La senadora Jennifer Pedraza reaccionó a las disculpas y el arrepentimiento expresados por Juliana Guerrero durante la audiencia en la que reconoció su responsabilidad por la presentación de títulos falsos, caso por el que fue condenada. La congresista, quien impulsó las denuncias que destaparon el escándalo, puso en duda la sinceridad de la intervención de Guerrero y fue contundente al referirse a sus declaraciones.“Honestamente me parece un libreto que le mandaron a leer”, dijo en entrevista con Recap Blu.Pedraza explicó que, a su juicio, el discurso de Guerrero habría respondido a una estrategia para obtener el acuerdo judicial y, al mismo tiempo, desvincular a otras personas relacionadas con la Fundación Universitaria San José. “Me parece que le mandaron a decir: 'Esto es lo que usted tiene que decir, y además salve de una vez ahí a Francisco Pareja y Stefany Camacho'”, afirmó la senadora, al cuestionar que durante su intervención Guerrero hubiera señalado que nunca habló con quienes, según Pedraza, tenían posiciones de poder dentro de la institución.Condena por tres añosLa congresista también manifestó reparos frente a la forma en que se produjo el reconocimiento de responsabilidad.“Juliana ni siquiera había ido a las anteriores audiencias, tampoco fue a la audiencia de conciliación de la Corte Suprema de Justicia”, sostuvo. Pedraza aseguró que las pruebas recopiladas durante su investigación fueron determinantes para que Guerrero aceptara su responsabilidad y rechazó que se presente el caso como un simple episodio relacionado con una joven involucrada en un escándalo.Para la senadora, el proceso judicial contra Guerrero no debería cerrar la investigación sobre lo ocurrido en la Fundación Universitaria San José. La senadora aseguró que durante sus indagaciones encontró “770 títulos irregulares” y planteó que podrían existir más personas involucradas. “Aquí puede haber una cosa mucho más profunda”, afirmó, al considerar que el caso de Guerrero podría ser apenas una parte de un problema de mayores dimensiones en el sector educativo.Finalmente, Pedraza relacionó sus cuestionamientos con la defensa del mérito y el acceso a la educación, especialmente entre los jóvenes que realizan esfuerzos económicos para obtener títulos profesionales. “Mientras tanto, los cargos de la función pública, que deberían ser para los mejores, siguen repartiéndose por palanca y no por mérito”, concluyó.
La representante a la Cámara y senadora electa, Jennifer Pedraza, jefa de debate de Sergio Fajardo, manifestó su profunda preocupación por la falta de independencia del candidato Iván Cepeda frente a la administración del presidente Gustavo Petro. Dijo que las posturas del jefe de Estado están alejando a los sectores de centro.Para Pedraza, el escenario electoral actual resulta "absolutamente incómodo". Si bien enfatizó su rechazo categórico a la candidatura de Abelardo de la Espriella, a quien calificó como una amenaza para la democracia y la educación pública, fue igual de crítica con la gestión política del oficialismo. La parlamentaria cuestionó si Cepeda tiene la capacidad de marcar una agenda propia, alejada de las directrices de la Casa de Nariño."Espero que Cepeda se ponga los pantalones"Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la inquietud sobre la autonomía del candidato Cepeda. Ante la reciente insistencia del presidente Petro sobre la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y su negativa a reconocer resultados electorales, Pedraza fue enfática en su exigencia política.“Para mí, lo que yo esperaría de un candidato presidencial como Iván Cepeda es que se pusiera los pantalones, que asumiera la dirección de su campaña, que se apartara de este tipo de posturas del presidente Petro y que pudiera tender diálogos con posturas diversas del sector político que somos honestas”, afirmó la senadora electa.Para Pedraza, es incomprensible que el proyecto político de Cepeda no sea capaz de distanciarse de las declaraciones que, a su juicio, solo fortalecen a la oposición. "Parece que ni siquiera Iván Cepeda tiene autonomía y libertad para apartarse de las posturas del presidente", añadió, cuestionando la estrategia de comunicación de la campaña oficialista.Condiciones de Pedraza para el diálogo y posturas "impajaritables"La senadora aclaró que, aunque el centro político colombiano se encuentra en un periodo de deliberación, existen puntos que ella denomina "impajaritables" para cualquier conversación futura. Entre estos temas, destacó la necesidad de desistir de la apuesta por una constituyente, la atención urgente a la crisis del sistema de salud y una estrategia clara para enfrentar la crisis de seguridad nacional."El resultado de las urnas es contundente. Si convocan mañana una constituyente, los derechos de las minorías, de las mujeres, de las personas con una orientación sexual diversa son