La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra el exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, por presuntas irregularidades durante la elección de los integrantes del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), realizada el 24 de febrero de 2023.Según el organismo de control, Aguilar, quien presidía la Asamblea Corporativa de la entidad, habría permitido que se desarrollara y concluyera la elección de los alcaldes de Piedecuesta, Rionegro, Charta y Matanza sin resolver previamente las recusaciones presentadas contra 13 de los 14 integrantes de ese órgano, incluida una en su contra.La Procuraduría también cuestionó que el entonces gobernador presuntamente no verificara ni garantizara que la Asamblea Corporativa contara con el quórum deliberatorio y decisorio exigido por los estatutos de la CDMB para adoptar decisiones válidas.Además, el ente disciplinario señaló que los integrantes recusados habrían participado tanto en las decisiones relacionadas con esas recusaciones como en la posterior votación para elegir a los miembros del Consejo Directivo.Para la Procuraduría, estas actuaciones habrían afectado la legalidad del proceso de elección, que posteriormente fue declarado nulo por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.El organismo de control calificó provisionalmente la conducta atribuida a Aguilar Hurtado como una falta grave cometida a título de dolo, es decir, con presunto conocimiento y voluntad de realizar la conducta investigada.La formulación de cargos corresponde a una etapa del proceso disciplinario y no constituye, por sí sola, una declaración definitiva de responsabilidad contra el exgobernador.El exmandatario también es investigado por este mismo caso en la Corte Suprema de Justicia que en días pasados formuló acusación Mauricio Aguilar Hurtado por el presunto delito de prevaricato por acción, dentro de un proceso relacionado con la elección del Consejo Directivo de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).La decisión se conoció durante una audiencia de la Sala de Primera Instancia, presidida por la magistrada Paula Andrea Ramírez Barbosa, en la que se formalizó la acusación contra el exmandatario departamental.“La sala declara formalmente acusado al señor Mauricio Aguilar Hurtado, en calidad de exgobernador del departamento de Santander como probable autor del delito de prevaricato por acción previsto en el artículo 413 del Código Penal a título de dolo”, señaló la magistrada Ramírez.
La Corte Suprema de Justicia formuló acusación contra el exgobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado por el presunto delito de prevaricato por acción, dentro de un proceso relacionado con la elección del Consejo Directivo de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).La decisión se conoció durante una audiencia de la Sala de Primera Instancia, presidida por la magistrada Paula Andrea Ramírez Barbosa, en la que se formalizó la acusación contra el exmandatario departamental.“La sala declara formalmente acusado al señor Mauricio Aguilar Hurtado, en calidad de exgobernador del departamento de Santander como probable autor del delito de prevaricato por acción previsto en el artículo 413 del Código Penal a título de dolo”, señaló la magistrada Ramírez.Los hechos investigados ocurrieron en febrero de 2023, cuando Aguilar se desempeñaba como gobernador de Santander y presidía la Asamblea Corporativa Ordinaria de la autoridad ambiental. Durante esa sesión fueron elegidos cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga para hacer parte del Consejo Directivo de la entidad.Según la Fiscalía, el entonces gobernador habría dado continuidad al proceso electoral pese a las advertencias sobre posibles irregularidades y a las recusaciones presentadas por presuntos conflictos de intereses.La elección fue objeto de demandas y posteriormente anulada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, cuyos pronunciamientos señalaron incumplimientos de las disposiciones legales que regulaban el procedimiento.
La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia realizó este miércoles 23 de septiembre la audiencia de imputación de cargos contra el exgobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado, por el presunto delito de peculado por apropiación, relacionado con el contrato para la construcción de la nueva sede del colegio Lucas Caballero, en Suaita.La investigación está relacionada con el contrato 3835 de 2023, adjudicado a la Unión Temporal Colucas 2022, con un presupuesto superior a $15.000 millones y un plazo inicial de ejecución de 12 meses.Sin embargo, tres años y medio después de la firma del contrato, el proyecto permanece paralizado. De acuerdo con la información conocida, el contratista únicamente ha ejecutado movimientos de tierra y no ha iniciado la construcción de la infraestructura educativa prevista.El proyecto ha enfrentado diferentes dificultades desde su inicio. Entre ellas se encuentran problemas relacionados con los estudios y diseños, el traslado de redes eléctricas y posteriormente restricciones ambientales.La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) ordenó la suspensión de actividades de tala y remoción de tierra después de establecer que parte de la infraestructura proyectada estaría ubicada dentro de la franja de protección de las quebradas Chorreras e Inmaculada. Según información reportada, cerca del 38 % de la obra proyectada estaría dentro de esa zona de reserva.A esto se suma la decisión del Departamento Nacional de Planeación de suspender el flujo de recursos provenientes del Sistema General de Regalías, que representan aproximadamente el 60 % de la financiación del proyecto. La medida fue adoptada mientras se adelantan los procedimientos de control correspondientes.Incluso se ha planteado la posibilidad de una liquidación