El presidente Abelardo De La Espriella anunció desde Cartagena la incautación de 7.6 toneladas de cocaína que iban para Países Bajos. Al hacer el anuncio el mandatario se refirió a la fumigación de cultivos.“Del narcotráfico se alimentan todas las formas de violencia, por eso tenemos que combatir el narcotráfico con total determinación, no solamente frente a la incautación sino además frente a los cultivos ilícitos. Se hace absolutamente necesario empezar a fumigar, nada ganamos si incautamos la droga pero no combatimos la raíz, que son los cultivos y la economía ilegal que se mueve alrededor de este negocio”, dijo De La Espriella. El mandatario también explicó que esta operación de la Policía para incautar la cocaína se dio en colaboración con la DEA.“La Policía Nacional acaba de lograr la mayor incautación de cocaína en el puerto de Cartagena de los últimos 10 años: 7,6 toneladas que tenían como destino los Países Bajos, en Europa. En tan solo 75 días de Gobierno, nuestra Fuerza Pública ha incautado 132 toneladas de cocaína, valoradas en 6.108 millones de dólares”, anunció el mandatario.
La posibilidad de retomar la aspersión aérea de cultivos ilícitos volvió al debate en el Congreso. Durante una sesión de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, congresistas pusieron sobre la mesa sus preocupaciones por los posibles efectos que tendría el uso de componentes químicos como el glifosato y el glufosinato sobre la salud de las comunidades.Uno de los principales cuestionamientos vino del representante José Luis Bohórquez, quien se refirió tanto al glifosato como al glufosinato y advirtió sobre los posibles efectos que, según afirmó, podrían tener estas sustancias sobre la salud.“La OMS concluyó que el glifosato puede ser generador de cáncer. La Unión Europea en el 2013 se pronunció sobre el glufosinato. Y la Unión Europea dice que esto puede ser más dañino que el glifosato. Y dice que puede ser más dañino, porque este no genera cáncer, ministro. Pero este hace que las mujeres puedan abortar, las embarazadas. Este hace que los fetos se puedan malformar”, aseguró Bohórquez durante su intervención.El congresista también cuestionó que Putumayo haya sido contemplado para desarrollar el piloto, teniendo en cuenta la presencia de comunidades étnicas y áreas de especial protección ambiental.La respuesta del ministro de JusticiaAnte los cuestionamientos, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que la respuesta del Gobierno no debe centrarse en determinar cuál de los componentes podría generar un mayor daño.“El debate es cómo hacerlo sin afectarla, de tal manera que ahí está la primera respuesta. No van a tener ninguna preocupación porque mientras Iván Alfonso Cancino González sea ministro de Justicia y del Derecho y dirija el Consejo de Estupefacientes, va a acatar las disposiciones internacionales, va a acatar la jurisprudencia, va a acatar la ley, pero vamos a dar una lucha frontal contra los grupos armados al margen de la ley que se aprovechan del campesino para el cultivo de sustancias ilícitas”, señaló.El ministro también respondió a las inquietudes sobre la participación de las comunidades y aseguró que el Gobierno no pretende desconocer procedimientos como la consulta previa cuando esta sea necesaria.“Este programa no es para experimentar a ver qué le pasa al ser humano, es para revisar si ese componente químico realmente causa sobre la mata lo que dicen que causa. Y perdóneme que se lo responda, yo no le puedo contestar qué va a pasar con el ser humano, porque es que este programa no está diseñado para ver qué le pasa al ser humano cuando le hagan una aspersión con uno de los componentes. Se trata de cuidarlo, de que no esté presente, de alejarlo y ver qué le causa la mata”, afirmó.Cancino explicó además que el Gobierno está revisando la tecnología relacionada con la precisión de las operaciones y las condiciones técnicas de las aeronaves de la Policía que podrían ser utilizadas.Gobierno también evalúa el uso de dronesSin embargo, la estrategia que estudia el Gobierno no estaría limitada a la aspersión aérea. Cancino reveló durante el debate que también se está evaluando la posibilidad de utilizar drones.“El mensaje no ha sido contundente y hoy quiero que sea contundente. El Gobierno no se va a quedar con la aspersión aérea. Hay temas para aspersión manual, incluida la aspersión en el ámbito de diferenciación que lo estamos evaluando con drones”, señaló el ministro.Cancino aseguró además que el Gobierno verificará cada una de las condiciones exigidas antes de avanzar.“La resolución 007 es absolutamente clara en establecer en el artículo 5º las condiciones previas al inicio material del piloto en, literales, hasta la h. Cada uno tiene que ser comprobado con precisión. Si eso no se comprueba con precisión, no hay piloto”, concluyó el ministro.Mientras tanto, Claudia Carrasquilla, viceministra de Defensa, afirmó que uno de los motivos por los que el Gobierno está estudiando retomar la aspersión aérea, es porque con la manual los integrantes de la fuerza pública están más expuestos a caer en minas antipersonales.Carrasquilla además aseguró que en Putumayo hay 40.000 hectáreas sembradas de hoja de coca y que el plan piloto contempla la fumigación en 1.000 hectáreas que ya fueron delimitadas, donde no hay cultivos ni personas.
