El procurador general, Gregorio Eljach, afirmó en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu que la participación política de funcionarios a través de redes sociales personales no constituye, por sí sola, una falta disciplinaria. Según explicó, las actuaciones sancionables son aquellas que ocurren en ejercicio de funciones públicas o utilizando recursos del Estado.“La vida privada no trasciende al mundo de lo público”, sostuvo Eljach al explicar que las expresiones políticas en cuentas personales son comparables a conversaciones sostenidas en espacios domésticos. No obstante, el jefe del Ministerio Público advirtió que sí existen límites claros frente a la neutralidad electoral. “Lo que prohíbe la ley expresamente son determinadas acciones, conductas y comportamientos que rompen la neutralidad y la imparcialidad de los funcionarios públicos frente a las conductas electorales”, señaló.Durante la entrevista, Eljach insistió en que la Procuraduría no puede intervenir en escenarios privados de los servidores públicos. “No podemos meternos en la vida privada de las personas y no atendiendo lo público”, afirmó, al rechazar interpretaciones según las cuales estaría autorizando la participación política irrestricta de funcionarios.El procurador también reconoció la frustración ciudadana frente a la lentitud de las decisiones disciplinarias. “Nuestros procedimientos son tortuosos, lentos”, admitió, y explicó que recursos, apelaciones y solicitudes de pruebas suelen prolongar las investigaciones, haciendo que en algunos casos los fallos lleguen cuando los funcionarios ya dejaron sus cargos.Por ello, aseguró que su administración ha puesto mayor énfasis en la prevención. “El efecto disuasorio no se consigue exactamente con los procesos disciplinarios de punición, sino con la prevención”, indicó. Según dijo, la estrategia ya muestra resultados y el número de denuncias ha disminuido en las últimas semanas.Respecto a la presunta participación política del presidente Gustavo Petro, Eljach reiteró que la Procuraduría no tiene competencia para investigarlo. Explicó que esa facultad corresponde exclusivamente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.En cuanto al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confirmó que avanza una investigación disciplinaria por presunta intervención en política. Sin embargo, aclaró que el caso requiere una revisión detallada de pruebas debido a la complejidad del expediente.Sobre las denuncias presentadas durante la reunión del Plan Democracia en Cartagena, relacionadas con una supuesta falta de neutralidad del Gobierno, el procurador indicó que varias quejas fueron recibidas sin soportes documentales suficientes. “Estamos acumulando los casos de nuestra competencia y trasladando aquellos que involucran al jefe de Estado”, concluyó.
A escasos 6 días de las elecciones, la Procuraduría General de la Nación está tomando decisiones sobre la presunta participación en política de los funcionarios públicos. En ese sentido, el Ministerio Público abrió una investigación disciplinaria para determinar si Jaramillo participó o no en política tras unas declaraciones en el municipio de Coyaima."Hasta el perro y el gato tiene que salir a votar el próximo 31 de mayo o si no nos va a llevar quien nos trajo", dijo el ministro durante el evento. Según la Procuraduría, el jefe de la cartera de Salud habría realizado un llamado a votar durante una actividad institucional de ese ministerio ante las comunidades indígenas y actores del sector salud.La Procuraduría advirtió en este caso que las declaraciones se habrían producido en un evento oficial y en presencia del congresista electo del Pacto Histórico, Marco Emilio Hincapié, además de militantes de esa colectividad política.Dentro de las pruebas decretadas, la Procuraduría ordenó a su laboratorio de informática recopilar y preservar el video del ministro de Salud.Procurador también pidió informe sobre las quejas contra el presidente PetroEl procurador general, Gregorio Eljach, le pidió a la Comisión de Acusación de la un reporte detallado sobre las quejas o denuncias radicadas ante esa corporación, contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política.En el oficio, el jefe del órgano de control pidió que en un término máximo de tres días se remita un reporte completo sobre todas las quejas o denuncias radicadas contra el mandatario relacionadas con presuntas actuaciones políticas incompatibles con su cargo.
La muerte de Kevin Acosta, el niño de siete años que falleció tras no recibir a tiempo un medicamento esencial para tratar la hemofilia, continúa generando acciones legales. Su madre, Yudi Caterine Pico, interpuso una denuncia ante la Fiscalía con el objetivo de que se investiguen nuevas posibles irregularidades alrededor del caso.La acción está dirigida contra Rodolfo Enrique Salas, secretario general y director jurídico (e) del Ministerio de Salud, a quien señalan de haberse extralimitado en sus funciones. Según la denuncia, el funcionario habría solicitado, sin cumplir los requisitos legales, documentos sensibles como la historia clínica y el informe de necropsia del menor, información que tiene carácter reservado.Para la familia, este hecho no solo sería irregular, sino que también vulneraría sus derechos como víctimas dentro del proceso que investiga la muerte del niño. Por esta razón, piden a la Fiscalía establecer si hubo un uso indebido del cargo y si se incurrió en alguna conducta que deba ser sancionada.El caso se da en medio de cuestionamientos más amplios sobre la atención en salud que recibió el menor. Kevin padecía una condición que requería un medicamento específico, cuya entrega, según se ha conocido, fue suspendida en al menos dos ocasiones por problemas administrativos relacionados con pagos. Esta situación fue respaldada por la Procuraduría, que advirtió que sí hubo negligencia en la prestación del servicio.Con esta denuncia, la familia busca no solo esclarecer lo ocurrido con el funcionario señalado, sino también que se respeten los límites en el manejo de información médica y se garantice la protección de las víctimas.
El presidente Gustavo Petro lideró otro consejo de ministros. Consistió en un repaso por los logros en algunas áreas de gobierno. Empezó a las 8 de la noche, aunque se había citado para las 7.El mayor despliegue lo tuvo la salud, aunque también mostraron datos y gráficas sobre áreas como energías renovables, la labor del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y educación.Para Petro los números no son mejores porque el sistema sigue en problemas, principalmente por las inconsistencias, dice, de parte de las EPS. Una de esas EPS a la que se refirió fue Coosalud, para controvertir la decisión judicial de devolverla a sus propietarios."Lo que hizo el juez de Bolívar, el tribunal... devolvió al gerente que tiene la peor situación económica, Coosalud, la peor de toda Colombia; no a la cooperativa, se la devolvió al gerente, porque la cooperativa tiene otras funcionalidades, pero esto es un absoluto fracaso financiero... pero los interventores fueron escogidos de las listas que dejó el gobierno de Duque", dijo.Sobre esa temática el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix Martínez, la entidad que gira la plata, dejó preguntas en el auditorio para poner en duda la legitimidad de la propiedad de la EPS Coosalud, basado en sus números como empresa."Cómo la justicia, en este caso, dos tribunales, ordenan devolver a sus dueños, accionistas o administradores, uno se pregunta, ¿quiénes son los dueños de una empresa que tiene patrimonio negativo?, ¿cuáles son los accionistas que no tienen capital?, ¿cómo que son dueños? Solo manejan recursos públicos sin un peso propio. Y la ley les da autorización a seguir manejando recursos públicos de por vida, porque algún año, hace 10 años, tuvieron alguna inversión", cuestionó Martínez.A esas dudas el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo le sumó otras controversias, según, hay fraude en las facturas que presentan las EPS, intentando cobrar más por ítems que tienen un costo menor, sean servicios o medicamentos.Uno de los ejemplos más llamativos fue el de cirugías para hombres que en el papel aparecen contadas como servicios para mujeres, como cirugías para atender lesiones en el pene, por parte de Sura; así como inflamación del cuello uterino en hombres en Mutualser.Mientras mostraba rostro de indignación y gesticulaba con enojo, Jaramillo lamentó que a pesar de destinar 25 % de los recursos de la salud para medicamentos, éstos no llegan de manera eficiente.EconomíaY en cuanto a economía, en el consejo de ministros quedó claro que está cerca el anuncio de cuánto aumentará la gasolina. Esto dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.“Estamos en los días de definir el aumento del precio de la gasolina y del diésel de acuerdo a sus instrucciones”, comentó el ministro.Sobre Monómeros el gobierno colombiano ya desistió de la intención de compra, así lo anunciaba después de culpar al expresidente Álvaro Uribe por venderla.“En mi opinión, Monómeros, ya en estas circunstancias actuales, de normalización progresiva de las relaciones con Venezuela, debe ser liberada por parte de la Superintendencia (de Sociedades) y dejarla volar, es venezolana, ubicada en Colombia, nosotros no vamos a comprarlo, ellos tampoco quieren venderlos, porque quieren ser dueños del fertilizante", comentó el mandatario.Y hablando de fertilizantes, Petro propuso que las utilidades futuras de Ecopetrol se inviertan en ese rubro, por lo que, si es necesario, se convocaría a una asamblea extraordinaria para ello.
