El exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo no asistió a la audiencia de conciliación citada por la Fiscalía dentro de las actuaciones relacionadas con la muerte de Kevin Arley Acosta, un menor con hemofilia que falleció en febrero de este año. Durante la diligencia, la fiscal del caso leyó una comunicación enviada por el exfuncionario en la que manifestó que no tenía intención de conciliar.“Manifiesto de manera expresa, libre y voluntaria que no acudiré a la audiencia de conciliación fijada y que no es mi intención conciliar respecto de los hechos que dieron origen a la citación de la referencia”, señaló Jaramillo en la carta leída durante la audiencia.La diligencia se realizó en el marco de las actuaciones que buscan establecer las circunstancias relacionadas con la muerte del menor y la filtración de la historia clínica del menor. La diligencia era citada por el delito de revelación de secretos. La representación de las víctimas, a través de la Oficina de Abogados de Wilson Ruiz y del abogado Manuel Villanueva, ha solicitado que se investigue al exministro por la posible comisión del delito de homicidio culposo. Durante la audiencia, la representación de las víctimas dejó constancia de que no contempla una conciliación frente a los hechos relacionados con la muerte del menor y sostuvo que su propósito es que las autoridades establezcan lo ocurrido y determinen las responsabilidades que correspondan.“Quedó claro que la representación de las víctimas nunca ha contemplado negociar ni conciliar sobre la vida de un niño. La vida de Kevin Arley Acosta no es negociable”, manifestó la representación.Los abogados también cuestionaron que Jaramillo no se presentara personalmente a la diligencia y que, en su lugar, enviara una comunicación en la que expresó su decisión de no conciliar. Para la representación de las víctimas, la forma en que el exministro planteó su posición debe ser revisada dentro del trámite de la actuación.“El señor Guillermo Alfonso Jaramillo no se presentó personalmente a la audiencia y, en su lugar, remitió un oficio en el que manifestó que no era su intención conciliar. Para la representación de las víctimas, este mecanismo resulta cuestionable”, señalaron los abogados.La representación de las víctimas insistió en que la actuación no tiene como propósito una negociación económica, sino el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon la muerte de Kevin y la determinación de las responsabilidades a que haya lugar. “Su propósito es que los hechos sean esclarecidos por las autoridades competentes, que se establezca la verdad y que se determinen las responsabilidades a que haya lugar”, indicó el abogado Manuel Villanueva.Durante la audiencia, los representantes de la familia solicitaron además que, atendiendo al principio de conexidad procesal, el despacho tenga conocimiento de otras actuaciones que adelanta la Fiscalía relacionadas con los mismos hechos.En particular, hicieron referencia a la investigación que se adelanta en la Unidad de Vida de la Fiscalía Local de Bogotá y a la compulsa de copias realizada contra el presidente Gustavo Petro por la posible comisión del delito de homicidio culposo, en relación con su posición de garante frente a la intervención de Nueva EPS.La representación de víctimas sostuvo que esta actuación está relacionada con las presuntas deficiencias en la atención y con la entrega de los medicamentos que requería el menor antes del accidente que posteriormente terminó con su muerte.“En el marco de esas actuaciones, ya se habrían compulsado copias al presidente Gustavo Petro por la posible comisión de homicidio culposo, en relación con su posición de garante frente a la puesta en marcha de la política de salud y las presuntas deficiencias que habrían incidido en los hechos que terminaron con la vida de estas personas”, señalaron los abogados.La solicitud busca que la Fiscalía tenga en cuenta la posible relación entre las actuaciones contra el exministro Jaramillo y las que se adelantan respecto del presidente Petro, mientras continúan las investigaciones para establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades relacionadas con la muerte de Kevin Arley Acosta.