Un juez de Mocoa decidió mantener suspendido el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. La decisión fue tomada tras resolver de manera conjunta varias acciones de tutela relacionadas con el proyecto de erradicación de cultivos de uso ilícito impulsado por la Policía Nacional.El proceso comenzó con una tutela presentada en Puerto Asís por Jhonatan Enrique Meneses Valencia, representante de la Fundación Tiempo de Cambios. En ese caso, el Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ordenó el pasado 11 de septiembre la suspensión provisional de las actividades de aspersión mientras se recopilaba y revisaba información sobre el proyecto.Posteriormente, varias tutelas fueron acumuladas en el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa. Entre las preocupaciones planteadas estuvieron los posibles efectos de la aspersión sobre la salud, el agua, el ambiente, la biodiversidad y las comunidades de los territorios donde se desarrollaría el piloto.En su decisión, el juez encontró que todavía estaban pendientes varios requisitos y procedimientos ambientales, técnicos y de participación. También señaló que no existía suficiente información verificable sobre aspectos como los territorios concretamente afectados y el cumplimiento de los mecanismos de participación y consulta.Por esa razón, el despacho ordenó a las entidades responsables abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar materialmente la aspersión aérea autorizada mientras no se demuestre el cumplimiento integral de los requisitos establecidos. La medida es temporal y preventiva: el fallo no decide de manera definitiva sobre la legalidad o conveniencia de la política de erradicación.
En diálogo con BLU Radio, el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Diego Zambrano, confirmó que antes de iniciar el plan de fumigación aérea de cultivos ilícitos con glufosinato de amonio, el El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella realizará una mesa técnica con autoridades y campesinos del departamento de Putumayo.El compromiso se habría acordado luego de un encuentro, entre el Representante a la cámara, el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, varios alcaldes del departamento, y el ministro de Defensa, Gral. (r) Jorge Eduardo Mora. Según el congresista, el propósito de este encuentro, que se realizaría en menos de quince días, es escuchar a las comunidades, llevar una oferta institucional con varios ministerios y entidades del Estado y buscar la posibilidad de concretar un plan de inversión en la región, a partir de un plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.“Desde las comunidades nace una iniciativa de hacer una sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca. Y aquí le decimos al gobierno que hay que llegar con oferta institucional, y eso es lo que se ha anunciado”, dijo el congresista. Asegura Zambrano, que en la mesa técnica participarán ministerios como el de Educación, Defensa, Salud, Agricultura, Cancillería, entre otros. “Queremos darle un ejemplo a Colombia: los putumayenses no solo somos coca, somos piña, somos frutos amazónicos, biodiversidad, cultura y turismo”, concluyó.
