Según lo explicó el contralor de Santander Carlos Fernando Pérez, la investigación se abrió porque un ciudadano presentó una denuncia ante la Contraloría General de la Nación pidiendo se revisaran dos contratos: uno para hacer una campaña informativa y sensibilizar a la comunidad sobre el tema del COVID-19 y otro para conformar un Call Center que brindara información telefónica sobre la pandemia.
“Los documentos fueron enviados a la Contraloría General y de allá nos remitieron la información para que sea abordada directamente por la Contraloría regional, el ciudadano pide se investigue, no dice nada puntual”, dijo Pérez.
Se trata en síntesis de un contrato por unos 700 millones de pesos que se invirtieron en un Call Center que se abrió al inicio de la emergencia para que la ciudadanía pudiera preguntar y recibir información a través de varias líneas telefónicas de la Gobernación, las cuales fueron criticadas en su momento porque según dijeron algunos veedores el dinero se pudo invertir en mercados para ayudar a la comunidad.
La denuncia para que los contratos fueran investigados fue interpuesta por el veedor ciudadano Ramiro Vásquez, quien en el documento señala la importancia de aclarar cómo fueron invertidos los dineros públicos en una campaña de sensibilización y además en el contrato 541 de la Gobernación de Santander.
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