El Tolima enfrenta una situación compleja por cuenta de los incendios forestales que afectan a varios municipios y los hechos de violencia atribuidos a disidencias de las Farc en el sur del departamento. En entrevista con Recap Blu, la gobernadora Adriana Magali Matiz confirmó que al cierre de este viernes había nueve incendios activos en nueve municipios, aunque algunos ya habían podido ser controlados.Uno de los focos que más preocupa está ubicado en el cerro de Las Mercedes, donde las llamas se extienden por los municipios de Suárez, Carmen de Apicalá y Cunday.Grupo élite contra incendiosMatiz también se refirió a las sospechas sobre el origen de algunas de las conflagraciones. Según explicó, existen "indicios muy serios" de que ciertos incendios habrían sido provocados, razón por la cual se presentó una denuncia ante la Fiscalía. La gobernadora señaló que fue conformado un grupo élite contra los incendios, integrado por Policía, Ejército, Fiscalía, autoridades ambientales, Defensa Civil, organismos de socorro y dependencias de la Gobernación."Tiene precisamente como objetivo ese grupo pues investigar, identificar, ubicar y hasta judicializar a los responsables de los incendios que se presenten en el departamento", afirmó.La mandataria indicó que entre los elementos que han despertado las sospechas están testimonios de habitantes que aseguran haber visto personas desplazándose en motocicletas y provocando incendios, además del hallazgo de recipientes con combustible o acelerantes. También mencionó análisis técnicos sobre algunos focos y las características del humo. Sin embargo, aclaró que todavía no existe certeza sobre quién estaría detrás de estos hechos y que corresponde a las autoridades competentes establecer responsabilidades. Como parte de la estrategia, se anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información verídica que permita identificar a los responsables.Ataques contra la fuerza públicaEntretanto, Matiz alertó que en el sur del departamento se han presentado diferentes acciones atribuidas a disidencias de las Farc, específicamente al Frente Jerónimo Galeano. La gobernadora mencionó un hostigamiento registrado en Puerto Saldaña, jurisdicción de Río Blanco, además del asesinato de dos policías en Ataco y ataques con drones contra bases ubicadas en Ataco y Planadas. También recordó que un bus que cubría la ruta entre Ibagué y Planadas fue incinerado y que posteriormente hombres armados habrían irrumpido durante la entrega de una obra en una vereda de Planadas. "Mientras nosotros estamos aquí apagando incendios, donde hemos tenido que recurrir a la fuerza pública para que nos ayude (...) en esos municipios del sur están pasando esos hechos", agregó.A este panorama se suma la preocupación por el abastecimiento de agua, debido a que algunos acueductos resultaron afectados por los incendios. La gobernadora explicó que, aunque hasta el momento se ha contado con agua para atender las emergencias, en algunas poblaciones ha sido necesario recurrir a carrotanques. Incluso señaló que fueron enviados cuatro vehículos desde Bogotá para suministrar agua a los municipios cuyos acueductos resultaron afectados."Va a llegar un momento en el que no tenemos agua", concluyó la gobernadora sobre la difícil situación que vive el departamento.