El futuro de EPS en Colombia sigue abierto y dependerá de las decisiones legislativas, según mencionó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que señaló que “el Senado de la República tiene en sus manos la posibilidad de decidir qué se va a hacer con el sistema”, en referencia al debate que avanza en el Congreso.El ministro explicó que serán las comisiones y, posteriormente, la plenaria las encargadas de evaluar el informe correspondiente sobre el sistema de salud. Aunque reconoció que las EPS enfrentan problemas estructurales desde hace varios años, reiteró que el Gobierno nacional ha mantenido su oposición a procesos de liquidación.En la misma rueda de prensa, el Ministerio de Salud anunció cambios en la forma en que se recolecta y valida la información del sistema, con el objetivo de mejorar la transparencia en el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). El viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, explicó que, en articulación con la DIAN, ya se implementa un sistema de facturación electrónica vinculado a los registros de prestación de servicios.Según indicó, esta herramienta permitirá verificar en tiempo real la atención brindada a los pacientes y los valores cobrados a las EPS. Además, contará con un mecanismo de doble validación que reemplazará el esquema de autorreporte, con lo que se busca avanzar hacia un modelo con mayor trazabilidad y precisión en los datos.Por otro lado, el ministro se refirió a la situación de Coosalud EPS tras una veeduría en la que, según dijo, se evidenciaron presuntas inconsistencias en sus estados financieros. La documentación fue remitida a la Fiscalía General de la Nación para su revisión.En ese contexto, Jaramillo sostuvo que “el presidente no tiene nada de qué retractarse” y cuestionó la respuesta frente a los hallazgos. “La Fiscalía tiene que actuar rápidamente. Deberían levantar el velo corporativo de esta empresa. No lo que hicieron ahora fue entregárselo otra vez a los que hicieron todo esto”, afirmó, en referencia a las decisiones recientes sobre la entidad.
En la mañana de este miércoles, 23 representantes a la Cámara radicaron una nueva proposición de convocatoria de debate de moción de censura en contra del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por cuenta de la grave situación que atraviesa el sistema de salud en el país.El documento, firmado por congresistas de distintas bancadas en cabeza de la representante y senadora electa Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), sostiene que existen “circunstancias graves” que comprometen la adecuada conducción del sector.Entre los principales argumentos expuestos está el aumento sostenido de acciones de tutela por la negación o entrega tardía de servicios y medicamentos, lo que evidencia fallas estructurales en la garantía del derecho fundamental a la salud. Los firmantes advierten que este mecanismo, concebido como excepcional, se ha vuelto recurrente para acceder a servicios básicos.Además, señalan una crisis en la entrega de medicamentos y en la continuidad de tratamientos, con reportes de interrupciones, demoras en citas y dificultades para pacientes con enfermedades de alto costo, lo que ha generado protestas y alertas en diferentes regiones del país.La proposición también cuestiona la dirección, seguimiento y control del sistema por parte del Ministerio, al considerar que la persistencia de estas fallas refleja deficiencias en la coordinación y en la adopción de correctivos estructurales frente a la crisis.Otro de los puntos incluidos hace referencia a declaraciones públicas del ministro, que han sido percibidas como irrespetuosas o carentes de empatía frente a víctimas de fallas en el sistema de salud, como el caso del menor fallecido Kevin Acosta por presunta negligencia de la Nueva EPS, lo que, a juicio de los congresistas, afecta la confianza institucional.Los firmantes sostienen que la situación configura una responsabilidad política por deficiencia en la conducción del sector, por lo que piden avanzar con el trámite de la moción de censura y que la Cámara determine las decisiones a que haya lugar.
