La situación laboral en el sector energético de Santander entró en una fase crítica. Los trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA), empresa filial del Grupo EPM, aprobaron iniciar un proceso de huelga tras una votación realizada en Asamblea General, bajo la supervisión del Ministerio del Trabajo.
Según el resultado de la jornada, 556 de los 681 trabajadores afiliados a Sintraelecol en Santander votaron a favor de la huelga, mientras que un grupo minoritario respaldó la opción de acudir a un tribunal de arbitramento. La decisión fue respaldada por las cinco subdirectivas sindicales con presencia en Bucaramanga, Socorro, San Gil, Barrancabermeja y Barbosa.
De acuerdo con la normatividad laboral vigente, el sindicato cuenta ahora con un plazo de hasta 10 días para notificar formalmente a la empresa y al Ministerio del Trabajo la llamada “hora cero”, momento a partir del cual se daría inicio oficial a la huelga.
La eventual suspensión de actividades genera preocupación en la región, ya que podría afectar a más de 6.000 usuarios del servicio de energía eléctrica en Santander, en medio de un conflicto que no logró resolverse durante la etapa de negociación directa entre la empresa y los trabajadores.
Este escenario se presenta pocos días después de que, el 3 de febrero, el Ministerio del Trabajo ordenara medidas preventivas y cautelares contra la Electrificadora de Santander, tras advertir la falta de acuerdos y presuntas acciones que habrían buscado limitar el ejercicio del derecho constitucional a la huelga.
Desde Sintraelecol reiteraron que las solicitudes elevadas a la empresa corresponden a derechos laborales básicos. Entre los principales puntos se encuentran el ajuste salarial conforme a la ley, el cumplimiento de los acuerdos colectivos firmados en 2023, el respeto a la progresividad laboral y el fortalecimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
El sindicato ha hecho énfasis en la necesidad de mayores garantías para el personal que labora en plantas eléctricas, redes y transformadores, labores catalogadas como de alto riesgo.
Los trabajadores insisten en que la huelga representa un último recurso, tras lo que consideran reiterados incumplimientos por parte de la empresa. Mientras tanto, el conflicto queda bajo la atención del Gobierno Nacional, los organismos de control y la ciudadanía, en un momento clave para el debate sobre derechos laborales, servicios públicos esenciales y diálogo social en el país.
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