anticipada del contrato, debido a las dificultades que enfrenta la obra y a la imposibilidad de avanzar en su ejecución.El caso también ha generado actuaciones de los organismos de control. La Procuraduría formuló cargos contra funcionarios que ejercieron labores de supervisión y contra el representante legal del consorcio interventor, por presuntas irregularidades relacionadas con el seguimiento y control de la ejecución contractual.La investigación involucra a Antonio José Pinzón Páez y Próspero Alberto Arenas Castillo, quienes ejercieron labores de supervisión del contrato, y a Nelson Eduardo Navas Beltrán, representante legal del consorcio encargado de la interventoría de la obra.De acuerdo con la Procuraduría, las posibles irregularidades estarían relacionadas con las labores de seguimiento y control realizadas durante la ejecución del contrato, suscrito en 2022 y cuyo valor supera los $15.000 millones.El organismo de control busca establecer si los supervisores y el interventor cumplieron con las obligaciones que tenían a su cargo para garantizar que el proyecto se desarrollara de acuerdo con los requisitos establecidos.La audiencia judiciala de este miércoles determinará los términos de la imputación presentada por la Fiscalía contra el exmandatario. La imputación de cargos no constituye una condena y será la justicia la encargada de establecer la eventual responsabilidad penal de Aguilar Hurtado.Cabe recordar que la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó hace varios meses al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación con el Canal TRO. De acuerdo con el ente acusador, existe material probatorio suficiente para demostrar la presunta responsabilidad del exmandatario departamental en la comisión de estos delitos, relacionados con irregularidades en la contratación de dos convenios por más de $8.000 millones entre la Gobernación de Santander y el Canal TRO, destinados a la producción y transmisión de contenidos institucionales.
El exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, continúa bajo observación médica tras sufrir un accidente mientras participaba en una competencia ciclística en Valledupar el pasado domingo.El incidente se registró durante la carrera Ruta del Capo, evento que reunió a decenas de aficionados al ciclismo en Valledupar. En medio del recorrido, una caída múltiple dentro del grupo de corredores terminó afectando al exgobernador, quien no logró esquivar el impacto.De acuerdo con versiones de participantes, se trató de una caída colectiva propia de la dinámica del pelotón, donde los ciclistas avanzan a alta velocidad y con poca distancia entre sí.Un movimiento brusco en la parte delantera habría generado un efecto en cadena que dejó a varios corredores en el suelo, entre ellos el exmandatario, quien no tuvo margen de reacción.Tras el accidente, Aguilar presentó varias lesiones de consideración, entre ellas fracturas en varias costillas, por lo que fue trasladado a un centro asistencial, donde inicialmente requirió manejo en cuidados intensivos.Con el paso de las horas, su condición ha mostrado mejoría y actualmente permanece estable y en proceso de recuperación, bajo supervisión médica, luego de ser trasladado a una unidad de menor complejidad.Fuentes cercanas indican que, si la evolución continúa siendo favorable, se evalúa su traslado a Bucaramanga en los próximos días para continuar con su tratamiento.El caso ha generado reacciones en distintos sectores de Santander, donde Aguilar es una figura política reconocida por su paso por la Gobernación y el Congreso.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exgobernador de Santander, Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, por presuntas irregularidades en la aprobación de una adición presupuestal superior a $4.000 millones destinada al mejoramiento de la vía secundaria que comunica a Vélez con Guavatá.Según informó el Ministerio Público, Aguilar habría avalado la adición a pesar de las deficiencias en el trámite del ajuste presupuestal y de la ausencia de estudios técnicos necesarios para su implementación.La Procuraduría delegada para el Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías señaló que “el entonces mandatario habría pasado por alto que no existían estudios de exploración geotécnica complementaria que permitieran determinar con precisión la estructura de contención adecuada para el corredor vial, entre otros aspectos técnicos exigidos”, dice en un comunicado.De acuerdo con el ente de control, el exgobernador pudo vulnerar las exigencias normativas de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, por lo que de manera provisional calificó su conducta como una falta disciplinaria grave cometida a título de dolo.El proceso disciplinario busca establecer si Aguilar Hurtado incurrió en actuaciones que comprometieron el uso adecuado de los recursos públicos destinados al desarrollo vial en el departamento.Esto se suma a la acusación de la Fiscalía delegada de ante la Corte Suprema de Justicia que acusó al exgobernador Mauricio Aguilar, por presuntamente haber incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.De acuerdo con el ente acusador, existe material probatorio suficiente para demostrar la presunta responsabilidad del exmandatario departamental en la comisión de estos delitos, relacionados con irregularidades en la contratación de dos convenios por más de $8.000 millones entre la Gobernación de Santander y el Canal TRO, destinados a la producción y transmisión de contenidos institucionales.Los convenios, uno por más de $2.700 millones y otro por $5.800 millones, tenían como objetivo la ejecución de un “plan de medios para mejorar la imagen institucional”. Sin embargo, según la Fiscalía, no se acataron las reglas del Estatuto de Contratación Pública y se omitieron varios procedimientos precontractuales.