los primeros que están bajo ataque", advirtió la congresista.El centro ante una encrucijada electoralPedraza también hizo un balance sobre la violencia política que, según afirma, ha sufrido el sector del centro por parte del petrismo durante los últimos seis años. Recordó cómo las constantes descalificaciones hacia Sergio Fajardo han fragmentado cualquier posibilidad de unidad y advirtió que "al presidente Petro le molestan más los proyectos alternativos que los proyectos de la derecha".La parlamentaria subrayó que, a pesar de la animadversión que siente hacia el proyecto de Abelardo de la Espriella, la actitud del presidente Petro, al desconocer los resultados electorales, "aleja completamente de la decisión de votar por Iván Cepeda". Concluyó señalando que el debate actual en el país es mucho más grande que sus vivencias personales o rencores políticos y reafirmó que cualquier apoyo en la segunda vuelta estará supeditado a que se garanticen los valores democráticos y la independencia frente al gobierno de turno.
La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) 2026 tuvo un giro inusual: tres políticos en ejercicio llegaron no como invitados de protocolo, sino como autores: Jennifer Pedraza, Luz María Zapata y Alejandro Toro presentaron libros que, cada uno desde su trinchera, dialogan directamente con sus trayectorias políticas y con los debates más urgentes del país.Jennifer Pedraza: de los pasillos de la Nacional al CongresoLa representante a la Cámara por Bogotá —y senadora electa para el periodo 2026-2030— presenta Manual para no obedecer (Editorial Planeta), una obra que ella misma define como un manual de combate, no de memorias. El libro parte de una escena que marcó su irrupción en la política: en 2018, cuando tenía 21 años y llegó al Congreso a exigir más presupuesto para la educación pública, un senador uribista le anunció que tenía treinta segundos para terminar. Le quitaron el micrófono. Cuatro años después, volvió al mismo recinto como congresista.Pedraza, economista de la Universidad Nacional y representante estudiantil ante el Consejo Superior entre 2018 y 2021, reconstruye cómo su generación salió a las calles, presionó en las urnas y llegó al Congreso. El libro narra desde el techo derrumbado de la Universidad Nacional hasta las protestas que sacudieron el país, pasando por la llegada de Gustavo Petro al poder y la posterior decepción que trajo el cambio prometido. Su narrativa tipo "manual de acción" —que deja aprendizajes, no solo anécdotas— lo convierte en una lectura subrayable, pensada para estudiantes, líderes juveniles y formadores políticos.Luz María Zapata: entre rola y paisa, el liderazgo desde las regionesRolaisa, de la Unidad de Proyectos de la Editorial Planeta, es el debut literario de Luz María Zapata, quien hasta el 6 de mayo de 2026 fue fórmula vicepresidencial del excanciller Luis Gilberto Murillo. El título lo dice todo: "rola" más "paisa", una fusión que sintetiza una identidad construida entre Pereira y Bogotá, entre regiones y centros de decisión.Más que una autobiografía, la obra es un testimonio sobre resiliencia, identidad femenina y poder. Politóloga de los Andes con maestría en Inteligencia Emocional del Rosario y formación en la Escuela de Gobierno de Harvard, Zapata narra su llegada a espacios históricamente dominados por hombres y su aprendizaje de que el liderazgo no consiste en ocupar cargos, sino en construir consensos y relaciones de confianza. Con más de veintidós años en escenarios gremiales, sociales y políticos, su libro propone una conversación sobre estilos de liderazgo más humanos y conectados con las realidades del país.Alejandro Toro: inteligencia artificial como disputa por el poderEl representante antioqueño Alejandro Toro llega a la FilBo con el ensayo El fin del control humano, el más técnico y geopolítico de los tres. Máster en Inteligencia Artificial por la Universidad Guglielmo Marconi de Italia, columnista con más de 200 textos publicados y ponente en 30 países, Toro plantea una advertencia que trasciende lo tecnológico: el poder está pasando de los Estados a las grandes corporaciones tecnológicas sin que la democracia alcance a reaccionar.Apoyado en estimaciones del FMI que advierten que hasta el 40 % del empleo global podría verse afectado por la automatización, el libro examina cómo la inteligencia artificial reconfigura el empleo, los sistemas de seguridad y la gobernanza. Toro, autor del proyecto de ley que propone prohibir las armas autónomas letales en Colombia, convierte su experiencia legislativa en argumento: no se trata de frenar la tecnología, sino de decidir quién define sus límites y bajo qué intereses.Los tres libros comparten un rasgo común: son políticos escribiendo desde adentro, no desde el retiro. No son memorias de fin de carrera sino tomas de posición en plena actividad. En eso radica su valor.
La reaparición de Juliana Guerrero en la Universidad Popular del Cesar reavivó la polémica política en el departamento y encendió las críticas desde el Congreso. En entrevista con Recap Blu, la representante Jennifer Pedraza lanzó duros señalamientos y aseguró que la funcionaria “está pavimentando su camino hacia la Gobernación del Cesar”.La congresista se refirió a la presencia de Guerrero en la posesión del nuevo rector de la institución, donde actualmente se mantiene como delegada del Gobierno Nacional en el Consejo Superior Universitario. Según Pedraza, esta continuidad desconoce las peticiones del movimiento estudiantil, que ha solicitado al presidente Gustavo Petro su retiro del cargo.Pedraza fue enfática en señalar que existe un proceso legal en curso contra Guerrero y que su equipo espera avanzar tanto en una acción popular como en un proceso penal. "Todos los medios regionales del César afirman que ella está pavimentando su camino hacia la gobernación", dijo la representante en Recap Blu.Además, mencionó que Guerrero ha participado en eventos recientes durante el Festival Vallenato en Valledupar, donde —según la denuncia— habría organizado una celebración con altos costos para consolidar alianzas políticas.Para Pedraza, estos movimientos evidencian una articulación con sectores tradicionales de la política regional. En ese sentido, mencionó a figuras como Ape Cuello y Didier Lobo, a quienes señaló como aliados clave dentro de un entramado político que, según ella, contradice los principios de renovación que promueve el Gobierno."Lo más descarado es que parece que Juliana Guerrero aspira a ser la gobernadora del César. Entonces nosotros creemos que un proceso penal, y vamos a ir hasta el final en este proceso penal en contra de Juliana Guerrero, esperamos que la justicia actúe, que no se quede engavetado este caso, de manera que ella tenga que rendir cuentas ante la justicia", agregó.Finalmente, Pedraza afirmó que dos de los "socios" de Juliana Guerrero en es región del país para lograr su aspiración a la gobernación son Ape Cuello, representante de la Cámara por el Partido Conservador, y Didier Lobo, senador de Cambio Radical.
