La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve antiguos integrantes de la Armada Nacional y dos de la Policía Nacional por su participación en 32 masacres y otras conductas criminales contra la población civil en los Montes de María y municipios cercanos.
La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, en el marco del subcaso Montes de María del Caso 08. La investigación se concentró en hechos ocurridos principalmente entre 1999 y 2001 y estableció que las masacres no fueron episodios aislados, sino parte de un patrón de violencia contra las comunidades campesinas.
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Por la Armada Nacional, la Sala atribuyó responsabilidad a Rodrigo Quiñones Cárdenas, Hernando Alfonso Jama Arjona, Ricardo Díaz Granados Mantilla, Benjamín Herrera Niño, Harold Afranio Mantilla Serrano, Camilo Martínez Moreno, Jairo Alfredo Prada Jaimes, Bautista Cárcamo Galé y Ramón Gerardo Moncayo Trujillo.
Por la Policía Nacional fueron llamados a reconocimiento Norman León Arango Franco y Paulo César Cruz Delgadillo.
La Sala examinó sus posiciones de mando, competencias, deberes, conocimiento de los riesgos y las acciones u omisiones relacionadas con los hechos investigados.
Según el tribunal, estos crímenes se produjeron en medio de un alineamiento estratégico entre estructuras paramilitares, determinados integrantes de la Fuerza Pública y otros actores regionales. La Sala identificó acuerdos, coordinación, intercambio de información, facilitación de desplazamientos, omisiones deliberadas y tolerancia operacional que habrían favorecido la ejecución o el ocultamiento de los hechos.
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Además, determinó que en las 32 masacres fueron asesinadas 284 personas: 169 en cuatro hechos ilustrativos y otras 115 en las 28 masacres adicionales documentadas durante la investigación.
En 15 de estos hechos, identificó 107 víctimas de violencias basadas en género, violencia sexual y otras agresiones contra mujeres y niñas.
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La jurisdicción estableció que estas violencias fueron utilizadas para castigar, humillar, someter y generar terror entre las víctimas, sus familias y las comunidades. También determinó la existencia de persecución por razón de género.
La investigación encontró que la población campesina fue señalada como supuesta colaboradora de las antiguas Farc. Dicha estigmatización convirtió sus liderazgos, vínculos familiares, actividades productivas y formas de organización comunitaria en motivos de sospecha y selección de víctimas.
Además de los homicidios, se documentaron desapariciones forzadas, torturas, amenazas, restricciones a la libertad, desplazamientos forzados y otras conductas que afectaron la permanencia de las comunidades en sus territorios.
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Entre los hechos examinados por la JEP están las masacres de Capaca, El Salado, Macayepo y Chengue.
En Capaca, El Bongal y Campo Alegre, los hechos ocurrieron entre el 16 y el 17 de agosto de 1999 y dejaron 13 personas asesinadas y una desaparecida, además de registros de violencia sexual y basada en género.
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En El Salado, Flor del Monte, Canutal, Canutalito y La Sierra, la incursión paramilitar de febrero de 2000 dejó al menos 60 víctimas mortales, así como desapariciones, torturas, desplazamientos y violencias sexuales.
En Macayepo, entre el 9 y el 17 de octubre de 2000, fueron asesinadas 13 personas. En Chengue, en enero de 2001, la incursión paramilitar dejó 28 homicidios, torturas, violencia sexual, quema de viviendas y desplazamiento forzado.
Los once comparecientes imputados serán notificados y tendrán 15 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o controvertir la decisión con argumentos y elementos de prueba. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tendrán el mismo plazo para presentar observaciones.
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Si reconocen responsabilidad y aportan verdad, la Sala podrá emitir una resolución de conclusiones y remitir el caso al Tribunal para la Paz, que definirá las sanciones restaurativas. De lo contrario, el caso podrá avanzar ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, donde podrían imponerse penas de hasta 20 años de cárcel si se establece su responsabilidad.
La JEP también ordenó crear mesas de articulación con la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, para revisar el acceso a medidas de reparación, coordinar acciones de búsqueda y avanzar en la identificación y entrega digna de personas desaparecidas.