La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.De acuerdo con el ente acusador, existe material probatorio suficiente para demostrar la presunta responsabilidad del exmandatario departamental en la comisión de estos delitos, relacionados con irregularidades en la contratación de dos convenios por más de $8.000 millones entre la Gobernación de Santander y el Canal TRO, destinados a la producción y transmisión de contenidos institucionales.Los convenios, uno por más de $2.700 millones y otro por $5.800 millones, tenían como objetivo la ejecución de un “plan de medios para mejorar la imagen institucional”. Sin embargo, según la Fiscalía, no se acataron las reglas del Estatuto de Contratación Pública y se omitieron varios procedimientos precontractuales.La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, presidida por el magistrado Ariel Augusto Torres, reconoció como víctimas en este proceso a la Contraloría de Santander y a la Gobernación de Santander.Con esta acusación se iniciará formalmente el juicio contra Mauricio Aguilar Hurtado, en el cual la Fiscalía Delegada ante el Alto Tribunal presentará las pruebas recopiladas, mientras que la defensa del exgobernador podrá exponer sus argumentos.Cabe recordar que Aguilar Hurtado se ha declarado inocente de los hechos que se le atribuyen. En los próximos días, la Sala anunciará las pruebas que se tendrán en cuenta dentro del juicio oral.
En audiencia que se realizó en la sala penal del Tribunal de Bogotá, el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Julio Ospino, le imputo cargos por peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien no los aceptó, por convenios interadministrativos para publicidad y manejo de imagen con el canal Regional TRO.Según expuso el fiscal Ospino, los convenios superan los $8.598 millones firmados en 2020 y 2021, no habrían tenido en cuenta principios esenciales de la contratación pública como planeación, publicidad y economía.“Se evidencia que fue el canal TRO el que presentó la propuesta para el posicionamiento de la Gobernación de Santander cuando la norma establece que debe ser la entidad la que haga el requerimiento (…) No existe un sustento de la necesidad y la conveniencia del contrato”, sustentó el fiscal.El fiscal también expuso que de parte de la Gobernación de Santander no hubo una explicación ni justificación del por qué los convenios se celebraron de manera directa.Respecto al presupuesto dijo: “hay ausencia del estudio del mercado y las actividades que se realizaron en el término del convenio no permiten identificar la manera, horarios, impactos ni manejo de publicaciones”.También se habría omitido el principio de publicidad por cuando los documentos y actos de contratación no fueron publicados en el Secop, solo a través de la página web de Gobernación de Santander.El fiscal Julio Ospino igualmente reveló que la escogencia de las empresas de comunicaciones a través de las cuales se haría la publicidad de la imagen de la Gobernación de Santander quedó a libre decisión del canal TRO y entre ellas destaca a tres, cuyos dueños y representantes legales son los padrinos de matrimonio del exgobernador Mauricio Aguilar.“En el delito de interés indebido en la celebración de contratos se destaca que hubo un direccionamiento para dar contratos a empresas que guardan cercanía personal con el exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y que incluso en el reporte de ingresos y gastos para la propaganda electoral en campaña aparecen como empresas aportantes, como es Sega y Mapa SAS cuyos representantes legales son Sergio Eduardo García Aragón y Martha Patricia Orejarena, padrinos de matrimonio del ex mandatario”, explicó el fiscal.También se habría cometido irregularidades en la contratación de medios sin experiencia y publicaciones que nunca se ejecutaron.
La Fiscalía General de la Nación imputará al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de tercero, por un controvertido contrato suscrito con el Canal Regional de Televisión, TRO, para el manejo de un plan de medios en 2021.La denuncia de este contrato fue realizada por Ferley Sierra, en ese momento diputado de Santander. A través de un debate de control político el dirigente del partido Verde reveló un presunto cartel de la contratación para pagarle a “falsos periodistas, periodistas, influencers y medios de comunicación fantasmas para hablar bien de la Gobernación”.“Ese convenio entre la Gobernación de Santander y el Canal TRO fue firmado el 11 de septiembre del 2020 por $2.750 millones y en el 2021 se renovó el contrato por un monto de $5.843 millones”, denunció en su momento el exdiputado Ferley Sierra.El exdiputado señaló a Blu Radio que algunos medios digitales de comunicación fueron contratados por el gobierno de Mauricio Aguilar “para atacarme en redes sociales y montar noticias falsas en mi contra”.Tras las graves denuncias interpuesta en el 2021, al Gobernación de Santander, afirmó que los convenios firmados con el Canal TRO para el manejo del plan de medios, divulgación y posicionamiento de la imagen institucional fueron legales.“Se mantuvo contacto con la persona designada por el Canal TRO para la designación y puesta en marcha de aquellos eventos y actos propios de la Gobernación de Santander que, en su momento, se determinaron de gran importancia para transmitir en los diferentes medios (…) En lo que respecta en el material compartido, también existió constante comunicación con el personal designado por el Canal TRO en los procesos de coordinación en lo que respecta a la aprobación de las piezas audiovisuales”, dijo en su momento Andrés Ardila, encargado de la Secretaría General de la Gobernación de Santander, en la época de Mauricio Aguilar.
