La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exgobernador de Santander, Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, por presuntas irregularidades en la aprobación de una adición presupuestal superior a $4.000 millones destinada al mejoramiento de la vía secundaria que comunica a Vélez con Guavatá.
Según informó el Ministerio Público, Aguilar habría avalado la adición a pesar de las deficiencias en el trámite del ajuste presupuestal y de la ausencia de estudios técnicos necesarios para su implementación.
La Procuraduría delegada para el Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías señaló que “el entonces mandatario habría pasado por alto que no existían estudios de exploración geotécnica complementaria que permitieran determinar con precisión la estructura de contención adecuada para el corredor vial, entre otros aspectos técnicos exigidos”, dice en un comunicado.
De acuerdo con el ente de control, el exgobernador pudo vulnerar las exigencias normativas de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, por lo que de manera provisional calificó su conducta como una falta disciplinaria grave cometida a título de dolo.
El proceso disciplinario busca establecer si Aguilar Hurtado incurrió en actuaciones que comprometieron el uso adecuado de los recursos públicos destinados al desarrollo vial en el departamento.
Esto se suma a la acusación de la Fiscalía delegada de ante la Corte Suprema de Justicia que acusó al exgobernador Mauricio Aguilar, por presuntamente haber incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
De acuerdo con el ente acusador, existe material probatorio suficiente para demostrar la presunta responsabilidad del exmandatario departamental en la comisión de estos delitos, relacionados con irregularidades en la contratación de dos convenios por más de $8.000 millones entre la Gobernación de Santander y el Canal TRO, destinados a la producción y transmisión de contenidos institucionales.
Los convenios, uno por más de $2.700 millones y otro por $5.800 millones, tenían como objetivo la ejecución de un “plan de medios para mejorar la imagen institucional”. Sin embargo, según la Fiscalía, no se acataron las reglas del Estatuto de Contratación Pública y se omitieron varios procedimientos precontractuales.
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