La Fundación San José vuelve a estar envuelta en una polémica ante el ojo público, esta vez por una fuerte denuncia de parte de la representante y futura senadora Jennifer Pedraza, quien expuso presuntas irregularidades en la expedición de títulos universitarios en donde también estaría envuelto el representante legal, Francisco Pareja, que estaría en la misma situación."Es una investigación en la que nosotros llevamos varios meses y me sorprende que yo la pueda hacer con mi equipo de 3 personas dedicadas a este trabajo, mientras que el ministro de Educación, que tiene una subdirección para investigar estos casos y para sancionar y para hacer inspección, vigilancia y aseguramiento de la calidad, no sean capaces de hacer nada frente a esta realidad”, dijo en diálogo con Recap de Blu Radio.Pedraza fue enfática en señalar que el caso de Juliana Guerrero no es aislado, sino que forma parte de un entramado más amplio. Según explicó, la investigación que lidera evidencia que múltiples títulos habrían sido otorgados sin cumplir requisitos académicos esenciales, como la presentación de las pruebas Saber Pro.“Yo aquí lo que les estoy demostrando es que el ministro de Educación lo que ha hecho es actuar de manera cómplice para no tocar a la San José. ¿Por qué? Porque los dueños de la San José, el mismo representante legal Francisco Pareja, sobre el cual yo estoy haciendo esta denuncia hoy, es aliado político de Armando Benedetti. No olviden que Francisco Pareja fue representante a la Cámara por el partido de la U en fórmula con Armando Benedetti. No olviden que fue concejal de Bogotá. No olviden que a él se le ha presentado siempre como si fuese ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, y la realidad es que no tiene títulos universitarios legales en este momento”, puntualizó.
La representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, radicó en la noche de ayer, 19 de febrero, una solicitud de moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ante la Cámara de Representantes. Para que la solicitud sea presentada formalmente se requieren 20 firmas de otros congresistas. Por ahora, el documento ya cuenta con el apoyo de 12 de ellos, encabezados por Pedraza.Entre los firmantes se encuentran los congresistas Julia Miranda, Catherine Juvinao, Daniel Carvalho, Alejandro García, Katherine Miranda, Juan Sebastián Gómez, Juan Carlos Losada, Carolina Arbeláez, Carolina Giraldo y Óscar Rodrigo Campo. Además, la iniciativa también ha recibido respaldo ciudadano, pues en menos de 12 horas se han recogido cerca de 600 firmas en apoyo al debate de la moción de censura.En el documento, firmado por Pedraza, se solicita la citación a debate del ministro Jaramillo, al considerar que existen “circunstancias graves que comprometen la adecuada conducción del Ministerio” y fallas en la garantía del derecho fundamental a la salud, particularmente en la dirección, orientación y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud.Los argumentos que presenta la congresista son cuatro y se basan en la exposición de hechos que, según el documento, podrían demostrar responsabilidades políticas del ministro. En primer lugar, se señala el aumento sostenido de acciones de tutela por la negación o entrega tardía de medicamentos y servicios. De acuerdo con la proposición, este comportamiento, advertido por la Defensoría del Pueblo, evidencia una falla estructural del sistema y refleja deficiencias en el ejercicio de las funciones de dirección del Ministerio.En segundo lugar, se menciona la crisis en el acceso y la continuidad en la entrega de medicamentos, con interrupciones de tratamientos, represamiento en la dispensación y demoras reiteradas en la asignación de citas médicas en distintos territorios del país. De acuerdo con el texto, estas situaciones vulneran los principios de disponibilidad, accesibilidad, continuidad y oportunidad establecidos en la Ley Estatutaria de Salud.Otro de los hechos que sustentan la moción apunta a deficiencias en la dirección, el seguimiento y el control del sistema de salud, en un contexto de dificultades financieras de varias entidades, problemas en el flujo de recursos y ausencia de medidas estructurales acordes con la magnitud de la crisis. Para los firmantes, esta situación compromete la responsabilidad política del ministro.Finalmente, el documento incluye cuestionamientos a manifestaciones públicas del ministro frente a casos de pacientes afectados por barreras en el acceso a los servicios. Entre ellos, se refieren a las declaraciones relacionadas con el caso del menor Kevin Acosta, que, según el documento, han sido percibidas por familiares y organizaciones de pacientes como revictimizantes o carentes de empatía.Al respecto, la representante que lidera la solicitud fue enfática. “Es inadmisible un ministro que se ha referido de manera displicente a la crisis de los trabajadores del sistema de salud, diciendo que ‘los ricos también lloran’. Un ministro que ha revictimizado a la madre de Kevin Acosta, el menor que falleció hace pocos días por falta de acceso a sus medicamentos para tratar la hemofilia”, señaló Pedraza.Una vez se completen las 20 firmas en la carta y se confirme formalmente la solicitud, los congresistas esperan que se defina la fecha para el debate en plenaria.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza lanzó una dura crítica al Gobierno nacional y al Ministerio de Educación por lo que calificó como una grave negligencia frente a las irregularidades detectadas en la Fundación Universitaria San José, institución señalada de presunta compra y venta de títulos profesionales. En entrevista con Recap Blu, la congresista le respondió al presidente Gustavo Petro al afirmar que ella no está persiguiendo a mujeres empobrecidas y trabajadoras, pues ellas no compran títulos universitarios, por el contrario, lo sucedido , según ella, es un irrespeto hacia las trabajadoras y jóvenes de escasos recursos."Las mujeres trabajadoras, jefas de hogar, empobrecidas están estudiando, presidente, no tienen 9 millones de pesos en el bolsillo para salir a comprar títulos falsos para después ser contratadas en su Gobierno", afirmó la congrista en Blu Radio.Pedraza aseguró que, tras varios meses de investigación, lo más preocupante no es un caso aislado (Juliana Guerrero), sino la inacción institucional. Según explicó, desde marzo el Ministerio de Educación tenía conocimiento de las anomalías en la Fundación Universitaria San José, pero aun así se habrían presentado al menos 779 registros irregulares de personas que no aparecen correctamente reportadas en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), herramienta clave para verificar la legalidad de los títulos."Eso es una traición muy clara a las personas trabajadoras que honestamente están intentando salir adelante para que el Gobierno después termine contratando en altísimos cargos, porque no olviden que Juliana iba a ser viceministra de Juventudes y a ganar 17 millones de pesos con títulos comprados", añadió.Entre esos hallazgos, la representante destacó que 516 personas habrían sido contratadas en 2025, lo que abre la hipótesis de que funcionarios o contratistas del Estado pudieron obtener títulos “exprés” para cumplir requisitos laborales. Aunque aclaró que será la Fiscalía la encargada de establecer responsabilidades penales, Pedraza señaló que la principal carga recae sobre la institución educativa y sobre el ministerio, al no haber intervenido oportunamente.Otro punto crítico revelado en la investigación es la expedición de títulos sin el cumplimiento de requisitos básicos, como la presentación de las pruebas Saber Pro. Pedraza indicó que se identificaron al menos 35 casos con características similares al de Juliana Guerrero, exviceministra designada, quien no habría cursado materias ni presentado exámenes obligatorios antes de recibir su diploma.La congresista también denunció obstrucción a su labor de control político, asegurando que la Fundación Universitaria San José se negó sistemáticamente a responder derechos de petición, obligándola a recurrir a acciones de tutela e incluso a promover un incidente de desacato contra su representante legal. Para Pedraza, esta falta de transparencia refuerza la necesidad de una intervención inmediata del Ministerio de Educación.Pedraza concluyó detallando que las sanciones podrían ir desde multas hasta el retiro de los registros calificados o incluso el cierre de la institución.
Una nueva denuncia sacude al sistema de educación superior y a la contratación pública en Colombia. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza reveló que al menos 779 títulos de funcionarios públicos habrían sido otorgados de manera irregular por la Fundación Universitaria San José, tras una revisión a 1.276 reportes de servidores públicos que registran estudios en esta institución en sus hojas de vida cargadas en el SIGEP.Según los hallazgos, 221 de esos funcionarios no aparecen registrados en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), lo que implica que no existe constancia oficial de su inscripción, admisión, matrícula ni grado, un requisito fundamental para la validez de cualquier título profesional en el país. A esto se suman otros 558 casos con registros incompletos: 201 personas no tienen evidencia de matrícula, avance académico ni graduación, mientras que 357 figuran con estado de “matrícula – no graduado”, pese a estar vinculadas laboralmente como tituladas en el Estado.La situación se agrava con 35 títulos que, de acuerdo con la denuncia, serían ilegales por no cumplir con las pruebas Saber Pro y TyT. En detalle, 18 personas se graduaron sin haber presentado los exámenes, nueve se inscribieron, pero no asistieron y aun así obtuvieron un título, y ocho presentaron las pruebas después de la fecha de graduación, lo que invalida el proceso académico.