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La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) tiene la misión crucial de buscar a aquellas personas que no fueron halladas por sus familiares en el marco del conflicto armado en Colombia en las diferentes regiones.
Esta labor es fundamental dentro del sistema integral de paz en Colombia. Sin embargo, la entidad enfrenta una crisis interna. Según datos actualizados, el 44 % de su plantilla de personal ha abandonado sus funciones.
César Vargas, presidente del sindicato de la UBPD, explicó que, de una planta de 522 trabajadores, se han registrado 193 renuncias y 43 insubsistencias. Esto representa una "alta rotación" que puede tener "implicaciones” sobre la misión de la entidad, además del bienestar y los derechos de los trabajadores, según dijo.
En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, mencionó que las cifras de rotación son consecuencia directa de graves afectaciones a los derechos laborales dentro de la unidad. Vargas sostuvo que estas situaciones tienen que ver con "acoso laboral, maltrato y violencia psicológica".
Vargas recalcó que las personas han puesto "por encima de su salario y oportunidades", su tranquilidad emocional, "su tranquilidad mental y su salud". De hecho, la mayoría de los trabajadores no se van voluntariamente, de acuerdo con su denuncia.
“La gente renuncia no porque quiera renunciar, sino porque se vio obligada a renunciar ante una situación generalizada de falta de garantías". Añadió que, en muchos casos, los compañeros "se atreven a presentar dentro de su carta de renuncia las circunstancias por las cuales toman la decisión”.
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Insisten en que la razón de su partida es "situaciones de acoso, de maltrato y violencia de diferentes dimensiones".
Por su parte, Janet Pérea Murillo, exservidora de la unidad en el equipo territorial Chocó, relató que fue “víctima de acoso laboral por la coordinadora que en ese momento estaba a cargo"; Pérea describió el ambiente cuando estuvo ahí.
Aseguró que hubo “fuertes gritos, azotones de puerta” y que la trataron de “ultrajar y, minimizar” en cada una de las acciones que realizaba. Aunque Pérea y otros compañeros interpusieron una queja ante el comité de convivencia, esta "no tuvo mucho efecto ni mucho eco".
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La coordinadora renunció y, días después, dos de las compañeras que firmaron la queja fueron declaradas insubsistentes, por lo que "creen con absoluta legitimidad en su consideración que fueron castigadas por haberse atrevido a quejarse".
Además del acoso laboral generalizado, los miembros de la organización sindical han enfrentado persecución. Claudia Rojas, exinvestigadora extrajudicial y humanitaria y, exvicepresidenta del sindicato, relató que tras la negociación del pliego de trabajadores en 2023, varios miembros tuvieron que renunciar a partir de lo que catalogó “una persecución sindical".
En su caso particular, indicó que fue retirada de sus investigaciones, del trabajo con las comunidades y de los territorios. Posteriormente, fue trasladada a "labores de oficina, de escritorio poco relevantes".
“Tuve que renunciar debido a la persecución que me quitó mi trabajo, me quitó mis funciones y me estigmatizó en mi lugar de trabajo”, precisó.