Por no atender, presuntamente, 13 recusaciones durante el proceso de elección del Consejo Directivo de la Autoridad Ambiental de Bucaramanga, CDMB, en 2023, la Fiscalía imputó por prevaricato por acción al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar.
Según el ente de investigación penal, el exmandatario presuntamente “desatendió varias recusaciones presentadas en su contra y otros participantes para que se apartaran de la votación por un posible conflicto de intereses”, dice el comunicado de la Fiscalía.
Los elementos materiales probatorios indican que presuntamente dio continuidad al proceso y permitió que cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga fueran escogidos para conformar el Consejo Directivo de la CDMB.
La elección fue anulada por el Tribunal Administrativo de Santander, decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Consejo de Estado. Para la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que dirige la investigación, “el exgobernador Aguilar Hurtado profirió una determinación contraria a la ley al omitir el trámite legalmente establecido para las recusaciones, situación que permitió a funcionarios cuestionados participar en las votaciones y conllevó a viciar el proceso”.
La reunión que se realizó en Bucaramanga estuvo marcada por un ambiente de protestas que desde muy temprano se agitaron con la llegada del gobernador de Santander, puesto que habitantes de Suratá protestaban por la sanción de la que fue objeto, en su momento, su alcaldesa, Ana Francisca Coronado, por parte de la Contraloría por un contrato de adquisición de maquinaria amarilla pocas horas antes de la asamblea, lo cual la dejaba por fuera de la votación.
Así es que Coronado denunció ante la asamblea general de la Cdmb que recibió presiones desde la Gobernación de Santander para que cambiará su voto en la elección de los nuevos representantes de la entidad y, tras negarse, fue suspendida.
De igual forma, el hoy exalcalde de Vetas, Hernán Bautista, argumentó que había sido objeto de presiones, al parecer, por parte de la Gobernación de Santander para cambiar su voto y, al negarse, la Contraloría departamental le abrió una investigación por un acueducto veredal.
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