“Aquí hay inconsistencias sustanciales: la ley establece que, para que un alumno reciba su título, debe primero presentar las pruebas Saber Pro o Saber TyT, y aquí tenemos muchos casos en que todo ocurrió al revés, primero se graduaron y luego presentaron los exámenes. Esto haría que sus títulos fueran otorgados de forma irregular”, señaló la representante.El caso también deja al descubierto un fuerte incremento en la contratación de funcionarios relacionados con la Fundación San José durante el actual gobierno. Pedraza aseguró que, en comparación con administraciones anteriores, la contratación de servidores públicos vinculados a esta institución aumentó en un 200 % durante el gobierno de Gustavo Petro. Las cifras muestran que en los dos periodos de Álvaro Uribe Vélez se contrataron 63 funcionarios; en el gobierno de Juan Manuel Santos, 221; durante la administración de Iván Duque, 227; y en el gobierno de Petro, 733, de los cuales 511 fueron vinculados únicamente en 2025.La representante cuestionó duramente al Ministerio de Educación por la falta de acciones oportunas frente a estas irregularidades. Señaló que desde marzo de 2025 el Ministerio tenía conocimiento de posibles anomalías en la Fundación Universitaria San José, pero no actuó hasta que el escándalo se hizo público. Indicó que solo el 22 de septiembre se realizó una visita complementaria de inspección, con actuaciones preventivas, y que desde entonces las investigaciones sobre títulos sin Saber Pro y registros incompletos en el SNIES no han arrojado resultados concretos.Asimismo, advirtió que la investigación abierta el 10 de noviembre por la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación no ha producido hallazgos, pese a la magnitud del caso, y denunció que no se están revisando posibles pagos irregulares.Ante este panorama, solicitó a la Procuraduría General de la Nación asumir el caso y avanzar en las investigaciones, al considerar que las irregularidades comprometen la legalidad de los títulos, la transparencia en la contratación pública y la credibilidad del sistema educativo colombiano.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza hizo una nueva denuncia sobre presuntas irregularidades en el título universitario de Juliana Guerrero, quien tiene un diploma de la Fundación Universitaria San José.Según Pedraza, Guerrero habría pagado su matrícula y sus derechos de grado después de graduarse. Este sería el primer caso de una estudiante que se gradúa antes de pagar siquiera la matrícula. La congresista explicó que la información la obtuvo tras investigar en bases de datos de la Dian, donde fueron registradas las facturas. “¿Cómo es posible que, si los títulos de Juliana Guerrero tienen fecha del 1 de julio de 2025, ella haya hecho tres pagos posteriores a su ‘graduación’?”, se preguntó Pedraza.Es importante recordar que la congresista Pedraza ya había denunciado que Juliana Guerrero habría obtenido su título universitario sin haber realizado las Pruebas Saber Pro.“Ante el cartel de venta de títulos de esta institución, he solicitado al Ministerio de Educación intervenir de inmediato y remover a las directivas, y a la Procuraduría actuar frente a la omisión en la inspección y control”, dijo la representante a la Cámara, JenniferPedraza.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza anunció que va a presentar un proyecto de ley para que se prohíba la entrada a eventos masivos, como conciertos y partidos de fútbol, a padres que no han cumplido con la cuota alimentaria de sus hijos.“Si tiene plata para comprar una boleta para ver a su equipo del alma o a su artista favorito, también tiene plata para pagar por la alimentación de sus hijos. No podemos permitir que padres y madres irresponsables dejen en su casa a sus hijos aguantando hambre mientras ellos se van a pasarla bueno”, dijo Pedraza.En el mismo sentido, la representante a la Cámara señaló que en Colombia se interponen al año más de 130.000 denuncias por alimentos contra padres o madres que no responden por las obligaciones con sus hijos y sus hijas, señaló Pedraza.“El hecho de que personas morosas en sus obligaciones alimentarias puedan acceder libremente a beneficios estatales, ejercer cargos públicos de responsabilidad, celebrar contratos con el Estado o destinar recursos a actividades recreativas y de entretenimiento masivo, mientras incumplen con sus hijos, resulta contrario al principio de prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política”, dijo la representante a la Cámara.
