Uno de los temas que fueron relevantes durante la pasada campaña presidencial fue la discusión sobre el tamaño del Estado y la política de austeridad, especialmente luego de vivir la experiencia del liquidado Ministerio de Igualdad que llegó a tener cinco viceministerios, una gran cartera presupuestal y poca ejecución.
Al llegar al Gobierno, el presidente Abelardo De La Espriella prometió que haría el recorte y la reducción del Estado. Es por eso que sorprendió, cuando se presentó el nuevo presupuesto -que actualmente discute el Congreso-, que el monto aumentase de $575 billones de pesos a $634,9 billones de pesos.
El Gobierno ha justificado este aumento como un sinceramiento de cuentas, de que no solo hay que cumplir con gastos como las elecciones de 2027 y el pago de pensiones, así como cumplir los compromisos de deuda; pero aseguró que el reajuste se haría recortando inicialmente $21 billones de la vigencia actual, presentando una ley fiscal que elimine gastos por $40 billones de pesos y una posterior reducción del Estado que vendría en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo para el cuatrienio 2026-2030.
Adicionalmente, esa es una de las funciones que el presidente De La Espriella delegó en el vicepresidente José Manuel Restrepo: impulsar la modernización, simplificación e interoperabilidad del Estado mediante tecnologías como la inteligencia artificial y la analítica de datos, para mejorar los servicios públicos.
Esta semana en el Congreso se ha visto el desfile de funcionarios ante las comisiones económicas y las comisiones constitucionales solicitando recursos para su funcionamiento y es por eso que ya hay voces que quieren darle viabilidad a esa simplificación estatal.
Una de esas iniciativas viene por parte de los senadores Julia Correa y Juan Caicedo del Centro Democrático, quienes buscan darle facultades extraordinarias al presidente durante 6 meses para que reorganice la estructura de la Administración Pública Nacional, eliminar duplicidades funcionales, corregir dispersión institucional, mejorar la coordinación entre entidades, racionalizar el gasto de funcionamiento y fortalecer la eficiencia y eficacia de la función administrativa.
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Ahora este proyecto nace con el riesgo de incurrir en un vicio de inconstitucionalidad: el artículo 150 de la Constitución establece que las facultades extraordinarias deben ser solicitadas expresamente por el Gobierno nacional, no pueden ser aprobadas por iniciativa propia del Congreso. Para evitar una inexequibilidad, los autores señalan que la ley está sujeta a que durante el trámite del proyecto el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presente la solicitud escrita pidiendo las facultades extraordinarias.
La última vez que se hizo un plan de modernización del Estado fue en la era de Álvaro Uribe Vélez, que redujo de 16 ministerios a 13, lo que generó un ahorro inicial de 24 mil millones de pesos anuales, la liquidación y reestructuración de entidades como Telecom y Seguro Social, la venta de entidades como Bancafé, Granahorrar, Ecogas, lo que generó un ahorro total de $22 a $25 billones de pesos.