La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le solicitó a la Corte Suprema de Justicia información oficial para establecer si la exsenadora del partido Comunes Sandra Ramírez Lobo Silva está incluida en la investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
A través de un auto enviado por la magistrada Lily Rueda el 3 de noviembre, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP le dio a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema un plazo de tres días hábiles para que precise si la excongresista está comprendida en la actuación que llegó a ese alto tribunal por una compulsa de copias de la Fiscalía General de la Nación.
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En concreto, la Jurisdicción quiere saber si existen investigaciones, actuaciones judiciales o elementos de información que relacionen a Ramírez con estos hechos. En caso de que esté incluida, también pidió conocer el estado de las diligencias y recibir copias de las piezas procesales pertinentes, siempre respetando la reserva legal.
La solicitud se enmarca en el seguimiento al régimen de condicionalidad que deben cumplir las personas sometidas a la justicia transicional. Según la Jurisdicción, Sandra Ramírez firmó un acta de compromiso en diciembre de 2017, mediante la cual asumió obligaciones como no cometer nuevos delitos, aportar verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y comparecer ante el tribunal cuando sea requerida.
Además, en septiembre de 2026 fue vinculada como compareciente al Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños durante el conflicto armado.
Para hacer el requerimiento, la JEP tuvo en cuenta información publicada por medios de comunicación en octubre de este año sobre una posible línea de investigación relacionada con el asesinato de Miguel Uribe Turbay. En dichas publicaciones se mencionan declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda del senador, sobre información que habría recibido la Fiscalía y que señalaría a Enrique Marulanda, hijo de crianza de Sandra Ramírez, en relación con la orden del homicidio.
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También tuvo en cuenta algunas publicaciones sobre la decisión de la Fiscalía de compulsar copias a la Corte Suprema para que investigue la posible participación de excongresistas de Comunes en el crimen.
Si la Corte Suprema informa que existen elementos que relacionan a la exsenadora con la posible comisión o coordinación de un delito posterior a la firma del Acuerdo de Paz, la JEP podría evaluar si hubo un incumplimiento de los compromisos que le permiten permanecer en la justicia transicional.
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Esto podría dar lugar a un incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad, un procedimiento en el que se deben analizar las pruebas y garantizar el debido proceso. Una eventual decisión de incumplimiento podría llevar a la pérdida de los beneficios de la justicia transicional.