El Hospital San Vicente Fundación de Medellín lanzó una alerta por la alta ocupación que actualmente tiene su servicio de urgencias, cuya capacidad se encuentra en un 268 % de saturación, situación que genera presión y demoras en la atención de pacientes.La institución médica explicó que su servicio de urgencias está destinado principalmente a la atención de pacientes con condiciones de alta complejidad, entre ellas patologías graves, traumas severos y emergencias que pueden comprometer de manera inmediata un órgano o incluso la vida.Ante este panorama, recomendaron desde el centro asistencial que las personas cuya condición médica no representa una urgencia vital consulten inicialmente en su IPS básica o en la red de atención primaria asignada por su EPS.No obstante, la saturación se suma a las dificultades financieras que atraviesan diferentes instituciones de salud del departamento, pues a junio de 2026 la cartera de las IPS de Antioquia alcanzaba los $16,77 billones, además, hospitales públicos tienen deudas de 2.5 billones en la actualidad. "Se ve un incremento importante de los pacientes en estado crítico en el servicio de urgencias adultos, actualmente registra un 268 por 100 de saturación. Es importante recordar que este servicio de urgencias es de alta complejidad. Está diseñado para atender patologías graves, traumas severos o emergencias que comprometen de forma inmediata la vida o un órgano", sostuvo Alejandro Marín, jefe de Urgencias del centro asistencial.Sin embargo, la problemática no sería exclusiva del San Vicente Fundación, ya que la red hospitalaria de Medellín y el Valle de Aburrá también ha registrado altos niveles de ocupación en sus servicios de urgencias durante los últimos meses con servicios de urgencias por encima del 100 % de ocupación.
El traslado de internos de alta peligrosidad a la cárcel de Palogordo, en Girón, ha generado preocupación entre las autoridades y la comunidad del municipio. Frente a este panorama, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que el Gobierno está tomando medidas para garantizar la seguridad tanto dentro como fuera del establecimiento penitenciario.El funcionario señaló que el centro carcelario cuenta con las condiciones necesarias para recibir a estos internos y aseguró que se reforzarán las medidas de protección para la población, los funcionarios del Inpec y las propias instalaciones.“Se va a proteger a la población, se va a proteger al establecimiento carcelario, se va a proteger a los guardianes y el Estado no cede ante las presiones y ante la violencia”, afirmó Cancino.El ministro agregó que quienes incurran en hechos violentos deberán responder ante las autoridades judiciales y que el Estado utilizará los mecanismos legales para garantizar el control de la situación.Las declaraciones fueron entregadas durante la inauguración del encuentro regional de la Corte Constitucional, en Girón, escenario en el que también se abordaron otros asuntos relacionados con la política de justicia y seguridad del Gobierno nacional.Cancino también habló sobre la Ley de Sometimiento y las condiciones que deberán cumplir los integrantes de estructuras criminales que pretendan acogerse a este mecanismo.El ministro fue enfático en señalar que los bienes obtenidos de manera ilícita no podrán convertirse en un beneficio económico para quienes se sometan a la justicia.“Los bienes mal habidos no pueden ser objeto de recompensa. Tienen que entregarlos como requisito para que se sometan y se les reintegra cero pesos”, sostuvo.Cancino también indicó que la propuesta del Gobierno no contempla otorgar estatus político a las estructuras criminales, ni suspender órdenes de captura o procesos de extradición como condición para su sometimiento.Según explicó, quienes pretendan acogerse deberán esperar la entrada en vigor de la Ley de Sometimiento y cumplir las condiciones que establezca el marco legal.
Tras la judicialización de un quinto hombre que aceptó su responsabilidad en la desaparición del ingeniero forestal Andrés Carmilo Peláez, en el Norte de Antioquia, pistas investigativas de las autoridades llegaron ahora hasta el Valle de Aburrá e involucran un vehículo.En un operativo realizado por el Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía, incautaron una camioneta modelo 1997 en una zona ubicada entre los sectores Los Puertos y San Simón en el municipio de Bello.El transcurso de la investigación ha llevado a determinar que ese vehículo habría sido manejado por Weimar Alexánder Castillo, alias ‘300’, de la banda criminal El Mesa para transportar a Andrés Camilo una vez secuestrado en San Andrés de Cuerquia en medio de un caso de presunta extorsión.La camioneta, con placas de la ciudad de Pereira, habría sido abandonada en esta zona del norte del Valle de Aburrá desde 2023, sin embargo, una vez llevada a cabo la incautación por los organismos judiciales otras preguntas surgieron en la historia.“¿Por qué razón el vehículo donde secuestraron y luego asesinaron al ingeniero Andres Camilo Peláez apareció escondido en un lote que pertenece al Hospital mental de Antioquia?”, afirmó en X Miguel Ángel del Río, uno de los abogados del caso.Frente a estos cuestionamientos el Hospital Mental aclaró que este predio invadido fue reportado a las autoridades de 2022 cuando la Inspección Novena de Policía de Bello declaró una infracción por construcciones irregulares en un predio invadido, pero no se pudo llevar a cabo la demolición por falta de un contrato.Ante quejas y la falta de medidas, en octubre de 2025 la institución de salud radicó ante el municipio de Bello una nueva querella, pero decidió solicitar apoyo a la Gobernación de Antioquia que asumió el conocimiento del proceso, que actualmente se encuentra en etapa probatoria.“El Hospital Mental de Antioquia adelantó todas las acciones legales que tenía a su disposición, con criterios de inmediatez y oportunidad. Aunque los hechos fueron puestos en conocimiento del municipio de Bello, no se recibió una respuesta efectiva que permitiera restablecer el control del predio”, indicaron en el comunicado.Información en poder de las autoridades indicaría que ante la falta de una destinación para el predio, desde 2021 el grupo delincuencial El Mesa, señalado de cometer la desaparición de Andrés Camilo, se habría apropiado de esta zona permitiendo a su vez la aparición de construcciones ilegales.
Autoridades han manifestado su preocupación ante un presunto caso de maltrato infantil que derivó en la muerte de Emmanuel Hernández Epinayuu, un niño de siete meses remitido al Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín.Tras los hechos que habrían ocurrido en una vivienda del barrio Nueva Jerusalén en el municipio de Bello, la administración de esa localidad del norte del Valle de Aburrá se pronunció lamentando lo ocurrido.“La situación nos afecta a todos. No se puede permitir que nuestros niños, niñas y adolescentes sufran afectaciones que puedan poner en riesgo su seguridad”, indicaron en un comunicado en el que reiteraron que el niño registraba de acuerdo al parte médico asfixia e insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral, choque traumático e hipovolémico.Al tratarse de una situación que consideran “inconsistente con el relato de su madre”, una mujer de 18 años de edad de nacionalidad venezolana, quien indicó que Emmanuel había sufrido “varias caídas al interior de su vivienda”, pidieron a las autoridades investigar.“Desde la Alcaldía de Bello hacemos un llamado a las autoridades competentes (Policía, Fiscalía General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), para que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de este menor”, detallaron en el pronunciamiento.La Alcaldía también detalló que tras conocer el caso y el niño era atendido en el centro asistencial ya habían gestionado su llegada a un hogar sustituto de cuidado especial, pero su traslado no fue posible al fallecer.También recordaron a la ciudadanía que en caso de conocer alguna situación de maltrato a un menor de edad puede reportarse a la línea 141 del ICBF, la Línea 123 de la Policía Nacional, o de manera presencial en la Fiscalía, Comisarías y Personería del municipio.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este miércoles, 23 de septiembre de 2026:El grupo de pop-rock colombiano 'Compañía Iliminata' contaron cómo nacieron algunas de sus canciones más icónicas. Además, hablaron sobre cómo su música al inicio solo sonaba en emisoras especializadas en baladas.El creador de contenido "Sin Rol Específico", Thomás Pérez, dio consejos a los oyentes sobre cómo convertir una historia de la calle en un contenido que conecte con la audiencia.