El presidente Abelardo De La Espriella tendría definida la nueva línea de mando de las Fuerzas Militares. Blu Radio conoció que los cambios contemplarían movimientos en el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada Nacional, cuyos nombres estarían ya sobre el escritorio del mandatario.Uno de los principales movimientos sería el regreso al servicio del general Erick Rodríguez, quien asumiría como comandante general de las Fuerzas Militares. De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, el oficial habría salido de la institución durante el gobierno de Gustavo Petro tras sus denuncias relacionadas con la carnetización durante las elecciones presidenciales. Ahora regresaría para ocupar el cargo de mayor responsabilidad dentro de la estructura militar.Para el cargo de jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares estaría previsto el general Carlos Carrasquilla. Desde esta posición tendría bajo su responsabilidad la articulación de las operaciones y capacidades de las diferentes fuerzas. En el Ejército, entretanto, el general José Bertulfo Soto sería designado como nuevo comandante, acompañado por el general Rodolfo Morales Franco como segundo comandante de la institución.Precisamente, el posible nombramiento de Soto y Morales tendría consecuencias dentro del generalato del Ejército debido a la antigüedad. Tendrían que salir de la institución por ser más antiguos que los nuevos comandantes. Entre los nombres conocidos están los generales Correa, Rincón, Alonso, Rodríguez, Vargas e Hidarga, además de otros oficiales que harían parte de la lista de generales con mayor antigüedad.La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) también tendría un nuevo comandante. El cargo sería ocupado por el mayor general Adolfo Alfonso Lozano Ariza, quien entraría en reemplazo del general Carlos Sirba. En la Armada Nacional, por su parte, el mando quedaría en manos del vicealmirante Carlos Ernesto Segovia, quien reemplazaría al almirante Juan Ricardo Rosso.Otro de los movimientos previstos sería el regreso del general Óscar Murillo, quien estaría al frente de la Escuela Superior de Guerra, institución encargada de la formación y capacitación de los altos mandos militares.De esta manera, la eventual nueva cúpula implicaría cambios en las principales fuerzas y en cargos estratégicos de la estructura militar colombiana.
El presidente Abelardo De La Espriella prepara una de sus primeras decisiones en materia de seguridad que consiste en la expedición de un listado de grupos considerados narcoterroristas, con el propósito de fortalecer las herramientas de las Fuerzas Militares y la Policía para combatirlos.El anuncio fue realizado por el presidente durante su discurso en el Batallón Pichincha, en Cali, donde anticipó que la medida será adoptada en las próximas horas. “En las próximas horas, mi Gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas con el propósito de dotar a nuestra gloriosa Fuerza Pública de instrumentos eficaces para el combate frontal del crimen”, afirmó.La decisión hace parte de una política de seguridad que plantea una confrontación directa contra las organizaciones criminales y marca distancia frente a los procesos de diálogo con grupos armados. De La Espriella fue enfático al señalar que “la opción del diálogo está completamente agotada” y planteó el sometimiento a la justicia como la alternativa para los integrantes de estas estructuras.El mandatario aseguró además que no habrá lugares del territorio nacional donde las organizaciones criminales puedan sentirse protegidas de la acción estatal. “No habrá un solo espacio de nuestro territorio donde los delincuentes puedan sentirse a salvo”, sostuvo.El anuncio se suma a la orden impartida por el presidente a las Fuerzas Militares y a la Policía para perseguir a las estructuras criminales. En su intervención, sostuvo que los integrantes de las bandas y organizaciones narcoterroristas deberán escoger entre someterse al Estado o enfrentar la fuerza pública.La definición de los grupos que serán incluidos en el listado, así como los instrumentos concretos que acompañarán la medida, serán conocidos una vez el Gobierno expida oficialmente la decisión. El anuncio se convierte en uno de los primeros pasos de una política de seguridad que el nuevo mandatario presentó bajo el concepto de recuperación de la autoridad del Estado y combate frontal contra el crimen organizado.