La discusión sobre la aspersión aérea vuelve a estar en el centro de la lucha contra el narcotráfico. El ministro de Justicia, Iván Cancino, salió en defensa de esta herramienta y aseguró que no debe ser vista como una amenaza para Colombia, sino como un mecanismo del Estado para combatir los cultivos ilícitos y afectar las finanzas de las organizaciones criminales.Cancino sostuvo que la verdadera amenaza está en los cultivos ilícitos que permanecen bajo el control de organizaciones criminales. Según explicó, la aspersión aérea hace parte de las herramientas que pueden contribuir a recuperar territorios y afectar las fuentes de financiación de estos grupos. “El debate no puede partir de la idea de que actuar es el problema. No actuar es lo que pone en riesgo a las comunidades, fortalece a las organizaciones criminales y permite que sigan creciendo las economías ilegales”, señala el ministro de Justicia en su comunicado.El ministro señaló que Colombia necesita utilizar todas las herramientas legales y constitucionales disponibles para enfrentar el narcotráfico. De esta forma, defendió la estrategia impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella como una medida orientada a proteger a los ciudadanos y debilitar las economías ilegales.“La aspersión aérea, aplicada bajo parámetros técnicos, ambientales, sanitarios y constitucionales, debe ser vista como parte de la solución y no como el problema”, agregó.El líder de la cartera de Justicia advirtió además que impedirle al Estado utilizar herramientas contra los cultivos ilícitos también puede poner en riesgo derechos fundamentales como la vida, la seguridad, la libertad y la paz. Agregó que esta situación también tendría efectos sobre los derechos prevalentes de los niños y sobre las comunidades que buscan vivir sin el sometimiento de organizaciones criminales.“Por eso, nuestra posición es clara: la aspersión aérea, debidamente regulada y controlada, no debe ser presentada como una amenaza. La amenaza es el narcotráfico. La aspersión es una herramienta para combatirlo”, concluyó.Finalmente, el ministro sostuvo que limitar la capacidad del Estado para actuar contra los cultivos ilícitos termina favoreciendo el fortalecimiento de las economías ilegales.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció este domingo 13 de septiembre que su gobierno acudirá a los mecanismos jurídicos disponibles para controvertir las recientes decisiones judiciales que han establecido límites a las operaciones aéreas ofensivas contra estructuras armadas y a la aspersión aérea de cultivos ilícitos en Putumayo.Durante su alocución presidencial, el mandatario aseguró que las decisiones de los jueces serán respetadas y las órdenes que se encuentren vigentes serán cumplidas. No obstante, sostuvo que esto no impide que el Ejecutivo use las herramientas contempladas en la Constitución y la ley para defender las atribuciones que, según explicó, corresponden al presidente de la República.“Las decisiones judiciales se respetan y las órdenes vigentes se cumplen”, afirmó De La Espriella, al tiempo que señaló que su administración cree en la separación de poderes, la independencia judicial y el Estado de Derecho.El pronunciamiento se produjo en medio de dos asuntos que el jefe de Estado calificó como fundamentales para la seguridad nacional y la lucha contra el narcoterrorismo. El primero está relacionado con las operaciones aéreas ofensivas contra estructuras armadas cuando existe información sobre la posible presencia de menores de edad. El segundo corresponde a una decisión que ordenó provisionalmente suspender las actividades de aspersión aérea en Putumayo, mientras se resuelve de fondo una acción de tutela.De La Espriella defiende competencias constitucionalesEl mandatario sostuvo que las facultades del presidente para dirigir la fuerza pública y adoptar decisiones relacionadas con el orden público tienen respaldo constitucional, aunque reconoció que estas deben ejercerse dentro de los límites establecidos por la Constitución, los derechos fundamentales y el derecho internacional humanitario.En ese sentido, marcó una diferencia entre la función de control de los jueces y la conducción de las operaciones estatales.El mandatario agregó que, por esa razón, impartió instrucciones para que la defensa jurídica del Estado intervenga en el caso y anunció que se utilizarán los recursos correspondientes.“Vamos a ejercer todos los mecanismos jurídicos que correspondan para defender esas competencias que la Constitución me ha entregado a mí como presidente de la República”, manifestó.Reclutamiento de menores y operaciones contra grupos armadosUno de los principales argumentos expuestos por el presidente estuvo relacionado con el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales.De La Espriella afirmó que el Estado tiene una obligación reforzada de protección frente a los menores reclutados y que cualquier actuación de la fuerza pública debe desarrollarse con inteligencia, precisión y precaución, además de cumplir los principios de distinción y proporcionalidad establecidos en el derecho internacional humanitario.Sin embargo, advirtió que la presencia de menores en campamentos de grupos armados no debería convertirse, en su opinión, en un mecanismo para impedir de manera automática las acciones estatales contra los responsables de esas estructuras.El presidente insistió en que la respuesta debe combinar la protección de los menores con una estrategia militar basada en una mejor inteligencia, una mayor precisión operacional y una evaluación rigurosa de cada objetivo.Aspersión aérea en Putumayo y lucha contra los cultivos ilícitosEl segundo punto abordado durante la alocución fue la suspensión provisional de las actividades de aspersión aérea en Putumayo, una medida relacionada con la política de lucha contra los cultivos ilícitos.Sobre este asunto, De La Espriella aseguró que cualquier decisión del Gobierno deberá contar con los respectivos soportes técnicos, ambientales, sanitarios y territoriales, además de cumplir los procedimientos establecidos por la legislación.“Cumplidas esas exigencias, la definición y ejecución de la política contra el narcotráfico corresponde a las autoridades constitucionalmente competentes para ello”, afirmó.De esta manera, el mandatario defendió la capacidad del Ejecutivo para definir su estrategia contra los cultivos de uso ilícito, aunque señaló que las actuaciones deberán ajustarse a los requisitos legales y técnicos correspondientes.“No voy a convertir esto en pelea del presidente contra los jueces”Pese a su decisión de controvertir jurídicamente las medidas, De La Espriella descartó que su Gobierno pretenda convertir el asunto en una confrontación entre el Ejecutivo y la Rama Judicial.El jefe de Estado insistió en que la discusión, desde su perspectiva, es institucional y no personal. También reconoció la importancia de la tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales y aseguró que esa garantía será respetada por su administración.Finalmente, De La Espriella sostuvo que el Estado de Derecho exige tanto la protección de los derechos fundamentales como el respeto por las competencias asignadas a cada rama del poder público.“Proteger los derechos fundamentales y garantizar la seguridad de los colombianos no son objetivos incompatibles. Tenemos que hacer ambas cosas”, concluyó el presidente, al reiterar que su gobierno mantendrá una defensa jurídica de las facultades del Ejecutivo para conservar el orden público, dirigir la fuerza pública y enfrentar a las organizaciones criminales.
El plan de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo quedó temporalmente frenado por orden judicial. El Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ordenó suspender cualquier actividad de aspersión aérea con este agroquímico mientras recopila información sobre el piloto y adopta una decisión de fondo dentro de la tutela.La decisión se produce tras la acción presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social contra el Gobierno y varias entidades. La organización advierte una posible afectación de derechos relacionados con la salud, el agua, el ambiente sano, la participación y la biodiversidad.El proceso judicial ocurre después de que la Policía Nacional confirmara el 10 de septiembre que realizará en Putumayo un plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio. La operación fue presentada como experimental, limitada y temporal y contempla el uso de dos aeronaves AT-802.Entre las primeras órdenes, el despacho judicial dio 24 horas al Consejo Nacional de Estupefacientes, los ministerios de Justicia y Defensa, la Dirección de Antinarcóticos y la Gobernación del Putumayo para informar qué municipios y áreas están incluidas en la zona y entregar la cartografía correspondiente.En ese mismo plazo deberán informar cuántas hectáreas han sido tratadas, cuántos días de operación se han realizado y cuánto falta para llegar a los límites de siete días y 1.000 hectáreas.Las autoridades deberán explicar además si se hizo la divulgación previa de cinco días prevista en la Resolución 007 de 2026, entregar las respectivas pruebas y señalar si existe una fecha para iniciar, reanudar o continuar las aspersiones durante los próximos diez días. También deberán entregar el anexo integral de la resolución y los documentos que sustenten la información.En un plazo de dos días, el Consejo Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Justicia y del Derecho deberán entregar los estudios técnicos, científicos, sanitarios y ambientales que sustentaron el piloto, así como información sobre comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas y un eventual proceso de consulta previa.El juez también pidió establecer los posibles riesgos para la salud, fuentes hídricas, biodiversidad, abejas y otros polinizadores, cultivos lícitos y ecosistemas amazónicos. Con esta información, el despacho avanzará en el estudio de la tutela y definirá el alcance de las medidas dentro del proceso.Además, el juez requirió al Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto Colombiano Agropecuario, Ministerio de Salud y Protección Social, junto con el Instituto Nacional de Salud; a Corpoamazonia; Defensoría del Pueblo; Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios y a la Aeronáutica civil información específica de cada una de sus respectivas áreas.