La Procuraduría General de la Nación ha formulado pliego de cargos contra el exgobernador de Santander, Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, debido a posibles irregularidades en un contrato para una plataforma tecnológica destinada a brindar información durante la pandemia de covid-19. El valor del contrato superó los $1.000 millones.La decisión también incluye al exdirector técnico de la Dirección de Gestión del Riesgo del departamento, Cesar Augusto García Durán, y al entonces supervisor del contrato, Sergio Orlando Ferro Dávila.El contrato, cuyo objetivo era la atención a la comunidad en temas relacionados con el COVID-19 mediante un centro de atención telefónica, no se habría ejecutado conforme a la propuesta presentada por el contratista, la cual incluía el 100 % del personal ofertado. Sin embargo, la administración aparentemente pagó por un servicio que no fue prestado, a pesar de que los informes del supervisor del contrato reflejaban lo contrario a lo pactado. En este contexto, el órgano de control cuestionó la conducta del exgobernador Aguilar Hurtado, quien habría delegado en el director de Gestión del Riesgo la facultad contractual para el cumplimiento de la misión y funciones propias de su cargo. La Procuraduría también formuló cargos contra el mencionado exdirector de Gestión del Riesgo, quien firmó el contrato, y contra el supervisor del mismo, por haber suscrito y aprobado las actas de supervisión sin informar del incumplimiento del contratista.Las conductas investigadas fueron calificadas por el ente disciplinario como falta gravísima a título de culpa gravísima.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar por presuntas irregularidades en el contrato del call center (Centro de Atención Telefónica) instalado para atender emergencias por COVID-19.Por estas supuestas irregulares también deberán responder el exdirector de la Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento, César Augusto García Durán y Sergio Orlando Ferro Dávila, supervisor del contrato 541 de 2020. “Habrían incumplido su deber de verificación del contrato”, dice el informe del Ministerio Público.Los tres implicados en este proceso disciplinario deberá responder por la presunta comisión de una falta gravísima a título de culpa gravísima, porque “ninguno de los involucrados cumplió con su deber de verificar el contrato”, señala la Procuraduía.El contrato inicial con la empresa Advance Technologies & Solutions Grupus S.A.S. fue de $742 millones y luego de dos adiciones presupuestales firmados desde la Oficina de Gestión de Riesgo terminó constando más de $2.000 millones, señaló el congresista santandereano Fabián Díaz.Pandemia de COVID-19 redujo esperanza de vida, ¿cuántos años?“Este contrato tuvo un costo de más de 2.000 millones de pesos, se realizó sin ninguna justificación aparente y se prorrogó innecesariamente hasta diciembre del 2020. El contrato, según la denuncia, tuvo un valor inicial de 742 millones de pesos. Sin embargo, contó con una primera adición de 495 millones y otra adición de 944 millones”, dijo el congresista.El represente a la Cámara por Santander, Fabián Díaz, afirmó en su momento que “la ejecución de nueve meses del contrato del call center durante la pandemia no tenía ninguna funcionalidad, es decir, estaba operando, pero nunca se llegó a comprobar que este call center brindara los servicios por los cuales había sido contratado, hubo unas irregularidades con esa expansión del contrato”.Blu radio buscó al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, para conocer su versión de la investigación de la Procuraduría por el contrato COVID, pero no obtuvo respuesta.Otras investigaciones por contratos COVID-19 en SantanderCabe recordar que en el Ministerio Público adelanta varias investigaciones por irregularidades en contratos durante la pandemia del COVID-19 en el departamento de Santander.“La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al jefe de la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, César Augusto García Durán (2021-2022), por posibles irregularidades en los contratos de obra e interventoría para rehabilitar y recuperar la infraestructura de baterías sanitarias, en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y mitigación del covid-19 en el sector educativo”, dice el comunicado del órgano de control.La Procuraduría reprochó al exfuncionario por celebrar los contratos de obra y de interventoría por fuera del término señalado en el plan de acción, con lo cual habría incumplido el objetivo del componente educación.“García Durán debió utilizar los procedimientos de selección del contratista legalmente establecidos, que para el caso del contrato de obra era la licitación pública, y para la interventoría el concurso de méritos, dado que el régimen excepcional solo podía aplicarse hasta el vencimiento del plan de acción, fecha en la cual la obra tenía un avance del 0 %”, agrega.El investigado pudo transgredir el principio de transparencia de la contratación estatal, por presuntamente eludir los procedimientos de selección objetiva, dice la Procuraduría.