El exministro de Salud del Gobierno de Gustavo Petro, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue citado para el próximo 14 de septiembre a una audiencia de conciliación, programada para las 9:30 de la mañana, dentro de una indagación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el delito de revelación de secretos.La actuación está relacionada con el episodio ocurrido durante un consejo de ministros, en el que Jaramillo, quien para ese momento estaba al frente de la cartera de Salud, se refirió públicamente a la condición médica del menor Kevin Acosta y a aspectos relacionados con su muerte. La investigación busca establecer si con esas declaraciones fueron divulgados detalles reservados de la historia clínica del menor. El caso hace parte de un expediente más amplio en el que la Fiscalía investiga las circunstancias que rodearon la muerte de Kevin Acosta, un menor con hemofilia, luego de que se presentaran dificultades en la continuidad de su tratamiento tras la finalización del convenio entre la Nueva EPS y la IPS Medicarte.Y es que la representación de víctimas presentó ante la Fiscalía una denuncia contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por la presunta divulgación y empleo de información sometida a reserva relacionada con la historia clínica del menor Kevin Arley Acosta. La denuncia se relaciona con las declaraciones realizadas durante un Consejo de Ministros transmitido públicamente, en el que fueron expuestos datos relacionados con la condición médica del menor. De acuerdo con la representación de las víctimas, la madre de Kevin nunca autorizó la divulgación de su historia clínica. La legislación colombiana establece que la historia clínica es un documento privado sometido a reserva y contempla una protección especial tratándose de información de niños, niñas y adolescentes.Al respecto, el abogado de la familia, Manuel Villanueva, señaló “Hemos acudido a las autoridades porque corresponde a la Fiscalía y a la justicia establecer lo ocurrido y determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades. La familia de Kevin merece que sus derechos sean protegidos y que los hechos sean esclarecidos con independencia, rigor y transparencia”. La representación de las víctimas espera que, cumplida esta etapa, se continúe con las actuaciones correspondientes y se determine si existen responsabilidades por la conducta investigada. En paralelo, dentro de la misma investigación, el ente acusador compulsó copias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue al presidente Gustavo Petro por los delitos de homicidio culposo, en una posición de garante que la Fiscalía relaciona con la intervención estatal a la EPS, y violación de datos personales agravado.La Fiscalía relaciona este último señalamiento con la divulgación pública y sin autorización de apartes de la historia clínica reservada del menor durante un acto oficial realizado el 17 de febrero de 2026 en Uribia, La Guajira. De acuerdo con la investigación, también se analiza el intento de acceso a información confidencial relacionada con la necropsia.Mientras avanzan estas actuaciones, permanece pendiente la imputación de cargos contra varios funcionarios y exfuncionarios de la Nueva EPS por los hechos que rodearon la muerte del menor.Entre ellos están Luis Óscar Galves Mateus, quien se desempeñaba como interventor de la Nueva EPS; Nelson Ramírez Plazas, médico hematólogo; Jessika Paola Triana y Diana Marcela Caballero Arias, funcionarias administrativas de la entidad, además de Efret Enrique Morales Murgas.
El procurador general, Gregorio Eljach, afirmó en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu que la participación política de funcionarios a través de redes sociales personales no constituye, por sí sola, una falta disciplinaria. Según explicó, las actuaciones sancionables son aquellas que ocurren en ejercicio de funciones públicas o utilizando recursos del Estado.“La vida privada no trasciende al mundo de lo público”, sostuvo Eljach al explicar que las expresiones políticas en cuentas personales son comparables a conversaciones sostenidas en espacios domésticos. No obstante, el jefe del Ministerio Público advirtió que sí existen límites claros frente a la neutralidad electoral. “Lo que prohíbe la ley expresamente son determinadas acciones, conductas y comportamientos que rompen la neutralidad y la imparcialidad de los funcionarios públicos frente a las conductas electorales”, señaló.Durante la entrevista, Eljach insistió en que la Procuraduría no puede intervenir en escenarios privados de los servidores públicos. “No podemos meternos en la vida privada de las personas y no atendiendo lo público”, afirmó, al rechazar interpretaciones según las cuales estaría autorizando la participación política irrestricta de funcionarios.El procurador también reconoció la frustración ciudadana frente a la lentitud de las decisiones disciplinarias. “Nuestros procedimientos son tortuosos, lentos”, admitió, y explicó que recursos, apelaciones y solicitudes de pruebas suelen prolongar las investigaciones, haciendo que en algunos casos los fallos lleguen cuando los funcionarios ya dejaron sus cargos.Por ello, aseguró que su administración ha puesto mayor énfasis en la prevención. “El efecto disuasorio no se consigue exactamente con los procesos disciplinarios de punición, sino con la prevención”, indicó. Según dijo, la estrategia ya muestra resultados y el número de denuncias ha disminuido en las últimas semanas.Respecto a la presunta participación política del presidente Gustavo Petro, Eljach reiteró que la Procuraduría no tiene competencia para investigarlo. Explicó que esa facultad corresponde exclusivamente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.En cuanto al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confirmó que avanza una investigación disciplinaria por presunta intervención en política. Sin embargo, aclaró que el caso requiere una revisión detallada de pruebas debido a la complejidad del expediente.Sobre las denuncias presentadas durante la reunión del Plan Democracia en Cartagena, relacionadas con una supuesta falta de neutralidad del Gobierno, el procurador indicó que varias quejas fueron recibidas sin soportes documentales suficientes. “Estamos acumulando los casos de nuestra competencia y trasladando aquellos que involucran al jefe de Estado”, concluyó.
A escasos 6 días de las elecciones, la Procuraduría General de la Nación está tomando decisiones sobre la presunta participación en política de los funcionarios públicos. En ese sentido, el Ministerio Público abrió una investigación disciplinaria para determinar si Jaramillo participó o no en política tras unas declaraciones en el municipio de Coyaima."Hasta el perro y el gato tiene que salir a votar el próximo 31 de mayo o si no nos va a llevar quien nos trajo", dijo el ministro durante el evento. Según la Procuraduría, el jefe de la cartera de Salud habría realizado un llamado a votar durante una actividad institucional de ese ministerio ante las comunidades indígenas y actores del sector salud.La Procuraduría advirtió en este caso que las declaraciones se habrían producido en un evento oficial y en presencia del congresista electo del Pacto Histórico, Marco Emilio Hincapié, además de militantes de esa colectividad política.Dentro de las pruebas decretadas, la Procuraduría ordenó a su laboratorio de informática recopilar y preservar el video del ministro de Salud.Procurador también pidió informe sobre las quejas contra el presidente PetroEl procurador general, Gregorio Eljach, le pidió a la Comisión de Acusación de la un reporte detallado sobre las quejas o denuncias radicadas ante esa corporación, contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política.En el oficio, el jefe del órgano de control pidió que en un término máximo de tres días se remita un reporte completo sobre todas las quejas o denuncias radicadas contra el mandatario relacionadas con presuntas actuaciones políticas incompatibles con su cargo.
La muerte de Kevin Acosta, el niño de siete años que falleció tras no recibir a tiempo un medicamento esencial para tratar la hemofilia, continúa generando acciones legales. Su madre, Yudi Caterine Pico, interpuso una denuncia ante la Fiscalía con el objetivo de que se investiguen nuevas posibles irregularidades alrededor del caso.La acción está dirigida contra Rodolfo Enrique Salas, secretario general y director jurídico (e) del Ministerio de Salud, a quien señalan de haberse extralimitado en sus funciones. Según la denuncia, el funcionario habría solicitado, sin cumplir los requisitos legales, documentos sensibles como la historia clínica y el informe de necropsia del menor, información que tiene carácter reservado.Para la familia, este hecho no solo sería irregular, sino que también vulneraría sus derechos como víctimas dentro del proceso que investiga la muerte del niño. Por esta razón, piden a la Fiscalía establecer si hubo un uso indebido del cargo y si se incurrió en alguna conducta que deba ser sancionada.El caso se da en medio de cuestionamientos más amplios sobre la atención en salud que recibió el menor. Kevin padecía una condición que requería un medicamento específico, cuya entrega, según se ha conocido, fue suspendida en al menos dos ocasiones por problemas administrativos relacionados con pagos. Esta situación fue respaldada por la Procuraduría, que advirtió que sí hubo negligencia en la prestación del servicio.Con esta denuncia, la familia busca no solo esclarecer lo ocurrido con el funcionario señalado, sino también que se respeten los límites en el manejo de información médica y se garantice la protección de las víctimas.
El presidente Gustavo Petro lideró otro consejo de ministros. Consistió en un repaso por los logros en algunas áreas de gobierno. Empezó a las 8 de la noche, aunque se había citado para las 7.El mayor despliegue lo tuvo la salud, aunque también mostraron datos y gráficas sobre áreas como energías renovables, la labor del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y educación.Para Petro los números no son mejores porque el sistema sigue en problemas, principalmente por las inconsistencias, dice, de parte de las EPS. Una de esas EPS a la que se refirió fue Coosalud, para controvertir la decisión judicial de devolverla a sus propietarios."Lo que hizo el juez de Bolívar, el tribunal... devolvió al gerente que tiene la peor situación económica, Coosalud, la peor de toda Colombia; no a la cooperativa, se la devolvió al gerente, porque la cooperativa tiene otras funcionalidades, pero esto es un absoluto fracaso financiero... pero los interventores fueron escogidos de las listas que dejó el gobierno de Duque", dijo.Sobre esa temática el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix Martínez, la entidad que gira la plata, dejó preguntas en el auditorio para poner en duda la legitimidad de la propiedad de la EPS Coosalud, basado en sus números como empresa."Cómo la justicia, en este caso, dos tribunales, ordenan devolver a sus dueños, accionistas o administradores, uno se pregunta, ¿quiénes son los dueños de una empresa que tiene patrimonio negativo?, ¿cuáles son los accionistas que no tienen capital?, ¿cómo que son dueños? Solo manejan recursos públicos sin un peso propio. Y la ley les da autorización a seguir manejando recursos públicos de por vida, porque algún año, hace 10 años, tuvieron alguna inversión", cuestionó Martínez.A esas dudas el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo le sumó otras controversias, según, hay fraude en las facturas que presentan las EPS, intentando cobrar más por ítems que tienen un costo menor, sean servicios o medicamentos.Uno de los ejemplos más llamativos fue el de cirugías para hombres que en el papel aparecen contadas como servicios para mujeres, como cirugías para atender lesiones en el pene, por parte de Sura; así como inflamación del cuello uterino en hombres en Mutualser.Mientras mostraba rostro de indignación y gesticulaba con enojo, Jaramillo lamentó que a pesar de destinar 25 % de los recursos de la salud para medicamentos, éstos no llegan de manera eficiente.EconomíaY en cuanto a economía, en el consejo de ministros quedó claro que está cerca el anuncio de cuánto aumentará la gasolina. Esto dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.“Estamos en los días de definir el aumento del precio de la gasolina y del diésel de acuerdo a sus instrucciones”, comentó el ministro.Sobre Monómeros el gobierno colombiano ya desistió de la intención de compra, así lo anunciaba después de culpar al expresidente Álvaro Uribe por venderla.“En mi opinión, Monómeros, ya en estas circunstancias actuales, de normalización progresiva de las relaciones con Venezuela, debe ser liberada por parte de la Superintendencia (de Sociedades) y dejarla volar, es venezolana, ubicada en Colombia, nosotros no vamos a comprarlo, ellos tampoco quieren venderlos, porque quieren ser dueños del fertilizante", comentó el mandatario.Y hablando de fertilizantes, Petro propuso que las utilidades futuras de Ecopetrol se inviertan en ese rubro, por lo que, si es necesario, se convocaría a una asamblea extraordinaria para ello.
El futuro de EPS en Colombia sigue abierto y dependerá de las decisiones legislativas, según mencionó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que señaló que “el Senado de la República tiene en sus manos la posibilidad de decidir qué se va a hacer con el sistema”, en referencia al debate que avanza en el Congreso.El ministro explicó que serán las comisiones y, posteriormente, la plenaria las encargadas de evaluar el informe correspondiente sobre el sistema de salud. Aunque reconoció que las EPS enfrentan problemas estructurales desde hace varios años, reiteró que el Gobierno nacional ha mantenido su oposición a procesos de liquidación.En la misma rueda de prensa, el Ministerio de Salud anunció cambios en la forma en que se recolecta y valida la información del sistema, con el objetivo de mejorar la transparencia en el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). El viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, explicó que, en articulación con la DIAN, ya se implementa un sistema de facturación electrónica vinculado a los registros de prestación de servicios.Según indicó, esta herramienta permitirá verificar en tiempo real la atención brindada a los pacientes y los valores cobrados a las EPS. Además, contará con un mecanismo de doble validación que reemplazará el esquema de autorreporte, con lo que se busca avanzar hacia un modelo con mayor trazabilidad y precisión en los datos.Por otro lado, el ministro se refirió a la situación de Coosalud EPS tras una veeduría en la que, según dijo, se evidenciaron presuntas inconsistencias en sus estados financieros. La documentación fue remitida a la Fiscalía General de la Nación para su revisión.En ese contexto, Jaramillo sostuvo que “el presidente no tiene nada de qué retractarse” y cuestionó la respuesta frente a los hallazgos. “La Fiscalía tiene que actuar rápidamente. Deberían levantar el velo corporativo de esta empresa. No lo que hicieron ahora fue entregárselo otra vez a los que hicieron todo esto”, afirmó, en referencia a las decisiones recientes sobre la entidad.
En la mañana de este miércoles, 23 representantes a la Cámara radicaron una nueva proposición de convocatoria de debate de moción de censura en contra del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por cuenta de la grave situación que atraviesa el sistema de salud en el país.El documento, firmado por congresistas de distintas bancadas en cabeza de la representante y senadora electa Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), sostiene que existen “circunstancias graves” que comprometen la adecuada conducción del sector.Entre los principales argumentos expuestos está el aumento sostenido de acciones de tutela por la negación o entrega tardía de servicios y medicamentos, lo que evidencia fallas estructurales en la garantía del derecho fundamental a la salud. Los firmantes advierten que este mecanismo, concebido como excepcional, se ha vuelto recurrente para acceder a servicios básicos.Además, señalan una crisis en la entrega de medicamentos y en la continuidad de tratamientos, con reportes de interrupciones, demoras en citas y dificultades para pacientes con enfermedades de alto costo, lo que ha generado protestas y alertas en diferentes regiones del país.La proposición también cuestiona la dirección, seguimiento y control del sistema por parte del Ministerio, al considerar que la persistencia de estas fallas refleja deficiencias en la coordinación y en la adopción de correctivos estructurales frente a la crisis.Otro de los puntos incluidos hace referencia a declaraciones públicas del ministro, que han sido percibidas como irrespetuosas o carentes de empatía frente a víctimas de fallas en el sistema de salud, como el caso del menor fallecido Kevin Acosta por presunta negligencia de la Nueva EPS, lo que, a juicio de los congresistas, afecta la confianza institucional.Los firmantes sostienen que la situación configura una responsabilidad política por deficiencia en la conducción del sector, por lo que piden avanzar con el trámite de la moción de censura y que la Cámara determine las decisiones a que haya lugar.
La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, ha denunciado públicamente lo que denomina un "cartel de la oncología" o "cartel del cáncer". La denuncia apunta a un esquema de remisiones masivas de pacientes de la Nueva EPS hacia la clínica Clinaltec, en Ibagué, señalando un incremento desproporcionado en el número de traslados y facturación en los últimos años.Un crecimiento exponencial bajo la lupaEn diálogo con Mañanas Blu, la representante Miranda, los datos suministrados por la propia Nueva EPS revelan un crecimiento inusual en las remisiones hacia Clinaltec. Mientras que en el año 2023 se registraron 176 pacientes remitidos, para el año 2025 la cifra ascendió a 1.846, lo que representa un incremento del 1000%. Tan solo en enero de este año, se remitieron 222 pacientes, superando en un solo mes el total de todo el año 2023.Este aumento en el volumen de pacientes ha tenido un impacto directo en las finanzas de la institución. Miranda sostiene que la clínica pasó de facturar 980 millones de pesos en 2023 a tener una cartera de 11.000 millones de pesos en 2025. Ante estas cifras, la congresista cuestiona la justificación de tales movimientos financieros y operativos.Traslados injustificados desde regiones apartadasUno de los puntos más críticos de la denuncia son los traslados de pacientes desde departamentos como Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, Bogotá y la Costa Atlántica hacia Ibagué. La representante señala que la ley exige que los traslados se realicen dentro de la zona local o regional más cercana al paciente.Miranda cuestiona por qué se envían pacientes a Tolima cuando existen IPS habilitadas mucho más cerca. Por ejemplo, mencionó que en el Valle del Cauca hay tres IPS que prestan servicios oncológicos y en Bogotá existen ocho, por lo que el traslado a Ibagué resulta, a su juicio, injustificado. Además, denunció que de los 3.000 pacientes remitidos, solo a 600 se les cubrieron los viáticos, obligando a más de 1.400 personas a costear el traslado de su bolsillo.La respuesta de Clinaltec y el vínculo políticoPor su parte, la clínica Clinaltec ha respondido mediante un comunicado asegurando que, a pesar de las deudas de la Nueva EPS, ellos son de las pocas instituciones que mantienen la atención a los pacientes, mientras otras IPS han cancelado servicios por falta de pago. No obstante, Miranda desmiente esta versión citando una malla de la Nueva EPS que confirma que aún hay múltiples IPS operando en departamentos como Antioquia, Atlántico, Quindío y Valle del Cauca.Otro aspecto controvertido es la supuesta relación de amistad entre el dueño de la clínica y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Aunque la representante aclaró que no vincula esta denuncia con temas electorales o proselitistas, enfatizó que la cercanía entre ambos es "ampliamente conocida en la región".Escuche aquí en la entrevista:
La representante a la Cámara Katherine Miranda habló este miércoles 24 en Recap Blu. En una extensa entrevista, puso el foco en la familia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y en los millonarios contratos que, según dijo, han recibido desde que comenzó el actual Gobierno. En su intervención dejó una frase que atravesó toda la conversación: “Es criminal. Están jugando con la vida de los colombianos”.Miranda aseguró que, hasta ahora, no ha recibido ninguna respuesta del ministro frente a la denuncia. “Presentamos absolutamente todas las pruebas, todos los contratos de cada uno de su núcleo familiar”, afirmó, y aclaró que no está hablando de un delito penal, sino de una práctica que considera reprochable. “Esto no es un delito, pero sí es nepotismo, y es algo que antes se criticaba y hoy parece una normalidad”, dijo.Contratos por más de $3.200 millonesDurante la entrevista, la congresista explicó que al menos siete personas cercanas al ministro han tenido contratos con el Estado colombiano desde 2022. “Hablamos de sobrinos, cuñada, hermano, esposa, hijo e hijastro”, señaló, y detalló que el monto total supera los 3.200 millones de pesos.Uno de los casos que más inquietud le genera es el del hijastro del ministro en la ADRES. “Tiene dos contratos, uno por 12 millones y otro por 38 millones de pesos”, explicó. Según Miranda, uno de esos contratos fue por apenas 70 días de trabajo, lo que, a su juicio, enciende alertas sobre el manejo de los recursos públicos.Procuraduría, Contraloría y control políticoLa representante confirmó que la información ya fue enviada a la Procuraduría y a la Contraloría para que revisen si hubo irregularidades o tráfico de influencias. “Queremos que se establezca si la contratación fue adecuada”, afirmó.En ese contexto, Miranda vinculó la denuncia con la crisis del sistema de salud y la moción de censura contra el ministro. “Hoy el 52 % de la población está en EPS intervenidas por este gobierno”, advirtió, y agregó que el país atraviesa una situación crítica mientras, según ella, “un clan familiar se estaría beneficiando del Estado”. Para la congresista, el debate no puede aplazarse: “Nunca es tarde para hacer control político cuando lo que está en juego es la vida de la gente”.
La Unión Sindical Obrera, USO, se pronunció sobre la designación de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol y manifestó su disposición para trabajar con la nueva administración en el fortalecimiento de la empresa.Martín Ravelo, integrante de la USO, señaló que los trabajadores esperan que durante esta nueva etapa se adopten medidas encaminadas a fortalecer la soberanía y la seguridad energética del país, además de consolidar a Ecopetrol como una de las principales empresas de Colombia.“Aspiramos en la expectativa desde los trabajadores que se implementen las políticas correctas para recuperar la soberanía y la seguridad energética de los colombianos, fortalecer a Ecopetrol como la empresa insignia del país”, señaló Ravelo.El dirigente sindical también destacó la importancia de que la industria petrolera tenga una relación más cercana con las comunidades donde desarrolla sus actividades. Según dijo, esperan que los territorios vean a la industria extractiva como un aliado y que se continúe generando empleo digno para las familias vinculadas al sector.La posición de la USO también fue expresada a través de su cuenta en X, donde el sindicato manifestó su disposición al diálogo y al trabajo conjunto, manteniendo su independencia y autonomía sindical.La USO también señaló que será estratégico que las vicepresidencias que hacen parte del comité directivo de Ecopetrol estén encabezadas por personas con amplia experiencia en el sector de petróleo y gas.Para el sindicato, el diálogo social será uno de los elementos centrales para avanzar en la reactivación de la industria y fortalecer a Ecopetrol como empresa mayoritariamente pública y activo estratégico de la Nación.
La fuerza pública en Cali llevó a cabo la denominada 'Operación Iron', un despliegue operativo enfocado en golpear las estructuras delictivas radicadas en el sector céntrico de El Calvario y en otras zonas estratégicas de la capital vallecaucana.En dialogo con Mañanas Blu, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregó el balance definitivo de esta ofensiva e informó que el despliegue permitió neutralizar a siete organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes a pequeña escala, al robo y a los homicidios.Detalles de la Operación Iron y el impacto en El CalvarioEl mandatario local explicó que las acciones no solo se concentraron en el corazón de la ciudad, sino que se extendieron a sectores como El Vallado, en el oriente, y Meléndez, en la comuna 18.Refiriéndose a los resultados del despliegue policial y militar, Eder afirmó que “esta inicial fue un operativo que se llevó a cabo en el centro de Cali, pero también en el oriente, en el sector del Vallado y en la comuna 18 en el sector de Meléndez y logramos desarticular siete bandas dedicadas al microtráfico, al hurto y al homicidio”.Entre las estructuras desmanteladas o intervenidas en este sector céntrico se encuentran bandas reconocidas en la zona como Los Buitres, La Luna y Los Pascuas.El sector de El Calvario ha sido históricamente catalogado como uno de los principales focos de delincuencia en la ciudad.Sobre la magnitud de este problema, el alcalde Alejandro Eder comparó la situación con zonas críticas de la capital colombiana: “El Calvario es, haga de cuenta, el Bronx en Bogotá... una olla que lleva 50 años de esta manera”.Añadió además la gravedad geográfica de este punto al señalar que “tener la olla donde está en Cali es como si en Bogotá el Bronx quedara en la 78... están en el corazón de la ciudad, en el corazón del motor económico de la ciudad”.Solamente en el sector de El Calvario se ejecutaron cerca de 40 capturas de integrantes de estas bandas dedicadas al expendio de sustancias psicoactivas.Renovación urbana y articulación con el Gobierno NacionalA diferencia de intervenciones pasadas que terminaban en el traslado de la criminalidad a otros barrios, la administración distrital sostiene que esta estrategia estará respaldada por proyectos concretos de transformación física e institucional.El mandatario destacó que ya se encuentra en funcionamiento la sede principal del búnker de la Fiscalía en ese sector, sumado al inicio de la construcción de la Estación Central del MÍO —una infraestructura de 90.000 metros cuadrados— y la edificación de tres torres de vivienda nueva con cerca de 80 apartamentos cada una.Asimismo, Eder enfatizó la importancia de la voluntad política y el respaldo del Gobierno Nacional para ejecutar operaciones de gran escala. Para llevar a cabo esta incursión simultánea en siete puntos de la ciudad, se requirieron más de 100 efectivos, tanquetas y unidades de fuerzas especiales urbanas de las Fuerzas Militares.Con el fin de ratificar la continuidad de la estrategia de seguridad, el mandatario fue categórico al declarar: “esto no es flor de una noche, esto es la primera parte del operativo y vendrán más”.Finalmente, al referirse al impacto de la presencia del presidente de la República y los altos mandos institucionales en el terreno de las operaciones, el alcalde destacó el aspecto psicológico y de respaldo operacional. “Cuando la fuerza pública ve el compromiso de sus gobernantes, comenzando con el presidente de la República, presencia del alcalde, presencia de todos los altos mandos, eso motiva a la tropa”..
La visita a Washington del presidente chino, Xi Jinping, para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha despertado comparaciones entre las limusinas blindadas que acompañan a los dos hombres más poderosos del mundo: 'La Bestia' de Trump y la llamada 'Bandera Roja' de Xi.Trump y la primera dama, Melania Trump, recibieron el miércoles a pie de pista, en la base aérea Andrews, a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, y, tras la ceremonia de bienvenida, ambas parejas partieron en sus respectivos vehículos oficiales.Ambos mandatarios buscan proyectar una imagen de buena sintonía pese a las tensiones entre Washington y Pekín por asuntos como los aranceles, la guerra de Irán, el futuro de Taiwán o la carrera por la inteligencia artificial.Las características de sus limusinas, que funcionan también como símbolos de poder de Estados Unidos y China, están rodeadas de secretismo por motivos de seguridad, lo que alimenta las especulaciones sobre sus capacidades.La Bestia, un búnker sobre ruedas'La Bestia' estadounidense, uno de los grandes símbolos de la Presidencia junto al avión Air Force One, es un Cadillac, la emblemática marca de automóviles de lujo propiedad de General Motors.El actual modelo utilizado por Trump, fabricado específicamente para el presidente estadounidense, entró en servicio en 2018, con un coste estimado de 1,5 millones de dólares.Aunque el Servicio Secreto no ha difundido detalles específicos sobre sus sistemas de seguridad, medios estadounidenses estiman que pesa entre 6,8 y 9,1 toneladas y que combina rasgos de Cadillac con componentes propios de vehículos pesados.Considerada un búnker sobre ruedas, a 'La Bestia' se le atribuyen un blindaje multicapa, puertas con un peso similar al de las de un Boeing 757 y neumáticos capaces de seguir operativos tras sufrir daños, además de un habitáculo sellado con sistemas de filtración de aire para proteger al presidente frente a un ataque químico.El hermetismo del HongqiEl automóvil utilizado por Xi es un modelo N701 de la marca de lujo Hongqi (que en chino significa 'Bandera Roja') perteneciente al grupo estatal FAW que el mandatario chino utiliza en sus desplazamientos desde 2022 y cuyo precio algunas estimaciones sitúan en torno a los 700.000 dólares.El Hongqi llamó la atención en 2023 del entonces presidente estadounidense, Joe Biden, durante una reunión en San Francisco."Es un vehículo hermoso", le dijo el demócrata a Xi durante un breve intercambio en el que compararon el automóvil chino con su Cadillac, después de que el mandatario chino le explicara que era un "Hongqi, de fabricación doméstica".El N701 mantiene el icónico adorno de la bandera roja en el capó, característico de la marca, pero presenta un aspecto más alargado que los modelos tradicionales de la marca y conserva un diseño que recuerda a los automóviles de los años 50 del pasado siglo, en un guiño estético al primer Hongqi, que data de 1958.Diversos reportes sitúan su longitud por encima de los 5,5 metros y estiman su peso en unas tres toneladas, lo que lo haría considerablemente más ligero que 'La Bestia', aunque Pekín no ha hecho públicos sus datos técnicos ni sus sistemas de protección.Mientras el vehículo de Trump está diseñado para resistir un ataque directo, el Hongqi de Xi apuesta por la potencia de su motor para poder escapar a gran velocidad en caso de una emboscada.Ambas limusinas se desplazan en avión para acompañar a los presidentes en sus viajes internacionales.Pero mientras 'La Bestia' ha sido durante años objeto de cobertura mediática, el Hongqi de Xi permanece prácticamente fuera del escrutinio público, en un hermetismo que alimenta las especulaciones sobre las capacidades de la industria automovilística china.
Decenas de hogares migrantes venezolanos en Bucaramanga están enfrentando retrasos de varios meses en el pago del subsidio de arrendamiento otorgado por el Ministerio de Vivienda, a través de Fonvivienda. Ante la falta de desembolsos, algunos beneficiarios ya acudieron a la tutela.El programa hace parte de una estrategia de subsidios de arrendamiento para hogares migrantes venezolanos y cuenta con recursos de cooperación internacional del Banco Mundial. En Bucaramanga, Fonvivienda abrió convocatorias durante 2025 y asignó subsidios para cubrir parcialmente el canon de arrendamiento durante un periodo de hasta 12 meses.De acuerdo con los beneficiarios, los retrasos comenzaron a presentarse desde finales de 2025 y se han extendido durante 2026. Mientras algunos hogares que finalizaron el beneficio en julio todavía tendrían meses pendientes por recibir, quienes iniciaron el subsidio en enero aseguran que, en varios casos, solo les han pagado los primeros meses del año.El subsidio corresponde a un porcentaje del salario mínimo y el dinero es girado directamente al arrendador, no al beneficiario. Según la convocatoria de Fonvivienda, para el programa financiado por el Banco Mundial el aporte podía llegar al 45 % de un salario mínimo mensual y otorgarse durante 12 meses consecutivos.La demora en los pagos ha generado dificultades entre los beneficiarios y sus arrendadores. Algunos propietarios, según los testimonios recogidos, estarían reclamando directamente a los hogares migrantes el pago de los cánones atrasados e incluso se han presentado casos en los que las personas han tenido que buscar otro lugar para vivir.La situación ya llegó a la Alcaldía de Bucaramanga. El secretario de Desarrollo Social, Iván Torres, explicó que el municipio participó en la etapa inicial del programa, principalmente en la focalización de los hogares beneficiarios, pero que no es la entidad responsable de administrar o girar los recursos.La Alcaldía de Bucaramanga también quedó vinculada a una de las acciones de tutela interpuestas por los beneficiarios.Torres señaló que en Bucaramanga fueron identificados cerca de 140 beneficiarios y reconoció que los pagos han presentado retrasos. Según explicó, en algunos casos se acumulan dos o tres meses y posteriormente se realiza el desembolso.“No es que no se les vaya a pagar o se haya dejado de pagar. Se presentaron fue demoras”, explicó el funcionario.El secretario también confirmó que envió una comunicación al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, para poner en su conocimiento la situación y buscar una solución. El funcionario señaló que, ante la incertidumbre generada por los retrasos, ya se han presentado tutelas y se prevé que se interpongan nuevas acciones judiciales.Ahora, los beneficiarios esperan que el Ministerio de Vivienda y Fonvivienda aclaren qué está ocasionando los retrasos y definan cuándo serán desembolsados los recursos pendientes.
Un total de 69 adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que cumplen medidas no privativas de la libertad, avanzan en su proceso educativo en Bucaramanga mediante la estrategia ‘Rescatando Sueños’, liderada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.La iniciativa busca garantizar que estos jóvenes puedan continuar con su formación académica y, al mismo tiempo, fortalecer sus proyectos de vida mediante el acompañamiento de diferentes instituciones.El proceso cuenta con la participación de la Secretaría de Educación de Bucaramanga, la Institución Educativa Andrés Páez de Sotomayor y Corpoadases.Los participantes fueron distribuidos en cinco grupos de acuerdo con sus trayectorias educativas, con niveles que van desde primaria hasta educación media.La formación contempla dos horas diarias de clases, de lunes a viernes, además de actividades académicas para desarrollar en casa.Uno de los jóvenes beneficiarios, identificado como Leandro, destacó la importancia de contar con este acompañamiento para continuar sus estudios y pensar en su futuro.“Estoy muy agradecido porque nos están dando la posibilidad de estudiar, de recibir apoyo para nuestras carreras y, sobre todo, porque no nos están dejando solos”, señaló.Desde el ICBF Regional Santander señalaron que la estrategia busca que la educación también llegue a quienes cumplen medidas no privativas de la libertad, como parte del proceso de atención y garantía de derechos de los adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA.La entidad destacó que la articulación con el sector educativo permitirá fortalecer las capacidades de los participantes y brindarles herramientas para avanzar en la construcción de sus proyectos de vida.