El exministro de Salud del Gobierno de Gustavo Petro, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue citado para el próximo 14 de septiembre a una audiencia de conciliación, programada para las 9:30 de la mañana, dentro de una indagación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el delito de revelación de secretos.
La actuación está relacionada con el episodio ocurrido durante un consejo de ministros, en el que Jaramillo, quien para ese momento estaba al frente de la cartera de Salud, se refirió públicamente a la condición médica del menor Kevin Acosta y a aspectos relacionados con su muerte. La investigación busca establecer si con esas declaraciones fueron divulgados detalles reservados de la historia clínica del menor.
El caso hace parte de un expediente más amplio en el que la Fiscalía investiga las circunstancias que rodearon la muerte de Kevin Acosta, un menor con hemofilia, luego de que se presentaran dificultades en la continuidad de su tratamiento tras la finalización del convenio entre la Nueva EPS y la IPS Medicarte.
Y es que la representación de víctimas presentó ante la Fiscalía una denuncia contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por la presunta divulgación y empleo de información sometida a reserva relacionada con la historia clínica del menor Kevin Arley Acosta. La denuncia se relaciona con las declaraciones realizadas durante un Consejo de Ministros transmitido públicamente, en el que fueron expuestos datos relacionados con la condición médica del menor.
De acuerdo con la representación de las víctimas, la madre de Kevin nunca autorizó la divulgación de su historia clínica. La legislación colombiana establece que la historia clínica es un documento privado sometido a reserva y contempla una protección especial tratándose de información de niños, niñas y adolescentes.
Al respecto, el abogado de la familia, Manuel Villanueva, señaló “Hemos acudido a las autoridades porque corresponde a la Fiscalía y a la justicia establecer lo ocurrido y determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades. La familia de Kevin merece que sus derechos sean protegidos y que los hechos sean esclarecidos con independencia, rigor y transparencia”. La representación de las víctimas espera que, cumplida esta etapa, se continúe con las actuaciones correspondientes y se determine si existen responsabilidades por la conducta investigada.
Publicidad
En paralelo, dentro de la misma investigación, el ente acusador compulsó copias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue al presidente Gustavo Petro por los delitos de homicidio culposo, en una posición de garante que la Fiscalía relaciona con la intervención estatal a la EPS, y violación de datos personales agravado.
La Fiscalía relaciona este último señalamiento con la divulgación pública y sin autorización de apartes de la historia clínica reservada del menor durante un acto oficial realizado el 17 de febrero de 2026 en Uribia, La Guajira. De acuerdo con la investigación, también se analiza el intento de acceso a información confidencial relacionada con la necropsia.
Mientras avanzan estas actuaciones, permanece pendiente la imputación de cargos contra varios funcionarios y exfuncionarios de la Nueva EPS por los hechos que rodearon la muerte del menor.
Publicidad
Entre ellos están Luis Óscar Galves Mateus, quien se desempeñaba como interventor de la Nueva EPS; Nelson Ramírez Plazas, médico hematólogo; Jessika Paola Triana y Diana Marcela Caballero Arias, funcionarias administrativas de la entidad, además de Efret Enrique Morales Murgas.