La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aseguró que su funcionamiento cuenta con garantías constitucionales e internacionales que respaldan su continuidad y manifestó su disposición para sostener un diálogo institucional con el gobierno entrante sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz.
El pronunciamiento se produjo, luego de las declaraciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien cuestionó el papel de la JEP tras la autorización otorgada al excomandante de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, para viajar a España. El mandatario electo afirmó que buscará que Londoño vaya a prisión y anunció una reestructuración institucional que contempla la eliminación de varias dependencias encargadas de implementar el Acuerdo de Paz.
Frente a ese panorama, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, afirmó que la jurisdicción cuenta con un "blindaje constitucional e internacional" que garantiza su permanencia.
Según explicó, además de las disposiciones de la Constitución, existe un seguimiento permanente de la comunidad internacional al cumplimiento del Acuerdo Final.
En ese sentido, señaló que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas analiza actualmente el estado de la implementación del proceso de paz y que cerca de 200 organizaciones de la sociedad civil solicitaron mantener ese monitoreo.
Ramelli también recordó que el funcionamiento de la JEP está respaldado por compromisos internacionales, entre ellos los adquiridos con la Corte Penal Internacional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por lo que insistió en que la jurisdicción mantiene abiertas las puertas para dialogar con el nuevo Gobierno sobre la implementación del acuerdo.
A las declaraciones de la JEP se sumó la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien defendió el marco jurídico del proceso de paz al referirse a las críticas del presidente electo contra Rodrigo Londoño.
Publicidad
La funcionaria recordó que el antiguo comandante de las FARC está compareciendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz, donde debe responder por crímenes de guerra y de lesa humanidad y cumplir las sanciones restaurativas previstas en el Acuerdo Final.
Marín sostuvo que ese acuerdo constituye una obligación constitucional para el Estado y afirmó que todas las autoridades públicas, independientemente de sus posiciones políticas, deben respetar los compromisos adquiridos.
ARN advierte que el Acuerdo de Paz es un compromiso del Estado
Publicidad
La directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Alejandra Miller, también reaccionó a los anuncios del presidente electo sobre desmontar parte de la institucionalidad encargada de implementar el Acuerdo de Paz.
Miller afirmó que el Acuerdo Final es un compromiso del Estado colombiano y no de un gobierno en particular, por lo que su cumplimiento hace parte del bloque de constitucionalidad y constituye una obligación jurídica.
La funcionaria aseguró que el 85 % de los firmantes del acuerdo continúa comprometido con la vida civil y con sus procesos de reincorporación. En ese sentido, señaló que garantizar el acceso a proyectos productivos, tierra, vivienda y formación representa una condición clave para evitar la repetición del conflicto armado.
Estas reacciones llegan después de que el presidente electo anunciara una reorganización institucional que elimina la Consejería para la Reconciliación Nacional, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, cuyas funciones pasarán a otras entidades del Estado.
En medio de este escenario, integrantes del antiguo secretariado de las FARC enviaron una carta al presidente electo en la que manifestaron su disposición a mantener un diálogo institucional sobre la implementación del Acuerdo Final, que está próximo a cumplir diez años.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.