La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, ha denunciado públicamente lo que denomina un "cartel de la oncología" o "cartel del cáncer". La denuncia apunta a un esquema de remisiones masivas de pacientes de la Nueva EPS hacia la clínica Clinaltec, en Ibagué, señalando un incremento desproporcionado en el número de traslados y facturación en los últimos años.Un crecimiento exponencial bajo la lupaEn diálogo con Mañanas Blu, la representante Miranda, los datos suministrados por la propia Nueva EPS revelan un crecimiento inusual en las remisiones hacia Clinaltec. Mientras que en el año 2023 se registraron 176 pacientes remitidos, para el año 2025 la cifra ascendió a 1.846, lo que representa un incremento del 1000%. Tan solo en enero de este año, se remitieron 222 pacientes, superando en un solo mes el total de todo el año 2023.Este aumento en el volumen de pacientes ha tenido un impacto directo en las finanzas de la institución. Miranda sostiene que la clínica pasó de facturar 980 millones de pesos en 2023 a tener una cartera de 11.000 millones de pesos en 2025. Ante estas cifras, la congresista cuestiona la justificación de tales movimientos financieros y operativos.Traslados injustificados desde regiones apartadasUno de los puntos más críticos de la denuncia son los traslados de pacientes desde departamentos como Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, Bogotá y la Costa Atlántica hacia Ibagué. La representante señala que la ley exige que los traslados se realicen dentro de la zona local o regional más cercana al paciente.Miranda cuestiona por qué se envían pacientes a Tolima cuando existen IPS habilitadas mucho más cerca. Por ejemplo, mencionó que en el Valle del Cauca hay tres IPS que prestan servicios oncológicos y en Bogotá existen ocho, por lo que el traslado a Ibagué resulta, a su juicio, injustificado. Además, denunció que de los 3.000 pacientes remitidos, solo a 600 se les cubrieron los viáticos, obligando a más de 1.400 personas a costear el traslado de su bolsillo.La respuesta de Clinaltec y el vínculo políticoPor su parte, la clínica Clinaltec ha respondido mediante un comunicado asegurando que, a pesar de las deudas de la Nueva EPS, ellos son de las pocas instituciones que mantienen la atención a los pacientes, mientras otras IPS han cancelado servicios por falta de pago. No obstante, Miranda desmiente esta versión citando una malla de la Nueva EPS que confirma que aún hay múltiples IPS operando en departamentos como Antioquia, Atlántico, Quindío y Valle del Cauca.Otro aspecto controvertido es la supuesta relación de amistad entre el dueño de la clínica y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Aunque la representante aclaró que no vincula esta denuncia con temas electorales o proselitistas, enfatizó que la cercanía entre ambos es "ampliamente conocida en la región".Escuche aquí en la entrevista:
La representante a la Cámara Katherine Miranda habló este miércoles 24 en Recap Blu. En una extensa entrevista, puso el foco en la familia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y en los millonarios contratos que, según dijo, han recibido desde que comenzó el actual Gobierno. En su intervención dejó una frase que atravesó toda la conversación: “Es criminal. Están jugando con la vida de los colombianos”.Miranda aseguró que, hasta ahora, no ha recibido ninguna respuesta del ministro frente a la denuncia. “Presentamos absolutamente todas las pruebas, todos los contratos de cada uno de su núcleo familiar”, afirmó, y aclaró que no está hablando de un delito penal, sino de una práctica que considera reprochable. “Esto no es un delito, pero sí es nepotismo, y es algo que antes se criticaba y hoy parece una normalidad”, dijo.Contratos por más de $3.200 millonesDurante la entrevista, la congresista explicó que al menos siete personas cercanas al ministro han tenido contratos con el Estado colombiano desde 2022. “Hablamos de sobrinos, cuñada, hermano, esposa, hijo e hijastro”, señaló, y detalló que el monto total supera los 3.200 millones de pesos.Uno de los casos que más inquietud le genera es el del hijastro del ministro en la ADRES. “Tiene dos contratos, uno por 12 millones y otro por 38 millones de pesos”, explicó. Según Miranda, uno de esos contratos fue por apenas 70 días de trabajo, lo que, a su juicio, enciende alertas sobre el manejo de los recursos públicos.Procuraduría, Contraloría y control políticoLa representante confirmó que la información ya fue enviada a la Procuraduría y a la Contraloría para que revisen si hubo irregularidades o tráfico de influencias. “Queremos que se establezca si la contratación fue adecuada”, afirmó.En ese contexto, Miranda vinculó la denuncia con la crisis del sistema de salud y la moción de censura contra el ministro. “Hoy el 52 % de la población está en EPS intervenidas por este gobierno”, advirtió, y agregó que el país atraviesa una situación crítica mientras, según ella, “un clan familiar se estaría beneficiando del Estado”. Para la congresista, el debate no puede aplazarse: “Nunca es tarde para hacer control político cuando lo que está en juego es la vida de la gente”.
La representante a la Cámara Katherine Miranda denunció que algunos familiares del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habrían recibido más de 3.000 millones de pesos en contratos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.Miranda mencionó a la cuñada de Jaramillo, María Clara Berrocal, quien, según la denuncia, ha firmado cuatro contratos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre 2023 y 2026 por más de 390 millones de pesos.La congresista también señaló a dos sobrinos del ministro, uno de los cuales firmó un contrato con el Ministerio de Ciencias por 72 millones de pesos en 2024.“También está Camilo Jaramillo Berrocal, que ha firmado más de 12 contratos con entidades como la empresa ferroviaria regional, que en total suma más de 1.400 millones de pesos. Hay un dato aún más delicado porque en 2023 esta persona fue sancionada por la Procuraduría General de la Nación por seis meses y además fue imputada por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito por el caso de Odebrecht”, dijo Miranda.La congresista también afirmó que el hijastro del ministro fue contratista de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) durante el gobierno Petro, con contratos por 97 millones de pesos, y que el hermano del ministro también habría recibido contratos de la Contraloría General de la República por 38 millones de pesos.“El hijo, Alejandro Jaramillo Gómez, desde agosto de 2024 es el director de ProColombia en el Reino Unido. Ese cargo le representa ingresos que superan los 40 millones de pesos mensuales”, agregó Miranda.Por otro lado, señaló que la esposa del ministro es la superintendente delegada para las prestadoras de servicios de salud.“La pregunta es inevitable: ¿estamos ante un entramado familiar beneficiado con recursos públicos? Más de 3.000 millones de pesos mientras el país enfrenta una crisis en el sistema de salud y los colombianos esperan atención”, concluyó Miranda.
La representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, radicó en la noche de ayer, 19 de febrero, una solicitud de moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ante la Cámara de Representantes. Para que la solicitud sea presentada formalmente se requieren 20 firmas de otros congresistas. Por ahora, el documento ya cuenta con el apoyo de 12 de ellos, encabezados por Pedraza.Entre los firmantes se encuentran los congresistas Julia Miranda, Catherine Juvinao, Daniel Carvalho, Alejandro García, Katherine Miranda, Juan Sebastián Gómez, Juan Carlos Losada, Carolina Arbeláez, Carolina Giraldo y Óscar Rodrigo Campo. Además, la iniciativa también ha recibido respaldo ciudadano, pues en menos de 12 horas se han recogido cerca de 600 firmas en apoyo al debate de la moción de censura.En el documento, firmado por Pedraza, se solicita la citación a debate del ministro Jaramillo, al considerar que existen “circunstancias graves que comprometen la adecuada conducción del Ministerio” y fallas en la garantía del derecho fundamental a la salud, particularmente en la dirección, orientación y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud.Los argumentos que presenta la congresista son cuatro y se basan en la exposición de hechos que, según el documento, podrían demostrar responsabilidades políticas del ministro. En primer lugar, se señala el aumento sostenido de acciones de tutela por la negación o entrega tardía de medicamentos y servicios. De acuerdo con la proposición, este comportamiento, advertido por la Defensoría del Pueblo, evidencia una falla estructural del sistema y refleja deficiencias en el ejercicio de las funciones de dirección del Ministerio.En segundo lugar, se menciona la crisis en el acceso y la continuidad en la entrega de medicamentos, con interrupciones de tratamientos, represamiento en la dispensación y demoras reiteradas en la asignación de citas médicas en distintos territorios del país. De acuerdo con el texto, estas situaciones vulneran los principios de disponibilidad, accesibilidad, continuidad y oportunidad establecidos en la Ley Estatutaria de Salud.Otro de los hechos que sustentan la moción apunta a deficiencias en la dirección, el seguimiento y el control del sistema de salud, en un contexto de dificultades financieras de varias entidades, problemas en el flujo de recursos y ausencia de medidas estructurales acordes con la magnitud de la crisis. Para los firmantes, esta situación compromete la responsabilidad política del ministro.Finalmente, el documento incluye cuestionamientos a manifestaciones públicas del ministro frente a casos de pacientes afectados por barreras en el acceso a los servicios. Entre ellos, se refieren a las declaraciones relacionadas con el caso del menor Kevin Acosta, que, según el documento, han sido percibidas por familiares y organizaciones de pacientes como revictimizantes o carentes de empatía.Al respecto, la representante que lidera la solicitud fue enfática. “Es inadmisible un ministro que se ha referido de manera displicente a la crisis de los trabajadores del sistema de salud, diciendo que ‘los ricos también lloran’. Un ministro que ha revictimizado a la madre de Kevin Acosta, el menor que falleció hace pocos días por falta de acceso a sus medicamentos para tratar la hemofilia”, señaló Pedraza.Una vez se completen las 20 firmas en la carta y se confirme formalmente la solicitud, los congresistas esperan que se defina la fecha para el debate en plenaria.
La sostenibilidad en la industria hotelera ha dejado de medirse únicamente por indicadores ambientales. Aunque la reducción del consumo de agua, energía o plásticos sigue siendo una prioridad, cada vez cobra más fuerza un enfoque que también busca generar oportunidades para las comunidades, promover la inclusión laboral y fortalecer el trabajo conjunto con organizaciones sociales.Así lo explicó Agustina Nadellini, líder de Up for People en América, quien considera que el reto del sector es demostrar que la sostenibilidad no puede limitarse al discurso, sino traducirse en acciones que tengan un impacto real sobre las personas.Uno de los ejes de este modelo es el voluntariado corporativo. A través de diferentes jornadas durante el año, colaboradores participan en actividades con fundaciones que apoyan a niños en condición de vulnerabilidad, entregando alimentos, juguetes y otros insumos. A esto se suman iniciativas de economía circular, en las que la ropa donada por los propios empleados se intercambia por alimentos no perecederos que posteriormente son destinados a organizaciones sociales.La inclusión laboral también hace parte de esta transformación. En Colombia, por ejemplo, se desarrollan programas que facilitan el acceso al empleo de personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual, en alianza con fundaciones especializadas. El propósito es ofrecer oportunidades de trabajo formal que contribuyan a su autonomía económica y a una mayor inclusión en el mercado laboral.Otra de las iniciativas busca brindar apoyo a familias con niños que deben desplazarse para recibir tratamientos médicos o cumplir actividades organizadas por fundaciones. La idea es que los menores puedan permanecer acompañados por sus familiares durante estos procesos, aprovechando la infraestructura hotelera como una herramienta de apoyo.Nadellini explicó que el impacto de estos programas se mide a través de indicadores como el número de beneficiarios, voluntarios y donaciones, además de la capacidad de adaptar las iniciativas a las necesidades específicas de cada comunidad.Este modelo hace parte de la estrategia de sostenibilidad de Minor Hotels, que divide su trabajo entre los programas Up for Planet, enfocado en el cuidado del medio ambiente, y Up for People, orientado al desarrollo de las comunidades. "La sostenibilidad llegó para quedarse. No solo se trata de cuidar el planeta, sino también de construir comunidades más fuertes, inclusivas y con mejores oportunidades para las futuras generaciones", concluyó Nadellini.
Saber qué hacer y cómo reacciona el cuerpo tras el sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia es clave para recuperar la tranquilidad. El evento, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, se percibió en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Manizales, convirtiéndose en el más fuerte de la última década en el país, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).Frente a sensaciones físicas persistentes como la percepción de que el suelo se sigue moviendo, Denisse Morales, directora de la Maestría en Psicología Clínica de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, explicó las causas médicas de este fenómeno y estructuró pautas de manejo emocional.Qué es el síndrome de mareo postsismoLa especialista señaló que manifestaciones como mareo, taquicardia, insomnio, dificultad para concentrarse o temor a ingresar a edificios responden a una activación del sistema de alarma del cuerpo para protegerse.De acuerdo con un estudio publicado en 2021 por la revista científica PLOS ONE sobre los terremotos de Kumamoto (Japón, 2016) citado por la institución, de 4.231 personas encuestadas, 1.543 mantuvieron la sensación de mareo posterior al evento. Este fenómeno combina la respuesta del oído interno, encargado del equilibrio, el sistema nervioso y factores emocionales como la ansiedad.Las réplicas del movimiento telúrico reactivan temporalmente la vigilancia del organismo, por lo que la calma suele retornar de forma paulatina.Cinco consejos psicológicos tras el temblor de 7.4Para controlar la respuesta de alerta sin descuidar las medidas de prevención ante posibles réplicas, Morales entregó cinco recomendaciones prácticas:Anclar el cuerpo: sentarse con ambos pies apoyados firmemente en el piso, fijar la vista en un punto fijo de la pared y nombrar en voz alta cinco objetos a su alrededor para devolver estabilidad al cerebro.Alargar la exhalación: inhalar contando hasta cuatro y expulsar el aire lentamente contando hasta seis. Repetir la secuencia durante dos minutos para bajar las pulsaciones del corazón.Limitar el uso del teléfono celular: revisar de forma puntual las fuentes oficiales del SGC y la UNGRD, evitando la sobreexposición a imágenes o videos de la emergencia que incrementen la ansiedad.Hablar con claridad a los niños: explicarles con palabras sencillas lo ocurrido y las acciones a seguir si vuelve a temblar, manteniendo las rutinas habituales de alimentación y sueño.Estructurar un plan de acción: Definir un punto de encuentro familiar, despejar las vías de evacuación de la vivienda y alistar una maleta de emergencia con agua, botiquín, linterna, radio y documentos.¿Cuándo solicitar atención médica o psicológica?El análisis académico establece que se debe buscar ayuda profesional si los síntomas no ceden al cabo de una semana; si la persona no logra dormir, comer o laborar; si existe evasión a ingresar a inmuebles o si un menor de edad registra regresiones conductuales.Asimismo, si el mareo se acompaña de vómito intenso, zumbidos constantes o pérdida de audición, la recomendación es acudir a valoración médica para descartar cuadros de vértigo y evitar la automedicación.El Ministerio de Salud cuenta con la línea gratuita 106 para atención en salud mental las 24 horas, mientras que las emergencias inmediatas se atienden a través del número 123.
Como consecuencia del terremoto registrado en Colombia y con el propósito de proteger la integridad de colaboradores, empresarios y usuarios, las Cámaras de Comercio de Pereira, Cali, Quibdó, Buga, Cartago, Manizales, Armenia y Buenaventura modificaron temporalmente la atención presencial en sus sedes. La medida se mantendrá mientras se adelantan las inspecciones técnicas para determinar las condiciones de seguridad de las edificaciones y establecer las reparaciones locativas que sean necesarias.La decisión fue adoptada en el marco de lo establecido por la Circular Externa 100-000002 de 2022 de la Superintendencia de Sociedades, que permite a las cámaras de comercio modificar temporalmente la atención presencial cuando se presentan circunstancias extraordinarias o situaciones de fuerza mayor. Sin embargo, la normativa establece que estas entidades deben garantizar la continuidad de los servicios mediante sus canales virtuales e informar oportunamente a los usuarios y a la autoridad de supervisión sobre cualquier modificación en la prestación del servicio.Por esta razón, los servicios registrales y demás trámites a cargo de las Cámaras de Comercio no quedan suspendidos. Los empresarios y ciudadanos podrán continuar realizando sus diligencias a través de los canales virtuales habilitados por cada entidad, los cuales se encuentran disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.La modificación temporal de la atención presencial aplica para las Cámaras de Comercio de Pereira, Cali, Quibdó, Buga, Cartago, Manizales, Armenia y Buenaventura. En cada una de estas ciudades se adelantan las respectivas verificaciones técnicas para establecer si las instalaciones presentan afectaciones derivadas del movimiento telúrico y determinar las condiciones necesarias para retomar la atención al público de manera segura.De acuerdo con la información suministrada por la Red de Cámaras de Comercio de Colombia, la atención presencial será restablecida una vez finalicen las inspecciones y se compruebe que existen las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios. Cualquier cambio en los horarios o en las condiciones de atención será comunicado por cada Cámara de Comercio mediante sus canales oficiales.Finalmente, la Red de Cámaras de Comercio recomendó consultar los sitios web y las redes sociales oficiales de cada entidad para conocer el estado de la atención presencial y acceder a los canales virtuales disponibles para realizar trámites y servicios mientras se normaliza la atención en las sedes físicas.
El Operador Nacional de Juegos realizó el sorteo del Baloto y Baloto Revancha correspondiente a este lunes, 10 de agosto de 2026, dos de los juegos de azar con los premios acumulados más altos del país.En esta jornada, miles de colombianos estuvieron atentos a los resultados con la expectativa de quedarse con el premio mayor. A continuación, puede consultar los números ganadores de ambas modalidades y conocer cómo quedaron los acumulados para el siguiente sorteo.Números ganadores del Baloto y Baloto RevanchaEstos son los resultados del sorteo de este lunes, 10 de agosto de 2026.BalotoNúmeros ganadores: 14 - 04 - 35 - 27 - 19.Super Balota: 14.Baloto RevanchaNúmeros ganadores: 31 - 13 - 21 - 36 - 09.Super Balota: 03.¿Cómo quedaron los premios del Baloto y Revancha?Si bien el resultado del premio mayor se conoce al finalizar el sorteo, el Operador Nacional de Juegos también publica el balance de ganadores en cada una de las categorías de premiación, desde los cinco aciertos con Super Balota hasta los premios por aproximaciones.En esta publicación se actualizarán el número de ganadores, los valores entregados en cada categoría y el reporte oficial de premiación una vez la información sea divulgada.¿Cuánto está acumulado el Baloto y la Revancha?Para este lunes, 10 de agosto de 2026, el Baloto ofrece un premio acumulado de $52.000 millones, mientras que la modalidad Revancha entrega un acumulado de $10.000 millones.En caso de que no se registre un ganador del premio mayor, ambos acumulados aumentarán para el próximo sorteo, programado para el miércoles, de acuerdo con el calendario oficial del juego.Los jugadores pueden verificar sus resultados y validar los tiquetes adquiridos en los puntos de venta autorizados o mediante los canales oficiales del operador en todo el país.
El sorteo número 586 de MiLoto, jugado este lunes, 10 de agosto de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $450 millones de pesos.A continuación, te mostramos los números ganadores, el desglose de premios por cantidad de aciertos y el nuevo monto acumulado para el próximo sorteo.Números ganadores de MiLoto 10 de agosto (Sorteo 586)La combinación ganadora del sorteo 586 de este lunes 10 de agosto de 2026 fue: 02 - 19 - 14 - 29 - 08.¿Cómo jugar MiLoto?Elige tus números: Selecciona 5 números del 1 al 39. Puedes elegirlos tú mismo o pedirlos de forma automática (al azar).Costo del boleto: Cada jugada tiene un costo accesible para los apostadores.¿Cómo ganar?: Ganas si aciertas a 5, 4, 3 o 2 de los números sorteados.Puntos de venta: Puedes comprar tu tiquete en los puntos autorizados de Gana, Paga Todo, Suchance, Jer, entre otros operadores de red a nivel nacional, o de forma virtual a través de la plataforma web oficial.