La representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunció presuntas irregularidades en la designación de la agente interventora del Hospital de Nazareth, en Uribia, La Guajira.
Según sus declaraciones, el nombramiento de Nelvis Yudian Guerra habría sido influenciado por el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y su esposa, Beatriz Gómez Consuegra, quien ocupa el cargo de superintendente delegada para prestadores en la Superintendencia Nacional de Salud.
De acuerdo con la congresista, existiría una posible red de favores dentro del sistema de salud, en la cual hospitales que reciben recursos para infraestructura por parte del ministerio, luego son intervenidos por la Superintendencia, y en ese proceso se designan directivos que responden a intereses personales.
Todo indica que donde el ministro gira recursos, su esposa interviene para ubicar personas de su confianza”, afirmó Pedraza.
En este caso, la parlamentaria puso en duda que la funcionaria cumpla con los requisitos exigidos para liderar el Hospital de Nazareth. Sostiene que su experiencia no se ajusta a lo estipulado por las resoluciones 11467 de 2018, además del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que establece al menos tres años de experiencia en dirección o asesoría de entidades del sector salud.
“La señora Gómez Consuegra asegura que su recomendada cumple con lo necesario, pero según las normas vigentes, no es así. Esta situación compromete la legalidad del proceso y podría estar vulnerando principios de transparencia y mérito en el sector salud”, denunció la congresista.
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Ante estos señalamientos, Pedraza anunció que acudirá a los organismos de control para que se investigue la situación y se determine si hubo alguna actuación indebida. La congresista también hizo un llamado a la Superintendencia y al Ministerio de Salud para que den explicaciones públicas y garanticen que estos procesos se rijan por criterios técnicos y no por vínculos familiares o políticos.
Por ahora, ni el ministro Jaramillo ni la Superintendencia han respondido oficialmente a las denuncias. La situación sigue generando preocupación entre sectores políticos y ciudadanos que exigen transparencia en la gestión pública.
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