caso de presunto acoso laboral que compromete al exgerente del Hospital General de Medellín, Mario Fernando Córdoba. Los hechos están relacionados con la reubicación de un ingeniero informático que quedó sin funciones ni evaluación de desempeño por dos años.Luego de que el pasado 10 de septiembre la Procuraduría General asumiera el control preferente de la investigación por presunto acoso laboral contra el exgerente del Hospital General de Medellín, Mario Fernando Cordoba, en los últimos días se han producido avances en el proceso disciplinario.Y es que en medio de la indagación que inicialmente abrió la Personería de Medellín por el caso de Marvin Esteban Juan Camilo Toro Pastor, un ingeniero informático del centro asistencial, aún el Ministerio Público tenía pendiente pronunciarse sobre la solicitud de archivo de la investigación realizada parte de la defensa del exdirectivo del centro asistencial.A través de un reciente auto la pretensión fue rechazada, es decir, el proceso continuará, pero además la Procuraduría ordenó pruebas documentales y testimoniales por parte de funcionarios del centro asistencial que en su momento pudieron conocer el caso.La situación puntual con Toro Pastor se habría derivado de la autorización que el entonces gerente Córdoba dio para que fuera reubicado en un puesto que requería un ingeniero biomédico y que por eso lo dejó sin funciones asignadas y sin evaluación de desempeño durante el segundo semestre de 2020, todo el año 2021 y el primer semestre de 2022.En el auto la Procuraduría también solicitó la cadena íntegra de correos electrónicos intercambiada con la presunta víctima sobre sus solicitudes, manuales de funciones, reglamentos internos o esquemas de planta de personal vigentes para el año 2020, el protocolo o manual institucional para la evaluación del desempeño de servidores provisionales o de libre nombramiento y remoción, además si durante su desempeño como gerente Córdoba llegó a tener otras quejas formales por acoso laboral que hubieran derivado en la apertura de investigación disciplinaria o sanción.
Johan Sebastián Ovalle Vélez, el adolescente de 17 años que resultó herido durante un hecho ocurrido en un colegio público de Medellín, murió este viernes 25 de septiembre, 16 días después de haber recibido un disparo en la cabeza con un arma traumática.El menor falleció cerca de las 6:00 de la tarde en el Hospital San Vicente Fundación, donde permanecía internado desde el pasado 9 de septiembre, cuando fue trasladado inicialmente a la Clínica Sagrado Corazón tras resultar herido dentro de la Institución Educativa Gabriel García Márquez, en el barrio Villa Lilliam.Ese día, Johan Sebastián, estudiante de grado décimo, ingresó al plantel por una de las rejas y, según el reporte de las autoridades, realizó varios disparos con un arma de menor letalidad, generando temor entre estudiantes, docentes y directivos. Posteriormente, en medio de un forcejeo con varios jóvenes, se ocasionó una lesión en la cabeza.Desde entonces, las autoridades adelantaron investigaciones para establecer las circunstancias del hecho y determinar qué motivó al adolescente a ingresar armado al colegio. Entre las hipótesis que fueron objeto de indagación estuvieron una posible situación de matoneo, eventuales amenazas contra docentes y la participación de terceros.Antes del episodio, el estudiante había sido semiescolarizado y recibía acompañamiento psicológico. La Secretaría de Educación había señalado que desde 2025 presentaba comportamientos contrarios a la convivencia y que se había activado el código dorado.Por estos hechos, dos adultos, de 37 y 46 años, fueron judicializados por su presunta responsabilidad en la instrumentalización de menores para la comisión de delitos y porte de armas de fuego. Según las autoridades, fueron identificados cuando ingresaron al colegio para recuperar el arma.Por lo pronto, la Fiscalía continúa con la investigación para esclarecer lo ocurrido el pasado 9 de septiembre.
La reciente autorización de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para elevar la cota del embalse de Hidroituango ha dejado un sabor agridulce para EPM, pues las condiciones ambientales no permitirían llevar a cabo este proceso a la velocidad esperada teniendo en cuenta los impactos del fenómeno de El Niño.Las escasas lluvias que en las últimas semanas se han registrado en el Norte de Antioquia han llevado al río Cauca a caudales mínimos en su historia con 250 metros cúbicos por segundo, frente a su promedio histórico de unos 1.600. Por eso, bajo estas situaciones la luz verde de la entidad no tiene un impacto relevante en la práctica.Según Humberto Iglesias, gerente encargado de EPM, las expectativas ahora se centran en los meses de octubre y noviembre para que las lluvias aumenten, pues en la actualidad tal es la crisis del caudal para el Cauca y el embalse que la central de generación de energía está operando apenas con dos de sus cuatro unidades disponibles."Hoy, efectivamente, por los caudales que tenemos, no lo podemos hacer. Hoy el agua que ingresa es casi que la mínima que sale generándose, pero hay algo muy importante, y es, si se cumplen lo lo que tenemos previsto en noviembre y hay época de lluvia, ahí sí podríamos aprovechar esta resolución y empezar a incrementar el nivel de embalse para prepararnos para enero, febrero y marzo, que serán esos momentos más importantes", expuso el directivo. Mantener altos niveles de almacenamiento en Hidroituango resulta clave para el sistema eléctrico colombiano ante la posibilidad de que las condiciones más exigentes del fenómeno de El Niño se concentren durante el primer trimestre de 2027.En un escenario de menor disponibilidad de agua en los principales embalses del país, contar con reservas suficientes en el mayor complejo de generación hidroeléctrica de Colombia permitiría disponer de un respaldo adicional para producir energía cuando disminuyan los aportes hídricos y, al mismo tiempo, reducir la presión sobre las plantas térmicas.
Geovany Andrés Rojas, alias 'Araña', comparecerá por primera vez ante un tribunal federal de Estados Unidos el próximo lunes 28 de septiembre. La primera audiencia de Rojas está programada para las 2:00 de la tarde, ante el juez federal adjunto Steve B. Chu, en Estados Unidos.Rojas, de 45 años, fue extraditado el 25 de septiembre desde Colombia hacia Estados Unidos, donde deberá responder ante la justicia por dos cargos: conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo.De acuerdo con el Departamento de Justicia, Rojas fue entregado a funcionarios estadounidenses en una base aérea de la Policía Nacional en Bogotá. Posteriormente, llegó a un lugar no revelado en San Diego a las 4:30 de la tarde, acompañado por agentes de la DEA y el FBI.El proceso de alias 'Araña'El caso contra Rojas se remonta a 2025. El 12 de febrero de ese año fue detenido en Colombia a partir de una notificación roja de Interpol relacionada con delitos de narcotráfico.Posteriormente, el 7 de marzo de 2025, un gran jurado federal del Distrito Sur de California presentó una acusación de dos cargos en su contra por la presunta participación en una conspiración internacional para distribuir cocaína y por narcoterrorismo.En octubre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Colombia aprobó por unanimidad su extradición. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que el proceso fue suspendido posteriormente mientras Rojas participaba en una nueva ronda de conversaciones de paz entre grupos armados y el Gobierno colombiano.El 26 de agosto de 2026 se ordenó continuar con la extradición. Un mes después, Rojas fue entregado a funcionarios estadounidenses en una base aérea de la Policía Nacional en Bogotá y trasladado posteriormente a San Diego.Según el Departamento de Justicia, Rojas había sido portavoz y líder de Comandos de la Frontera, organización que, de acuerdo con la investigación estadounidense, estaría vinculada con el cultivo y producción de cocaína en el suroeste de Colombia. Las autoridades también sostienen que la organización ejercía control territorial mediante las armas y la violencia.El comunicado señala, además, que Rojas había pertenecido a las FARC y que firmó el Acuerdo de Paz de 2016, antes de retomar las armas. En declaraciones públicas, él mismo describió a Comandos de la Frontera como parte de la Segunda Marquetalia.
El canciller Omar Bula cerró su agenda en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con una jornada marcada por reuniones bilaterales y de cooperación internacional. Entre los principales asuntos abordados estuvieron la reactivación del proyecto de interconexión energética entre Colombia y Panamá, la cooperación con Australia para enfrentar el crimen transnacional y las rutas del narcotráfico, y el fortalecimiento de la colaboración humanitaria con Naciones Unidas tras el terremoto del pasado 10 de agosto.Durante el balance de su quinto y último día en Nueva York, Bula calificó la semana como intensa y destacó las múltiples reuniones sostenidas con organismos multilaterales y diferentes países. Según explicó, estos encuentros hacen parte de una estrategia para reposicionar a Colombia en el escenario internacional y fortalecer sus relaciones bilaterales. El canciller aseguró que ha recibido comentarios positivos de diferentes representaciones diplomáticas sobre la nueva manera de trabajar de la diplomacia colombiana. Uno de los encuentros centrales de la jornada fue con Panamá. Además de abordar asuntos relacionados con la frontera que ambos países comparten en el Darién, las delegaciones hablaron sobre la reactivación de un proyecto de interconexión energética que permitiría compartir recursos provenientes de energías renovables. Bula explicó que Panamá y Colombia cuentan con avances importantes en esta materia y que el objetivo es aprovechar la cooperación entre los dos países para complementar sus redes energéticas. El proyecto, según el canciller, permaneció congelado durante los últimos años, pero ahora fue reactivado y se espera que antes de finalizar el año exista una hoja de ruta concreta para avanzar.En la reunión también se abordó la importancia de mantener la neutralidad del Canal de Panamá, debido a su papel estratégico para el tránsito de mercancías, recursos energéticos, petróleo, gas y tráfico marítimo internacional. Bula manifestó que Colombia acompañará a Panamá en la búsqueda de un régimen que facilite el tránsito marítimo sin restricciones a través de esta vía, considerada de importancia tanto para América Latina como para el resto del mundo.Otro de los encuentros destacados fue con la canciller de Australia. En esta reunión, los funcionarios abordaron la problemática del crimen transnacional organizado y el tráfico de drogas hacia diferentes regiones. Bula señaló que algunas islas del Pacífico están siendo utilizadas como puntos de tránsito de drogas que salen de Colombia y advirtió sobre la expansión de estas redes hacia Asia. El canciller sostuvo que Colombia debe trabajar con otros países para evitar que este fenómeno continúe extendiéndose y afirmó que el Gobierno está decidido a combatir la criminalidad que afecta al país.Finalmente, Bula destacó su encuentro con Tom Fletcher, en el que agradeció la respuesta del sistema de Naciones Unidas frente al terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con el canciller, Naciones Unidas reconoció la reacción del Gobierno colombiano para atender las necesidades de las personas afectadas y ofreció mantener la colaboración para mejorar la preparación ante futuras emergencias. El objetivo, explicó, es hacer más eficiente y concreta la atención a los damnificados y a las personas afectadas por este tipo de situaciones.Al hacer un balance general, el canciller calificó la semana como productiva y aseguró que los compromisos adquiridos durante la agenda internacional tendrán continuidad. Bula afirmó que la intención del Gobierno es pasar de una diplomacia declarativa a una diplomacia de acción y de resultados, con un enfoque más pragmático en las relaciones de Colombia con otras naciones y organismos internacionales.
El programa del sábado, 26 de septiembre de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical, la leyenda de la proporción áurea, y además contó con las siguientes secciones:En Reconstruyendo País, se destacó la donación de 50 dispositivos de monitoreo remoto que hizo la Clínica Shaio al Hospital Universitario del Valle para apoyar la atención de pacientes cardiovasculares. También se presentó Café Don Fabio, un emprendimiento familiar de Santuario, Risaralda, que busca ampliar su mercado y llevar su producto a otros países.En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre cómo cambiar la relación con los errores y dejar de asumirlos como fracasos permanentes. Entre las recomendaciones estuvieron aprender del pasado sin quedarse atrapado en él, asumir responsabilidades, escuchar críticas y entender cuándo una equivocación puede indicar que es momento de cambiar de camino.En el Tema Central, Diana Ambe, coach de relaciones e infidelidades, habló sobre las razones por las que una persona puede ser infiel y por qué algunas relaciones paralelas llegan a convertirse en vínculos emocionales duraderos. La conversación también abordó la importancia de los acuerdos, la honestidad dentro de la pareja, los celos y los retos de reconstruir una relación después de una infidelidad.En 'La Máquina de la verdad', se discutieron los mitos y verdades que rodean a los sismos, con la ayuda de Alex Bernal, geólogo de la Universidad Nacional de Colombia.Escuche el programa completo aquí:
