El senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional, respondió a las declaraciones del exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, luego del enfrentamiento que protagonizaron durante una ceremonia de reconocimiento a integrantes de la Policía Nacional. En entrevista con Recap Blu, el congresista insistió en que el exfuncionario no figuraba en el protocolo del evento y cuestionó que ocupara un lugar en la mesa principal, donde estaban las autoridades. “Es un mentiroso, porque dentro del protocolo no estaba”, afirmó Rodríguez al referirse a la explicación de Jaramillo sobre su presencia en el recinto.El episodio se hizo viral después de que Rodríguez se acercara al exministro y le pidiera retirarse del lugar que ocupaba durante la ceremonia. Según el senador, antes de hacerlo consultó con el personal de protocolo para verificar si Jaramillo estaba incluido en la lista de invitados. Rodríguez aseguró que el problema no era que el exministro asistiera al evento, sino que se ubicara en la mesa directiva, junto a los funcionarios y las autoridades policiales. “Si estaba invitado, como repito, él debió haberse sentado con los invitados que eran los familiares”, sostuvo.El congresista también explicó que, desde su perspectiva, la presencia de Jaramillo en ese lugar resultaba inapropiada por sus antecedentes como integrante del Gobierno Petro. Rodríguez cuestionó la gestión de la administración anterior frente a las Fuerzas Militares y la Policía, y aseguró que su actuación buscaba defender a los uniformados. En ese sentido, sostuvo que mantendría su posición si se presentara nuevamente una situación similar. Según relató, después del incidente conversó con familiares de policías que participaron en otras ceremonias de ascenso y algunos le expresaron su agradecimiento por lo ocurrido.Por su parte, Jaramillo respondió al video difundido en redes sociales y negó que el Gobierno del que hizo parte hubiera maltratado a la fuerza pública. También defendió su derecho a asistir al evento y señaló que las instituciones militares y policiales no pertenecen a una orientación política ni a un partido. Frente a esos argumentos, Rodríguez reiteró que el exministro podía participar como invitado, pero consideró que debía ocupar un lugar distinto al de las autoridades. “Tiene razón, las fuerzas militares y policías no se politizan, pero que no utilice las banderas de nosotros para hacer su show político”, manifestó el senador.Durante la entrevista, Rodríguez planteó además que la presencia de Jaramillo en la mesa principal pudo responder a una estrategia política relacionada con la disputa por espacios de representación de cara a las elecciones de 2027. Finalmente, el senador insistió en que no habría confrontado a Jaramillo si este hubiera permanecido en el espacio destinado a los invitados y familiares.
El exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo no asistió a la audiencia de conciliación citada por la Fiscalía dentro de las actuaciones relacionadas con la muerte de Kevin Arley Acosta, un menor con hemofilia que falleció en febrero de este año. Durante la diligencia, la fiscal del caso leyó una comunicación enviada por el exfuncionario en la que manifestó que no tenía intención de conciliar.“Manifiesto de manera expresa, libre y voluntaria que no acudiré a la audiencia de conciliación fijada y que no es mi intención conciliar respecto de los hechos que dieron origen a la citación de la referencia”, señaló Jaramillo en la carta leída durante la audiencia.La diligencia se realizó en el marco de las actuaciones que buscan establecer las circunstancias relacionadas con la muerte del menor y la filtración de la historia clínica del menor. La diligencia era citada por el delito de revelación de secretos. La representación de las víctimas, a través de la Oficina de Abogados de Wilson Ruiz y del abogado Manuel Villanueva, ha solicitado que se investigue al exministro por la posible comisión del delito de homicidio culposo. Durante la audiencia, la representación de las víctimas dejó constancia de que no contempla una conciliación frente a los hechos relacionados con la muerte del menor y sostuvo que su propósito es que las autoridades establezcan lo ocurrido y determinen las responsabilidades que correspondan.“Quedó claro que la representación de las víctimas nunca ha contemplado negociar ni conciliar sobre la vida de un niño. La vida de Kevin Arley Acosta no es negociable”, manifestó la representación.Los abogados también cuestionaron que Jaramillo no se presentara personalmente a la diligencia y que, en su lugar, enviara una comunicación en la que expresó su decisión de no conciliar. Para la representación de las víctimas, la forma en que el exministro planteó su posición debe ser revisada dentro del trámite de la actuación.“El señor Guillermo Alfonso Jaramillo no se presentó personalmente a la audiencia y, en su lugar, remitió un oficio en el que manifestó que no era su intención conciliar. Para la representación de las víctimas, este mecanismo resulta cuestionable”, señalaron los abogados.La representación de las víctimas insistió en que la actuación no tiene como propósito una negociación económica, sino el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon la muerte de Kevin y la determinación de las responsabilidades a que haya lugar. “Su propósito es que los hechos sean esclarecidos por las autoridades competentes, que se establezca la verdad y que se determinen las responsabilidades a que haya lugar”, indicó el abogado Manuel Villanueva.Durante la audiencia, los representantes de la familia solicitaron además que, atendiendo al principio de conexidad procesal, el despacho tenga conocimiento de otras actuaciones que adelanta la Fiscalía relacionadas con los mismos hechos.En particular, hicieron referencia a la investigación que se adelanta en la Unidad de Vida de la Fiscalía Local de Bogotá y a la compulsa de copias realizada contra el presidente Gustavo Petro por la posible comisión del delito de homicidio culposo, en relación con su posición de garante frente a la intervención de Nueva EPS.La representación de víctimas sostuvo que esta actuación está relacionada con las presuntas deficiencias en la atención y con la entrega de los medicamentos que requería el menor antes del accidente que posteriormente terminó con su muerte.“En el marco de esas actuaciones, ya se habrían compulsado copias al presidente Gustavo Petro por la posible comisión de homicidio culposo, en relación con su posición de garante frente a la puesta en marcha de la política de salud y las presuntas deficiencias que habrían incidido en los hechos que terminaron con la vida de estas personas”, señalaron los abogados.La solicitud busca que la Fiscalía tenga en cuenta la posible relación entre las actuaciones contra el exministro Jaramillo y las que se adelantan respecto del presidente Petro, mientras continúan las investigaciones para establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades relacionadas con la muerte de Kevin Arley Acosta.
El exministro de Salud del Gobierno de Gustavo Petro, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue citado para el próximo 14 de septiembre a una audiencia de conciliación, programada para las 9:30 de la mañana, dentro de una indagación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el delito de revelación de secretos.La actuación está relacionada con el episodio ocurrido durante un consejo de ministros, en el que Jaramillo, quien para ese momento estaba al frente de la cartera de Salud, se refirió públicamente a la condición médica del menor Kevin Acosta y a aspectos relacionados con su muerte. La investigación busca establecer si con esas declaraciones fueron divulgados detalles reservados de la historia clínica del menor. El caso hace parte de un expediente más amplio en el que la Fiscalía investiga las circunstancias que rodearon la muerte de Kevin Acosta, un menor con hemofilia, luego de que se presentaran dificultades en la continuidad de su tratamiento tras la finalización del convenio entre la Nueva EPS y la IPS Medicarte.Y es que la representación de víctimas presentó ante la Fiscalía una denuncia contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por la presunta divulgación y empleo de información sometida a reserva relacionada con la historia clínica del menor Kevin Arley Acosta. La denuncia se relaciona con las declaraciones realizadas durante un Consejo de Ministros transmitido públicamente, en el que fueron expuestos datos relacionados con la condición médica del menor. De acuerdo con la representación de las víctimas, la madre de Kevin nunca autorizó la divulgación de su historia clínica. La legislación colombiana establece que la historia clínica es un documento privado sometido a reserva y contempla una protección especial tratándose de información de niños, niñas y adolescentes.Al respecto, el abogado de la familia, Manuel Villanueva, señaló “Hemos acudido a las autoridades porque corresponde a la Fiscalía y a la justicia establecer lo ocurrido y determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades. La familia de Kevin merece que sus derechos sean protegidos y que los hechos sean esclarecidos con independencia, rigor y transparencia”. La representación de las víctimas espera que, cumplida esta etapa, se continúe con las actuaciones correspondientes y se determine si existen responsabilidades por la conducta investigada. En paralelo, dentro de la misma investigación, el ente acusador compulsó copias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue al presidente Gustavo Petro por los delitos de homicidio culposo, en una posición de garante que la Fiscalía relaciona con la intervención estatal a la EPS, y violación de datos personales agravado.La Fiscalía relaciona este último señalamiento con la divulgación pública y sin autorización de apartes de la historia clínica reservada del menor durante un acto oficial realizado el 17 de febrero de 2026 en Uribia, La Guajira. De acuerdo con la investigación, también se analiza el intento de acceso a información confidencial relacionada con la necropsia.Mientras avanzan estas actuaciones, permanece pendiente la imputación de cargos contra varios funcionarios y exfuncionarios de la Nueva EPS por los hechos que rodearon la muerte del menor.Entre ellos están Luis Óscar Galves Mateus, quien se desempeñaba como interventor de la Nueva EPS; Nelson Ramírez Plazas, médico hematólogo; Jessika Paola Triana y Diana Marcela Caballero Arias, funcionarias administrativas de la entidad, además de Efret Enrique Morales Murgas.
El procurador general, Gregorio Eljach, afirmó en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu que la participación política de funcionarios a través de redes sociales personales no constituye, por sí sola, una falta disciplinaria. Según explicó, las actuaciones sancionables son aquellas que ocurren en ejercicio de funciones públicas o utilizando recursos del Estado.“La vida privada no trasciende al mundo de lo público”, sostuvo Eljach al explicar que las expresiones políticas en cuentas personales son comparables a conversaciones sostenidas en espacios domésticos. No obstante, el jefe del Ministerio Público advirtió que sí existen límites claros frente a la neutralidad electoral. “Lo que prohíbe la ley expresamente son determinadas acciones, conductas y comportamientos que rompen la neutralidad y la imparcialidad de los funcionarios públicos frente a las conductas electorales”, señaló.Durante la entrevista, Eljach insistió en que la Procuraduría no puede intervenir en escenarios privados de los servidores públicos. “No podemos meternos en la vida privada de las personas y no atendiendo lo público”, afirmó, al rechazar interpretaciones según las cuales estaría autorizando la participación política irrestricta de funcionarios.El procurador también reconoció la frustración ciudadana frente a la lentitud de las decisiones disciplinarias. “Nuestros procedimientos son tortuosos, lentos”, admitió, y explicó que recursos, apelaciones y solicitudes de pruebas suelen prolongar las investigaciones, haciendo que en algunos casos los fallos lleguen cuando los funcionarios ya dejaron sus cargos.Por ello, aseguró que su administración ha puesto mayor énfasis en la prevención. “El efecto disuasorio no se consigue exactamente con los procesos disciplinarios de punición, sino con la prevención”, indicó. Según dijo, la estrategia ya muestra resultados y el número de denuncias ha disminuido en las últimas semanas.Respecto a la presunta participación política del presidente Gustavo Petro, Eljach reiteró que la Procuraduría no tiene competencia para investigarlo. Explicó que esa facultad corresponde exclusivamente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.En cuanto al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confirmó que avanza una investigación disciplinaria por presunta intervención en política. Sin embargo, aclaró que el caso requiere una revisión detallada de pruebas debido a la complejidad del expediente.Sobre las denuncias presentadas durante la reunión del Plan Democracia en Cartagena, relacionadas con una supuesta falta de neutralidad del Gobierno, el procurador indicó que varias quejas fueron recibidas sin soportes documentales suficientes. “Estamos acumulando los casos de nuestra competencia y trasladando aquellos que involucran al jefe de Estado”, concluyó.
A escasos 6 días de las elecciones, la Procuraduría General de la Nación está tomando decisiones sobre la presunta participación en política de los funcionarios públicos. En ese sentido, el Ministerio Público abrió una investigación disciplinaria para determinar si Jaramillo participó o no en política tras unas declaraciones en el municipio de Coyaima."Hasta el perro y el gato tiene que salir a votar el próximo 31 de mayo o si no nos va a llevar quien nos trajo", dijo el ministro durante el evento. Según la Procuraduría, el jefe de la cartera de Salud habría realizado un llamado a votar durante una actividad institucional de ese ministerio ante las comunidades indígenas y actores del sector salud.La Procuraduría advirtió en este caso que las declaraciones se habrían producido en un evento oficial y en presencia del congresista electo del Pacto Histórico, Marco Emilio Hincapié, además de militantes de esa colectividad política.Dentro de las pruebas decretadas, la Procuraduría ordenó a su laboratorio de informática recopilar y preservar el video del ministro de Salud.Procurador también pidió informe sobre las quejas contra el presidente PetroEl procurador general, Gregorio Eljach, le pidió a la Comisión de Acusación de la un reporte detallado sobre las quejas o denuncias radicadas ante esa corporación, contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política.En el oficio, el jefe del órgano de control pidió que en un término máximo de tres días se remita un reporte completo sobre todas las quejas o denuncias radicadas contra el mandatario relacionadas con presuntas actuaciones políticas incompatibles con su cargo.
La muerte de Kevin Acosta, el niño de siete años que falleció tras no recibir a tiempo un medicamento esencial para tratar la hemofilia, continúa generando acciones legales. Su madre, Yudi Caterine Pico, interpuso una denuncia ante la Fiscalía con el objetivo de que se investiguen nuevas posibles irregularidades alrededor del caso.La acción está dirigida contra Rodolfo Enrique Salas, secretario general y director jurídico (e) del Ministerio de Salud, a quien señalan de haberse extralimitado en sus funciones. Según la denuncia, el funcionario habría solicitado, sin cumplir los requisitos legales, documentos sensibles como la historia clínica y el informe de necropsia del menor, información que tiene carácter reservado.Para la familia, este hecho no solo sería irregular, sino que también vulneraría sus derechos como víctimas dentro del proceso que investiga la muerte del niño. Por esta razón, piden a la Fiscalía establecer si hubo un uso indebido del cargo y si se incurrió en alguna conducta que deba ser sancionada.El caso se da en medio de cuestionamientos más amplios sobre la atención en salud que recibió el menor. Kevin padecía una condición que requería un medicamento específico, cuya entrega, según se ha conocido, fue suspendida en al menos dos ocasiones por problemas administrativos relacionados con pagos. Esta situación fue respaldada por la Procuraduría, que advirtió que sí hubo negligencia en la prestación del servicio.Con esta denuncia, la familia busca no solo esclarecer lo ocurrido con el funcionario señalado, sino también que se respeten los límites en el manejo de información médica y se garantice la protección de las víctimas.
El presidente Gustavo Petro lideró otro consejo de ministros. Consistió en un repaso por los logros en algunas áreas de gobierno. Empezó a las 8 de la noche, aunque se había citado para las 7.El mayor despliegue lo tuvo la salud, aunque también mostraron datos y gráficas sobre áreas como energías renovables, la labor del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y educación.Para Petro los números no son mejores porque el sistema sigue en problemas, principalmente por las inconsistencias, dice, de parte de las EPS. Una de esas EPS a la que se refirió fue Coosalud, para controvertir la decisión judicial de devolverla a sus propietarios."Lo que hizo el juez de Bolívar, el tribunal... devolvió al gerente que tiene la peor situación económica, Coosalud, la peor de toda Colombia; no a la cooperativa, se la devolvió al gerente, porque la cooperativa tiene otras funcionalidades, pero esto es un absoluto fracaso financiero... pero los interventores fueron escogidos de las listas que dejó el gobierno de Duque", dijo.Sobre esa temática el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix Martínez, la entidad que gira la plata, dejó preguntas en el auditorio para poner en duda la legitimidad de la propiedad de la EPS Coosalud, basado en sus números como empresa."Cómo la justicia, en este caso, dos tribunales, ordenan devolver a sus dueños, accionistas o administradores, uno se pregunta, ¿quiénes son los dueños de una empresa que tiene patrimonio negativo?, ¿cuáles son los accionistas que no tienen capital?, ¿cómo que son dueños? Solo manejan recursos públicos sin un peso propio. Y la ley les da autorización a seguir manejando recursos públicos de por vida, porque algún año, hace 10 años, tuvieron alguna inversión", cuestionó Martínez.A esas dudas el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo le sumó otras controversias, según, hay fraude en las facturas que presentan las EPS, intentando cobrar más por ítems que tienen un costo menor, sean servicios o medicamentos.Uno de los ejemplos más llamativos fue el de cirugías para hombres que en el papel aparecen contadas como servicios para mujeres, como cirugías para atender lesiones en el pene, por parte de Sura; así como inflamación del cuello uterino en hombres en Mutualser.Mientras mostraba rostro de indignación y gesticulaba con enojo, Jaramillo lamentó que a pesar de destinar 25 % de los recursos de la salud para medicamentos, éstos no llegan de manera eficiente.EconomíaY en cuanto a economía, en el consejo de ministros quedó claro que está cerca el anuncio de cuánto aumentará la gasolina. Esto dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.“Estamos en los días de definir el aumento del precio de la gasolina y del diésel de acuerdo a sus instrucciones”, comentó el ministro.Sobre Monómeros el gobierno colombiano ya desistió de la intención de compra, así lo anunciaba después de culpar al expresidente Álvaro Uribe por venderla.“En mi opinión, Monómeros, ya en estas circunstancias actuales, de normalización progresiva de las relaciones con Venezuela, debe ser liberada por parte de la Superintendencia (de Sociedades) y dejarla volar, es venezolana, ubicada en Colombia, nosotros no vamos a comprarlo, ellos tampoco quieren venderlos, porque quieren ser dueños del fertilizante", comentó el mandatario.Y hablando de fertilizantes, Petro propuso que las utilidades futuras de Ecopetrol se inviertan en ese rubro, por lo que, si es necesario, se convocaría a una asamblea extraordinaria para ello.
El futuro de EPS en Colombia sigue abierto y dependerá de las decisiones legislativas, según mencionó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que señaló que “el Senado de la República tiene en sus manos la posibilidad de decidir qué se va a hacer con el sistema”, en referencia al debate que avanza en el Congreso.El ministro explicó que serán las comisiones y, posteriormente, la plenaria las encargadas de evaluar el informe correspondiente sobre el sistema de salud. Aunque reconoció que las EPS enfrentan problemas estructurales desde hace varios años, reiteró que el Gobierno nacional ha mantenido su oposición a procesos de liquidación.En la misma rueda de prensa, el Ministerio de Salud anunció cambios en la forma en que se recolecta y valida la información del sistema, con el objetivo de mejorar la transparencia en el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). El viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, explicó que, en articulación con la DIAN, ya se implementa un sistema de facturación electrónica vinculado a los registros de prestación de servicios.Según indicó, esta herramienta permitirá verificar en tiempo real la atención brindada a los pacientes y los valores cobrados a las EPS. Además, contará con un mecanismo de doble validación que reemplazará el esquema de autorreporte, con lo que se busca avanzar hacia un modelo con mayor trazabilidad y precisión en los datos.Por otro lado, el ministro se refirió a la situación de Coosalud EPS tras una veeduría en la que, según dijo, se evidenciaron presuntas inconsistencias en sus estados financieros. La documentación fue remitida a la Fiscalía General de la Nación para su revisión.En ese contexto, Jaramillo sostuvo que “el presidente no tiene nada de qué retractarse” y cuestionó la respuesta frente a los hallazgos. “La Fiscalía tiene que actuar rápidamente. Deberían levantar el velo corporativo de esta empresa. No lo que hicieron ahora fue entregárselo otra vez a los que hicieron todo esto”, afirmó, en referencia a las decisiones recientes sobre la entidad.
En la mañana de este miércoles, 23 representantes a la Cámara radicaron una nueva proposición de convocatoria de debate de moción de censura en contra del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por cuenta de la grave situación que atraviesa el sistema de salud en el país.El documento, firmado por congresistas de distintas bancadas en cabeza de la representante y senadora electa Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), sostiene que existen “circunstancias graves” que comprometen la adecuada conducción del sector.Entre los principales argumentos expuestos está el aumento sostenido de acciones de tutela por la negación o entrega tardía de servicios y medicamentos, lo que evidencia fallas estructurales en la garantía del derecho fundamental a la salud. Los firmantes advierten que este mecanismo, concebido como excepcional, se ha vuelto recurrente para acceder a servicios básicos.Además, señalan una crisis en la entrega de medicamentos y en la continuidad de tratamientos, con reportes de interrupciones, demoras en citas y dificultades para pacientes con enfermedades de alto costo, lo que ha generado protestas y alertas en diferentes regiones del país.La proposición también cuestiona la dirección, seguimiento y control del sistema por parte del Ministerio, al considerar que la persistencia de estas fallas refleja deficiencias en la coordinación y en la adopción de correctivos estructurales frente a la crisis.Otro de los puntos incluidos hace referencia a declaraciones públicas del ministro, que han sido percibidas como irrespetuosas o carentes de empatía frente a víctimas de fallas en el sistema de salud, como el caso del menor fallecido Kevin Acosta por presunta negligencia de la Nueva EPS, lo que, a juicio de los congresistas, afecta la confianza institucional.Los firmantes sostienen que la situación configura una responsabilidad política por deficiencia en la conducción del sector, por lo que piden avanzar con el trámite de la moción de censura y que la Cámara determine las decisiones a que haya lugar.
La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, ha denunciado públicamente lo que denomina un "cartel de la oncología" o "cartel del cáncer". La denuncia apunta a un esquema de remisiones masivas de pacientes de la Nueva EPS hacia la clínica Clinaltec, en Ibagué, señalando un incremento desproporcionado en el número de traslados y facturación en los últimos años.Un crecimiento exponencial bajo la lupaEn diálogo con Mañanas Blu, la representante Miranda, los datos suministrados por la propia Nueva EPS revelan un crecimiento inusual en las remisiones hacia Clinaltec. Mientras que en el año 2023 se registraron 176 pacientes remitidos, para el año 2025 la cifra ascendió a 1.846, lo que representa un incremento del 1000%. Tan solo en enero de este año, se remitieron 222 pacientes, superando en un solo mes el total de todo el año 2023.Este aumento en el volumen de pacientes ha tenido un impacto directo en las finanzas de la institución. Miranda sostiene que la clínica pasó de facturar 980 millones de pesos en 2023 a tener una cartera de 11.000 millones de pesos en 2025. Ante estas cifras, la congresista cuestiona la justificación de tales movimientos financieros y operativos.Traslados injustificados desde regiones apartadasUno de los puntos más críticos de la denuncia son los traslados de pacientes desde departamentos como Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, Bogotá y la Costa Atlántica hacia Ibagué. La representante señala que la ley exige que los traslados se realicen dentro de la zona local o regional más cercana al paciente.Miranda cuestiona por qué se envían pacientes a Tolima cuando existen IPS habilitadas mucho más cerca. Por ejemplo, mencionó que en el Valle del Cauca hay tres IPS que prestan servicios oncológicos y en Bogotá existen ocho, por lo que el traslado a Ibagué resulta, a su juicio, injustificado. Además, denunció que de los 3.000 pacientes remitidos, solo a 600 se les cubrieron los viáticos, obligando a más de 1.400 personas a costear el traslado de su bolsillo.La respuesta de Clinaltec y el vínculo políticoPor su parte, la clínica Clinaltec ha respondido mediante un comunicado asegurando que, a pesar de las deudas de la Nueva EPS, ellos son de las pocas instituciones que mantienen la atención a los pacientes, mientras otras IPS han cancelado servicios por falta de pago. No obstante, Miranda desmiente esta versión citando una malla de la Nueva EPS que confirma que aún hay múltiples IPS operando en departamentos como Antioquia, Atlántico, Quindío y Valle del Cauca.Otro aspecto controvertido es la supuesta relación de amistad entre el dueño de la clínica y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Aunque la representante aclaró que no vincula esta denuncia con temas electorales o proselitistas, enfatizó que la cercanía entre ambos es "ampliamente conocida en la región".Escuche aquí en la entrevista:
Por tercera semana consecutiva, EPM mantendrá suspendidos los racionamientos de agua en Medellín, pero advierte que aún no se cumplen las metas de ahorro. En los embalses Piedras Blancas, La Fe y Riogrande II no se alcanza aún los 92 y 70 litros por hogar.Aunque los embalses presentan buenos niveles de almacenamiento y las lluvias recientes han favorecido la recuperación de las reservas, EPM advirtió que disminuyó el ahorro de agua en los sistemas Piedras Blancas, La Fe y Riogrande II. La empresa insistió en que noviembre será clave para prepararse ante los meses más difíciles del fenómeno de El Niño.Empresas Públicas de Medellín confirmó que entre el 9 y el 15 de noviembre no habrá interrupciones programadas del servicio de acueducto en las comunas abastecidas por el embalse Piedras Blancas, debido a las condiciones actuales de almacenamiento y al comportamiento reciente de las lluvias.El reporte de este domingo 8 de noviembre muestra que los tres embalses presentan una evolución favorable durante las últimas semanas. Riogrande II pasó de 72,29 % en la primera semana de octubre a 84,82 % actualmente; La Fe aumentó de 70,14 % a 98,11 %, mientras que Piedras Blancas pasó de 76,17 % a 97,69 %.Sin embargo, la empresa advirtió que los niveles de ahorro siguen por debajo de las metas diarias y que durante el sábado 7 de noviembre se registró una disminución en los tres sistemas de abastecimiento.En Piedras Blancas, el ahorro fue de 47 litros diarios por hogar, 10 litros menos que el día anterior. En La Fe pasó de 39 a 29 litros, mientras que en Riogrande II disminuyó de 41 a 39 litros diarios por hogar.Aunque actualmente no se requieren suspensiones programadas, EPM insistió en que noviembre es un mes determinante para conservar las reservas antes de la temporada más compleja del fenómeno de El Niño, prevista entre diciembre de este año y marzo de 2027.
En medio de las recientes denuncias de presunta corrupción que han generado controversia alrededor del expresidente Gustavo Petro, el senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional, anunció que este martes 10 de noviembre presentará ante la plenaria del Senado una proposición para solicitar que se revoque el permiso de salida del país otorgado al exmandatario.Según el congresista, el Senado debe revisar la decisión adoptada el pasado 12 de agosto de 2026, teniendo en cuenta los señalamientos conocidos.“Pediré ante el Congreso de la República revocar el permiso de salida del país del expresidente Gustavo Petro debido a la cantidad de denuncias por corrupción y sexo contratos que lo involucran directamente a él y a su círculo más cercano. El Congreso de la República no puede ser su cómplice. Petro se va a volar del país y exigimos que le dé la cara a Colombia”, dijo el senador.Carta a la Secretaría General del SenadoComo parte de esta iniciativa, el senador Germán Rodríguez envió una comunicación al secretario general del Senado, Diego González, solicitando información y antecedentes documentales relacionados con la autorización concedida al expresidente.En la carta, el congresista pidió copia de la solicitud que presentó Petro para obtener el permiso, así como del texto definitivo de la proposición aprobada por la plenaria el 12 de agosto.También solicitó el acta de la sesión y las condiciones establecidas por el Senado para autorizar los desplazamientos internacionales del exmandatario.Adicionalmente, Rodríguez pidió que se informe si, desde el otorgamiento del permiso, Petro ha remitido comunicaciones a la Secretaría General, la Presidencia o la Mesa Directiva del Senado para reportar viajes al exterior. En caso afirmativo, solicitó conocer las fechas de radicación, los destinos y los periodos informados.El congresista también pidió establecer si anteriormente se han presentado solicitudes para revisar, modificar o revocar esa autorización y, de ser así, conocer el estado de dichos trámites.Finalmente, Rodríguez solicitó que durante la plenaria de este martes 10 de noviembre la Secretaría General presente ante los senadores los antecedentes de la autorización, las condiciones bajo las cuales fue aprobada y las comunicaciones recibidas, para que sean tenidos en cuenta durante la discusión y eventual votación de su proposición.
El senador paraguayo Gustavo Leite, del Partido Colorado, arremetió contra el expresidente Santiago Peña, su compañero de partido, a quien calificó de “bandido” y acusó de haber traicionado al país en medio de la crisis de Ueno Bank, el escándalo financiero que dejó a cerca de 3 millones de ahorristas sin acceso a su dinero y que terminó con la destitución y captura del exmandatario. En diálogo con Mañanas Blu, el legislador afirmó que la ciudadanía exige ver a Peña en una cárcel común y que el proceso judicial “recién comienza”.“Nos traicionó a todos los paraguayos, y con más razón a nosotros”, afirmó Leite al explicar por qué cuestiona con dureza a un político de su misma colectividad. Según recordó, el Partido Colorado acogió a Peña en 2016, cuando provenía del partido tradicional de oposición.“Resultó ser un gran impostor. No sé si un caballo de Troya o un impostor”, sostuvo el senador, quien aseguró que en la sesión del Senado en la que se votó la destitución pidió que el exmandatario saliera del cargo “con deshonra”.Partido Colorado debe asumir “el error histórico”, según LeiteEl legislador insistió en que la filiación política no puede servir de escudo ante los hechos investigados. “Da igual que sea mi partido o no, cuando uno comete una traición no importa de qué partido sea”, declaró.Leite fue más allá y señaló la responsabilidad de su propia colectividad: “El Partido Colorado tiene que asumir históricamente el error de haber puesto a un bandido en la presidencia, que tenemos que tener el coraje para sacarlo y que la fiscalía tiene que tener el coraje para meterlo en la cárcel”.Peña fue enviado a prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial de Asunción, imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, delitos que podrían acarrear hasta 10 años de cárcel. Además, los fiscales del caso allanaron su vivienda en la ciudad de San Bernardino.Para el senador, sin embargo, la situación de reclusión del expresidente no responde a lo que reclama la ciudadanía. “La gente quiere a Peña no en el regimiento escolta, lo quiere en la cárcel nacional donde van todos los delincuentes comunes”, dijo, y agregó: “La gente lo quiere a Peña sin sonrisa, lo quiere esposado como todos los delincuentes comunes”.Senador anticipa nuevas imputaciones contra Santiago PeñaDe acuerdo con Leite, el caso podría ampliarse en las próximas semanas. El senador afirmó que existen presunciones de que Peña era socio oculto del banco y que la entidad actuó “sin dudas en connivencia con el Ejecutivo”, señalamientos que forman parte de su versión y que deberán ser establecidos por la justicia.“Hay demasiados rastros que van a acelerar otras imputaciones. Aquí creo que no se va a salvar de lavado de dinero y de asociación ilícita”, aseguró.El legislador también se refirió al papel del ente acusador: “Yo dije en mi intervención en el Senado cuando el día de la destitución que el fiscal general del estado tiene la brillante ocasión de ser héroe o villano”.El juicio político que llevó a la salida de Peña se desarrolló en medio de una de las peores crisis políticas y financieras del país, cuando el mandatario había cumplido tres años de gobierno.Las alertas sobre Ueno Bank que no fueron atendidasLeite relató que su distanciamiento con Peña comenzó en marzo de este año, cuando, siendo aún embajador de Paraguay en Estados Unidos, denunció públicamente que durante el gobierno de Horacio Cartes, líder del Partido Colorado, “no había olor a coima y los proveedores cobraban al día”. Tras esa ruptura, renunció a la embajada y regresó a Asunción.Según el senador, un grupo de legisladores colorados, entre ellos el actual vicepresidente Antonio Barrios, solicitó al Banco Central del Paraguay un informe de 31 puntos sobre la supervisión de la entidad. La respuesta, afirmó, se limitó a invocar el secreto bancario. “El Banco Central, por instrucciones de Peña, nos responde una estupidez, no nos responde nada”, aseguró.El congresista sostuvo que posteriormente se conocieron créditos que calificó de “absolutamente temerarios”, como préstamos de 40 millones de dólares a empresas relacionadas con el grupo del banco que facturaban 10.000 dólares al mes. “Eso ya era un indicio de vaciamiento”, dijo. Añadió que, aun con el banco sometido a un sumario público, la entidad siguió recibiendo fondos estatales, entre ellos recursos de Itaipú.Comisión bicameral para establecer “quién dio la orden”Frente al destino de los recursos públicos depositados en el banco, Leite anunció que impulsará este miércoles en el Senado una comisión bicameral de investigación. “Es para ir al fondo de la cuestión y entender quién dio la orden, y entender quién dio la orden de esconder el déficit, porque es un daño tremendo a la reputación de Paraguay”, explicó.El nuevo Gobierno también busca rastrear el dinero: el vicepresidente Barrios anunció que solicitará cooperación internacional, incluso a Estados Unidos, para establecer el paradero de los recursos y los bonos manejados por la entidad.Así avanza la devolución de ahorros en ParaguayLa crisis de Ueno Bank estalló luego de que la junta del Banco Central sometiera a la entidad a un procedimiento de resolución, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal.Mediante una ley especial, el Banco Central reportó en apenas dos días pagos a 1.196.000 personas por unos 160 millones de dólares a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Aún quedan pendientes 669.336 cuentas, y cerca de 32.000 pensionados serán trasladados a otras ocho entidades bancarias.Leite explicó que la ley garantiza la devolución de hasta 75 salarios mínimos por ahorrista, con recursos acumulados desde la última crisis financiera, y dimensionó el impacto: “3 millones de ahorristas para 6 millones de paraguayos, es la mitad del país damnificado”.Qué espera el senador del gobierno de Pedro AllianaSobre el nuevo presidente, Pedro Alliana, quien era vicepresidente de Peña y asumió tras la destitución, Leite expresó confianza en un cambio: “Porque o cambiamos o nos cambian”. A su juicio, Alliana, expresidente del Partido Colorado y de la Cámara de Diputados, “sabrá entender que la gente quiere cambio de verdad”.Al cierre, el senador envió un mensaje de calma. Aseguró que la crisis afecta al 8 % del sistema financiero, que calificó de sólido, solvente y líquido. “Es un hecho aislado, tremendo pero aislado”, afirmó, y destacó que las instituciones dieron cuenta del caso en 72 horas “sin que haya un muerto”.
Los seguidores de Maluma podrán comprar anticipadamente las entradas para su concierto en Bogotá como parte del Loco X Volver World Tour 2027. La preventa comienza este lunes 9 de noviembre, a las 10:00 a. m., y estará habilitada para clientes con tarjetas de crédito Bancolombia Visa, quienes podrán adquirir hasta seis boletas por tarjeta.La presentación del artista colombiano está programada para el 5 de febrero de 2027 en El Corazón de Bogotá – Arena. La venta anticipada se realizará a través de TuBoleta y tendrá una duración de 48 horas o finalizará antes si se completa el 50 % del aforo previsto para esta primera fecha.La alianza entre Visa y la gira también contempla beneficios para sus tarjetahabientes en América Latina y el Caribe. En Colombia, los clientes de Bancolombia y los usuarios de Nequi que tengan activa la tarjeta Visa podrán acceder a la preventa.¿Quiénes pueden comprar hasta seis boletas para Maluma?De acuerdo con la información entregada por Bancolombia, el beneficio de compra de hasta seis entradas por tarjeta está disponible para los clientes que tengan tarjetas de crédito Bancolombia Visa.La entidad recomendó verificar antes de ingresar a la plataforma que la tarjeta tenga cupo suficiente para cubrir el valor total de la compra. También pidió revisar los topes, pues si el límite está por debajo del monto necesario, puede modificarse a través de la Sucursal Virtual Personas.Por su parte, los usuarios de Nequi también podrán participar en la preventa. Para acceder, deben activar la Tarjeta Nequi Visa desde la aplicación. La compañía explicó que esta opción busca ampliar los beneficios de su tarjeta y permitir que sus usuarios accedan a experiencias como conciertos y eventos.“Con solo activar la Tarjeta Nequi-Visa pueden aprovechar la preventa de esta alianza”, afirmó Santiago Johnson, director de Mercadeo de Nequi. El directivo agregó que la intención es que este medio de pago abra las puertas a nuevas experiencias y facilite que las personas utilicen su dinero en actividades de su interés.¿Cuándo comienza la venta general de entradas para Maluma?La preventa estará disponible desde las 10:00 a. m. del lunes 9 de noviembre y se extenderá por 48 horas, siempre que no se complete antes el 50 % del aforo previsto.Una vez termine esta etapa, se habilitará la venta general el 11 de noviembre, con todos los medios de pago y hasta agotar existencias.La alianza también contempla la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas Visa de crédito Bancolombia y beneficios especiales para clientes Visa Infinite. Además, durante el concierto en Bogotá se ofrecerán activaciones dentro del recinto.El único canal oficial para adquirir las entradas es TuBoleta. La organización anunció que en las próximas semanas dará a conocer nuevas ciudades de Sudamérica, Centroamérica y México que harán parte del recorrido de Loco X Volver World Tour 2027.
El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, rompió el silencio tras recuperar su libertad luego de 11 meses de detención prevenitiva. En diálogo con Mañanas Blu, el exfuncionario abordó los señalamientos en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), defendió su actuación política y cuestionó los procedimientos judiciales que lo llevaron a prisión.Ante el cuestionamiento sobre si la responsabilidad recaía exclusivamente en Olmedo López o si alcanzaba a otras instancias del Gobierno, Velasco aclaró que sus críticas se dirigen hacia operadores específicos y no a la totalidad de la administración del presidente Gustavo Petro: “En el gobierno de Petro encontré gente maravillosa. Así como gente muy mala y que debemos reconocer como este señor Olmedo y de pronto otra gente”.Libertad tras 11 meses y duras críticas al procedimiento judicialVelasco calificó su encarcelamiento como una "barbaridad" y responsabilizó a la actuación de la magistrada Aura Rosero, señalando que tomó una medida intramural desproporcionada. “Es doloroso saber que el 18 de diciembre del año pasado por la vacancia judicial, una magistrada... me mandara a la cárcel... 11 meses después, después de que la Corte Suprema de Justicia en tutela diga, 'Mire, eso fue palabras más palabras menos, una barbaridad lo que hicieron con Velasco', un magistrado del propio tribunal reconozca esos errores, esas decisiones francamente ilegales y me devuelva la libertad”, afirmó.El exministro sostuvo que nunca intentó evadir a la justicia y que ejercerá su defensa plenamente en libertad.Desvinculación del desfalco en la UNGRDFrente a las acusaciones que lo vinculan con los entramados de corrupción en la Gestión del Riesgo, Velasco enfatizó que la propia Fiscalía General de la Nación ha reconocido que él no participó en la apropiación ilícita de recursos.“La propia Fiscalía en una audiencia de hace unos meses dijo con toda claridad que yo no tengo nada que ver con el saqueo de la Unidad de Gestión de Riesgos. O sea, no me he apropiado de un solo centavo”, aseveró Velasco. Asimismo, precisó que no ha sido acusado de peculado y que los señalamientos en su contra se basan en interpretaciones sesgadas de su labor institucional.Niega la "compra de congresistas" y defiende reuniones de GobiernoConsultado sobre las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla —quienes afirmaron que en reuniones de la Casa de Nariño se habría planificado la entrega de dádivas a parlamentarios para respaldar proyectos oficiales—, Velasco rechazó tajantemente dicha versión.“Mientras yo fui ministro, en lo que respecta, no vi ni actué para eso y es lo que puedo decir y es lo que diré ante la Corte”, sostuvo. Velasco explicó que como ministro del Interior participó en más de 50 reuniones de coordinación política del Gobierno, pero negó que en ellas se acordara comprar votos. Destacó además que los otros ocho asistentes a las reuniones mencionadas por Olmedo López han desmentido la existencia de pactos ilícitos.Respecto a los trámites con congresistas, aclaró que facilitar encuentros entre legisladores y altos funcionarios es una tarea cotidiana y legítima del Ministerio del Interior: “El ministro del Interior entre sus funciones está la de acercar al gobierno con congresistas, gobernadores, alcaldes... Conseguí no menos de 100 citas de congresistas con altos funcionarios del gobierno”.Velasco identificó a Olmedo López como el "gran operador" de las irregularidades en la UNGRD y cuestionó que las investigaciones de la Fiscalía no hayan profundizado en otros contratos multimillonarios. Como ejemplo, citó contrataciones para atender la emergencia en La Mojana, donde según sus afirmaciones se suscribieron acuerdos por 129.000 millones de pesos para obras que podían ejecutarse por 45.000 millones. Finalmente, sobre su relación con el presidente Gustavo Petro, señaló que fue institucional y motivada por coincidencias programáticas, aunque aclaró que nunca existió una amistad personal cercana.Escuche aquí la entrevista: