La discusión sobre la aspersión aérea vuelve a estar en el centro de la lucha contra el narcotráfico. El ministro de Justicia, Iván Cancino, salió en defensa de esta herramienta y aseguró que no debe ser vista como una amenaza para Colombia, sino como un mecanismo del Estado para combatir los cultivos ilícitos y afectar las finanzas de las organizaciones criminales.
Cancino sostuvo que la verdadera amenaza está en los cultivos ilícitos que permanecen bajo el control de organizaciones criminales. Según explicó, la aspersión aérea hace parte de las herramientas que pueden contribuir a recuperar territorios y afectar las fuentes de financiación de estos grupos.
“El debate no puede partir de la idea de que actuar es el problema. No actuar es lo que pone en riesgo a las comunidades, fortalece a las organizaciones criminales y permite que sigan creciendo las economías ilegales”, señala el ministro de Justicia en su comunicado.
El ministro señaló que Colombia necesita utilizar todas las herramientas legales y constitucionales disponibles para enfrentar el narcotráfico. De esta forma, defendió la estrategia impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella como una medida orientada a proteger a los ciudadanos y debilitar las economías ilegales.
“La aspersión aérea, aplicada bajo parámetros técnicos, ambientales, sanitarios y constitucionales, debe ser vista como parte de la solución y no como el problema”, agregó.
El líder de la cartera de Justicia advirtió además que impedirle al Estado utilizar herramientas contra los cultivos ilícitos también puede poner en riesgo derechos fundamentales como la vida, la seguridad, la libertad y la paz.
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Agregó que esta situación también tendría efectos sobre los derechos prevalentes de los niños y sobre las comunidades que buscan vivir sin el sometimiento de organizaciones criminales.
“Por eso, nuestra posición es clara: la aspersión aérea, debidamente regulada y controlada, no debe ser presentada como una amenaza. La amenaza es el narcotráfico. La aspersión es una herramienta para combatirlo”, concluyó.
Finalmente, el ministro sostuvo que limitar la capacidad del Estado para actuar contra los cultivos ilícitos termina favoreciendo el fortalecimiento de las economías ilegales.