El exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, continúa bajo observación médica tras sufrir un accidente mientras participaba en una competencia ciclística en Valledupar el pasado domingo.El incidente se registró durante la carrera Ruta del Capo, evento que reunió a decenas de aficionados al ciclismo en Valledupar. En medio del recorrido, una caída múltiple dentro del grupo de corredores terminó afectando al exgobernador, quien no logró esquivar el impacto.De acuerdo con versiones de participantes, se trató de una caída colectiva propia de la dinámica del pelotón, donde los ciclistas avanzan a alta velocidad y con poca distancia entre sí.Un movimiento brusco en la parte delantera habría generado un efecto en cadena que dejó a varios corredores en el suelo, entre ellos el exmandatario, quien no tuvo margen de reacción.Tras el accidente, Aguilar presentó varias lesiones de consideración, entre ellas fracturas en varias costillas, por lo que fue trasladado a un centro asistencial, donde inicialmente requirió manejo en cuidados intensivos.Con el paso de las horas, su condición ha mostrado mejoría y actualmente permanece estable y en proceso de recuperación, bajo supervisión médica, luego de ser trasladado a una unidad de menor complejidad.Fuentes cercanas indican que, si la evolución continúa siendo favorable, se evalúa su traslado a Bucaramanga en los próximos días para continuar con su tratamiento.El caso ha generado reacciones en distintos sectores de Santander, donde Aguilar es una figura política reconocida por su paso por la Gobernación y el Congreso.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exgobernador de Santander, Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, por presuntas irregularidades en la aprobación de una adición presupuestal superior a $4.000 millones destinada al mejoramiento de la vía secundaria que comunica a Vélez con Guavatá.Según informó el Ministerio Público, Aguilar habría avalado la adición a pesar de las deficiencias en el trámite del ajuste presupuestal y de la ausencia de estudios técnicos necesarios para su implementación.La Procuraduría delegada para el Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías señaló que “el entonces mandatario habría pasado por alto que no existían estudios de exploración geotécnica complementaria que permitieran determinar con precisión la estructura de contención adecuada para el corredor vial, entre otros aspectos técnicos exigidos”, dice en un comunicado.De acuerdo con el ente de control, el exgobernador pudo vulnerar las exigencias normativas de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, por lo que de manera provisional calificó su conducta como una falta disciplinaria grave cometida a título de dolo.El proceso disciplinario busca establecer si Aguilar Hurtado incurrió en actuaciones que comprometieron el uso adecuado de los recursos públicos destinados al desarrollo vial en el departamento.Esto se suma a la acusación de la Fiscalía delegada de ante la Corte Suprema de Justicia que acusó al exgobernador Mauricio Aguilar, por presuntamente haber incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.De acuerdo con el ente acusador, existe material probatorio suficiente para demostrar la presunta responsabilidad del exmandatario departamental en la comisión de estos delitos, relacionados con irregularidades en la contratación de dos convenios por más de $8.000 millones entre la Gobernación de Santander y el Canal TRO, destinados a la producción y transmisión de contenidos institucionales.Los convenios, uno por más de $2.700 millones y otro por $5.800 millones, tenían como objetivo la ejecución de un “plan de medios para mejorar la imagen institucional”. Sin embargo, según la Fiscalía, no se acataron las reglas del Estatuto de Contratación Pública y se omitieron varios procedimientos precontractuales.
La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.De acuerdo con el ente acusador, existe material probatorio suficiente para demostrar la presunta responsabilidad del exmandatario departamental en la comisión de estos delitos, relacionados con irregularidades en la contratación de dos convenios por más de $8.000 millones entre la Gobernación de Santander y el Canal TRO, destinados a la producción y transmisión de contenidos institucionales.Los convenios, uno por más de $2.700 millones y otro por $5.800 millones, tenían como objetivo la ejecución de un “plan de medios para mejorar la imagen institucional”. Sin embargo, según la Fiscalía, no se acataron las reglas del Estatuto de Contratación Pública y se omitieron varios procedimientos precontractuales.La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, presidida por el magistrado Ariel Augusto Torres, reconoció como víctimas en este proceso a la Contraloría de Santander y a la Gobernación de Santander.Con esta acusación se iniciará formalmente el juicio contra Mauricio Aguilar Hurtado, en el cual la Fiscalía Delegada ante el Alto Tribunal presentará las pruebas recopiladas, mientras que la defensa del exgobernador podrá exponer sus argumentos.Cabe recordar que Aguilar Hurtado se ha declarado inocente de los hechos que se le atribuyen. En los próximos días, la Sala anunciará las pruebas que se tendrán en cuenta dentro del juicio oral.
En audiencia que se realizó en la sala penal del Tribunal de Bogotá, el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Julio Ospino, le imputo cargos por peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien no los aceptó, por convenios interadministrativos para publicidad y manejo de imagen con el canal Regional TRO.Según expuso el fiscal Ospino, los convenios superan los $8.598 millones firmados en 2020 y 2021, no habrían tenido en cuenta principios esenciales de la contratación pública como planeación, publicidad y economía.“Se evidencia que fue el canal TRO el que presentó la propuesta para el posicionamiento de la Gobernación de Santander cuando la norma establece que debe ser la entidad la que haga el requerimiento (…) No existe un sustento de la necesidad y la conveniencia del contrato”, sustentó el fiscal.El fiscal también expuso que de parte de la Gobernación de Santander no hubo una explicación ni justificación del por qué los convenios se celebraron de manera directa.Respecto al presupuesto dijo: “hay ausencia del estudio del mercado y las actividades que se realizaron en el término del convenio no permiten identificar la manera, horarios, impactos ni manejo de publicaciones”.También se habría omitido el principio de publicidad por cuando los documentos y actos de contratación no fueron publicados en el Secop, solo a través de la página web de Gobernación de Santander.El fiscal Julio Ospino igualmente reveló que la escogencia de las empresas de comunicaciones a través de las cuales se haría la publicidad de la imagen de la Gobernación de Santander quedó a libre decisión del canal TRO y entre ellas destaca a tres, cuyos dueños y representantes legales son los padrinos de matrimonio del exgobernador Mauricio Aguilar.“En el delito de interés indebido en la celebración de contratos se destaca que hubo un direccionamiento para dar contratos a empresas que guardan cercanía personal con el exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y que incluso en el reporte de ingresos y gastos para la propaganda electoral en campaña aparecen como empresas aportantes, como es Sega y Mapa SAS cuyos representantes legales son Sergio Eduardo García Aragón y Martha Patricia Orejarena, padrinos de matrimonio del ex mandatario”, explicó el fiscal.También se habría cometido irregularidades en la contratación de medios sin experiencia y publicaciones que nunca se ejecutaron.
La Fiscalía General de la Nación imputará al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de tercero, por un controvertido contrato suscrito con el Canal Regional de Televisión, TRO, para el manejo de un plan de medios en 2021.La denuncia de este contrato fue realizada por Ferley Sierra, en ese momento diputado de Santander. A través de un debate de control político el dirigente del partido Verde reveló un presunto cartel de la contratación para pagarle a “falsos periodistas, periodistas, influencers y medios de comunicación fantasmas para hablar bien de la Gobernación”.“Ese convenio entre la Gobernación de Santander y el Canal TRO fue firmado el 11 de septiembre del 2020 por $2.750 millones y en el 2021 se renovó el contrato por un monto de $5.843 millones”, denunció en su momento el exdiputado Ferley Sierra.El exdiputado señaló a Blu Radio que algunos medios digitales de comunicación fueron contratados por el gobierno de Mauricio Aguilar “para atacarme en redes sociales y montar noticias falsas en mi contra”.Tras las graves denuncias interpuesta en el 2021, al Gobernación de Santander, afirmó que los convenios firmados con el Canal TRO para el manejo del plan de medios, divulgación y posicionamiento de la imagen institucional fueron legales.“Se mantuvo contacto con la persona designada por el Canal TRO para la designación y puesta en marcha de aquellos eventos y actos propios de la Gobernación de Santander que, en su momento, se determinaron de gran importancia para transmitir en los diferentes medios (…) En lo que respecta en el material compartido, también existió constante comunicación con el personal designado por el Canal TRO en los procesos de coordinación en lo que respecta a la aprobación de las piezas audiovisuales”, dijo en su momento Andrés Ardila, encargado de la Secretaría General de la Gobernación de Santander, en la época de Mauricio Aguilar.
