El presidente Abelardo De La Espriella prepara una de sus primeras decisiones en materia de seguridad que consiste en la expedición de un listado de grupos considerados narcoterroristas, con el propósito de fortalecer las herramientas de las Fuerzas Militares y la Policía para combatirlos.El anuncio fue realizado por el presidente durante su discurso en el Batallón Pichincha, en Cali, donde anticipó que la medida será adoptada en las próximas horas. “En las próximas horas, mi Gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas con el propósito de dotar a nuestra gloriosa Fuerza Pública de instrumentos eficaces para el combate frontal del crimen”, afirmó.La decisión hace parte de una política de seguridad que plantea una confrontación directa contra las organizaciones criminales y marca distancia frente a los procesos de diálogo con grupos armados. De La Espriella fue enfático al señalar que “la opción del diálogo está completamente agotada” y planteó el sometimiento a la justicia como la alternativa para los integrantes de estas estructuras.El mandatario aseguró además que no habrá lugares del territorio nacional donde las organizaciones criminales puedan sentirse protegidas de la acción estatal. “No habrá un solo espacio de nuestro territorio donde los delincuentes puedan sentirse a salvo”, sostuvo.El anuncio se suma a la orden impartida por el presidente a las Fuerzas Militares y a la Policía para perseguir a las estructuras criminales. En su intervención, sostuvo que los integrantes de las bandas y organizaciones narcoterroristas deberán escoger entre someterse al Estado o enfrentar la fuerza pública.La definición de los grupos que serán incluidos en el listado, así como los instrumentos concretos que acompañarán la medida, serán conocidos una vez el Gobierno expida oficialmente la decisión. El anuncio se convierte en uno de los primeros pasos de una política de seguridad que el nuevo mandatario presentó bajo el concepto de recuperación de la autoridad del Estado y combate frontal contra el crimen organizado.
En medio de cuestionamientos sobre un posible debilitamiento de la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado oficial en el que asegura que Colombia mantiene sus capacidades operacionales y cuenta con recursos, inversiones y una hoja de ruta clara para su modernización en las próximas décadas.De acuerdo con el documento, la capacidad de la Fuerza Pública no se limita al número de equipos disponibles, sino que integra factores como el talento humano, la doctrina, la organización, el entrenamiento, la infraestructura y la logística. En esa línea, la entidad hizo un llamado a basar el análisis de la seguridad nacional en información verificable y no en interpretaciones aisladas.En el componente aéreo, el Ministerio detalló que actualmente el país cuenta con 620 aeronaves. De estas, 452 están en capacidad de operación, mientras que 168 se encuentran fuera de servicio por procesos de mantenimiento, retiro o reemplazo. Dentro de las aeronaves operativas, el 61 % está disponible para cumplir misiones de defensa, vigilancia, transporte, inteligencia y apoyo humanitario, mientras que el 39 % restante permanece en mantenimiento técnico. La meta institucional es elevar la disponibilidad al 75 % de manera progresiva.El Gobierno también destacó decisiones estratégicas adoptadas para fortalecer la superioridad aérea del país. En 2025 se destinaron 16,8 billones de pesos para la adquisición de 17 aeronaves Saab Gripen, que reemplazarán progresivamente a los aviones Kfir. Este proyecto contempla transferencia tecnológica, entrenamiento de personal y sostenimiento, con el objetivo de garantizar una capacidad aérea moderna y sostenible.A esto se suman inversiones cercanas a 13 billones de pesos, contempladas en el CONPES 4187, orientadas a fortalecer las capacidades estratégicas de la Fuerza Pública. Entre las adquisiciones previstas se incluyen nuevas aeronaves, drones y sistemas de detección, así como vehículos blindados, embarcaciones, equipos de comunicación, armamento y munición. Estas inversiones buscan mejorar la vigilancia, la inteligencia y la capacidad operativa frente a amenazas internas, externas y transnacionales.Adicionalmente, el Ministerio subraya que estos proyectos han sido estructurados técnicamente y podrían ajustarse según las condiciones del mercado y los procesos de contratación. Además, destaca que el presupuesto del sector defensa para 2026 asciende a 66,2 billones de pesos, el más alto registrado en términos constantes.Pese a estos avances, el Ministerio reconoce la existencia de una brecha histórica en capacidades, cuya reducción requiere continuidad en la inversión y disciplina fiscal. En ese sentido, advierte que se necesitarán recursos adicionales superiores a los 100 billones de pesos para alcanzar los niveles necesarios que garanticen la seguridad y la defensa nacional.Finalmente, la entidad reiteró su compromiso con la transparencia, la planeación estratégica y la responsabilidad institucional, y aseguró que la modernización de la Fuerza Pública es un proceso de largo plazo que debe mantenerse más allá de los cambios de gobierno.
Un equipo de la Procuraduría se reunió con las directivas del Ministerio de Defensa para conocer el avance de los proyectos de contratación que serán financiados con l13 billones de pesos aprobados mediante el CONPES 4187 del 27 de marzo de 2026, uno de los mayores planes de inversión para el fortalecimiento de la fuerza pública.Durante el encuentro, el Ministerio de Defensa presentó los lineamientos sobre el destino de esos recursos, que serán distribuidos entre el Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía. La inversión está proyectada para ejecutarse entre cuatro y ocho años y busca renovar capacidades estratégicas de la fuerza pública.La Procuraduría solicitó información sobre el estado de los procesos contractuales en curso y los que están en etapa de planeación, con el propósito de verificar la forma en que serán desarrolladas las licitaciones, contrataciones directas y demás mecanismos de adquisición contemplados para ejecutar el billonario presupuesto.Entre las adquisiciones previstas figuran la compra de helicópteros, aviones, sistemas de defensa antidrones, equipos para inteligencia y nuevas tecnologías de seguridad, elementos considerados clave para fortalecer las capacidades operacionales y de respuesta frente a las amenazas que enfrenta el país.Como resultado de la reunión, la Procuraduría anunció que participará en las mesas técnicas que acompañarán estos procesos y realizará un seguimiento permanente a la contratación relacionada con el plan de fortalecimiento de las Fuerzas Militares y la Policía, con el fin de vigilar la correcta ejecución de los recursos públicos y prevenir posibles irregularidades durante el desarrollo de los proyectos.
Cientos de caleños llegaron este lunes festivo hasta la Avenida Sexta para asistir al desfile Militar y Policial en la celebración del 20 de Julio en la capital vallecaucana. Con camisetas de Colombia, banderas, cornetas y múltiples aplausos, manifestaron su respaldo a la fuerza pública.El recorrido se desarrolló desde la plazoleta Jairo Varela en el centro de la ciudad, hasta el CAI de Chipichape, en el norte de Cali, y contó con la participación de más de 1.200 uniformados del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea. El desfile finalizó con una presentación de la orquesta de la Policía Metropolitana y en completa normalidad por parte de los asistentes."Me siento muy grato de venir y apoyar a mis Fuerzas Militares, sabiendo que ellos son los que se encargan día a día, dejando a sus familias atrás, a sus hijos, para ir a cuidarnos a nosotros", señaló Juan Bedoya, uno de los asistentes.Fueron decenas las familias que asistieron al sitio del desfile desde el cetro hasta el norte de Cali, para juntos enviar un mensaje de apoyo a los miembros de la fuerza pública que se encontraban en el recorrido. "Esto es honrarlos a ellos, agradecerles todo lo que hacen por nosotros todos los días, 365 días del año 24-7. Esto es una manera de venir a agradecerles a todos ellos que dan la vida por el país", señaló Andrea Larrahondo, asistente del desfile.La jornada en el norte de Cali finalizó sin contratiempos y una vez terminado el desfile, la movilidad se restableció sobre la avenida Sexta, tanto para los vehículos particulares, como para el transporte público.
El general Hugo López, comandante de las FF.MM. aseguró que el video publicado por el grupo ilegal en los últimos días, en el que supuestamente el delincuente habría sobrevivido a la operación ofensiva es falso.“Se han realizado diferentes análisis, espectrográficos, y de forma de onda, donde técnicos especialistas evidenciaron inconsistencias en su contenido, así como alteraciones al tratamiento digital, manipulación de los procesos de edición”, explicó López.El alto mando descartó entonces que el material se pueda usar como una prueba contundente.“De acuerdo a inteligencia militar, continuamos nosotros informando que este bandido resultó muerto en combate en esta importante operación. Nuestras operaciones militares se hacen bajo estrictos protocolos de operaciones, de inteligencia, de exactitud, y por eso podemos garantizar que este sujeto está dado de baja”, añadió.Alias 'Marlon', se había convertido en uno de los objetivos de alto valor para la fuerza pública por el control criminal que ejercía en el suroccidente del país con la expansión de las disidencias.Llevaba más de 15 años de trayectoria dentro del grupo ilegal y recientemente habría ordenado el atentado con explosivos que dejó 20 personas fallecidas en el túnel de Cajibío, el pasado sábado 25 de abril, en la vía Panamericana.
El comandante general de las Fuerzas Militares, el General Hugo López Barreto, respondió a las acusaciones del coronel en retiro Javier Valenzuela, quien aseguró que recibió órdenes para detener operaciones contra la Segunda Marquetalia durante su paso por el departamento de Nariño. El General Lopez Barreto calificó esas afirmaciones como falsas y aseguró que las Fuerzas Militares nunca han dejado de cumplir su misión constitucional.El General López afirmó que todas las decisiones operacionales de la institución han estado encaminadas a preservar la seguridad nacional, proteger a la población civil y garantizar la presencia legítima del Estado en el territorio: “Se equivoca el coronel Valenzuela al afirmar falsamente que yo he ordenado detener operaciones contra la Segunda Marquetalia”, señaló. El comandante explicó que Valenzuela permaneció en Nariño entre marzo y noviembre de 2025, primero al frente del Comando Operativo de Estabilización y Consolidación Pegaso y posteriormente como comandante de la Fuerza de Tarea Hércules. Aseguro que, durante ese periodo, el único cese al fuego bilateral con la autodenominada Segunda Marquetalia fue el establecido mediante el Decreto 1052 de 2025, aplicado únicamente en fechas y zonas específicas de Nariño y Putumayo.Frente a la salida del oficial de la institución, El General López indicó que obedeció al curso normal de la carrera militar, luego de que no fuera seleccionado para el Curso de Altos Estudios Militares y agregó que posteriormente Valenzuela solicitó su retiro voluntario, el cual fue aprobado mediante resolución del 30 de diciembre de 2025.El general también anunció que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de injuria, calumnia, afectación a la imagen institucional y al buen nombre e indicó que el propósito es que el coronel entregue las pruebas que respalden sus afirmaciones o, de lo contrario, se retracte conforme a lo establecido por la ley.Finalmente, El General López defendió su trayectoria de 42 años en la institución y aseguró que nunca ha impartido órdenes que favorezcan a estructuras criminales o pongan en riesgo la vida de los soldados o de la población civil.
Revisar de manera integral el proceso de contratación del proyecto Escudo Nacional Antidrones antes de avanzar con la adjudicación de su primera fase, que contempla una inversión de 800.000 millones de pesos en recursos públicos y una proyección de hasta 6,3 billones en etapas posteriores, es la petición del representante a la Cámara José Jaime Uscátegui pidió al Gobierno entrante.La solicitud está dirigida al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y al nuevo vicepresidente, José Manuel Restrepo, para que ordenen una revisión técnica, jurídica y financiera del proceso antes de asumir cualquier compromiso contractual.El Escudo Nacional Antidrones hace parte de un paquete de adquisiciones estratégicas anunciado por el Gobierno saliente, con una inversión superior a 40 billones.El proceso presenta un retraso frente al cronograma divulgado por el Ministerio de Defensa el 19 de marzo de 2026, que establecía la firma del contrato para el 7 de mayo. Más de dos meses después de esa fecha, la contratación aún no ha concluido, lo que, a juicio del congresista, plantea interrogantes sobre las razones de la demora y los posibles cambios realizados durante el proceso.El representante aclaró que su petición no busca frenar la modernización de las capacidades de la Fuerza Pública, sino garantizar que la contratación cumpla con criterios de transparencia, competencia y conveniencia para el país.El proyecto Escudo Nacional Antidrones fue presentado como un proceso de selección internacional para adquirir sistemas de defensa contra aeronaves no tripuladas, con la participación de empresas de varios países y un cronograma público para la evaluación tecnológica y la posterior contratación. Antes de continuar con la adjudicación, Uscátegui considera necesario que el nuevo Gobierno revise las causas del incumplimiento del cronograma oficial, las condiciones en las que se realizó la evaluación de las empresas participantes y las garantías de igualdad para todos los oferentes.También pidió verificar que las especificaciones técnicas respondan a las necesidades actuales de la Fuerza Pública frente a la evolución de las amenazas con drones, así como evaluar la conveniencia financiera del proyecto, cuya inversión inicial de 800.000 millones podría ascender a cerca de 6,4 billones, de acuerdo con declaraciones del Ministerio de Defensa.Ese plan incluye la compra de aeronaves de combate Gripen, más de un centenar de aeronaves adicionales, vehículos blindados, embarcaciones militares y otros programas de modernización de la Fuerza Pública.
En medio de los cuestionamientos sobre una supuesta benevolencia de la Jurisdicción Especial para la Paz con exintegrantes de las extintas Farc, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, salió al paso de las críticas y negó que el tribunal aplique criterios más severos para los miembros de la fuerza pública que para los ex integrantes de la antigua guerrilla.Ramelli aseguró que alrededor de la JEP se ha venido construyendo una narrativa según la cual las decisiones del tribunal serían más rigurosas con militares y policías y más flexibles con los excombatientes de las Farc, una percepción que, según afirmó, no corresponde al funcionamiento del sistema de justicia transicional.“Parece estarse haciendo carrera una narrativa de que nosotros somos más fuertes con un lado que del otro, más fuertes con la fuerza pública y menos con la antigua guerrilla de las Farc”, afirmó el presidente de la JEP, quien explicó que el modelo contempla dos rutas procesales claramente definidas, la vía restaurativa y la vía adversarial o retributiva, y enfatizó que son los propios comparecientes quienes, junto a sus equipos jurídicos, deciden voluntariamente a cuál acogerse.Ramelli explicó que todos los comparecientes pueden escoger libremente entre acogerse a la vía restaurativa, basada en el reconocimiento de responsabilidades y la reparación a las víctimas, o enfrentar un proceso adversarial, similar a un juicio tradicional.De acuerdo con el presidente de la JEP, cerca del 85% de los integrantes de la fuerza pública y casi la totalidad de los excombatientes de las Farc han optado por el modelo restaurativo. En contraste, quienes eligen la vía adversarial se someten a un juicio y, si son hallados responsables, pueden recibir condenas de hasta 20 años de prisión, una pena menor a las previstas por la justicia ordinaria que aplica penas de entre 40 y 50 años.“Cada uno de los comparecientes, tanto de la antigua guerrilla de las Farc como de la fuerza pública, libremente decide por cuál camino se va. Aquí hay dos rutas: la vía restaurativa y la vía adversarial. Cada uno escoge, libremente y con su equipo jurídico, cuál es la vía”, señaló Ramelli.
Las organizaciones que integran la Confecore y la Mesa de Trabajo Fuerza Púrpura enviaron un mensaje al Gobierno entrante del presidente electo, Abelardo De La Espriella, en el que pidieron que el fortalecimiento de la fuerza pública ocupe un lugar prioritario dentro de la agenda nacional durante los próximos cuatro años.Las organizaciones, que agrupan a oficiales en retiro, veteranos y miembros de la reserva, señalaron que el país enfrenta importantes desafíos en materia de seguridad y orden público, por lo que consideraron indispensable dotar a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional de mayores garantías institucionales, jurídicas, operacionales y de bienestar para el cumplimiento de su misión constitucional.El pronunciamiento estuvo acompañado de una felicitación al presidente electo y al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, tras recibir el respaldo mayoritario de los colombianos en las urnas. Las organizaciones expresaron su confianza en que la nueva administración impulse políticas orientadas al fortalecimiento de las instituciones, la seguridad ciudadana, la justicia y la unidad nacional.Uno de los principales llamados estuvo dirigido a dignificar el servicio de soldados, marinos, aviadores y policías, así como de quienes integran la reserva. A juicio de estas organizaciones, reconocer y respaldar a quienes han dedicado su vida a la defensa y protección del país constituye una condición fundamental para preservar la soberanía, enfrentar las amenazas a la seguridad y consolidar la democracia.Las agrupaciones del sector Defensa insistieron además en que el respaldo a la fuerza pública no debe limitarse al ámbito operativo, sino extenderse a mejores condiciones de bienestar para los uniformados y sus familias, así como a mecanismos que les brinden seguridad jurídica en el ejercicio de sus funciones.El mensaje también estuvo acompañado de un reconocimiento a la labor desarrollada por los integrantes de la Fuerza Pública durante la jornada electoral, en la que miles de uniformados fueron desplegados para garantizar la seguridad de los ciudadanos y el normal desarrollo de las votaciones en todo el territorio nacional.Finalmente, la Confecore y la Mesa de Trabajo Fuerza Púrpura manifestaron su disposición para trabajar conjuntamente con el nuevo Gobierno y las instituciones del Estado en la construcción de iniciativas encaminadas a fortalecer el sector Defensa, proteger los derechos de los integrantes de la Fuerza Pública y contribuir a una Colombia más segura, estable y unida.
El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia emitió un fuerte pronunciamiento en rechazo al uso de imágenes de integrantes de la Fuerza Pública por parte de Gustavo Bolívar, en medio de una controversia política que ha generado reacciones en distintos sectores.A través de un comunicado, la organización cuestionó lo que calificó como una utilización de fotografías de soldados y policías con fines políticos y electorales, y aseguró que este tipo de prácticas afecta la dignidad institucional de las Fuerzas Militares y de Policía.Según el pronunciamiento, la Fuerza Pública colombiana tiene un mandato constitucional que le exige actuar al margen de intereses partidistas o aspiraciones políticas individuales, razón por la cual insistieron en que ni soldados ni policías deben ser instrumentalizados en escenarios electorales.En la publicación, Bolívar compartió un montaje acompañado de la etiqueta #MeLaJuegoPorLaVida. En la imagen aparecían, en la parte superior, uniformados sentados en un salón con la frase “Con Cepeda” y, en la parte inferior, militares heridos en actos del servicio, algunos con amputaciones, junto al mensaje “Con Abelardo”.“El uso de estas imágenes constituye un agravio al sacrificio de quienes han entregado incluso su integridad física en defensa de la Nación”, señalaron los generales y almirantes en retiro, quienes además sostuvieron que estas publicaciones representan una falta de respeto hacia las familias de los uniformados y hacia la memoria de quienes han servido al país.En el documento también advirtieron que este tipo de hechos puede profundizar la polarización política en Colombia, especialmente en un contexto en el que, aseguran, se requiere mayor responsabilidad y respeto por las instituciones.El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro pidió una disculpa pública inmediata a Gustavo Bolívar y le solicitó abstenerse de volver a utilizar símbolos, imágenes o referencias relacionadas con la Fuerza Pública para obtener beneficios políticos o electorales.Hasta el momento, Gustavo Bolívar no se ha pronunciado públicamente sobre el comunicado emitido por el grupo de oficiales en retiro. Sin embargo, horas después de haber compartido la imagen, el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social eliminó la publicación.
Un operativo de la Policía permitió afectar la estructura delictiva conocida como ‘Lucifer’, señalada de dedicarse al tráfico de estupefacientes en el barrio La Favorita, localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá.La intervención contó con la participación de más de 300 uniformados de diferentes especialidades, quienes adelantaron procedimientos simultáneos en 10 establecimientos conocidos como ‘pagadiarios’, utilizados, según las autoridades, para actividades relacionadas con el tráfico y comercialización de drogas.Durante el operativo fueron capturadas cinco personas mediante orden judicial, señaladas de pertenecer al Grupo de Delincuencia Común Organizado (GDCO) ‘Lucifer’. Los detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Entre los capturados se encuentran alias ‘La Negra’, quien, según la investigación, cumpliría funciones como administradora de la estructura, y alias ‘Vicente’, ‘Mechas’, ‘Gafas’ y ‘El Viejo’, señalados como expendedores de estupefacientes en la zona.De acuerdo con la Policía, la organización criminal obtenía rentas cercanas a los $5 millones diarios producto de la comercialización de drogas. Durante los procedimientos fueron incautadas 1.300 dosis de estupefacientes, entre marihuana, bazuco y cocaína.Además, las autoridades encontraron más de $3 millones en efectivo, un arma traumática y varias armas cortopunzantes, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes dentro del proceso judicial. Uno de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fue que dos de los inmuebles intervenidos tenían medidas vigentes de extinción de dominio desde 2018. A pesar de esta medida, según la Policía, los predios continuaban siendo utilizados como puntos para el expendio de estupefacientes.Las autoridades también señalaron que los capturados registran anotaciones judiciales por diferentes conductas, entre ellas fuga de presos, hurto, violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes, amenazas, lesiones personales y violencia contra servidor público.
Gremios y empresas privadas de Antioquia y del Valle del Cauca concretaron una bolsa de recursos que asciende a los 420.000 millones de pesos para afrontar la crisis humanitaria y la restauración de la infraestructura destruida en el territorio nacional.La directora ejecutiva de Propacífico, María Isabel Ulloa, confirmó en Mañanas Blu que las compañías del suroccidente colombiano aseguraron un fondo inicial de 220.000 millones de pesos para intervenir las regiones con mayores afectaciones."Alrededor de 30.000 millones estar muy enfocados en esta emergencia, en la emergencia que, como bien lo ha dicho el gobierno, esta etapa dura al menos 3 meses más", explicó Ulloa.La vocera gremial precisó que la prioridad operativa del empresariado vallecaucano se concentrará en Cali, Buenaventura y los municipios del norte del departamento, priorizando el levantamiento de colegios y centros asistenciales golpeados.Por su parte, la presidenta de Proantioquia, Juliana Velásquez, informó que el sector empresarial de su región comprometió 200.000 millones de pesos. Los fondos se canalizarán a través del Fondo Milagro, fundaciones y organizaciones territoriales.Velásquez destacó que los trabajadores de las firmas asociadas también realizan aportes voluntarios directos desde sus nóminas para fortalecer la bolsa de ayuda humanitaria."En Proantioquia tenemos aproximadamente 70 afiliados que deben estar reuniendo alrededor de los 400.000 empleados en todo el país", afirmó la presidenta de la entidad.La líder de la organización antioqueña planteó formalmente al Gobierno nacional la creación del esquema 'reconstrucción por impuestos', inspirando la propuesta en el modelo de obras por impuestos.Esta alternativa busca ampliar el cupo del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) para ejecutar intervenciones directas en las poblaciones declaradas en estado de desastre.
El terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto no solo dejó afectaciones en viviendas e infraestructura. El sector empresarial de las regiones impactadas también enfrenta las consecuencias del movimiento sísmico, especialmente los pequeños negocios que dependen de sus instalaciones para poder funcionar.Los primeros resultados del Censo Único de Emergencia, liderado por Confecámaras y la Red de Cámaras de Comercio, muestran la magnitud del impacto sobre los comerciantes y empresarios. De acuerdo con el reporte preliminar, el 85,8 % de las empresas encuestadas registró algún tipo de afectación, mientras que casi la mitad de las empresas afectadas no puede operar actualmente.La información resulta clave para establecer cuáles son las necesidades de los negocios y orientar las medidas de recuperación hacia los sectores y territorios que más lo requieren.Censo empresarial busca identificar a los negocios afectadosSegún los datos recopilados hasta el momento, el 48,4 % de las empresas que reportaron afectaciones no puede operar, mientras que el 49,6 % presenta daños considerados graves o críticos.El impacto se concentra principalmente en los negocios de menor tamaño. El 91,9 % de las empresas afectadas son microempresas, mientras que el 87 % pertenece a los sectores de comercio y servicios.La situación también tiene implicaciones sobre el empleo. El 70,1 % de las empresas que reportaron puestos de trabajo en riesgo indicó que tiene entre uno y cinco empleos afectados. A esto se suma que el 72,9 % de los negocios registra pérdidas económicas inferiores a $20 millones.La dimensión del sector empresarial en las zonas afectadas también permite entender el alcance de la emergencia. Solo la Cámara de Comercio de Cali registra alrededor de 120.000 empresas en su jurisdicción. A esta cifra se suman cerca de 29.901 compañías registradas en Manizales y aproximadamente 30.000 en Pereira, además de los negocios de otros municipios y las unidades productivas que no hacen parte del sector formal.Por esta razón, Confecámaras hizo un llamado a empresarios y comerciantes para que reporten su situación, incluso en los casos en los que no existan daños físicos en los establecimientos, pero sí afectaciones que les impidan desarrollar normalmente sus actividades.¿Cómo reportar las afectaciones?El reporte puede hacerse a través de llamada telefónica o WhatsApp al número 300 913 1811. Allí los empresarios pueden solicitar el cuestionario, responderlo directamente o enviar un mensaje de voz para iniciar el proceso.También se habilitaron formularios en línea y formatos impresos para facilitar el levantamiento de información en territorios con dificultades de conectividad.El censo es coordinado por Confecámaras, con la participación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las autoridades territoriales, 16 Cámaras de Comercio de las zonas afectadas, Acopi, Fenalco, Asocapitales y la Federación Nacional de Departamentos.El objetivo es consolidar un diagnóstico único, territorio por territorio, que permita conocer con mayor precisión qué empresas resultaron afectadas y cuáles son sus principales necesidades para orientar las acciones de recuperación empresarial tras el terremoto.
El chance Dorado Mañana sigue siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia.Número ganador de Dorado Mañana hoy 19 de agosto de 2026 El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes, 19 de agosto de 2026, es el (resultado en breve). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: Dos últimas cifras:Tres últimas cifras: La quinta: ¿Cuánto paga el chance Dorado Mañana?Uno de los principales atractivos de este sorteo es su sistema de premios, ya que permite obtener ganancias tanto por aciertos exactos como por coincidencias parciales.Plan de premios4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.2 últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.1 cifra o uña: paga 5 veces lo apostado.Además, el juego mantiene la modalidad de quinta balota, una opción adicional que amplía las posibilidades de combinación dentro del sorteo.Horario del sorteo Dorado MañanaLos sorteos del Dorado Mañana se realizan en horarios establecidos para que los jugadores conozcan rápidamente los resultados oficiales.Horarios oficialesLunes a sábado: después de las 11:00 a. m.Domingos y festivos: no se realiza sorteo.Los resultados suelen publicarse pocos minutos después en canales oficiales y puntos autorizados de venta.Requisitos para reclamar premiosLas personas que obtengan premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deberán cumplir con algunos requisitos establecidos por la entidad operadora para realizar el proceso de cobro.Documentación necesariaSer mayor de edad.Presentar el tiquete original en buen estado.Entregar fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Cumplir con estas condiciones facilita la validación del premio y agiliza la entrega del dinero correspondiente.Con sorteos frecuentes, distintas modalidades de apuesta y un atractivo esquema de pagos, el Dorado Mañana continúa siendo uno de los chances más reconocidos y consultados por los colombianos.
El tipo de suelo, la antigüedad de las construcciones y la frecuencia de vibración del sismo serían algunos de los factores que explicarían por qué las edificaciones de cuatro y cinco pisos resultaron más afectadas en sectores del sur de Cali. Un estudio de investigadores de la Universidad Javeriana de Cali llama la atención sobre la necesidad de profundizar en la microzonificación sísmica de la ciudad.El terremoto registrado en Cali el pasado 10 de agosto dejó una particularidad que llamó la atención de investigadores y habitantes: los mayores daños no se concentraron necesariamente en los edificios más altos. Por el contrario, varias de las edificaciones pequeñas, especialmente de cuatro y cinco pisos, resultaron afectadas en sectores específicos del sur de la ciudad.Un grupo de profesores investigadores de la Universidad Javeriana de Cali analizó los efectos del sismo y encontró que más del 80 % de los reportes de afectaciones se concentraron al occidente de la Carrera 50, en una zona que los investigadores identifican como el abanico de Cañaveralejo.El arquitecto y profesor de la Universidad Javeriana de Cali, Harold Medina, uno de los autores del estudio, explicó que el comportamiento de las edificaciones no depende exclusivamente de su altura. En este caso, las características del sismo y las condiciones del terreno habrían desempeñado un papel determinante.La resonancia, una de las claves para entender los dañosDe acuerdo con Medina, una de las hipótesis para explicar el comportamiento de las edificaciones está relacionada con la frecuencia natural de las estructuras. Cada construcción tiene una manera particular de responder ante una vibración, dependiendo, entre otros factores, de sus características estructurales y de su altura.En términos sencillos, cuando la frecuencia de un movimiento sísmico coincide con la frecuencia natural de una estructura, puede producirse un efecto de resonancia que incrementa la intensidad de la respuesta del edificio.El profesor explicó que los edificios altos tienen un periodo estructural mayor, es decir, tardan más tiempo en regresar a su posición original después de una oscilación. En cambio, las edificaciones más pequeñas pueden vibrar con mayor rapidez.