Al menos 12 personas murieron y otras 46 resultaron heridas en dos accidentes múltiples registrados este martes en la autopista Trakia, en el sureste de Bulgaria. En los siniestros estuvieron involucrados cerca de 50 vehículos, entre automóviles, furgonetas y camiones, de acuerdo con el balance entregado por la ministra de Sanidad, Katya Ivkova.Los choques ocurrieron en inmediaciones de la ciudad de Yambol, entre los enlaces de Zimnitsa y Kabile. El primero se registró poco después de las 7:00 de la mañana, en el kilómetro 289, en sentido hacia Burgas. Minutos después, cuando la vía ya estaba bloqueada por los vehículos accidentados, se produjo una segunda colisión múltiple en la calzada contraria, en dirección a Sofía.Las autoridades señalaron que la niebla densa habría reducido la visibilidad y dificultado la circulación. A esto se sumaron las condiciones resbaladizas de la carretera, que habrían complicado las maniobras de los conductores.¿Cómo ocurrió el accidente múltiple en Bulgaria?Según el gobernador regional de Sliven, Mihail Kasherov, el choque inicial se habría producido entre un autobús y un camión que transportaba cereales. Ambos vehículos se incendiaron. El funcionario indicó que más de 70 automotores podrían estar involucrados, aunque el primer balance oficial reportó cerca de 50.Un testigo relató al canal Nova TV que la visibilidad no superaba los 50 metros. También contó que salió de su vehículo para auxiliar a una persona atrapada en un taxi en llamas y que, poco después, escuchó cómo comenzaban a chocar los vehículos de la calzada contraria.Uno de los pasajeros del autobús describió escenas de pánico: “Todas las ventanas estaban rotas, llovían fragmentos de cristal y estábamos amontonados unos encima de otros. Algunos se habían caído, otros estaban heridos y otros atrapados”.¿Qué medidas tomaron las autoridades tras el choque?La autopista Trakia fue cerrada en ambas direcciones para facilitar las labores de rescate y retirar los vehículos. En el operativo participan policías, bomberos, personal sanitario y unidades del Ejército.Los heridos fueron trasladados a centros médicos de la región. Además, dos aviones militares de transporte con equipamiento médico quedaron disponibles en el aeropuerto de Burgas para llevar a pacientes graves a hospitales de otras ciudades, si es necesario.El primer ministro, Rumen Radev, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y anunció la cancelación de su agenda de trabajo tras reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien también manifestó su solidaridad con Bulgaria.El balance de fallecidos y lesionados es provisional. Las autoridades continúan con las labores de atención e investigan las circunstancias de las dos colisiones.
Tres meses después del terremoto del 10 de agosto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que las donaciones del sector privado para los damnificados del terremoto en Cali están llegando en su totalidad a la población afectada. En entrevista con Mañanas Blu, el mandatario detalló que solo en la capital del Valle del Cauca los aportes de empresas y fundaciones suman cerca de 400.000 millones de pesos. Esos recursos se están invirtiendo en colegios, hospitales y ayudas para las familias que perdieron sus viviendas.“100% está llegando a la gente y creo que es un acto de tremenda generosidad”, afirmó Eder. Según el alcalde, el sector privado donó en total 1,6 billones de pesos a nivel nacional tras la emergencia.Las donaciones no entran al presupuesto de la Alcaldía de CaliAnte los cuestionamientos ciudadanos sobre el destino de esos recursos, el alcalde pidió a la opinión pública no dejarse engañar. Explicó que la plata de los donantes nunca entra al presupuesto público de Cali, porque la manejan directamente los privados.“Esa plata la ejecutan los mismos privados a través de sus fundaciones”, señaló. Como ejemplo, citó a un grupo de empresarios que se agrupó a través de Propacífico e hizo una donación de alrededor de 250.000 millones de pesos. Las intervenciones se definen en mesas de trabajo conjuntas. Entre los aportantes, Eder mencionó también a Tecnoquímicas y a la Fundación Gilinski.Sobre el modelo de ejecución, el mandatario indicó: “Esto todo se hace con el direccionamiento desde la alcaldía, pero la ejecución la hacen las fundaciones privadas, que muchas veces son más eficientes y más rápidas que la ejecución pública”.El papel de la Primera Dama en la reconstrucción de CaliEntre los aliados en la atención de la emergencia, el alcalde destacó a la fundación de la Primera Dama, Ana Lucía Pineda. Junto a la Fundación Gilinski, esa fundación está a cargo de la recuperación de la institución educativa Eustaquio Palacios, uno de los colegios más grandes de Cali, que quedó devastado por el sismo. Eder resaltó la gestión de la Primera Dama en este proceso y la calificó como “un gran liderazgo”.La alianza también llega al sector salud. Con la Fundación Gilinski y la Fundación de la Primera Dama, la Alcaldía trabaja en el Hospital Carlos Holmes Trujillo, en el oriente de la ciudad. Según el mandatario, allí no solo se repararán los daños causados por el terremoto, sino que también se mejorará el hospital.Colegios y hospitales afectados por el terremoto en CaliSegún el alcalde, con estos recursos ya se intervienen o están por intervenirse 18 colegios. Uno de ellos es la institución educativa Eustaquio Palacios, uno de los más grandes de la ciudad, que quedó devastado por el sismo. De ese plantel se encargan la Fundación Gilinski y la Fundación de la Primera Dama.Las obras ya empezaron en el Colegio Nuevo Latir, en el oriente de la ciudad, con el acompañamiento de la gestora social Taliana Vargas. El siguiente será la institución educativa Antonio José Camacho, un colegio de 92 años que también resultó afectado.Eder dimensionó el impacto en la red escolar: más de 200 colegios afectados, 70 de ellos con daños graves y ocho cerrados. En algún momento cerca de 60.000 estudiantes no podían asistir a clases, y hoy esa cifra está más cerca de 15.000. “Estamos trabajando para que todos puedan estar en el colegio de aquí a diciembre”, aseguró.En salud, el alcalde dijo que las donaciones también financian la recuperación del Hospital Carlos Holmes Trujillo, en el oriente de Cali, que además será mejorado. Paralelamente, la administración construye cuatro hospitales nuevos, entre ellos una clínica de cáncer de mama en el norte de la ciudad. Según Eder, estas obras resistieron el sismo sin problemas.Vivienda para las 700 familias que lo perdieron todoLa prioridad de la Alcaldía son las 700 familias cuyas viviendas colapsaron o fueron demolidas. La mayoría se concentran en las comunas 19, 2, 17 y 18, y en especial en la Comuna 19.Para atenderlas existen dos tipos de apoyo. Por un lado están unas bonificaciones gestionadas ante el Fondo Milagro, cercanas a 159 millones de pesos según el alcalde. Están dirigidas a familias que perdieron a un ser querido o que están en situación de alto riesgo. Por otro lado están los bonos de 50 millones de pesos de la Alcaldía para quienes perdieron su casa.El mandatario explicó que se buscan viviendas nuevas, porque cumplen los códigos antisísmicos actualizados, y que en Cali hay un inventario de cerca de 900 unidades. De las 700 familias, unas 400 ya expresaron interés en las bonificaciones. “Las bonificaciones pues no alcanzan para adquirir un apartamento, pero tienen forma de dar el cierre financiero”, precisó. Eder espera que desde la próxima semana decenas de familias empiecen a recibir sus viviendas.Demoliciones y reconstrucción: un proceso de añosEn Cali se revisaron cerca de 14.000 edificaciones. Hasta ahora hay 85 inmuebles identificados para demolición, entre edificios y casas, y ya se han demolido 20. El alcalde estima que esa cifra podría llegar a entre 100 y 120 estructuras. Esto se suma a las demoliciones anunciadas en semanas anteriores.Eder advirtió que levantar edificios nuevos tomará cerca de dos años: unos seis meses de estudios y diseños, y otros 18 meses de obra. “Uno no construye un edificio nuevo en 2 semanas”, dijo.Sobre las protestas en Chiminangos, el alcalde detalló que ese sector tiene 288 torres construidas antes de 1985, de las cuales 156 tienen sello rojo. Seis de ellas presentan daños muy graves, y las demás tienen daños principalmente en las escaleras. Los diseños de intervención tardarán semanas, posiblemente hasta un mes. “Yo entiendo que hay desesperación, pero nosotros tenemos contacto permanente con la comunidad”, afirmó.Mercados y partido de la Selección Colombia para los damnificadosEder anunció que Cali y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) aportaron cada uno un millón de dólares para entregar tarjetas de mercado a 20.000 familias damnificadas. Esta iniciativa se suma a los bonos de mercado que ya se entregan en la ciudad.Además, el alcalde contó que habló con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún. Según Eder, la Federación donará todas las ganancias del partido de la Selección Colombia en Cali a los damnificados y quiere apoyar el programa de alimentos. El amistoso será contra Chile este viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, como informó Blu Radio. bluradio“No hay una varita mágica”El alcalde reiteró que la recuperación será una “maratón” de cuatro años. Recordó que le queda un año y dos meses de gobierno. “Desafortunadamente no hay una varita mágica. Esto es un proceso”, sostuvo.Al cierre de la entrevista hizo un llamado a mantener la solidaridad: “Esto no es solo cifras, no solo edificios, hay familias y hay personas que lo perdieron todo”.
Desde el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, el alcalde Alejandro Char firmó con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe –CAF– la financiación de hasta USD 50 millones para proyectos ambientales y de impacto social, contemplados en el plan de desarrollo de la capital del Atlántico.El acto se realizó con la participación del presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados y, en el acuerdo, se estipuló la recuperación ambiental de la ciénaga de Mallorquín y el arroyo León, el programa Todos al Parque y el mejoramiento de los espacios urbanos."Y qué mejor que pensar en nuestra naturaleza, en nuestro patrimonio natural, ambiental, todo el tema de aves, peces... hoy están aportando unos 50 millones de dólares y unos recursos adicionales no reembolsables para para potencializar todo esto, después de tres años de mucho estudio, de revisarlo a fondo", expresó el alcalde Char."Teníamos dificultades también con el Ministerio de Hacienda, pero bueno, ya pasamos todo eso, aprendimos y aquí para adelante a impulsar a Barranquilla como debe ser", agregó el mandatario barranquillero. A su turno, el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, valoró que Barranquilla siga siendo un gran faro para todo el Caribe."Esto es un punto de partida, no es un punto de llegada. Vemos esta relación como una en la cual el banco quiere contribuirle a la ciudad con recursos técnicos, humanos y financieros para desplegar su pleno potencial, que sabemos que es mucho más", expresó Díaz-Granados."La ciudad ha alcanzado, en estos 20 años de transformación, grandes logros, pero podemos seguir siendo un gran faro para todo el Caribe. Vemos a la ciudad como un espejo de toda la región, del cierre de brechas de desigualdad, de pobreza", agregó.La CAF y la Alcaldía Distrital suscribieron además dos cooperaciones técnicas no reembolsables. La primera fortalecerá la Estrategia de Internacionalización del Distrito, con apoyo a la Oficina de Relaciones Internacionales y una hoja de ruta a 2030. La segunda, en el marco de la Iniciativa de Rutas Migratorias de las Américas, apoyará la estructuración del Plan de Recuperación del Arroyo León como corredor ecológico para aves migratorias.