La Procuraduría General de la Nación ha formulado pliego de cargos contra el exgobernador de Santander, Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, debido a posibles irregularidades en un contrato para una plataforma tecnológica destinada a brindar información durante la pandemia de covid-19. El valor del contrato superó los $1.000 millones.La decisión también incluye al exdirector técnico de la Dirección de Gestión del Riesgo del departamento, Cesar Augusto García Durán, y al entonces supervisor del contrato, Sergio Orlando Ferro Dávila.El contrato, cuyo objetivo era la atención a la comunidad en temas relacionados con el COVID-19 mediante un centro de atención telefónica, no se habría ejecutado conforme a la propuesta presentada por el contratista, la cual incluía el 100 % del personal ofertado. Sin embargo, la administración aparentemente pagó por un servicio que no fue prestado, a pesar de que los informes del supervisor del contrato reflejaban lo contrario a lo pactado. En este contexto, el órgano de control cuestionó la conducta del exgobernador Aguilar Hurtado, quien habría delegado en el director de Gestión del Riesgo la facultad contractual para el cumplimiento de la misión y funciones propias de su cargo. La Procuraduría también formuló cargos contra el mencionado exdirector de Gestión del Riesgo, quien firmó el contrato, y contra el supervisor del mismo, por haber suscrito y aprobado las actas de supervisión sin informar del incumplimiento del contratista.Las conductas investigadas fueron calificadas por el ente disciplinario como falta gravísima a título de culpa gravísima.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar por presuntas irregularidades en el contrato del call center (Centro de Atención Telefónica) instalado para atender emergencias por COVID-19.Por estas supuestas irregulares también deberán responder el exdirector de la Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento, César Augusto García Durán y Sergio Orlando Ferro Dávila, supervisor del contrato 541 de 2020. “Habrían incumplido su deber de verificación del contrato”, dice el informe del Ministerio Público.Los tres implicados en este proceso disciplinario deberá responder por la presunta comisión de una falta gravísima a título de culpa gravísima, porque “ninguno de los involucrados cumplió con su deber de verificar el contrato”, señala la Procuraduía.El contrato inicial con la empresa Advance Technologies & Solutions Grupus S.A.S. fue de $742 millones y luego de dos adiciones presupuestales firmados desde la Oficina de Gestión de Riesgo terminó constando más de $2.000 millones, señaló el congresista santandereano Fabián Díaz.Pandemia de COVID-19 redujo esperanza de vida, ¿cuántos años?“Este contrato tuvo un costo de más de 2.000 millones de pesos, se realizó sin ninguna justificación aparente y se prorrogó innecesariamente hasta diciembre del 2020. El contrato, según la denuncia, tuvo un valor inicial de 742 millones de pesos. Sin embargo, contó con una primera adición de 495 millones y otra adición de 944 millones”, dijo el congresista.El represente a la Cámara por Santander, Fabián Díaz, afirmó en su momento que “la ejecución de nueve meses del contrato del call center durante la pandemia no tenía ninguna funcionalidad, es decir, estaba operando, pero nunca se llegó a comprobar que este call center brindara los servicios por los cuales había sido contratado, hubo unas irregularidades con esa expansión del contrato”.Blu radio buscó al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, para conocer su versión de la investigación de la Procuraduría por el contrato COVID, pero no obtuvo respuesta.Otras investigaciones por contratos COVID-19 en SantanderCabe recordar que en el Ministerio Público adelanta varias investigaciones por irregularidades en contratos durante la pandemia del COVID-19 en el departamento de Santander.“La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al jefe de la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, César Augusto García Durán (2021-2022), por posibles irregularidades en los contratos de obra e interventoría para rehabilitar y recuperar la infraestructura de baterías sanitarias, en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y mitigación del covid-19 en el sector educativo”, dice el comunicado del órgano de control.La Procuraduría reprochó al exfuncionario por celebrar los contratos de obra y de interventoría por fuera del término señalado en el plan de acción, con lo cual habría incumplido el objetivo del componente educación.“García Durán debió utilizar los procedimientos de selección del contratista legalmente establecidos, que para el caso del contrato de obra era la licitación pública, y para la interventoría el concurso de méritos, dado que el régimen excepcional solo podía aplicarse hasta el vencimiento del plan de acción, fecha en la cual la obra tenía un avance del 0 %”, agrega.El investigado pudo transgredir el principio de transparencia de la contratación estatal, por presuntamente eludir los procedimientos de selección objetiva, dice la Procuraduría.
La Contraloría General de Santander envió una carta al gobernador Juvenal Díaz donde le explica que en una auditoria halló presuntos daños fiscales por $3.727 millones durante 2023 en la administración del exgobernador Mauricio Aguilar Hurtado.El informe preliminar de auditoría financiera y de gestión de la Contraloría de Santander señala que se hallaron 86 presuntas irregularidades fiscales con alcance administrativo, disciplinario, financiero, sancionatorio y penal, durante el último año de gobierno del exgobernador Mauricio Aguilar.“Tengo tranquilidad”: Mauricio Aguilar tras investigación por presunta parapolítica“En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección fundamento de la opinión negativa, el presupuesto del departamento de Santander, nivel central, a diciembre 31 del 2023, no presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de presupuesto, y demás normas concordantes”, se lee en el informe.Entre los hallazgos fiscales se encuentra las irregularidades en la construcción de un puente peatonal sobre el río Chicamocha que colapsó cuatro meses después de ponerse al servicio de la comunidad. Esa obra fue entregada por la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo a la empresa Construcciones y Soldaduras y la Contraloría determinó que el hallazgo fiscal es de $1.255 millones.También se hallaron presuntas irregularidades en contratos firmados en la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Infraestructura. El ente de control fiscal denunció que la Gobernación de Santander, en la vigencia de 2023, destinó de manera irregular recursos de capital para financiar gastos de funcionamiento, hecho que fue aprobado por la Asamblea de Santander.Otro presunto hecho irregular hallado es que en la administración de Mauricio Aguilar no se realizó el cobro coactivo del impuesto vehicular en las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023, por valor $123 millones.La Contraloría Departamental advierte que en la inspección hay 50 hallazgos administrativos, 24 de carácter disciplinario, 1 sancionatorio, 3 penales y 8 de carácter fiscal.El exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, una vez sea notificado por la Contraloría Departamental tendrá cinco días para responder por los hallazgos fiscales encontrados en su administración.
Polémica ha generado en Santander la licitación que ordenó reabrir Mauricio Aguilar el 26 de diciembre de 2023, cinco días antes de entregar su cargo como gobernador del departamento.La licitación se cerró el 5 de enero de 2024, presentando oferta los consorcios Prenautica de Cartagena y Vial PGE 3 de Bucaramanga.Se conoció que el mayor accionista del consorcio Vial PGE 3, es la empresa santandereana Pavigas del excandidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Luis Roberto Ordoñez.Para el veedor y consultor en contratación pública, Rodrigo Fernández, lo hecho por el exgobernador Mauricio Aguilar, antes de dejar cargo con una millonaria licitación “exprés” es cuestionable.“El proceso contractual estaba parado desde el mes de mayo, pero a cinco días de terminar su mandato (Mauricio Aguilar) se reabrió la licitación que deja muchas inquietudes. El 5 de enero se conoció que solo dos proponentes se presentaron. Es un hecho que genera controversia y deja muchas dudas”, manifestó Rodrigo Fernández a Blu Radio.El consultor en contratación pública manifestó que era de esperarse que solo se presentaran pocas ofertas en la licitación. “Era obvio, ya que en diciembre nadie estaba pendiente de una licitación a pocos días determinar un mandato, es una jugadita”, manifestó a esta cadena radial.Ahora será el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien defina si se adjudica la controvertida licitación o la declara desierta y abre un nuevo proceso.El 11 de enero la Secretaría de Infraestructura de Santander deberá presentar el informe de evaluación de las dos ofertas y el 25 de enero se llevará a cabo la audiencia de adjudicación.
Para las 5:00 de la tarde de este viernes 29 de diciembre citó el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, a sesión ordinaria a los miembros del Consejo Directivo de la autoridad ambiental de Santander, CAS, con el fin de elegir al nuevo director de esta entidad.Dice la comunicación que se trata de una citación excepcional con carácter de urgencia basada en un artículo de los estatutos de la CAS que habla de la autonomía de la entidad para citar a sesiones ordinarias o extraordinarias.Así las cosas, el punto 3 de la convocatoria tiene el siguiente propósito:"Análisis de la situación jurídica de la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, de cara a la finalización del periodo institucional 2020 – 2023, que obliga al Consejo Directivo de la entidad a tomar las decisiones que en derecho correspondan ante la manifiesta necesidad de evitar vacíos de poder a partir del 01 de enero de 2024”.Esta nueva convocatoria se da en medio de las críticas, decisiones judiciales y una advertencia de la Procuraduría que tienen suspendido el proceso de elección del nuevo director de la CAS.En la pasada citación, que se cumplió el 26 de diciembre, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, dio a conocer la lista de elegibles, hecho que, para la Procuraduría, sería avanzar en un proceso de designación del nuevo director de la CAS sin tener en cuenta decisiones judiciales.En su momento esto dijo el gobernador Aguilar a través de su cuenta en X.El nuevo director de la autoridad ambiental de Santander se elegirá para un período de cuatro años a partir del 1 de enero de 2024.Le puede interesar:
Mediante un comunicado conjunto, los partidos Centro Democrático, Liberal, Conservador, De La U y Cambio Radical anunciaron su respaldo a la candidatura de Jorge Eliecer Laverde para la elección de Contralor General de la República prevista para mañana 12 de agosto.El documento fue firmado por el presidente del partido Conservador, Efraín Cepeda, el dirigente liberal Simón Gaviria, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, la codirectora del Partido de La U, Clara Luz Roldán, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, y los codirectores de Cambio Radical, Fuad Char y Enrique Vargas Lleras.En él resaltan que esta decisión “nace del convencimiento de que el Dr. Laverde Vargas reúne las más altas condiciones profesionales, técnicas y humanas para ejercer esta importante responsabilidad, respaldadas por una reconocida trayectoria, amplia experiencia y profundo conocimiento de los asuntos públicos”.Los dirigentes políticos resaltan su liderazgo, solvencia profesional y visión institucional constituyendo una garantía para “ejercer con independencia, transparencia y rigor la dirección del máximo organismo de control fiscal del país”.Con este respaldo, sumado a los cinco congresistas del Partido ASI y del congresista del Partido Demócrata Colombiano, Laverde sumaría aproximadamente 162 votos de los 285 congresistas que integran el Senado y la Cámara de Representantes.
Tres movimientos telúricos fueron registrados en Santander durante este martes 11 de agosto, con epicentros en Chipatá y Los Santos, generando leves vibraciones que fueron percibidas principalmente en edificios altos de Bucaramanga y municipios del área metropolitana, así como en otras localidades del oriente del país.De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano, el primer evento ocurrió a las 2:28 de la madrugada, con una magnitud de 3,6 y una profundidad de 151 kilómetros, teniendo como epicentro el municipio de Los Santos, Santander.Posteriormente, a las 3:14 de la tarde, se registró otro movimiento sísmico, esta vez de magnitud 3,0 y una profundidad de 155 kilómetros, nuevamente con epicentro en Los Santos.El tercer temblor ocurrió a las 5:29 de la tarde, con una magnitud de 3,6 y una profundidad de 125 kilómetros, localizado en jurisdicción de Chipatá, Santander.Los movimientos fueron percibidos levemente en sectores de Bucaramanga y su área metropolitana, además de Barrancabermeja y otros municipios del oriente del país. La profundidad de los eventos hizo que, aunque fueran sentidos por algunos habitantes, su impacto en superficie fuera limitado.Los organismos de socorro y las autoridades realizaron verificaciones en diferentes sectores y, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, daños estructurales ni otras afectaciones derivadas de los tres movimientos telúricos.Santander es una de las zonas del país con mayor actividad sísmica, particularmente el sector de Los Santos, conocido por concentrar una importante cantidad de movimientos telúricos debido a las condiciones geológicas de la región.Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica y recomiendan a la comunidad conservar la calma y reportar cualquier situación que pueda estar relacionada con los movimientos de tierra.
Cifras entregadas por el presidente Abelardo De La Espriella dieron a conocer que, hasta ahora, alrededor de 807 instituciones educativas terminaron afectadas por el fuerte terremoto de este 10 de agosto, en especial en zonas del Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Quindío y Caldas como los departamentos más afectados de esta emergencia.Asimismo, de acuerdo con el reporte más reciente de Asocapitales, Pereira registra 60 centros educativos comprometidos, mientras que en Manizales hay 24 colegios con afectaciones calificadas como críticas. En Quibdó, Chocó, la situación es aún más delicada, pues cuatro edificaciones educativas colapsaron como consecuencia del terremoto.Morat donará para la reconstrucción de colegios tras terremotoAnte esta situación, a través de sus redes sociales, la banda bogotana Morat tomó la decisión de sumarse a la ayuda y recuperación de estos centros educativos, por eso, confirmó que parte de las ganancias de sus conciertos en Bogotá este mes de agosto serán donadas para esta tarea, además de que dispondrán centros de donación en el Movistar Arena durante las fechas en las que se van a presentar.La residencia de Morat en el Movistar Arena, con boletería agotada en sus seis fechas, se convertirá así en un espacio para que el público se sume a la respuesta ante la emergencia durante los conciertos del 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto."Nos duele mucho los daños que se han generado en los colegios en los que llevamos trabajando desde hace ya bastante tiempo. Sabemos que es difícil saber con qué ayudar, pero nosotros venimos hoy a ustedes con dos propuestas que tenemos para esta semana, que además vienen nuestros conciertos. Entonces, la primera es que en todos los puntos de merch del Movistar Arena, nuestros conciertos acá en Bogotá, así como en la taquilla de tu boleta al Movistar Arena, vamos a tener habilitados puntos de donación para la atención de emergencia. Y esto todo se va a hacer a través de UNICEF. ¿Por qué UNICEF? Es porque es una organización con la que llevamos trabajando ya varios años y a través de ellos podemos asegurarnos de que las ayudas lleguen de manera responsable y que respondan a las necesidades y prioridades reales de esta emergencia", expresaron.
De acuerdo con información conocida por la Defensoría del Pueblo, tres campesinos, entre ellos una mujer de 44 años, habrían resultado heridos durante la operación contra el ELN en el Catatumbo.Según la entidad, los hechos también habrían provocado desplazamientos forzados hacia la cabecera municipal de El Tarra. Por esta razón, la entidad pidió a las autoridades garantizar atención humanitaria y solicitó a la Fuerza Pública reforzar la planeación de sus operaciones para prevenir afectaciones a la población civil.Le puede interesar: Al menos 12 ataques terroristas se registraron en medio de la posesión de De la Espriella“Nuestros equipos en territorio se están movilizando para apoyar las labores de articulación institucional y verificación de la situación, en coordinación con las personerias municipales para hacer seguimiento a las necesidades de protección y atención de las comunidades afectadas”.Frente a lo ocurrido, la representante a la Cámara por Norte de Santander, Diana Riveros, pidió que las acciones de seguridad en el Catatumbo tengan como prioridad la protección de las comunidades.“La lucha contra los grupos armados ilegales es una responsabilidad del estado, pero en cualquier circunstancia, la vida y la integridad de la población civil deben ser una prioridad. (…) A los grupos armados les pido, no involucren a la población civil en el conflicto. A las autoridades garanticen proteger a quienes nada tienen que ver con la confrontación”, señaló.
Tras el terremoto que sacudió a Colombia, el impacto emocional puede permanecer incluso después de que termine la emergencia. Natalia Escobar, psicóloga clínica y tanatóloga especialista en acompañar procesos de duelo, explicó en Voz Populi que las primeras reacciones no necesariamente corresponden a un duelo, pues muchas personas pueden estar atravesando todavía un estado de shock.No todas las personas reaccionan de la misma maneraLa especialista explicó que el shock es una reacción inmediata de protección en la que el cuerpo prioriza la supervivencia. Por eso, algunas personas pueden mostrarse aparentemente tranquilas, mientras otras lloran, sienten nervios, se bloquean o permanecen revisando las noticias constantemente.“Eso no es falta de empatía ni de amor, es que tu cuerpo todavía no puede cargar con todo el peso de lo que pasó”, explicó Escobar. Según la psicóloga, el duelo puede aparecer posteriormente, cuando la persona comienza a asimilar lo ocurrido, y no necesariamente llega al mismo tiempo para todos.Por esta razón, la experta hizo énfasis en que no existe una reacción emocional que pueda considerarse correcta o incorrecta. “Ninguna reacción es la correcta ni la incorrecta”, aseguró, al recomendar que durante los primeros días no se intente forzar la normalidad.Recuperar la rutina poco a pocoEntre sus recomendaciones, Escobar planteó recuperar las actividades básicas de manera gradual. “No es forzar la normalidad, sino recuperarla en pequeñas dosis: comer, tomar agua, descansar, estar cerca de personas conocidas y tener listo un plan familiar de emergencia”, señaló.También recomendó limitar la exposición constante a las noticias. En su concepto, las personas pueden elegir una fuente confiable de información y consultarla en horarios determinados, en lugar de permanecer durante todo el día viendo videos o contenidos relacionados con la tragedia.“Ver videos todo el día no los informa más, solo los mantiene en alerta constante”, afirmó la psicóloga. Para quienes sienten que el movimiento de la tierra continúa incluso cuando ya no está ocurriendo, propuso concentrarse en elementos concretos del entorno: mirar la habitación, identificar cinco cosas que estén viendo, sentir los pies sobre el piso y respirar lentamente.Acompañar sin presionar a quienes sufrieron pérdidasLa especialista también se refirió a las personas que perdieron familiares, amigos, viviendas u otros elementos importantes durante la emergencia. En estos casos, pidió evitar frases que presionen a las víctimas para que aparenten fortaleza o superen rápidamente lo ocurrido.“Un duelo así no maneja calendarios”, explicó Escobar, quien aconsejó no atravesar el proceso en soledad y no intentar cerrarlo antes de tiempo. Además, recomendó a quienes acompañan a las familias no entregar respuestas que no tienen ni hacer promesas que no pueden cumplir.“Es más honesto decir: no tengo una respuesta, pero puedo quedarme contigo y convertir esa presencia en algo útil”, indicó. Esa ayuda, explicó, puede traducirse en acciones concretas como hacer llamadas, llevar agua o acompañar a las familias durante la búsqueda de sus seres queridos.La psicóloga también pidió no minimizar las pérdidas materiales. "Perder una casa no es una pérdida material y ya. Ahí vivían la seguridad, las rutinas, los recuerdos, y eso se llora igual que se llora cualquier otra pérdida real", recalcó la experta.¿Cuándo buscar ayuda profesional?Escobar aclaró que sentir miedo o tener dificultades para dormir inmediatamente después de una tragedia no significa necesariamente que exista un problema grave de salud mental. Sin embargo, recomendó buscar acompañamiento profesional cuando el sufrimiento sea muy intenso o continúe interfiriendo con actividades cotidianas.“Si semanas después les sigue interfiriendo con el sueño, con el trabajo, con sus relaciones, mi recomendación es clara: busquen por favor acompañamiento profesional. No esperen a que se les pase solo”, manifestó.Finalmente, la especialista hizo un llamado a quienes están lejos de las zonas afectadas para que también contribuyan de manera responsable: verificar la información antes de compartirla, donar mediante canales confiables y preguntar qué necesitan realmente las comunidades.