“Parece que la frecuencia con que vino el sismo vibró en la misma sintonía de estos edificios pequeños que vibraron, digamos, más rápidamente”.Sin embargo, Medina fue cuidadoso al señalar que, como arquitecto y no como ingeniero estructural, se trata de una explicación que debe ser profundizada por especialistas. Será necesario determinar si los daños estuvieron relacionados directamente con un fenómeno de resonancia, con las características del suelo o con las condiciones particulares de cada estructura.Edificios antiguos y una norma de sismorresistencia que cambió después de PopayánOtro elemento que aparece en el análisis es la antigüedad de buena parte de las construcciones afectadas. Medina señaló que muchas de las edificaciones ubicadas en los sectores con mayores daños fueron construidas antes de la adopción de la norma sismorresistente de 1984, desarrollada como respuesta a las consecuencias del terremoto de Popayán de 1983.Esto significa que, además del comportamiento del suelo y de las características particulares del sismo, también deben considerarse las técnicas constructivas utilizadas en el momento en que fueron levantados esos edificios y el nivel de información disponible entonces.La combinación de estos factores habría contribuido a que algunas construcciones presentaran una mayor vulnerabilidad frente al movimiento telúrico.El suelo del abanico de Cañaveralejo, un factor determinanteLa investigación también pone el foco sobre las características del suelo en el sector donde se concentraron buena parte de los reportes.Según explicó Medina, algunas zonas del llamado abanico de Cañaveralejo corresponden a terrenos que en el pasado estuvieron relacionados con el cauce de ríos y procesos de aluvión. También fueron zonas de inundación de los ríos Cañaveralejo y Meléndez.El Cañaveralejo, además, fue canalizado a mediados de la década de 1960 desde la Calle Quinta hasta su desembocadura, una transformación que hace necesario considerar la composición del terreno al estudiar su comportamiento ante los movimientos sísmicos.El investigador enfatizó que se requieren estudios más precisos para determinar la capacidad real de estos suelos y recomendó profundizar el trabajo de microzonificación sísmica existente en Cali.¿Dónde podría sentirse con mayor intensidad un nuevo terremoto?El estudio tomó como referencia la información del estudio de microzonificación realizado en 2005, además de los datos de daños recopilados y mapeados por la Secretaría de Gestión del Riesgo después del terremoto.El objetivo fue cruzar la información disponible para identificar qué podría ocurrir en caso de que un nuevo sismo tuviera características diferentes y afectara a edificaciones de mayor altura.Esta información resulta especialmente importante para la planificación urbana de Cali. Para Medina, la ciudad debería utilizar lo ocurrido no solamente para analizar qué decisiones pudieron tomarse en el pasado, sino para prepararse frente a futuros eventos sísmicos.El investigador también destacó la importancia de cruzar la información de la microzonificación con datos catastrales y de planificación urbana. Ese ejercicio, según explicó, podría contribuir a tomar mejores decisiones sobre la ubicación de equipamientos y centralidades estratégicas.¿Por qué Siloé y otros barrios populares tuvieron menos daños?Uno de los aspectos que más sorprendió a los investigadores fue que algunos sectores populares, como Siloé, no presentaran daños comparables con los registrados en determinadas zonas de estratos socioeconómicos más altos.Medina aclaró que su explicación en este punto es una hipótesis personal y que no hace parte de las conclusiones formales del estudio. Según su interpretación, una posible explicación estaría en la manera en que las viviendas se agrupan dentro de las manzanas.En barrios donde predominan construcciones de dos o tres pisos con alturas relativamente homogéneas, las edificaciones podrían haber respondido de manera conjunta ante el movimiento sísmico.“A pesar de la precariedad o la buena calidad en cada caso de cada vivienda, funcionó en conjunto como una manzana homogénea”.El arquitecto relató que durante una visita a proyectos de vivienda de interés social en Nápoles encontró edificaciones que sufrieron afectaciones estructurales importantes, mientras que, frente a ellas, algunas manzanas de construcciones autoconstruidas permanecían intactas.No obstante, insistió en que esta explicación requiere estudios adicionales para establecer con precisión qué ocurrió.Cali necesita profundizar sus estudios de riesgo sísmicoEl terremoto dejó así una lección que va más allá de la altura de los edificios. La vulnerabilidad de una ciudad ante un sismo depende de la interacción entre suelo, estructura, antigüedad de las edificaciones, técnicas constructivas y características particulares del movimiento sísmico.Para Harold Medina, el reto ahora es utilizar la información disponible para fortalecer la planificación urbana y la preparación de Cali frente a futuros terremotos.La investigación de la Universidad Javeriana pone nuevamente sobre la mesa la importancia de la microzonificación sísmica de Cali, el estudio detallado de los suelos y el cruce de esa información con el catastro y la planificación territorial.Más que asumir que los edificios altos son necesariamente los más vulnerables, el análisis del terremoto demuestra que el riesgo puede concentrarse en construcciones de menor altura cuando las condiciones del suelo y la respuesta estructural coinciden de una manera desfavorable.