Cerca del final de obras en Hidroituango, EPM ya piensa en poner andar otro proyecto: el alcalde Federico Gutiérrez indicó que ante el Gobierno nacional ya avanzan las gestiones para reactivar la central Espiritu Santo. La megaobra se desarrollaría aguas abajo del actual complejo y generaría hasta 600 megavatios de energía. A buen ritmo avanza EPM para entregar las turbinas de la fase 2 de Hidroituango, en donde las unidades de generación de energía 5 y 6 ya superan el 70% de labores de instalación y estarían listas para entrar en operación antes de finalizar 2027. Por su parte, las turbinas 7 y 8 podrían entrar a operar durante el primer trimestre del 2028.El reporte lo entregó el gerente general del Grupo EPM, Jhon Maya Salazar: “Y esperamos que para el próximo año ya tengamos también muy adelantado y ojalá funcionando dos máquinas de la segunda parte de las 5 a la 8. Vamos muy bien, vamos cumpliendo cronograma y esperamos dar la buena noticia a final del segundo semestre del próximo año”.Mientras avanzan estas obras, y en medio de la visita a la central en compañía de los ministras de Minas y Energía María Nohemi Arboleda y el de Ambiente Fabio Arjona, Empresas Públicas de Medellín ahora piensa en desengavetar uno de los proyectos clave para la generación de energía sobre el río Cauca.Se trata de la central Espíritu Santo, ubicada 18 kilómetros abajo de la presa de la Hidroituango, en el corregimiento de Puerto Valdivia, y cuyo desarrollo se pospuso en los últimos años, entre otras cosas, por la atención a la contingencia de 2018 en el proyecto.El alcalde Federico Gutiérrez destacó que este proyecto que aprovecharía aguas del Cauca podrá generar hasta 600 megavatios de energía, una cuarta parte de la que será capaz de producir Hidroituango con sus ocho turbinas operando.“Yo como presidente de la junta de EPM desde el primer momento en que volvimos al Gobierno pedí sacar de los anaqueles ese proyecto, volverlo a presentar y que sea una realidad, no solo para Antioquia, sino para el país. Colombia necesita energía firme”, aseguró Gutiérrez.Tras la adquisición en 2013 de la compañía Espíritu Santo Energy por 70 millones de dólares, EPM había llegado hasta una etapa de prefactibilidad de dicha central.Ahora, la empresa de servicios públicos busca alcanzar la factibilidad, formular estudios de impacto ambiental y recorrer todos los trámites que finalmente culminen en autorizaciones para desarrollar obras en límites entre Ituango, Briceño y Valdivia.El alcalde Gutiérrez destacó que Espíritu Santo se convierte en un proyecto clave en medio de la necesidad de más iniciativas para la producción de energía limpia en el país, especialmente en el contexto del cambio climático y situaciones como el fenómeno de El Niño.
Tres meses después del terremoto del 10 de agosto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, afirmó que la reconstrucción de Cali será un proceso de largo aliento que tomará hasta cuatro años, y pidió paciencia a los damnificados que todavía esperan soluciones de vivienda. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales el mandatario aseguró que la prioridad de la Alcaldía son las 700 familias que perdieron por completo sus hogares porque sus edificios colapsaron.“En tres meses que cumplimos hoy, uno no se recupera o no reconstruye después de un terremoto. Hay que tener eso en cuenta”, dijo Eder, quien recordó que desde el primer día advirtió a los caleños sobre la magnitud del reto: “Tenemos que estar preparados porque iniciábamos a correr una maratón que dura 4 años y llevamos los primeros 3 meses de 4 años”.El mandatario ya había anticipado en ocasiones anteriores que la reconstrucción de Cali tomaría varios años. Según explicó, la atención pasó por una fase de rescate, luego por la recuperación de las víctimas, y hoy está concentrada en resolver el problema de vivienda.Bonos de vivienda para familias damnificados en CaliEder detalló que la Alcaldía mantiene contacto con los afectados a través de grupos de WhatsApp y que, de las 700 familias priorizadas, unas 400 han manifestado interés en acceder a las bonificaciones. La Alcaldía entregará bonos de 50 millones de pesos a hogares que perdieron su casa sin perder a un familiar, mientras que el Fondo Milagro otorga apoyos a quienes perdieron a un ser querido durante el sismo o se encuentran en situación de alto riesgo o vulnerabilidad socioeconómica.“Las bonificaciones pues no alcanzan para adquirir un apartamento, pero tienen forma de dar el cierre financiero”, explicó el alcalde, quien espera que desde la próxima semana decenas de familias comiencen a recibir sus viviendas.La apuesta, según Eder, es por viviendas nuevas, debido a que cumplen con los códigos antisísmicos actualizados y porque en la ciudad existe un inventario disponible de cerca de 900 unidades. El Gobierno nacional también anunció nuevas viviendas y mejoramientos para damnificados del Valle a través del Fondo Milagro.Los colapsos y demoliciones se concentran en las comunas 19, 2, 17 y 18, principalmente en la Comuna 19, una zona que, de acuerdo con el alcalde, alberga un importante sector de servicios médicos, entre ellos el Hospital Universitario del Valle.Demoliciones en Cali: hasta 120 estructurasEl alcalde explicó que en la ciudad se revisaron cerca de 14.000 edificios y que hasta ahora hay 85 inmuebles identificados para demolición, entre edificios y casas, de los cuales 20 ya fueron demolidos. Actualmente, la Alcaldía adelanta la demolición de cinco, privados con sus aseguradoras trabajan en otros tres y el Fondo Milagro iniciaría labores en una lista de 11. La cifra total, advirtió, podría llegar a entre 100 y 120 estructuras.“Demoler no es como que, bueno, ese edificio se ve mal, túmbelo. No, toca entrar, toca mirarlo, tienen que ver los ingenieros”, señaló Eder sobre la complejidad de las demoliciones de edificios afectados.Sobre la reconstrucción de nuevos edificios en los predios demolidos, el mandatario precisó que los estudios de suelo y los diseños tardan unos seis meses y la construcción otros 18 meses. Mientras tanto, las familias pueden usar los bonos para adquirir vivienda en otro sector. Eder agregó que en cuatro o cinco edificios las asambleas de copropietarios ya decidieron no reconstruir: “Esto es una tragedia. Aquí vivían familias, aquí habían memorias. En algunos de ellos murió gente”.El alcalde destacó además que, de las 20.000 personas evacuadas de sus casas, el 34 % tiene más de 62 años, y que la mayoría de los afectados pertenece a los estratos 4 y 5, una población para la que, según dijo, no están pensados los programas de apoyo social en Colombia.La situación en ChiminangosFrente a la desesperación de los damnificados, reflejada en las acciones que la Alcaldía adelanta para atender las afectaciones en el sector de Chiminangos tras las protestas de sus habitantes, Eder insistió en que “aquí no hay solución fácil”. De acuerdo con el alcalde, en ese sector del norte de Cali hay 288 torres construidas antes de 1985, antes de los códigos sísmicos, de las cuales 156 tienen sello rojo. Seis presentan daños muy graves y las otras 150 tienen afectaciones sobre todo en las escaleras. Los ingenieros entregarán los diseños de intervención en las próximas semanas, en un proceso que podría tardar hasta un mes antes de iniciar las obras. Aquí puede consultar cómo avanza la recuperación de Chiminangos.“Yo entiendo que hay desesperación, pero nosotros tenemos contacto permanente con la comunidad”, afirmó. El mandatario estimó que pasarán unos dos años hasta que estén terminadas las primeras torres de vivienda.Colegios y hospitales afectados por el terremotoEder reveló que más de 200 colegios resultaron afectados, 70 de gravedad, y ocho permanecen cerrados. En un momento llegaron a ser cerca de 60.000 estudiantes sin clases; hoy la cifra se acerca a los 15.000, y la meta es que todos regresen a las aulas antes de diciembre.Con recursos del sector privado se intervienen planteles como el Eustaquio Palacios, uno de los más grandes de la ciudad, a cargo de la Fundación Gilinski y la Fundación de la Primera Dama; el Nuevo Latir, en el oriente, donde ya iniciaron obras, y la institución educativa Antonio José Camacho, con 92 años de historia.En salud, el alcalde anunció mejoras en el Hospital Carlos Holmes Trujillo y aseguró que los cuatro hospitales nuevos que construye su administración resistieron el sismo sin problemas.Donaciones del sector privado para la reconstrucciónSobre los aportes de grandes donantes, Eder aseguró que los recursos están llegando a la gente: “100 % está llegando a la gente y creo que es un acto de tremenda generosidad”. Según sus cifras, el sector privado donó 1,6 billones de pesos a nivel nacional y cerca de 400.000 millones en Cali.El alcalde aclaró que ese dinero no ingresa al presupuesto público, sino que lo ejecutan las fundaciones privadas con direccionamiento de la Alcaldía. “No se dejen cuentear”, advirtió.Mercados para damnificados y partido de la SelecciónEder también destacó un programa con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), con aportes de un millón de dólares de Cali y otro millón de la agencia de Naciones Unidas, para entregar tarjetas de mercado a 20.000 familias. Según dijo, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, le confirmó que las ganancias del partido de la Selección en la ciudad irán para los damnificados y para apoyar este programa. Colombia y Chile se enfrentarán en un amistoso el 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, como se informó al anunciarse el partido. Al cierre, el mandatario reiteró que la recuperación trascenderá su mandato: “Yo seré el alcalde de Cali durante 1 año y 2 meses más y le voy a entregar todo cuerpo y alma a esta misión”. Y añadió: “Esto no es solo cifras, no solo edificios, hay familias y hay personas que lo perdieron todo”.