En medio del debate por la reactivación de las pruebas para la aspersión aérea contra los cultivos ilícitos en Colombia, Daniel Rico, politólogo, exasesor del Ministerio de Defensa, examinó los alcances de las decisiones tomadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes.Según el analista, la discusión en torno al herbicida seleccionado distrae sobre los verdaderos obstáculos legales, ambientales y territoriales que enfrenta la estrategia.Un retroceso en la línea de aprendizaje institucionalPara Rico, reemplazar la molécula históricamente estudiada por glufocinato de amonio carece de justificación técnica. Sobre esta modificación, afirmó enfáticamente: “Pasar del glifosato al glufocitato, glufocinato de amonio no es ninguna ventaja ni en el tema ambiental ni en el tema de salud, sino es un retroceso importante en la línea de aprendizaje en la que ya estaba el Gobierno nacional”. El especialista remarcó que el glifosato cuenta con un amplio respaldo de investigaciones globales y locales. En su criterio, el debate sobre su implementación no responde a dilemas técnicos: “El problema con el glifosato nunca fue científico, fue político”, agregando de manera contundente que “este es un problema político. El problema técnico y científico está resuelto”.Dudas sobre el piloto de evaluación y niveles de toxicidadRespecto a las evaluaciones de prueba programadas en zonas como Nariño y Putumayo, el analista cuestionó la efectividad de los plazos estipulados. Rico sostuvo que “ese piloto en 7 días realmente no va a arrojar información importante o determinante que indique que el glufocinato es mejor que el glifosato”.Adicionalmente, advirtió sobre las clasificaciones sanitarias del glufocinato en el ámbito internacional. El experto subrayó que “el glufocinato sí tiene unas marcaciones de trazabilidad por toxicidad más altas que el glifosato y lo ha determinado así la Unión Europea en su clasificación por nivel de toxicidad”.Los verdaderos retos: Licenciamiento de la ANLA y consultas previasEl analista planteó que la elección del producto químico es el componente menos complejo del proceso de reactivación. Según explicó: “El menor de los problemas es elegir cuál es el herbicida. Ese es el problema fácil de resolver. El problema complejo es cómo se va a manejar esto en el licenciamiento ambiental en la ANLA”.A este requerimiento se suma la relación con las comunidades locales. Rico advirtió que “el problema complejo es cómo se va a manejar esto con las comunidades”, recordando que las consultas previas pueden extenderse por años y alcanzar costos entre uno y dos millones de dólares cada una.Frente al panorama nacional, donde la producción sobrepasa las 3.000 toneladas de cocaína, el especialista precisó el alcance real de las aeronaves en la lucha antinarcóticos. Al respecto, precisó: “la aspersión aérea no es una estrategia en sí misma. La expresión aérea es una herramienta de un de una estrategia”. Asimismo, aclaró que la aplicación química no destruye definitivamente el cultivo. Explicó que “los herbicidas no... Lo que hacen es que tumban la hoja porque no le permiten eso y retrasan la producción 4 meses, 6 meses”, por lo que la medida únicamente resulta efectiva cuando se acompaña de control territorial, interdicción e incentivos a la legalidad.Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno de Colombia avanza con un plan piloto para erradicar cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio, un herbicida diferente al glifosato que durante años fue usado para combatir los cultivos de coca en el país.El Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó una prueba experimental que contempla el uso de aeronaves tripuladas y que tendrá una duración específica, con un límite de hectáreas.No obstante, esta decisión vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre los químicos usados para erradicar cultivos ilícitos. Aunque el glufosinato de amonio y glifosato son herbicidas no selectivos, tienen mecanismos de acción diferentes y también existen diferencias en su clasificación toxicológica.¿Cuál es la diferencia entre glufosinato de amonio y glifosato?Según estudios e información de POMAIS, proveedor y fabricante de productos agroquímicos, el glufosinato de amonio actúa inhibiendo una enzima denominada glutamina sintetasa, que interviene en el metabolismo del nitrógeno de las plantas. Al bloquear esta enzima, se altera el metabolismo de la planta y se acumula amonio, lo que termina provocando daños y su muerte.El glifosato, por su parte, actúa sobre otra ruta metabólica. Bloquea la enzima EPSP sintasa, necesaria para la producción de determinados aminoácidos que las plantas requieren para desarrollarse. De esta manera, interrumpe procesos fundamentales para el crecimiento vegetal.Según el ICA, algunos productos registrados en Colombia que contienen glufosinato de amonio están clasificados en la categoría toxicológica II, considerada moderadamente peligrosa. Sus etiquetas incluyen advertencias relacionadas con la inhalación y el contacto durante su manipulación y aplicación.En el caso del glifosato existe además un antecedente relacionado con su posible efecto carcinogénico. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), perteneciente a la OMS, clasificó el glifosato dentro del Grupo 2A, como probablemente carcinogénico para los seres humanos. La clasificación se basó en la evaluación de la evidencia científica disponible en ese momento.Esta clasificación no significa que toda exposición al glifosato provoque cáncer. La IARC evalúa el peligro potencial de una sustancia, mientras que la determinación del riesgo depende también de factores como el nivel, la duración y las condiciones de exposición.Impacto ambientalEn cuanto al ambiente, ninguno de los dos herbicidas puede considerarse libre de riesgos. El comportamiento de cada sustancia depende de factores como el suelo, la temperatura, la humedad, la luz, la lluvia y la forma en que se aplique.En el caso del glifosato, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos señala que el compuesto se adhiere fuertemente al suelo y que los microorganismos pueden degradarlo. Sin embargo, también puede llegar a cuerpos de agua mediante escorrentía, erosión o deriva durante la aplicación. La agencia advierte además que los principales riesgos ecológicos del glifosato están relacionados con las plantas no objetivo que puedan encontrarse cerca de las áreas tratadas.El glufosinato también requiere medidas para evitar que alcance zonas que no son objeto de la aplicación. Documentos de evaluación ambiental de la organización muestran que su comportamiento en el ambiente puede variar considerablemente según las condiciones y que existen estudios sobre su degradación en suelo y agua.
La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional oficializó los detalles del plan piloto de aspersión aérea contra cultivos ilícitos que se ejecutará en el departamento del Putumayo.Según la información entregada por la institución en un comunicado de ocho puntos, la iniciativa se concibió como una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, desarrollada en el marco de la Estrategia Esmeralda Plus y aprobada por el Consejo Nacional de Estupefacientes.Fuentes de la institución policial indicaron que las operaciones en campo para este proyecto experimental iniciarían durante la próxima semana.Aeronaves y químico en fase de pruebaDe acuerdo con la Policía Nacional, para las labores operacionales se dispondrá de dos aeronaves tipo AT-802, plataformas destinadas de manera exclusiva a la aplicación del producto en los polígonos previa y formalmente habilitados.El objetivo central del proyecto consiste en generar información técnica y científica que permita determinar si la aplicación de glufosinato de amonio mediante aspersión aérea es pertinente frente a los resultados que se obtengan en el territorio.La institución subrayó que esta fase de prueba se ajusta a las disposiciones fijadas por la Corte Constitucional en sus diferentes sentencias. Por ello, aclaró que la actividad no constituye una adopción definitiva ni la reanudación general del programa a nivel nacional.El reporte oficial precisa que la operación aérea cuenta con restricciones técnicas, ambientales y de seguridad para delimitar las zonas de intervención.El plan contempla la exclusión estricta de las siguientes áreas:Territorios colectivos y comunidades afrodescendientes.Zonas habitadas por grupos sujetos a especial protección constitucional.Parques y zonas de protección ambiental o áreas protegidas.Ecosistemas sensibles y terrenos colindantes a fuentes hídricas o ríos.Los datos recolectados durante la ejecución serán evaluados por las autoridades competentes para certificar la efectividad y el impacto de la medida en la lucha contra la cadena del narcotráfico.
Este miércoles, 11 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación continuará con la diligencia de indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dentro de la investigación que busca establecer su presunta vinculación con hechos relacionados con las masacres de La Granja y El Aro, el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la conformación de un grupo paramilitar en Antioquia, entre ellos el denominado Bloque Metro.La diligencia es adelantada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y hace parte de un expediente en el que Uribe, quien también fue gobernador de Antioquia, es investigado por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida agravado y concierto para delinquir agravado, además de hechos relacionados con la presunta conformación de organizaciones armadas paramilitares.La primera sesión de la indagatoria se realizó el pasado 4 de septiembre en el Búnker de la Fiscalía General de la Nación. En esa oportunidad, el expresidente se refirió a los señalamientos que lo relacionan con el denominado “Petro-uribismo” y rechazó que existieran acuerdos o favorecimientos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.A su llegada a la Fiscalía, Uribe aseguró: “Ahora me acusan de "Petro-uribismo" para sembrar desconfianza en nuestros compañeros de lucha. Para esto no ha importado nuestra oposición sin declives con la nación. Al Gobierno Petro la combatimos mirando a los ojos y sin pretensiones de pactos o favorecimientos. Elegimos un presidente del Senado con condiciones de patriota”.Durante esa primera jornada, el exmandatario también hizo referencia a las actuaciones y señalamientos relacionados con el expresidente Gustavo Petro y sostuvo que, frente a cualquier ciudadano, debía garantizarse el debido proceso.“A pesar que esta acusación también está basada en los señalamientos y movidas del expresidente Petro, frente a él, como frente a cualquier ciudadano, acusado con o sin justicia, prefiero mi adhesión a las mismas garantías constitucionales que para mi reclamo, en lugar de caer en la rabiosa actitud del ‘diente por diente o del ojo por ojo’”, afirmó Uribe.La investigación tiene antecedentes en denuncias iniciadas desde el año 2000 y en una compulsa de copias ordenada en noviembre de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, durante el proceso relacionado con el asesinato de Jesús María Valle.Dentro del expediente también se analiza la posible omisión de deberes de protección a la población civil durante la administración de Uribe como gobernador de Antioquia. De igual manera, se investigan los señalamientos relacionados con un presunto fomento y apoyo al Bloque Metro en la hacienda Las Guacharacas y una eventual responsabilidad en la promoción o formación de organizaciones armadas paramilitares.
Coomeva Cooperativa recibió en Madrid el reconocimiento Trayectoria Excelente del Premio Iberoamericano de la Calidad, durante la clausura del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, realizado el pasado 4 de noviembre en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.La cooperativa colombiana fue distinguida junto con la Alcaldía de Málaga y el Banco Santander España, en un evento que congregó a destacados líderes gubernamentales y empresariales de Iberoamérica. El reconocimiento fue recibido por Francisco Parmenio Echeverri, presidente del Consejo de Administración de Coomeva, en una ceremonia presidida por el rey Felipe VI de España y mandatarios de la región.Esta distinción, coordinada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y gestionada por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ), destaca a organizaciones que han obtenido el galardón Oro en dos o más ediciones del Premio Iberoamericano de la Calidad, como evidencia de la excelencia, sostenibilidad y continuidad de sus modelos de gestión.Para Coomeva, que obtuvo el reconocimiento Oro en 2016, esta nueva distinción representa un respaldo internacional a la solidez de su modelo organizacional y al aporte del cooperativismo colombiano al desarrollo empresarial y social.Alfredo Arana, presidente ejecutivo del Grupo Coomeva, destacó la importancia de este logro: “Es un hito que una empresa colombiana, y máxime de índole cooperativa, reciba este reconocimiento por la trayectoria en su gestión, esto demuestra nuestro compromiso con la mejora continua en cada uno de nuestros procesos”.Con este reconocimiento, Coomeva fortalece su posicionamiento internacional y ratifica su compromiso con la calidad, la innovación y la mejora continua, consolidándose como referente del modelo cooperativo colombiano.
Una llamada a la línea de emergencias del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Rafael alertó sobre la desaparición de un menor en las aguas del balneario El Castillito. De inmediato se desplegó un operativo de rescate en este municipio del Oriente antioqueño, pero lamentablemente el joven, de 17 años, perdió la vida por inmersión.Hasta el sitio se desplazaron cuatro unidades de bomberos equipadas con trajes de buceo, chalecos salvavidas y herramientas de seguridad acuática. Al llegar a la zona, los familiares y acompañantes informaron que el adolescente había ingresado al río aproximadamente 40 minutos antes y que, transcurrido ese tiempo, perdieron todo contacto visual con él, lo que motivó el inicio inmediato de las maniobras de búsqueda subacuática.Debido a la profundidad y al ancho del cauce en esa zona del balneario, el personal de rescate capacitado tuvo que realizar tres inmersiones consecutivas hasta lograr la localización del cuerpo sin vida del joven. Tras el hallazgo bajo el agua, los rescatistas procedieron con las maniobras técnicas de extracción hacia la orilla del río.Las operaciones de recuperación se adelantaron en coordinación con efectivos de la Policía Nacional, quienes asumieron la custodia del sitio y apoyaron el posterior traslado del cadáver hacia la morgue municipal de San Rafael. Las autoridades locales iniciaron los trámites correspondientes para formalizar la entrega del cuerpo a sus familiares.
En Medellín, un conflicto ocurrido durante una fiesta desencadenó el desplazamiento forzado de una pareja en el sector de Cándamo, barrio Buenos Aires. Las agresiones e intimidaciones comenzaron luego de que un hombre bailara con la compañera sentimental de un presunto integrante del grupo delincuencial 'Caicedo', hecho que derivó en agresiones físicas y la exigencia de un millón de pesos a la víctima para abandonar la zona.De acuerdo con las investigaciones del caso, los hechos de violencia y las amenazas constantes se prolongaron por varios días, obligando al afectado y a su pareja a dejar su lugar de residencia. Tras la salida de los habitantes, la vivienda fue ocupada por la estructura ilegal que delinque en la comuna 9 de la capital antioqueña."Presuntos integrantes de esta estructura delictiva le exigieron que se fuera del lugar. Cuando la víctima llegó a su vivienda, varios de los sospechosos ingresaron por la fuerza, entre ellos alias Guajiro, alias Legal o el Calvo y alias Frito. En el sitio volvieron a golpearlo y ocasionaron múltiples daños en las puertas y enseres de su propiedad", afirmó el fiscal del casoPosteriormente, las autoridades hicieron efectiva la captura de Edison Pino Beitar, conocido con el alias de 'Tuerto', a quien se le atribuye la participación directa en las presiones contra la pareja. Las indagaciones señalan que el procesado formaría parte de la organización desde comienzos de 2024, coordinando el cobro de extorsiones a comerciantes, la venta ilegal de lotes, la distribución de estupefacientes y la imposición de cobros por conexiones irregulares a servicios públicos en las comunas Villahermosa, Buenos Aires y La Candelaria."Era el encargado de cobrar las famosas multas a los ciudadanos que no cumplían las normas impuestas por este grupo delincuencial. Asimismo, ejecutaba las agresiones contra quienes no pagaban estas exigencias, a quienes golpeaban y desplazaban del barrio, sumado a su responsabilidad en el cobro de extorsiones al sector comercial", agregó.Tras ser presentado ante las autoridades judiciales, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó a Pino Beitar los delitos de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado. Pese a que el procesado no aceptó los cargos presentados por el ente investigador, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario.
El Festival Disonarte 2026 será el escenario de la última presentación de Monsieur Periné en Colombia antes de su separación. La agrupación colombiana se despedirá del público del país el próximo domingo 15 de noviembre, durante la segunda jornada del evento, que tendrá lugar en el Complejo Cultural Panóptico de Ibagué, Tolima.El festival, en su edición número doce, se realizará los días 14 y 15 de noviembre y reunirá diferentes propuestas musicales que abarcan géneros como rock, pop, indie, reggae, ska, electrónica, jazz, fusión y música tradicional. Entre los artistas invitados también se encuentran The Mills, El Kalvo, Sr. Moskato, Enkelé y la Sonora Barón, agrupación chilena.Para la organización de Disonarte, recibir a Monsieur Periné en esta presentación de despedida representa un momento especial para la historia del festival y para la escena musical de la región.“Es un honor y un momento profundamente emotivo para el festival. Sabemos lo que significa Monsieur Periné para la cultura nacional y que elijan nuestra casa para cerrar este ciclo en Colombia ratifica a Disonarte como un puente vital para la circulación de los grandes exponentes de la música latinoamericana”, señaló Yeison Gómez, director del evento.Además de reunir artistas nacionales e internacionales, Disonarte busca fortalecer la circulación y proyección de los proyectos musicales que se desarrollan en la capital musical del país. Para esta edición, la organización recibió más de 60 propuestas locales y, después de un proceso de curaduría, seleccionó diez agrupaciones de la ciudad.Se trata de Afro Fresh, Ensamble Cantaima, Senseless, Atrapamoskas Ska, Zentrópico, Común Desigual, Ocobo, The Other Room y Mr. Bufus, que tendrán la oportunidad de compartir escenario con los demás artistas de la programación.La apuesta del festival también contempla espacios de formación y relacionamiento para los músicos de la región, entre ellos Mercados Disonare y ENDI, iniciativas que buscan conectar a los artistas con agentes de la industria musical, promotores y actores de la circulación cultural en Colombia y otros países.En cuanto a la programación, la primera jornada, el sábado 14 de noviembre, contará con The Mills, El Kalvo, Sr. Moskato, Común Desigual, Ocobo, The Other Room, Lu Lozano y Zentrópico, además de las presentaciones audiovisuales de VJ Paola Balam y Ftzstudio.El domingo 15 de noviembre será el turno de Monsieur Periné, junto con la Sonora Barón, Enkelé, Afro Fresh, Cantaima, Atrapamoskas, Senseless y Mr. Bufus.Las entradas se venden por jornadas independientes, por lo que quienes deseen asistir los dos días deberán adquirir una boleta para cada fecha. El evento está habilitado para mayores de 12 años y los menores de edad deberán ingresar acompañados de un adulto responsable, quien también deberá contar con su respectiva entrada.