El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, rechazó dos iniciativas legislativas que, según el magistrado, afectarían la independencia y autonomía del tribunal.
La primera es una iniciativa presentada por el senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, y que fue apoyada por el presidente Abelardo De La Espriella. Gómez propone reducir en 100 mil millones de pesos el presupuesto de la JEP para destinarlos a la justicia ordinaria.
“Conllevaría a la imposibilidad de operación del sistema de protección a víctimas y testigos, intervinientes y operadores judiciales, al dejar sin financiación los $62.478 millones destinados a convenios con la Unidad Nacional de Protección (UNP). Esto dejaría desamparadas a miles de personas cuyos derechos, seguridad y vidas son protegidos por la Jurisdicción”, explicó el magistrado.
También hizo referencia a otra iniciativa legislativa que busca permitirle a la justicia penal militar revisar las sentencias de la JEP contra miembros de la fuerza pública.
“Esta iniciativa legislativa se presenta en un contexto en el que la JEP ha dado resultados investigativos inéditos contra los antiguos líderes de las Farc-EP por la comisión de crímenes como el reclutamiento de menores de edad, la violencia sexual y los ataques contra Pueblos Étnicos; y, al mismo tiempo, ha imputado a 28 generales de la República, de los cuales ocho han reconocido su responsabilidad, en los contextos de civiles asesinados y desaparecidos para presentarlos falsamente como bajas en combate, el genocidio de la Unión Patriótica, los ataques contra la comunidad Awá en Nariño y, más recientemente, la denominada toma paramilitar de Barrancabermeja”, agregó Ramelli.
Es por eso que anunció que esta situación será puesta en conocimiento de la comunidad internacional y de los garantes del Acuerdo de Paz.
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“La Jurisdicción pondrá en conocimiento de esta situación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, a los países garantes del Acuerdo de Paz, así como a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”, dijo el presidente de la JEP.
En el mismo sentido, Ramelli dijo que la Jurisdicción es consciente de la crisis fiscal, pero que eso no significa que deba afectarse su funcionamiento.
“Esta amenaza de recorte se suma a una desfinanciación acumulada que ya arrastra la Jurisdicción por $84.663 millones. De concretarse esta proposición, se acabaría vulnerando directamente la garantía estatal de dotar a la JEP de la autonomía presupuestal, administrativa, técnica y de infraestructura indispensables para el cumplimiento de sus funciones constitucionales”, dijo el magistrado.