La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, formuló una fuerte declaración al responderle al presidente Gustavo Petro, frente a los cuestionamientos que hizo el mandatario a las investigaciones tras el fallecimiento del niño hemofílico Kevin Acosta.“Lamento mucho que este caso se torne en un espectáculo público porque es el dolor de una familia que perdió a su hijo. No es cierto de ninguna manera que yo, como fiscal, o cualquier fiscal, o la fiscal que tiene a cargo la investigación, haya impedido la entrega de un protocolo de necropsia al Ministerio de Salud o a la Superintendencia de Salud”, señaló la fiscal general.Durante la alocución presidencial del 27 de abril, el presidente Petro manifestó: “Ocultan el informe de Medicina Legal sobre por qué murió el niño en Huila. Pero resulta que Medicina Legal sabe por qué murió y no entrega el informe porque la fiscal general dijo que no nos lo entregaran”.El director general de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, indicó que el instituto, “como auxiliar de la justicia”, no está facultado para entregar los resultados de las necropsias de los ciudadanos a entidades o a personas naturales sin que se cuente con una orden judicial.“El 25 de marzo llegó una tutela del Ministerio de Salud y Protección Social por presunta vulneración al derecho fundamental de petición. Cuarto, el 14 de abril, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró improcedente la tutela del Ministerio de Salud y Protección Social. Nuestra misión es prestar servicios forenses a la comunidad y a la administración de justicia, sustentados en la investigación científica en un marco de calidad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana”, agregó Martínez.La polémica por la muerte del niño Kevin Acosta, de siete años, diagnosticado con hemofilia, creció en febrero de este año luego de que el presidente Petro publicara sin autorización apartes de su historia clínica, tras responsabilizar a la familia del deceso por permitirle montar en bicicleta.El niño falleció en ese mes en Bogotá, luego de dos meses de angustiosa espera de su madre, Katherine Pico, para que el sistema público de salud le suministrara el medicamento Emicizumab, que necesitaba con urgencia para controlar la hemofilia, condición que se agravó tras caerse de su bicicleta.Tanto Petro como su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han responsabilizado del fallecimiento a la madre del menor por permitirle andar en bicicleta, pero no han manifestado su solidaridad con la familia ni voluntad de investigar las razones por las cuales la empresa prestadora de salud Nueva EPS, intervenida por el Gobierno, dejó de suministrarle al niño una medicina que recibía desde los nueve meses de nacido.Además, la divulgación de la historia clínica por parte del presidente provocó críticas y también una respuesta de la familia del menor, que calificó como “lamentable e inhumano” que se haya hecho pública esa información, que es de carácter confidencial de cualquier paciente.
El caso de Kevin Acosta, el pequeño que falleció porque la Nueva EPS no le suministró a tiempo el medicamento para tratar la hemofilia, volvió a estar en el centro de la discusión por las declaraciones del presidente Gustavo Petro en su más reciente alocución presidencial.“Medicina Legal sabe por qué murió y la Fiscal General dijo que no nos lo entregaban (el informe). Eso es manejo político de la muerte porque no hay pruebas de que fue por culpa de la Nueva EPS”, señaló el presidente Petro.Ante esto, el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, aclaró que la entidad, en su calidad de auxiliar de la justicia, no tiene la potestad de entregar resultados de necropsias sin una orden judicial, y que estos informes solo pueden ser remitidos a las autoridades competentes encargadas de adelantar las investigaciones.Medicina Legal explicó además que el pasado 4 de marzo recibió un requerimiento del Ministerio de Salud y Protección Social solicitando la historia clínica y el informe de necropsia del menor Kevin Acosta. Frente a esta solicitud, aseguró que dio respuesta conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico.El 25 de marzo, esa cartera interpuso una acción de tutela por una presunta vulneración al derecho fundamental de petición. Sin embargo, el 14 de abril, un juzgado de Bogotá declaró improcedente dicha acción judicial.Y es que, según una investigación profunda de la Procuraduría General de la Nación, la muerte del niño tras un accidente en bicicleta se dio por la negligencia de la NUEVA EPS por su falta de entrega oportuna para tratar la hemofilia, enfermedad que padecía el pequeño.
El equipo jurídico de Wilson Ruiz, que representa a la familia de Kevin Acosta de 7 años, celebró el reciente pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación que confirma la existencia de omisiones en el sistema de salud en este caso.A través de un comunicado, los abogados destacaron que la decisión disciplinaria del Ministerio Público respalda los argumentos que han venido exponiendo sobre presuntas fallas en la atención por parte de la Nueva EPS, que habrían derivado en la muerte del paciente.“En cabeza del doctor Wilson Ruiz hemos venido adelantando las acciones judiciales, iniciando procesos ante varios tribunales que están avanzando. La decisión de la Procuraduría afianza los argumentos que nosotros hemos planteado y evidencia que hubo una omisión por parte de funcionarios de la Nueva EPS en el tratamiento de Kevin y, como consecuencia, se produjo su muerte", aseguró en ese sentido el abogado Manuel Villanueva, representante de la familia y miembro del equipo jurídicoEs de recordar que Kevin Arley Acosta, un niño de 7 años con hemofilia, falleció en febrero de 2026 luego de complicaciones derivadas de un golpe en la cabeza que sufrió mientras montaba bicicleta. Pese a la urgencia del caso, permaneció varias horas en una clínica sin recibir el tratamiento especializado que requería ni ser trasladado oportunamente a un centro de mayor complejidad, lo que agravó su estado de salud hasta llevarlo a una condición crític"No solo estamos en el proceso de representación de víctimas, sino también en el contencioso administrativo, donde ya existe una demanda contra el Estado. Este fallo confirma la omisión de los funcionarios. Hay que recordar que la Nueva EPS es una entidad de economía mixta y recientemente sus funcionarios pasaron a ser considerados servidores públicos", enfatizó Villanueva.Actualmente se espera respuesta de cuatro instancias judiciales diferentes según el caso de Kevin Arley, lo cuál implica que los funcionarios tienen la responsabilidad de suministrar los medicamentos y responder por sus conductas, según manda la ley y dicha omisión en la atención prioritaria genera una responsabilidad mayor.El equipo jurídico reiteró que continuará impulsando acciones penales y administrativas con el objetivo de esclarecer los hechos, obtener justicia para la familia y evitar que situaciones similares se repitan en el sistema de salud colombiano.
Vivir con hemofilia en Colombia supone enfrentar una enfermedad genética que afecta la coagulación de la sangre y, además, lidiar con barreras en el sistema de salud. Para Hans, paciente con hemofilia de 40 años de edad, la posibilidad de llevar una vida estable ha dependido del acceso al medicamento, conocido como factor de coagulación, y del acompañamiento permanente de su madre. Esto expresó en entrevista con el programa Relatos al Límite.“Siempre y cuando lo tenga uno, uno puede tener una vida sana”, afirma Hans sobre el tratamiento. Sin embargo, reconoce que cada actividad cotidiana implica precaución, incluso al afeitarse. “Al principio fue difícil, porque le toca a uno buscar para no cortarse… queda uno como con el susto, ‘ay, yo ahorita empiezo a sangrar’, y ahora sin medicamentos”. La sola posibilidad de no contar con el factor genera angustia.El impacto psicológico de crecer con hemofiliaHans también habla de las secuelas emocionales. “Para mí fue muy duro psicológicamente… muchas cosas que no pude disfrutar de pequeño”. Las restricciones y el temor constante marcaron su relación con el entorno: “Me daba miedo hablar, me daba miedo comunicarme con otras personas”.Aun así, insiste en que el tratamiento oportuno cambia el panorama para los pacientes con hemofilia: “Hay muchas cosas que podemos disfrutar sin restricciones, porque para eso está un medicamento que hoy en día lo hay, que nos puede salvar la vida”.Desconocimiento en el sistema de saludMás allá de la experiencia personal, su madre, Ruth, lanza una advertencia sobre el desconocimiento institucional en torno a esta enfermedad huérfana. “Mucha información, tienen que aprender a dar información”, sostiene. Según relata, fue gracias a la Liga Colombiana de la Hemofilia que aprendieron a aplicar el factor y a manejar la condición en casa.Ruth cuestiona la falta de preparación en algunos servicios médicos: “Muchas veces ni siquiera los médicos profesionales saben qué es una hemofilia”. Describe escenas en urgencias donde, pese a advertir que se trata de un “paciente vital”, la respuesta es incredulidad: “Uno llega y dice: ‘es hemofílico’, y dicen: ‘¿pero de dónde? No lo vemos’”.Su conclusión es contundente: “La hemofilia no se ve, la hemofilia se siente, y el único que lo siente es el paciente”. El llamado al Gobierno, a las EPS y al personal sanitario es claro: mayor capacitación, información y garantía de acceso continuo al medicamento, cuya ausencia puede poner en riesgo la vida.Vea la entrevista completa acá:
La muerte de Kevin Acosta, el niño que falleció tras una caída en bicicleta mientras esperaba un medicamento para tratar la hemofilia, reabrió el debate sobre el acceso al tratamiento en Colombia. En medio de ese contexto, Ruth Segura y su hijo Hans compartieron su testimonio en entrevista con el programa Relatos al Límite sobre lo que significa vivir con esta enfermedad hereditaria y los desafíos en el sistema de salud.“La hemofilia es una deficiencia de factor en la sangre. En nuestra familia tenemos la deficiencia del factor 9”, explicó Ruth. La hemofilia B, como es conocida, impide una adecuada coagulación y puede desencadenar hemorragias internas prolongadas incluso por golpes leves.Hans fue diagnosticado a los 2 años de edad, luego de un episodio que marcó a la familia. “El niño estaba bañadito en sangre de la cabeza hasta los pies”, recordó su madre sobre aquella madrugada en la que terminó en cuidados intensivos tras un golpe en el labio. En ese momento, hace 38 años, el acceso al factor de coagulación en Colombia era inexistente y el tratamiento consistía en transfusiones.Restricciones, miedo y resilienciaLa infancia de Hans estuvo marcada por limitaciones. “En el colegio me tocaba vestirme con la camiseta especial, de un color diferente, para que identificaran que ese muchacho no lo podían tocar”, relató. La sobreprotección era una constante: casco, rodilleras y coderas improvisadas para evitar hemorragias, en una época sin profilaxis.Uno de los episodios más críticos ocurrió cuando tenía 12 años. Tras morderse el labio en un accidente menor, su madre lo encontró “vomitando sangre por toneladas”. Permaneció un mes hospitalizado.A pesar de que un médico pronosticó que no superaría los 16 años de edad, hoy Hans tiene 40. “Doctor, mire, aquí estoy y vivo”, le dijo tiempo después en un simposio sobre hemofilia.El factor: clave para una vida normal“El factor es el medicamento que hace que los chicos de hoy en día tengan una vida normal”, subrayó Ruth. Hans, paciente con hemofilia B leve y tratamiento a demanda, aprendió desde los 12 años a aplicarse el medicamento.Sin embargo, la familia insiste en que el acceso sigue siendo complejo. “Ha sido muy difícil la atención, la mala comunicación, la información”, afirmó Ruth, quien hizo un llamado al Gobierno y a las EPS para fortalecer la información y garantizar el suministro oportuno.Hans envió un mensaje a otros pacientes: “No se deje llevar de lo que diga la gente, porque para eso hay un medicamento. Siempre y cuando uno lo tenga, puede tener una vida sana”.Para Ruth, la conclusión es clara: “La hemofilia no se ve, la hemofilia se siente, y el único que lo siente es el paciente”.Vea la entrevista completa acá:
La IPS Integral Solutions SD S. A. S. suspendió de manera inmediata la atención a los afiliados de Nueva EPS diagnosticados con hemofilia y otras coagulopatías, tras declarar la "imposibilidad absoluta" de continuar prestando los servicios por la falta de pago.La medida aplica tanto para pacientes antiguos como para los que habían sido asignados de manera preliminar en enero de este 2026.La entidad explicó que, aunque dispuso de la "capacidad técnica, científica y humana para iniciar el proceso de atención integral", Nueva EPS incumplió los acuerdos alcanzados el 16 de enero y el 20 de febrero.Estos compromisos, que incluían aportes a las deudas que superan los $8.000 millones, eran indispensables para garantizar la ejecución efectiva de los tratamientos y servicios requeridos por esta población de alto costo, cuya atención implica recursos especializados, terapias permanentes y respaldo financiero oportuno.Integral Solutions señaló que la falta de cumplimiento por parte de la EPS "limita e imposibilita completamente cualquier oportunidad de realizar la atención clínica integral para todos los usuarios".Y que, de haber continuado con la prestación de servicios en esas condiciones, habría asumido "un riesgo inminente para la institución", pues no están dadas todas las garantías para sostener la operación y asegurar la calidad en la atención de pacientes con patologías complejas como la hemofilia.Ahora, Nueva EPS deberá iniciar la reasignación de estos pacientes a otras instituciones que presten este tipo de servicios médicos, lo que significa un reto complejo, pues Integral Solutions SD S. A. S. tiene presencia en 17 departamentos y ha estado operando por más de 13 años.
La muerte de Kevin Acosta, un niño con hemofilia, sacudió al país esta semana y volvió a poner al sistema de salud en el centro de una discusión que dejó de ser técnica para convertirse en un drama profundamente humano. Lo que empezó como un caso médico terminó atravesado por el debate político, las responsabilidades institucionales y, sobre todo, el dolor de una familia que asegura que su hijo murió por no recibir a tiempo el medicamento que necesitaba.El tema fue abordado este domingo 22 de febrero de 2026 en Sala de Prensa, de Blu Radio, con dos voces clave: un experto en salud pública y el representante de los pacientes de alto costo. Ambos coincidieron en algo esencial: detrás de cifras, reformas y discursos, hay personas que están pagando el precio más alto.Ramón Abel Castaño: “La crisis fue deliberada”Para Ramón Abel Castaño, el caso de Kevin debe analizarse con respeto, pero también con una mirada estructural. “Esto hay que usarlo como un evento adverso para aprender como sistema y evitar que vuelva a pasar”, señaló, evitando entrar en detalles judiciales del caso puntual.Castaño fue claro en su diagnóstico: “El gobierno llegó con la intención de hacer una reforma estructural y para eso creó una crisis explícita cerrando la llave de la plata”. Según explicó, el desfinanciamiento deliberado de la UPC desde 2023 desencadenó una cadena de efectos: deudas crecientes, aumento de tutelas, colapso de contratos y dificultades para garantizar tratamientos continuos.Sobre la polémica declaración oficial que atribuyó la muerte del niño a un accidente, fue contundente: “Es muy reprochable que se asuma una actitud política frente a un tema humano y médico”. Para el experto, el famoso “chuchuchú” terminó afectando a toda la cadena del sistema, pero “al final, a los que más golpea es a los pacientes”.Néstor Álvarez: “A los pacientes les están violando un derecho humano”Desde la voz de quienes viven el sistema todos los días, Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, el mensaje fue aún más crudo. “La mayor violación sistemática de derechos humanos hoy en Colombia es el derecho a la salud”, afirmó. “Nos están matando”, dijo, al referirse a los retrasos en tratamientos, la falta de medicamentos y una crisis que, según él, se siente primero en los cuerpos de los más vulnerables. Álvarez explicó que en el país hay al menos 600.000 personas en tratamiento por enfermedades de alto costo y que muchas dependen de EPS intervenidas, donde “hay cero timón y una destrucción administrativa”. Sobre Kevin, reconoció que la hemofilia era una patología que había mejorado mucho en atención, por lo que el caso resultó aún más alarmante.“Ese niño no debía estar sin profilaxis ni pidiendo ayuda. Algo estaba funcionando muy mal”, dijo, al referirse a la ruptura de programas especializados tras cambios administrativos en la EPS. También cuestionó que se responsabilizara a la madre: “Las mamás de estos niños son las primeras que salvan vidas, no las culpables”. Ambos entrevistados coincidieron en que el caso de Kevin no puede quedar en el olvido.
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que actualmente el país vive una emergencia humanitaria y sanitaria peor que la del COVID-19, por culpa de la crisis del sistema de salud, situación por la cual le pidió al procurador y al contralor de la República que convoque al Gobierno nacional a una mesa técnica para que se garantice la atención de los pacientes.La mandataria también se refirió al caso de la muerte del niño Kevin Acosta, que padecía hemofilia, asegurando que como él, son miles los pacientes que hay en el país con su vida en riesgo, por la no entrega de medicamentos y las barreras para la continuidad de tratamientos.“Hay muchos Kevin en este país que están muriendo por la falta de atención en salud en varias EPS, que, además, están intervenidas por el Gobierno. Tenemos que lograr la solidaridad de todos los colombianos porque lo más importante es la salud y la vida de las personas y lo que nos toca a nosotros es ayudar a preservarla, porque han crecido las barreras de atención, la mortalidad ha crecido”, indicó la mandataria vallecaucana.Por otra parte, recientemente se conoció un fallo del Tribunal Superior de Buga, dando respuesta a una tutela interpuesta por Diana Katherine García Chávez, a quien la Nueva EPS no le autorizó los procedimientos para tratar su hipertensión intra craneal.En el fallo, además de ordenar el restablecimiento del derecho a la salud de la paciente en menos de 48 horas, el tribunal también indicó que esta EPS "ha abandonado a sus usuarios", teniendo en cuenta que en el último año se han atendido más de 140 casos donde la nueva EPS fue sancionada por incumplir los fallos de tutela.Según el Tribunal Superior de Buga, además de la vulneración al derecho a la salud de los pacientes, la falta de respuesta de la Nueva EPS a las tutelas está generando una considerable congestión judicial.La postura del tribunal fue respaldada por la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS en el Valle, que sostiene que en la actualidad no se está garantizando una buena atención a los pacientes."No tenemos cómo garantizar ni a la corte de alto costo ni a la población de las redes primarias, una integralidad de servicios como lo merecen los pacientes. Se dejan de entregar algunas moléculas a pacientes con hipertensión, pacientes diabéticos se están presentando dificultades, los pacientes con enfermedad de alto costo, pacientes con enfermedad huérfana", aseguró Sandra Martínez, presidente de la Asociación.La representante de los usuarios de la Nueva EPS asegura que la mayor complicación está para los pacientes con enfermedades de alto costo, pues deben ser atendidos en clínicas de alta complejidad, las cuales actualmente no les están prestando servicios.
Blu Radio conoció que cerca de 250 pacientes de la Nueva EPS que no han recibido su primera dosis de medicamento para el tratamiento de la hemofilia A y B hace por lo menos tres meses en Antioquia, Eje Cafetero y Valle del Cauca, serán atendidos de manera prioritaria por una IPS antioqueña.Esta alarmante situación pone en riesgo a estos pacientes que, en la mayoría de los casos, recibieron su último tratamiento antes del 15 de diciembre de 2025 y que eventualmente, ante un accidente como el de Kevin Acosta, podrían poner su vida en peligro, hecho por lo que la Nueva EPS no solo ha mostrado su preocupación sino que ya está cerca de cerrar un trato para atender a esta población.La información que ha conocido Blu Radio es que quien se hará cargo de estos cerca de 250 pacientes con hemofilia será una IPS con sede central en Medellín y que también opera en ciudades del Eje Cafetero o en el departamento del Valle del Cauca, misma que eventualmente podría atender el caso de Jhonatan Leal, un hombre que hace siete meses no recibe su tratamiento para la hemofilia en Medellín y que asegura no puede pagar los medicamentos.“Valdría 2 millones de pesos cada inyección y son tres inyecciones a la semana, por tanto, serían 12 inyecciones equivalentes a 20 millones de pesos. Ni porque fuera extracto 6 le digo, sería insostenible a lo largo de la vida”, afirmó Leal.A la espera de que los usuarios de la Nueva EPS tengan por fin sus medicamentos, hay que decir que la IPS que los acogerá próximamente atiende a cerca de 170 pacientes con hemofilia en el departamento de Antioquia, afiliados a Savia Salud y Sanitas. Además, mencionar que esas personas, hasta ahora, reportan tasas bajísimas en sangrados repentinos, cifras que han permitido que la Nueva EPS ponga sus ojos en estos especialistas de la salud.Sobre lo que ocurre hoy en Antioquia, hay que mencionar que solo de Savia Salud y Sanitas hay 99 personas con hemofilia severa, personas que han contado por años con su tratamiento a pesar de, por ejemplo, algunos retrasos leves en los pagos por parte de Savia Salud, EPS intervenida por el Gobierno nacional.A pocos días de que se oficialice el convenio, hay que manifestar que, con la atención de pacientes de la Nueva EPS, esta IPS antioqueña tendrá más de 200 personas con hemofilia solamente en el departamento de Antioquia, que si se suman a las atenciones en el Eje Cafetero y Valle del Cauca, podría llegar a una cifra de 400 personas con necesidad de profilaxis.Advertencia por hemofilia BBlu Radio también conoció que hay cuatro personas en Colombia que tiene hemofilia B, que son pacientes con inhibidores que no tienen terapia efectiva disponible en el país por la no autorización del INVIMA, y que están siendo atendidos con medicamentos y tratamientos que no son los adecuados, pero que aseguran los expertos de no hacer este tipo de procedimientos es probable que los pacientes hayan tenido un desenlace fatal.
En el marco de un evento sobre regalías realizado en el auditorio Jockey Club, en el centro de Bogotá, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach y elcontralor General, Carlos Hernán Rodríguez, se pronunciaron sobre el caso del menor Kevin Acosta y la situación del sistema de salud en el país.El procurador Gregorio Eljach aseguró que la forma en que el presidente de la República y el ministro de Salud se refirieron al caso que generó indignación entre los colombianos y pidió a los funcionarios del Gobierno moderar su lenguaje.“Hago un llamado vehemente a todo servidor público especialmente a quienes se ocupan los cargos de dirección en el Estado. Para no decir nombres, presidente de la república y ministro de salud a que actúen con sentido de sensibilidad y de consideración y respeto por el dolor ajeno. Me refiero al triste y lamentable y no reparable fallecimiento del niño Kevin Acosta que han ofendido e indignado a los colombianos”, aseguró.Eljach afirmó que su mensaje surgía desde lo más profundo de su sentir, al tratarse de un niño y pidió respeto por la memoria del menor y por sus padres. También recordó que Colombia atraviesa un momento convulsionado y que los altos funcionarios deben promover la unidad y el respeto.Por su parte, el contralor Carlos Hernán Rodríguez se refirió a la crisis del sistema de salud, asegurando que la Contraloría había advertido sobre la situación y que esta trajo consecuencias graves, como la muerte del menor.“Llamo al Gobierno nacional para que reflexione en que esto no se trata de justificar lo injustificable. En reflexionar y revisar la muerte que acaba de acontecer de este niño, tiene que ser algo que nos lleve a reflexionar, a no tratar de justificar errores que se han venido cometiendo. Esta es una oportunidad para que se replantee si se ha venido prestando el servicio como debe ser” indicó.Rodríguez señaló que las decisiones tomadas han generado responsabilidades fiscales por varios billones de pesos y que el Gobierno debe revisar en qué está fallando. Además, reiteró que la Nueva EPS no ha entregado los estados financieros necesarios para su auditoría y recordó que la Superintendencia de Salud debe dedicarse a labores de inspección, vigilancia y control, sin coadministrar entidades.
Un terremoto de magnitud 5,6 sacudió este viernes el centro de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), un sismo que coincide con las fuertes lluvias y el riesgo de inundaciones provocados por el avance de dos tormentas tropicales sobre el archipiélago.El sismo tuvo lugar a las 22:29 hora local (13:29 GMT) y tuvo su epicentro a 20 kilómetros de profundidad en la prefectura de Yamanashi, cerca de la zona conocida como Cinco Lagos en la base del Monte Fuji, según la JMA.La agencia meteorológica indicó que no existe riesgo de tsunami a causa de este terremoto, que se dejó notar con mayor intensidad en la localidad de Fujikawaguchiko, donde se registró un nivel 6 de siete posibles según la escala japonesa, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.Por el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales, mientras Japón aguarda la llegada al unísono de dos tormentas tropicales este sábado, Mekkhala e Higos, lo que ha llevado a ordenar la evacuación de unos dos millones de personas en zonas consideradas de riesgo por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra.El sismo sigue a otro esta misma mañana de magnitud 5,8, que sacudió el este de Japón y se dejó notar con intensidad en Tokio, así como a uno de mayor intensidad el pasado jueves con una magnitud de 6,9 y que afectó a la parte norte del país, dejando al menos diez heridos según las autoridades.Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.
A las 3:30 de la madrugada de este viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con rumbo a Maiquetía, Venezuela, llevando a bordo una misión humanitaria cuyo objetivo principal es salvar vidas entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.En total, las aeronaves transportaron a 62 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de cerca de 12 toneladas de herramientas, equipos y suministros destinados a fortalecer las labores de atención de la emergencia. La operación hace parte de la respuesta inmediata del equipo USAR Colombia-1, del cual hace parte la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que reúne capacidades de distintas instituciones del país.El contingente desplazado hacia Venezuela está integrado por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y Bomberos de Colombia, organismos especializados en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de desastres de gran magnitud.Junto al personal fueron transportados equipos tecnológicos para la localización de víctimas atrapadas bajo escombros, herramientas de corte y penetración de concreto y hormigón reforzado, dispositivos médicos y de biomedicina para la atención inicial de los afectados, así como unidades caninas entrenadas en la búsqueda y localización de personas vivas en escenarios de colapso estructural.El despliegue logístico se desarrolló durante la noche y bajo condiciones de alta exigencia operativa. La misión representó un reto adicional debido a que los aeropuertos habilitados por las autoridades venezolanas para la recepción de ayuda humanitaria solo operan durante el día, en medio del intenso flujo de aeronaves y equipos internacionales que han llegado para apoyar las labores de emergencia.Ante este escenario, la capacidad de las tripulaciones colombianas para ejecutar operaciones nocturnas fue determinante para garantizar el traslado oportuno del personal y de la ayuda humanitaria, permitiendo que los equipos de rescate llegaran en las primeras horas de la mañana para iniciar su trabajo sobre el terreno.
A las 3:30 de la madrugada de este viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con rumbo a Maiquetía, Venezuela, llevando a bordo una misión humanitaria cuyo objetivo principal es salvar vidas entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.En total, las aeronaves transportaron a 62 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de cerca de 12 toneladas de herramientas, equipos y suministros destinados a fortalecer las labores de atención de la emergencia. La operación hace parte de la respuesta inmediata del equipo USAR Colombia-1, del cual hace parte la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que reúne capacidades de distintas instituciones del país.El contingente desplazado hacia Venezuela está integrado por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y Bomberos de Colombia, organismos especializados en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de desastres de gran magnitud.Junto al personal fueron transportados equipos tecnológicos para la localización de víctimas atrapadas bajo escombros, herramientas de corte y penetración de concreto y hormigón reforzado, dispositivos médicos y de biomedicina para la atención inicial de los afectados, así como unidades caninas entrenadas en la búsqueda y localización de personas vivas en escenarios de colapso estructural.El despliegue logístico se desarrolló durante la noche y bajo condiciones de alta exigencia operativa. La misión representó un reto adicional debido a que los aeropuertos habilitados por las autoridades venezolanas para la recepción de ayuda humanitaria solo operan durante el día, en medio del intenso flujo de aeronaves y equipos internacionales que han llegado para apoyar las labores de emergencia.Ante este escenario, la capacidad de las tripulaciones colombianas para ejecutar operaciones nocturnas fue determinante para garantizar el traslado oportuno del personal y de la ayuda humanitaria, permitiendo que los equipos de rescate llegaran en las primeras horas de la mañana para iniciar su trabajo sobre el terreno.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias 'Tom', y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias 'Trenzas', señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de participar presuntamente en el atentado terrorista perpetrado contra el cantón militar Pichincha, en Cali ,Valle del Cauca, el pasado 24 de abril, ataque que dejó dos mujeres heridas y ocasionó cuantiosos daños materiales.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que alias 'Tom' habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar que posteriormente fue utilizada en el atentado. Según el ente acusador, además de realizar el trámite de traspaso del vehículo, lo habría puesto a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarlo con cilindros bomba que posteriormente fueron activados en las inmediaciones de la instalación militar.Por su parte, alias 'Trenzas' es investigado por, presuntamente, movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y facilitar el recorrido de la buseta hasta el lugar donde fueron detonados los artefactos explosivos improvisados.Los dos procesados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas de manera conjunta por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos fueron incautadas varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas y material impreso alusivo a las disidencias de las Farc, además de una motocicleta que haría parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.Un fiscal especializado contra el Crimen Organizado imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes el primer integrante de su gabinete ministerial. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior, el primer nombre oficial de su equipo de gobierno.En la publicación, De La Espriella destacó la trayectoria política y profesional de Lara, a quien describió como "emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción". Además, resaltó que "nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria", y aseguró que "nunca renunció a sus principios" ni dejó de legislar "para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad".El mandatario electo también exaltó que Rodrigo Lara "nunca ha dejado de combatir", en un mensaje con el que presentó oficialmente al dirigente político como el encargado de liderar el Ministerio del Interior durante el próximo cuatrienio.Con este anuncio comienza la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en el transcurso del día el presidente electo revele nuevos nombres de quienes asumirán las diferentes carteras ministeriales y tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales políticas de su administración.¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y la academia, Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos relacionados con la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.En el ámbito gubernamental, se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior en temas de ordenamiento territorial y como asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. En 2006 fue designado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responsabilidad por la que fue reconocido como el "zar Anticorrupción" del Gobierno.Desde 2002 ha ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde ha participado en estudios sobre reformas del Estado, fortalecimiento de los organismos de control y desarrollo de las entidades territoriales. Además, ha publicado diversos artículos especializados sobre control fiscal, regionalización, finanzas territoriales y los sistemas presidencial y parlamentario.En su carrera política, Lara asumió en abril de 2008 una curul en el Senado como vocero de Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras. Posteriormente fue representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo 2014-2018. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.
