La Fiscalía General de la Nación citó a audiencia de imputación de cargos por el delito de homicidio culposo a Luis Óscar Galves Mateus, entonces interventor de la Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, entonces auditor de concurrencia y gerente regional, y a las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias, dentro de la investigación por la muerte del menor y la filtración de la historia clínica de Kevin Acosta, quien padecía hemofilia y cuyo fallecimiento generó denuncias por una presunta negligencia en la atención de la Nueva EPS. La diligencia se realizará el próximo lunes 24 de agosto.
El caso también llevó a la Fiscalía a compulsar copias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue al expresidente Gustavo Petro por los presuntos delitos de violación de datos personales agravado y homicidio culposo, en calidad de garante dentro del proceso relacionado con la filtración de la historia clínica del menor.
Aunque el Senado aprobó el 12 de agosto la salida del país del presidente Gustavo Petro, la representación de víctimas de la familia de Kevin Acosta solicitó cancelar dicha autorización mediante una petición dirigida al presidente del Congreso, Honorio Henríquez. En el documento, la representación sostuvo que “en un intento por implementar modificaciones improvisadas al sistema de salud intervino la Nueva EPS desde el pasado 3 de abril del 2024, esta acción regulatoria, terminó destruyendo la atención de los beneficiados y asfixiando económicamente el sistema”.
La representación agregó que, “en aras de la posición de garante que le corresponden en su calidad de primer mandatario de los colombianos y quien direccionó las políticas en materia de salud en todo el territorio nacional”, la Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Acusaciones “como consecuencia de lo encontrado en actividades investigativas”.
Dentro de la decisión, la Fiscalía cuestionó además las declaraciones realizadas por el mandatario el 17 de febrero de 2026, durante un evento en Uribia, La Guajira, después de conocerse la muerte del menor y las denuncias sobre presuntas fallas en la prestación del servicio.
Según el ente investigador, “es de conocimiento nacional que el señor presidente de la República, al encontrarse en el departamento de La Guajira, en Uribia el día 17 de febrero de 2026 (…) refirió que la madre del menor era la responsable de estos lamentables hechos, primero, por haberse trasladado al departamento de Santander, por lo cual no recibió la dosis del mes de febrero, situación que no es de recibo, por cuanto la EPS estaba en la obligación de suministrarla”.
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La Fiscalía señaló que el expresidente también atribuyó responsabilidad a la madre del niño por permitirle montar bicicleta y por presuntamente negarse a una intervención quirúrgica. En ese contexto, el ente investigador cuestionó que el mandatario hiciera referencia a información contenida en la historia clínica.
Sobre este punto, el documento sostiene que el presidente “divulgó diferentes apartes de la historia clínica del menor, acción que le era prohibida, dado que la historia clínica es reservada y no puede ser divulgada sin consentimiento del paciente y en este caso concreto debía contar con la autorización de la progenitora del menor”.
Frente a la presunta divulgación de información reservada, la Fiscalía sostuvo que el presidente “no se encuentra facultado legalmente para divulgar dicha información”. Además, afirmó que el propósito de esas declaraciones habría sido “señalar que no es responsabilidad del Gobierno Nacional la demora en la entrega de los medicamentos del menor” y, según el ente investigador, “eximir de responsabilidad al Gobierno Nacional de la crisis actual del sistema de salud y endilgar la responsabilidad a la madre del menor”.
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El ente investigador también cuestionó el interés del mandatario en obtener información relacionada con la necropsia del niño. Al respecto, señaló que “pretendía obtener la información relacionada con la base de opinión pericial de necropsia del menor, documento que también se encuentra sometido a reserva”, y agregó que esa información judicialmente fue negada, “ya que el presidente no se encuentra facultado legalmente para obtenerla ni se encuentra expresamente autorizado por la madre del menor para tal fin”.
En relación con el homicidio culposo, la Fiscalía solicitó analizar la eventual posición de garante del presidente frente al nombramiento del interventor de la Nueva EPS. Según la decisión, el funcionario designó a un auditor de concurrencia que “nunca hizo presencia ni atendió las contingencias”, pese a que debía gestionar la obtención inmediata de los factores de coagulación cuando el menor ingresó al Hospital de Pitalito.
Para la Fiscalía, “las omisiones y falta de control en el manejo del paciente, sumado a la falta de respuesta en el momento álgido de la contingencia, constituyen factores adicionales y desencadenantes de la complicación que presenta el menor”, ocurrida después de una caída.
Con la citación a imputación de cargos contra el exinterventor, el auditor y las otras dos funcionarias, la Fiscalía avanza en la judicialización de los presuntos responsables por la muerte de Kevin Acosta. Paralelamente, continúa el trámite relacionado con la compulsa de copias para que la Comisión de Investigación y Acusación determine lo correspondiente frente a los señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro.