La Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP), hizo un llamado al Congreso de la República para que preserve la asignación presupuestal de 821.803 millones de pesos que el Gobierno Nacional radicó inicialmente para la entidad dentro del proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2027.
La solicitud se conoce de cara al segundo debate del proyecto en el Congreso y después de que las comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado aprobaran en primer debate una reducción de 170.000 millones de pesos frente a los recursos incluidos inicialmente por el Gobierno.
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Con este recorte, el presupuesto de la JEP para 2027 quedaría en 651.803 millones de pesos, es decir, 129.667 millones menos que el presupuesto vigente de 2026, equivalente a una reducción del 16,6 por ciento.
De los 170.000 millones que serían descontados, 140.000 millones corresponden al presupuesto de inversión y 30.000 millones al de funcionamiento.
La JEP sostiene que esta reducción tendría efectos sobre su capacidad para desarrollar actividades judiciales en los territorios, acompañar a las víctimas y garantizar la defensa de los comparecientes.
Según la Jurisdicción, la reducción de 140.000 millones de pesos en inversión haría que los recursos destinados a este rubro pasen de 174.119 millones a apenas 34.119 millones de pesos.
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La entidad advierte que esto limitaría la realización de audiencias y diligencias judiciales en los territorios donde ocurrieron hechos graves del conflicto armado, así como la representación jurídica y el acompañamiento psicosocial de víctimas.
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También podría afectar la producción, transmisión y archivo de las actuaciones judiciales, una tarea que la JEP relaciona con el principio de máxima publicidad de los procesos de justicia transicional.
Actualmente, la Jurisdicción tiene acreditadas 16.097 víctimas individuales y 444 sujetos colectivos, estos últimos correspondientes a un estimado de 634.804 personas.
La JEP señala, además, que el presupuesto de inversión permite brindar defensa técnica a 9.045 comparecientes, asesoría jurídica a 6.254 y acompañamiento psicosocial individual a 4.586, además de acompañamiento colectivo a otros 3.088 comparecientes.
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En cuanto a quienes están sometidos a la Jurisdicción, el recorte podría afectar las garantías de debido proceso y seguridad jurídica de 12.355 comparecientes de las extintas Farc-EP y 4.736 integrantes de la fuerza pública.
Además, la JEP advierte que podría verse comprometido el monitoreo del cumplimiento de las Sanciones Propias ya impuestas y de aquellas que sean definidas próximamente.
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La JEP también llamó la atención sobre los 30.000 millones de pesos de funcionamiento que serían recortados. Según la entidad, esta reducción comprometería los esquemas de seguridad destinados a víctimas, testigos, intervinientes, comparecientes y funcionarios judiciales.
Con los recursos disponibles bajo el escenario de recorte, la JEP estima que podría cubrir, en promedio, solamente cuatro meses de medidas de protección.
La entidad aseguró que entiende la situación fiscal del país y que, por esa razón, ha implementado medidas para reducir costos y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. De acuerdo con la JEP, estas medidas permitieron generar ahorros por 21.575 millones de pesos entre 2024 y julio de 2026.
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La Jurisdicción anunció, además, que trazará un nuevo plan de austeridad con metas más exigentes para reducir los costos y tiempos de operación de sus actividades misionales, aunque señaló que esto se hará sin afectar las garantías básicas de participación de las víctimas ni el debido proceso de los comparecientes.
La JEP también recordó que, desde 2019, ha registrado una ejecución efectiva de su presupuesto superior al 87 por ciento, con niveles de hasta 93 por ciento en 2021 y 2022.
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Según la entidad, el Ministerio de Hacienda destacó el año pasado que la JEP estuvo entre las entidades del sector justicia con mayores niveles de ejecución presupuestal.