En medio de cuestionamientos sobre un posible debilitamiento de la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado oficial en el que asegura que Colombia mantiene sus capacidades operacionales y cuenta con recursos, inversiones y una hoja de ruta clara para su modernización en las próximas décadas.De acuerdo con el documento, la capacidad de la Fuerza Pública no se limita al número de equipos disponibles, sino que integra factores como el talento humano, la doctrina, la organización, el entrenamiento, la infraestructura y la logística. En esa línea, la entidad hizo un llamado a basar el análisis de la seguridad nacional en información verificable y no en interpretaciones aisladas.En el componente aéreo, el Ministerio detalló que actualmente el país cuenta con 620 aeronaves. De estas, 452 están en capacidad de operación, mientras que 168 se encuentran fuera de servicio por procesos de mantenimiento, retiro o reemplazo. Dentro de las aeronaves operativas, el 61 % está disponible para cumplir misiones de defensa, vigilancia, transporte, inteligencia y apoyo humanitario, mientras que el 39 % restante permanece en mantenimiento técnico. La meta institucional es elevar la disponibilidad al 75 % de manera progresiva.El Gobierno también destacó decisiones estratégicas adoptadas para fortalecer la superioridad aérea del país. En 2025 se destinaron 16,8 billones de pesos para la adquisición de 17 aeronaves Saab Gripen, que reemplazarán progresivamente a los aviones Kfir. Este proyecto contempla transferencia tecnológica, entrenamiento de personal y sostenimiento, con el objetivo de garantizar una capacidad aérea moderna y sostenible.A esto se suman inversiones cercanas a 13 billones de pesos, contempladas en el CONPES 4187, orientadas a fortalecer las capacidades estratégicas de la Fuerza Pública. Entre las adquisiciones previstas se incluyen nuevas aeronaves, drones y sistemas de detección, así como vehículos blindados, embarcaciones, equipos de comunicación, armamento y munición. Estas inversiones buscan mejorar la vigilancia, la inteligencia y la capacidad operativa frente a amenazas internas, externas y transnacionales.Adicionalmente, el Ministerio subraya que estos proyectos han sido estructurados técnicamente y podrían ajustarse según las condiciones del mercado y los procesos de contratación. Además, destaca que el presupuesto del sector defensa para 2026 asciende a 66,2 billones de pesos, el más alto registrado en términos constantes.Pese a estos avances, el Ministerio reconoce la existencia de una brecha histórica en capacidades, cuya reducción requiere continuidad en la inversión y disciplina fiscal. En ese sentido, advierte que se necesitarán recursos adicionales superiores a los 100 billones de pesos para alcanzar los niveles necesarios que garanticen la seguridad y la defensa nacional.Finalmente, la entidad reiteró su compromiso con la transparencia, la planeación estratégica y la responsabilidad institucional, y aseguró que la modernización de la Fuerza Pública es un proceso de largo plazo que debe mantenerse más allá de los cambios de gobierno.
Un equipo de la Procuraduría se reunió con las directivas del Ministerio de Defensa para conocer el avance de los proyectos de contratación que serán financiados con l13 billones de pesos aprobados mediante el CONPES 4187 del 27 de marzo de 2026, uno de los mayores planes de inversión para el fortalecimiento de la fuerza pública.Durante el encuentro, el Ministerio de Defensa presentó los lineamientos sobre el destino de esos recursos, que serán distribuidos entre el Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía. La inversión está proyectada para ejecutarse entre cuatro y ocho años y busca renovar capacidades estratégicas de la fuerza pública.La Procuraduría solicitó información sobre el estado de los procesos contractuales en curso y los que están en etapa de planeación, con el propósito de verificar la forma en que serán desarrolladas las licitaciones, contrataciones directas y demás mecanismos de adquisición contemplados para ejecutar el billonario presupuesto.Entre las adquisiciones previstas figuran la compra de helicópteros, aviones, sistemas de defensa antidrones, equipos para inteligencia y nuevas tecnologías de seguridad, elementos considerados clave para fortalecer las capacidades operacionales y de respuesta frente a las amenazas que enfrenta el país.Como resultado de la reunión, la Procuraduría anunció que participará en las mesas técnicas que acompañarán estos procesos y realizará un seguimiento permanente a la contratación relacionada con el plan de fortalecimiento de las Fuerzas Militares y la Policía, con el fin de vigilar la correcta ejecución de los recursos públicos y prevenir posibles irregularidades durante el desarrollo de los proyectos.
Cientos de caleños llegaron este lunes festivo hasta la Avenida Sexta para asistir al desfile Militar y Policial en la celebración del 20 de Julio en la capital vallecaucana. Con camisetas de Colombia, banderas, cornetas y múltiples aplausos, manifestaron su respaldo a la fuerza pública.El recorrido se desarrolló desde la plazoleta Jairo Varela en el centro de la ciudad, hasta el CAI de Chipichape, en el norte de Cali, y contó con la participación de más de 1.200 uniformados del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea. El desfile finalizó con una presentación de la orquesta de la Policía Metropolitana y en completa normalidad por parte de los asistentes."Me siento muy grato de venir y apoyar a mis Fuerzas Militares, sabiendo que ellos son los que se encargan día a día, dejando a sus familias atrás, a sus hijos, para ir a cuidarnos a nosotros", señaló Juan Bedoya, uno de los asistentes.Fueron decenas las familias que asistieron al sitio del desfile desde el cetro hasta el norte de Cali, para juntos enviar un mensaje de apoyo a los miembros de la fuerza pública que se encontraban en el recorrido. "Esto es honrarlos a ellos, agradecerles todo lo que hacen por nosotros todos los días, 365 días del año 24-7. Esto es una manera de venir a agradecerles a todos ellos que dan la vida por el país", señaló Andrea Larrahondo, asistente del desfile.La jornada en el norte de Cali finalizó sin contratiempos y una vez terminado el desfile, la movilidad se restableció sobre la avenida Sexta, tanto para los vehículos particulares, como para el transporte público.
El general Hugo López, comandante de las FF.MM. aseguró que el video publicado por el grupo ilegal en los últimos días, en el que supuestamente el delincuente habría sobrevivido a la operación ofensiva es falso.“Se han realizado diferentes análisis, espectrográficos, y de forma de onda, donde técnicos especialistas evidenciaron inconsistencias en su contenido, así como alteraciones al tratamiento digital, manipulación de los procesos de edición”, explicó López.El alto mando descartó entonces que el material se pueda usar como una prueba contundente.“De acuerdo a inteligencia militar, continuamos nosotros informando que este bandido resultó muerto en combate en esta importante operación. Nuestras operaciones militares se hacen bajo estrictos protocolos de operaciones, de inteligencia, de exactitud, y por eso podemos garantizar que este sujeto está dado de baja”, añadió.Alias 'Marlon', se había convertido en uno de los objetivos de alto valor para la fuerza pública por el control criminal que ejercía en el suroccidente del país con la expansión de las disidencias.Llevaba más de 15 años de trayectoria dentro del grupo ilegal y recientemente habría ordenado el atentado con explosivos que dejó 20 personas fallecidas en el túnel de Cajibío, el pasado sábado 25 de abril, en la vía Panamericana.
El comandante general de las Fuerzas Militares, el General Hugo López Barreto, respondió a las acusaciones del coronel en retiro Javier Valenzuela, quien aseguró que recibió órdenes para detener operaciones contra la Segunda Marquetalia durante su paso por el departamento de Nariño. El General Lopez Barreto calificó esas afirmaciones como falsas y aseguró que las Fuerzas Militares nunca han dejado de cumplir su misión constitucional.El General López afirmó que todas las decisiones operacionales de la institución han estado encaminadas a preservar la seguridad nacional, proteger a la población civil y garantizar la presencia legítima del Estado en el territorio: “Se equivoca el coronel Valenzuela al afirmar falsamente que yo he ordenado detener operaciones contra la Segunda Marquetalia”, señaló. El comandante explicó que Valenzuela permaneció en Nariño entre marzo y noviembre de 2025, primero al frente del Comando Operativo de Estabilización y Consolidación Pegaso y posteriormente como comandante de la Fuerza de Tarea Hércules. Aseguro que, durante ese periodo, el único cese al fuego bilateral con la autodenominada Segunda Marquetalia fue el establecido mediante el Decreto 1052 de 2025, aplicado únicamente en fechas y zonas específicas de Nariño y Putumayo.Frente a la salida del oficial de la institución, El General López indicó que obedeció al curso normal de la carrera militar, luego de que no fuera seleccionado para el Curso de Altos Estudios Militares y agregó que posteriormente Valenzuela solicitó su retiro voluntario, el cual fue aprobado mediante resolución del 30 de diciembre de 2025.El general también anunció que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de injuria, calumnia, afectación a la imagen institucional y al buen nombre e indicó que el propósito es que el coronel entregue las pruebas que respalden sus afirmaciones o, de lo contrario, se retracte conforme a lo establecido por la ley.Finalmente, El General López defendió su trayectoria de 42 años en la institución y aseguró que nunca ha impartido órdenes que favorezcan a estructuras criminales o pongan en riesgo la vida de los soldados o de la población civil.
Revisar de manera integral el proceso de contratación del proyecto Escudo Nacional Antidrones antes de avanzar con la adjudicación de su primera fase, que contempla una inversión de 800.000 millones de pesos en recursos públicos y una proyección de hasta 6,3 billones en etapas posteriores, es la petición del representante a la Cámara José Jaime Uscátegui pidió al Gobierno entrante.La solicitud está dirigida al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y al nuevo vicepresidente, José Manuel Restrepo, para que ordenen una revisión técnica, jurídica y financiera del proceso antes de asumir cualquier compromiso contractual.El Escudo Nacional Antidrones hace parte de un paquete de adquisiciones estratégicas anunciado por el Gobierno saliente, con una inversión superior a 40 billones.El proceso presenta un retraso frente al cronograma divulgado por el Ministerio de Defensa el 19 de marzo de 2026, que establecía la firma del contrato para el 7 de mayo. Más de dos meses después de esa fecha, la contratación aún no ha concluido, lo que, a juicio del congresista, plantea interrogantes sobre las razones de la demora y los posibles cambios realizados durante el proceso.El representante aclaró que su petición no busca frenar la modernización de las capacidades de la Fuerza Pública, sino garantizar que la contratación cumpla con criterios de transparencia, competencia y conveniencia para el país.El proyecto Escudo Nacional Antidrones fue presentado como un proceso de selección internacional para adquirir sistemas de defensa contra aeronaves no tripuladas, con la participación de empresas de varios países y un cronograma público para la evaluación tecnológica y la posterior contratación. Antes de continuar con la adjudicación, Uscátegui considera necesario que el nuevo Gobierno revise las causas del incumplimiento del cronograma oficial, las condiciones en las que se realizó la evaluación de las empresas participantes y las garantías de igualdad para todos los oferentes.También pidió verificar que las especificaciones técnicas respondan a las necesidades actuales de la Fuerza Pública frente a la evolución de las amenazas con drones, así como evaluar la conveniencia financiera del proyecto, cuya inversión inicial de 800.000 millones podría ascender a cerca de 6,4 billones, de acuerdo con declaraciones del Ministerio de Defensa.Ese plan incluye la compra de aeronaves de combate Gripen, más de un centenar de aeronaves adicionales, vehículos blindados, embarcaciones militares y otros programas de modernización de la Fuerza Pública.
En medio de los cuestionamientos sobre una supuesta benevolencia de la Jurisdicción Especial para la Paz con exintegrantes de las extintas Farc, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, salió al paso de las críticas y negó que el tribunal aplique criterios más severos para los miembros de la fuerza pública que para los ex integrantes de la antigua guerrilla.Ramelli aseguró que alrededor de la JEP se ha venido construyendo una narrativa según la cual las decisiones del tribunal serían más rigurosas con militares y policías y más flexibles con los excombatientes de las Farc, una percepción que, según afirmó, no corresponde al funcionamiento del sistema de justicia transicional.“Parece estarse haciendo carrera una narrativa de que nosotros somos más fuertes con un lado que del otro, más fuertes con la fuerza pública y menos con la antigua guerrilla de las Farc”, afirmó el presidente de la JEP, quien explicó que el modelo contempla dos rutas procesales claramente definidas, la vía restaurativa y la vía adversarial o retributiva, y enfatizó que son los propios comparecientes quienes, junto a sus equipos jurídicos, deciden voluntariamente a cuál acogerse.Ramelli explicó que todos los comparecientes pueden escoger libremente entre acogerse a la vía restaurativa, basada en el reconocimiento de responsabilidades y la reparación a las víctimas, o enfrentar un proceso adversarial, similar a un juicio tradicional.De acuerdo con el presidente de la JEP, cerca del 85% de los integrantes de la fuerza pública y casi la totalidad de los excombatientes de las Farc han optado por el modelo restaurativo. En contraste, quienes eligen la vía adversarial se someten a un juicio y, si son hallados responsables, pueden recibir condenas de hasta 20 años de prisión, una pena menor a las previstas por la justicia ordinaria que aplica penas de entre 40 y 50 años.“Cada uno de los comparecientes, tanto de la antigua guerrilla de las Farc como de la fuerza pública, libremente decide por cuál camino se va. Aquí hay dos rutas: la vía restaurativa y la vía adversarial. Cada uno escoge, libremente y con su equipo jurídico, cuál es la vía”, señaló Ramelli.
Un joven de 20 años fue asesinado a tiros este viernes en Floridablanca, Santander, después de salir de su vivienda para encontrarse con un hombre que, según el relato entregado a las autoridades, llevaba desde el día anterior insistiendo en que se reunieran para hablar. Tras el ataque, la Policía logró aprehender a un adolescente de 16 años, señalado preliminarmente de estar involucrado en el crimen.La víctima fue identificada como Yeison Damián Pérez Gómez, quien recibió múltiples impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, el homicidio ocurrió hacia las 11:30 de la mañana en la carrera 45 con calle 146C, en vía pública.De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, Pérez Gómez habría recibido varias llamadas y mensajes de un hombre conocido con el alias de ‘Japonés’, quien le pedía que saliera de su vivienda para encontrarse. Finalmente, el joven salió y aproximadamente 15 minutos después su compañera sentimental recibió una llamada en la que le informaron que había sido atacado.La reacción de los uniformados de la zona permitió ubicar y aprehender a un adolescente de 16 años, quien sería conocido con el mismo alias de ‘Japonés’ y quedó a disposición de las autoridades competentes para el proceso correspondiente.En la vía, investigadores de la Sijín encontraron 11 vainillas calibre 9 milímetros y dos proyectiles, además de un teléfono celular. La inspección técnica al cadáver y la recolección de elementos materiales probatorios quedaron a cargo de Policía.Las autoridades manejan de manera preliminar las hipótesis de sicariato y ajuste de cuentas, aunque el móvil y las circunstancias que rodearon el homicidio hacen parte de la investigación.La Policía también adelanta la revisión de cámaras de seguridad y entrevistas para establecer qué ocurrió antes y durante el ataque y determinar la responsabilidad del adolescente aprehendido.
El Consejo de Estado decretó, en primera instancia, la pérdida de investidura del expresidente del senado Iván Leónidas Name Vásquez, al considerar probado que incurrió en tráfico de influencias por su actuación relacionada con recursos de la UNGRD y el trámite de las reformas del Gobierno Nacional en el Senado.La investigación se concentró en la entrega de dinero que recibió Iván Name de funcionarios de esa entidad, específicamente Olmedo López y Sneyder Pinilla. Según lo establecido por la corporación, esos recursos estuvieron vinculados a un acuerdo para favorecer desde el Senado el avance de proyectos promovidos por el Gobierno Nacional.“El señor Sneyder Pinilla, quien se desempeñó como subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, declaró ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Corte Suprema de Justicia, que el señor Olmedo López, director de la mencionada Unidad para esa época, le ordenó conseguir 4 mil millones de pesos para entregar 3 mil millones al entonces presidente del Senado de la República, Iván Leonidas Name, ‘para aceitar las reformas del gobierno en el Congreso’”, se lee en el fallo.Entre las iniciativas que se buscaba impulsar estaba la reforma pensional, de forma deliberada. El entonces senador, que ocupó la Presidencia del Senado durante la legislatura 2023-2024, habría utilizado su posición dentro de la corporación para facilitar el trámite de estas reformas.Es que incluso, el Consejo de Estado concluyó que Iván Name dejó de presidir 14 de las 16 sesiones plenarias en las que se debatió la reforma pensional en 2024 y permitió que la senadora María José Pizarro asumiera la conducción de esos debates, sin que existiera una ausencia o una imposibilidad material que lo justificara.“Cedió dicha posición, sin sustento legal o fáctico alguno, a la senadora María José Pizarro, no obedeció a una situación accidental o circunstancial, sino a un patrón de conducta reiterado, que no encuentra justificación constitucional y legal, pues, no se explica por qué, al no mediar ausencias, vacancias o la imposibilidad -material- demostrada para ejercer la presidencia, el accionado prescindiera de la labor que le fue encomendada”, señala el Consejo de Estado.En el expediente también fueron vinculados los entonces altos funcionarios Carlos Ramón González y Sandra Ortiz, dentro de los hechos relacionados con la entrega de los recursos y las gestiones para respaldar las iniciativas del Gobierno.“También en septiembre de 2023, se reunieron en una sala del Palacio de Nariño, antes de ingresar al consejo de ministros, Sandra Ortiz, Carlos Ramón González y él, y que el señor González detalló la forma en que se haría la entrega de los 3 mil millones al señor Name, para lo cual, Sandra Ortiz, propuso realizar un desayuno con el señor Name en la habitación 2312 del hotel Tequendama Suites, donde ella pernoctaba”, se indica en el fallo.El Consejo de Estado estableció además que el dinero tenía origen en recursos públicos que estaban destinados a atender necesidades del departamento de La Guajira. Para la corporación, el acuerdo terminó comprometiendo el ejercicio del mandato y el principio de representación democrática.La decisión señala que la actuación de Iván Name se apartó de los principios de integridad, rectitud, pulcritud y decoro que deben caracterizar el ejercicio de su función como senador y que los legisladores deben actuar en función del interés general.Por estos hechos, el alto tribunal concluyó que el tráfico de influencias quedó debidamente comprobado y aplicó la máxima sanción en materia de investidura.Se trata de una decisión de primera instancia, por lo que todavía están previstas las etapas judiciales correspondientes. Sin embargo, la consecuencia establecida por el Consejo de Estado es clara: si la decisión queda en firme, Iván Name quedará definitivamente impedido para regresar al Congreso de la República.
La incertidumbre sobre el paradero de siete personas de las que no se conoce su paradero en el marco del conflicto armado en Colombia, podría terminar para sus familias en el departamento del Atlántico, luego de que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, iniciara la exhumación de varios cuerpos en el cementerio del Municipio de Luruaco.Los trabajos para la recuperación de siete cuerpos iniciaron desde ayer jueves y se extenderán hasta la próxima semana. De acuerdo con Daniela Zuluaga, antropóloga de la Unidad en la seccional de Sucre, que apoya las labores en Atlántico, los trabajos se ordenaron luego de la recolección de información en la que ayudó el propio sepulturero del cementerio.Zuluaga recuerda que el municipio de Luruaco está ubicado en un corredor que fue utilizado por grupos al margen de la ley para el desarrollo de actividades ilícitas, entre ellas, la desaparición de personas, por lo que no descartan que varias personas cuyo paradero es desconocido, puedan estar enterradas en el campo santo.“Las investigaciones nos han dado elementos que posiblemente personas que sacaban de Barranquilla, de Cartagena o de municipios fronterizos o cercanos pudieran haber sido trasladados por este corredor, luego asesinados y después dejados en zonas rurales. También tenemos casos que obedecen a muertes en combate”.De acuerdo con la antropóloga, la Unidad de Búsqueda cuenta con un banco genético en la que reposan la información de las familias que están buscando a sus seres queridos desde el año 2016 hacia atrás. Estas información es cruzada con el ADN recopilado de los huesos de los cuerpos exhumados a fin de lograr establecer la plena identidad de las víctimas, para que sus familias puedan por fin descansar.
El sueño por más de 40 años de tener una terminal aérea digna para uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia, sobre el litoral pacífico, empezó a hacerse realidad con la entrada en funcionamiento de la terminal de pasajeros del aeropuerto José Celestino Mutis, en el municipio de Bahía Solano, Chocó.Se trata de una ambiciosa apuesta por reinvertir recursos del departamento en un territorio con una riqueza natural inigualable, provenientes del Sistema General de Regalías, y en esta fase inicial por más de 31 millones de pesos.La gobernadora Nubia Carolina Córdoba destacó la infraestructura como una posibilidad de impulsar desde el turismo la economía del departamento fuertemente golpeada por el terremoto del pasado 10 de agosto."Esto es una de nuestras apuestas más grandes para la reactivación económica con posterioridad al sismo de 7.4. Por eso nos esforzamos tanto en que este aeropuerto pudiera ponerse en funcionamiento, aún cuando no ha terminado ni la temporada de ballenas", declaró la mandataria.Para los solaneños y visitantes atrás quedaron las épocas en las que en casetas improvisadas operaban las aerolíneas comerciales, recibían equipajes y se realizaban trámites administrativos.Ahora una moderna infraestructura equipada con salas de espera, locales comerciales, áreas especiales para carga y baños, se convierten en orgullo de la región y la puerta de entrada para una de las zonas con mayor afluencia de visitantes, especialmente durante la famosa temporada de ballenas."El aeropuerto era un techito de zinc con palos y las maletas y la oficina de las aerolíneas queda en unas casitas al frente. El llamado de los viajeros se hacía gritando y con una lista en la mano. No podía se que un sitio tan importante para el turismo y para la biodiversidad, no solo de Colombia, sino del mundo recibiera de esa manera a turistas", añadió Andrés Felipe Durán, guía de la zona.Por su parte Leonel Valencia, alcalde de Bahía Solano destacó la nueva terminal aérea como la posibilidad de potenciar la industria pesquera, clave para el desarrollo del territorio."Nosotros, el primer eslabón de la economía que mueve al municipio que es el turismo, y esta obra va a implantar favorablemente para que más turistas puedan visitarnos. Y en el tema local, nosotros también vivimos de la pesca, de la pesca artesanal a través de medidas como la cepa, y hace que los productores, que los pescadores artesanales puedan colocar sus productos en menos de 24 horas desde que los sacan del mar y llevarlos a los restaurantes de todo el país", explicó.La entrega de la terminal hace parte de la primera fase del proyecto que además contempla su cerramiento perimetral de seguridad, la torre de control, la base de bomberos y la construcción y ampliación de la pista en la que avanza el Ejército Nacional.Se espera que estos espacios continúen entregándose en los próximos meses comprometiendo 12 mil millones de pesos adicionales. Por ahora hasta la zona tienen cobertura comercial las aerolíneas Satena, Clic y Moonflights.
José Camilo Manzur Jattin presentó su renuncia a la presidencia de la Asociación Colombiana de Distribuidores y Comercializadores de Energía Eléctrica ( Asocodis) cargo que ocupó durante los últimos 20 años.De acuerdo con el gremio, durante su gestión acompañó a las empresas afiliadas en un periodo de transformaciones para el sector eléctrico y promovió propuestas técnicas relacionadas con la prestación de un servicio público de calidad, sostenible, suficiente, confiable y con amplia cobertura.Las 21 empresas afiliadas a Asocodis expresaron su agradecimiento a Manzur por su liderazgo y compromiso con el fortalecimiento del sector de distribución y comercialización de energía eléctrica.Tras su salida, la Junta Directiva de Asocodis iniciará los procesos institucionales correspondientes para garantizar la continuidad de la gestión gremial.Manzur deja la presidencia para asumir nuevos retos profesionales dentro del sector energético. Según el comunicado, hará parte de la nueva Junta Directiva de Ecopetrol, en momentos en los que el sector enfrenta desafíos como la llegada del fenómeno de El Niño y los retos asociados a la transición energética del país.