Un juez de Mocoa decidió mantener suspendido el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. La decisión fue tomada tras resolver de manera conjunta varias acciones de tutela relacionadas con el proyecto de erradicación de cultivos de uso ilícito impulsado por la Policía Nacional.El proceso comenzó con una tutela presentada en Puerto Asís por Jhonatan Enrique Meneses Valencia, representante de la Fundación Tiempo de Cambios. En ese caso, el Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ordenó el pasado 11 de septiembre la suspensión provisional de las actividades de aspersión mientras se recopilaba y revisaba información sobre el proyecto.Posteriormente, varias tutelas fueron acumuladas en el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa. Entre las preocupaciones planteadas estuvieron los posibles efectos de la aspersión sobre la salud, el agua, el ambiente, la biodiversidad y las comunidades de los territorios donde se desarrollaría el piloto.En su decisión, el juez encontró que todavía estaban pendientes varios requisitos y procedimientos ambientales, técnicos y de participación. También señaló que no existía suficiente información verificable sobre aspectos como los territorios concretamente afectados y el cumplimiento de los mecanismos de participación y consulta.Por esa razón, el despacho ordenó a las entidades responsables abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar materialmente la aspersión aérea autorizada mientras no se demuestre el cumplimiento integral de los requisitos establecidos. La medida es temporal y preventiva: el fallo no decide de manera definitiva sobre la legalidad o conveniencia de la política de erradicación.
En diálogo con BLU Radio, el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Diego Zambrano, confirmó que antes de iniciar el plan de fumigación aérea de cultivos ilícitos con glufosinato de amonio, el El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella realizará una mesa técnica con autoridades y campesinos del departamento de Putumayo.El compromiso se habría acordado luego de un encuentro, entre el Representante a la cámara, el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, varios alcaldes del departamento, y el ministro de Defensa, Gral. (r) Jorge Eduardo Mora. Según el congresista, el propósito de este encuentro, que se realizaría en menos de quince días, es escuchar a las comunidades, llevar una oferta institucional con varios ministerios y entidades del Estado y buscar la posibilidad de concretar un plan de inversión en la región, a partir de un plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.“Desde las comunidades nace una iniciativa de hacer una sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca. Y aquí le decimos al gobierno que hay que llegar con oferta institucional, y eso es lo que se ha anunciado”, dijo el congresista. Asegura Zambrano, que en la mesa técnica participarán ministerios como el de Educación, Defensa, Salud, Agricultura, Cancillería, entre otros. “Queremos darle un ejemplo a Colombia: los putumayenses no solo somos coca, somos piña, somos frutos amazónicos, biodiversidad, cultura y turismo”, concluyó.
La discusión sobre la aspersión aérea vuelve a estar en el centro de la lucha contra el narcotráfico. El ministro de Justicia, Iván Cancino, salió en defensa de esta herramienta y aseguró que no debe ser vista como una amenaza para Colombia, sino como un mecanismo del Estado para combatir los cultivos ilícitos y afectar las finanzas de las organizaciones criminales.Cancino sostuvo que la verdadera amenaza está en los cultivos ilícitos que permanecen bajo el control de organizaciones criminales. Según explicó, la aspersión aérea hace parte de las herramientas que pueden contribuir a recuperar territorios y afectar las fuentes de financiación de estos grupos. “El debate no puede partir de la idea de que actuar es el problema. No actuar es lo que pone en riesgo a las comunidades, fortalece a las organizaciones criminales y permite que sigan creciendo las economías ilegales”, señala el ministro de Justicia en su comunicado.El ministro señaló que Colombia necesita utilizar todas las herramientas legales y constitucionales disponibles para enfrentar el narcotráfico. De esta forma, defendió la estrategia impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella como una medida orientada a proteger a los ciudadanos y debilitar las economías ilegales.“La aspersión aérea, aplicada bajo parámetros técnicos, ambientales, sanitarios y constitucionales, debe ser vista como parte de la solución y no como el problema”, agregó.El líder de la cartera de Justicia advirtió además que impedirle al Estado utilizar herramientas contra los cultivos ilícitos también puede poner en riesgo derechos fundamentales como la vida, la seguridad, la libertad y la paz. Agregó que esta situación también tendría efectos sobre los derechos prevalentes de los niños y sobre las comunidades que buscan vivir sin el sometimiento de organizaciones criminales.“Por eso, nuestra posición es clara: la aspersión aérea, debidamente regulada y controlada, no debe ser presentada como una amenaza. La amenaza es el narcotráfico. La aspersión es una herramienta para combatirlo”, concluyó.Finalmente, el ministro sostuvo que limitar la capacidad del Estado para actuar contra los cultivos ilícitos termina favoreciendo el fortalecimiento de las economías ilegales.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció este domingo 13 de septiembre que su gobierno acudirá a los mecanismos jurídicos disponibles para controvertir las recientes decisiones judiciales que han establecido límites a las operaciones aéreas ofensivas contra estructuras armadas y a la aspersión aérea de cultivos ilícitos en Putumayo.Durante su alocución presidencial, el mandatario aseguró que las decisiones de los jueces serán respetadas y las órdenes que se encuentren vigentes serán cumplidas. No obstante, sostuvo que esto no impide que el Ejecutivo use las herramientas contempladas en la Constitución y la ley para defender las atribuciones que, según explicó, corresponden al presidente de la República.“Las decisiones judiciales se respetan y las órdenes vigentes se cumplen”, afirmó De La Espriella, al tiempo que señaló que su administración cree en la separación de poderes, la independencia judicial y el Estado de Derecho.El pronunciamiento se produjo en medio de dos asuntos que el jefe de Estado calificó como fundamentales para la seguridad nacional y la lucha contra el narcoterrorismo. El primero está relacionado con las operaciones aéreas ofensivas contra estructuras armadas cuando existe información sobre la posible presencia de menores de edad. El segundo corresponde a una decisión que ordenó provisionalmente suspender las actividades de aspersión aérea en Putumayo, mientras se resuelve de fondo una acción de tutela.De La Espriella defiende competencias constitucionalesEl mandatario sostuvo que las facultades del presidente para dirigir la fuerza pública y adoptar decisiones relacionadas con el orden público tienen respaldo constitucional, aunque reconoció que estas deben ejercerse dentro de los límites establecidos por la Constitución, los derechos fundamentales y el derecho internacional humanitario.En ese sentido, marcó una diferencia entre la función de control de los jueces y la conducción de las operaciones estatales.El mandatario agregó que, por esa razón, impartió instrucciones para que la defensa jurídica del Estado intervenga en el caso y anunció que se utilizarán los recursos correspondientes.“Vamos a ejercer todos los mecanismos jurídicos que correspondan para defender esas competencias que la Constitución me ha entregado a mí como presidente de la República”, manifestó.Reclutamiento de menores y operaciones contra grupos armadosUno de los principales argumentos expuestos por el presidente estuvo relacionado con el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales.De La Espriella afirmó que el Estado tiene una obligación reforzada de protección frente a los menores reclutados y que cualquier actuación de la fuerza pública debe desarrollarse con inteligencia, precisión y precaución, además de cumplir los principios de distinción y proporcionalidad establecidos en el derecho internacional humanitario.Sin embargo, advirtió que la presencia de menores en campamentos de grupos armados no debería convertirse, en su opinión, en un mecanismo para impedir de manera automática las acciones estatales contra los responsables de esas estructuras.El presidente insistió en que la respuesta debe combinar la protección de los menores con una estrategia militar basada en una mejor inteligencia, una mayor precisión operacional y una evaluación rigurosa de cada objetivo.Aspersión aérea en Putumayo y lucha contra los cultivos ilícitosEl segundo punto abordado durante la alocución fue la suspensión provisional de las actividades de aspersión aérea en Putumayo, una medida relacionada con la política de lucha contra los cultivos ilícitos.Sobre este asunto, De La Espriella aseguró que cualquier decisión del Gobierno deberá contar con los respectivos soportes técnicos, ambientales, sanitarios y territoriales, además de cumplir los procedimientos establecidos por la legislación.“Cumplidas esas exigencias, la definición y ejecución de la política contra el narcotráfico corresponde a las autoridades constitucionalmente competentes para ello”, afirmó.De esta manera, el mandatario defendió la capacidad del Ejecutivo para definir su estrategia contra los cultivos de uso ilícito, aunque señaló que las actuaciones deberán ajustarse a los requisitos legales y técnicos correspondientes.“No voy a convertir esto en pelea del presidente contra los jueces”Pese a su decisión de controvertir jurídicamente las medidas, De La Espriella descartó que su Gobierno pretenda convertir el asunto en una confrontación entre el Ejecutivo y la Rama Judicial.El jefe de Estado insistió en que la discusión, desde su perspectiva, es institucional y no personal. También reconoció la importancia de la tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales y aseguró que esa garantía será respetada por su administración.Finalmente, De La Espriella sostuvo que el Estado de Derecho exige tanto la protección de los derechos fundamentales como el respeto por las competencias asignadas a cada rama del poder público.“Proteger los derechos fundamentales y garantizar la seguridad de los colombianos no son objetivos incompatibles. Tenemos que hacer ambas cosas”, concluyó el presidente, al reiterar que su gobierno mantendrá una defensa jurídica de las facultades del Ejecutivo para conservar el orden público, dirigir la fuerza pública y enfrentar a las organizaciones criminales.
El plan de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo quedó temporalmente frenado por orden judicial. El Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ordenó suspender cualquier actividad de aspersión aérea con este agroquímico mientras recopila información sobre el piloto y adopta una decisión de fondo dentro de la tutela.La decisión se produce tras la acción presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social contra el Gobierno y varias entidades. La organización advierte una posible afectación de derechos relacionados con la salud, el agua, el ambiente sano, la participación y la biodiversidad.El proceso judicial ocurre después de que la Policía Nacional confirmara el 10 de septiembre que realizará en Putumayo un plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio. La operación fue presentada como experimental, limitada y temporal y contempla el uso de dos aeronaves AT-802.Entre las primeras órdenes, el despacho judicial dio 24 horas al Consejo Nacional de Estupefacientes, los ministerios de Justicia y Defensa, la Dirección de Antinarcóticos y la Gobernación del Putumayo para informar qué municipios y áreas están incluidas en la zona y entregar la cartografía correspondiente.En ese mismo plazo deberán informar cuántas hectáreas han sido tratadas, cuántos días de operación se han realizado y cuánto falta para llegar a los límites de siete días y 1.000 hectáreas.Las autoridades deberán explicar además si se hizo la divulgación previa de cinco días prevista en la Resolución 007 de 2026, entregar las respectivas pruebas y señalar si existe una fecha para iniciar, reanudar o continuar las aspersiones durante los próximos diez días. También deberán entregar el anexo integral de la resolución y los documentos que sustenten la información.En un plazo de dos días, el Consejo Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Justicia y del Derecho deberán entregar los estudios técnicos, científicos, sanitarios y ambientales que sustentaron el piloto, así como información sobre comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas y un eventual proceso de consulta previa.El juez también pidió establecer los posibles riesgos para la salud, fuentes hídricas, biodiversidad, abejas y otros polinizadores, cultivos lícitos y ecosistemas amazónicos. Con esta información, el despacho avanzará en el estudio de la tutela y definirá el alcance de las medidas dentro del proceso.Además, el juez requirió al Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto Colombiano Agropecuario, Ministerio de Salud y Protección Social, junto con el Instituto Nacional de Salud; a Corpoamazonia; Defensoría del Pueblo; Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios y a la Aeronáutica civil información específica de cada una de sus respectivas áreas.
En medio del debate por la reactivación de las pruebas para la aspersión aérea contra los cultivos ilícitos en Colombia, Daniel Rico, politólogo, exasesor del Ministerio de Defensa, examinó los alcances de las decisiones tomadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes.Según el analista, la discusión en torno al herbicida seleccionado distrae sobre los verdaderos obstáculos legales, ambientales y territoriales que enfrenta la estrategia.Un retroceso en la línea de aprendizaje institucionalPara Rico, reemplazar la molécula históricamente estudiada por glufocinato de amonio carece de justificación técnica. Sobre esta modificación, afirmó enfáticamente: “Pasar del glifosato al glufocitato, glufocinato de amonio no es ninguna ventaja ni en el tema ambiental ni en el tema de salud, sino es un retroceso importante en la línea de aprendizaje en la que ya estaba el Gobierno nacional”. El especialista remarcó que el glifosato cuenta con un amplio respaldo de investigaciones globales y locales. En su criterio, el debate sobre su implementación no responde a dilemas técnicos: “El problema con el glifosato nunca fue científico, fue político”, agregando de manera contundente que “este es un problema político. El problema técnico y científico está resuelto”.Dudas sobre el piloto de evaluación y niveles de toxicidadRespecto a las evaluaciones de prueba programadas en zonas como Nariño y Putumayo, el analista cuestionó la efectividad de los plazos estipulados. Rico sostuvo que “ese piloto en 7 días realmente no va a arrojar información importante o determinante que indique que el glufocinato es mejor que el glifosato”.Adicionalmente, advirtió sobre las clasificaciones sanitarias del glufocinato en el ámbito internacional. El experto subrayó que “el glufocinato sí tiene unas marcaciones de trazabilidad por toxicidad más altas que el glifosato y lo ha determinado así la Unión Europea en su clasificación por nivel de toxicidad”.Los verdaderos retos: Licenciamiento de la ANLA y consultas previasEl analista planteó que la elección del producto químico es el componente menos complejo del proceso de reactivación. Según explicó: “El menor de los problemas es elegir cuál es el herbicida. Ese es el problema fácil de resolver. El problema complejo es cómo se va a manejar esto en el licenciamiento ambiental en la ANLA”.A este requerimiento se suma la relación con las comunidades locales. Rico advirtió que “el problema complejo es cómo se va a manejar esto con las comunidades”, recordando que las consultas previas pueden extenderse por años y alcanzar costos entre uno y dos millones de dólares cada una.Frente al panorama nacional, donde la producción sobrepasa las 3.000 toneladas de cocaína, el especialista precisó el alcance real de las aeronaves en la lucha antinarcóticos. Al respecto, precisó: “la aspersión aérea no es una estrategia en sí misma. La expresión aérea es una herramienta de un de una estrategia”. Asimismo, aclaró que la aplicación química no destruye definitivamente el cultivo. Explicó que “los herbicidas no... Lo que hacen es que tumban la hoja porque no le permiten eso y retrasan la producción 4 meses, 6 meses”, por lo que la medida únicamente resulta efectiva cuando se acompaña de control territorial, interdicción e incentivos a la legalidad.Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno de Colombia avanza con un plan piloto para erradicar cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio, un herbicida diferente al glifosato que durante años fue usado para combatir los cultivos de coca en el país.El Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó una prueba experimental que contempla el uso de aeronaves tripuladas y que tendrá una duración específica, con un límite de hectáreas.No obstante, esta decisión vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre los químicos usados para erradicar cultivos ilícitos. Aunque el glufosinato de amonio y glifosato son herbicidas no selectivos, tienen mecanismos de acción diferentes y también existen diferencias en su clasificación toxicológica.¿Cuál es la diferencia entre glufosinato de amonio y glifosato?Según estudios e información de POMAIS, proveedor y fabricante de productos agroquímicos, el glufosinato de amonio actúa inhibiendo una enzima denominada glutamina sintetasa, que interviene en el metabolismo del nitrógeno de las plantas. Al bloquear esta enzima, se altera el metabolismo de la planta y se acumula amonio, lo que termina provocando daños y su muerte.El glifosato, por su parte, actúa sobre otra ruta metabólica. Bloquea la enzima EPSP sintasa, necesaria para la producción de determinados aminoácidos que las plantas requieren para desarrollarse. De esta manera, interrumpe procesos fundamentales para el crecimiento vegetal.Según el ICA, algunos productos registrados en Colombia que contienen glufosinato de amonio están clasificados en la categoría toxicológica II, considerada moderadamente peligrosa. Sus etiquetas incluyen advertencias relacionadas con la inhalación y el contacto durante su manipulación y aplicación.En el caso del glifosato existe además un antecedente relacionado con su posible efecto carcinogénico. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), perteneciente a la OMS, clasificó el glifosato dentro del Grupo 2A, como probablemente carcinogénico para los seres humanos. La clasificación se basó en la evaluación de la evidencia científica disponible en ese momento.Esta clasificación no significa que toda exposición al glifosato provoque cáncer. La IARC evalúa el peligro potencial de una sustancia, mientras que la determinación del riesgo depende también de factores como el nivel, la duración y las condiciones de exposición.Impacto ambientalEn cuanto al ambiente, ninguno de los dos herbicidas puede considerarse libre de riesgos. El comportamiento de cada sustancia depende de factores como el suelo, la temperatura, la humedad, la luz, la lluvia y la forma en que se aplique.En el caso del glifosato, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos señala que el compuesto se adhiere fuertemente al suelo y que los microorganismos pueden degradarlo. Sin embargo, también puede llegar a cuerpos de agua mediante escorrentía, erosión o deriva durante la aplicación. La agencia advierte además que los principales riesgos ecológicos del glifosato están relacionados con las plantas no objetivo que puedan encontrarse cerca de las áreas tratadas.El glufosinato también requiere medidas para evitar que alcance zonas que no son objeto de la aplicación. Documentos de evaluación ambiental de la organización muestran que su comportamiento en el ambiente puede variar considerablemente según las condiciones y que existen estudios sobre su degradación en suelo y agua.
La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional oficializó los detalles del plan piloto de aspersión aérea contra cultivos ilícitos que se ejecutará en el departamento del Putumayo.Según la información entregada por la institución en un comunicado de ocho puntos, la iniciativa se concibió como una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, desarrollada en el marco de la Estrategia Esmeralda Plus y aprobada por el Consejo Nacional de Estupefacientes.Fuentes de la institución policial indicaron que las operaciones en campo para este proyecto experimental iniciarían durante la próxima semana.Aeronaves y químico en fase de pruebaDe acuerdo con la Policía Nacional, para las labores operacionales se dispondrá de dos aeronaves tipo AT-802, plataformas destinadas de manera exclusiva a la aplicación del producto en los polígonos previa y formalmente habilitados.El objetivo central del proyecto consiste en generar información técnica y científica que permita determinar si la aplicación de glufosinato de amonio mediante aspersión aérea es pertinente frente a los resultados que se obtengan en el territorio.La institución subrayó que esta fase de prueba se ajusta a las disposiciones fijadas por la Corte Constitucional en sus diferentes sentencias. Por ello, aclaró que la actividad no constituye una adopción definitiva ni la reanudación general del programa a nivel nacional.El reporte oficial precisa que la operación aérea cuenta con restricciones técnicas, ambientales y de seguridad para delimitar las zonas de intervención.El plan contempla la exclusión estricta de las siguientes áreas:Territorios colectivos y comunidades afrodescendientes.Zonas habitadas por grupos sujetos a especial protección constitucional.Parques y zonas de protección ambiental o áreas protegidas.Ecosistemas sensibles y terrenos colindantes a fuentes hídricas o ríos.Los datos recolectados durante la ejecución serán evaluados por las autoridades competentes para certificar la efectividad y el impacto de la medida en la lucha contra la cadena del narcotráfico.
La posibilidad de retomar la aspersión aérea con glifosato para combatir los cultivos de coca en Colombia está condicionada por los requisitos fijados por la Corte Constitucional. Así lo explicó Gonzalo Ramírez, abogado constitucionalista, durante una entrevista en Recap Blu, de Blu Radio.Ramírez señaló que la decisión de volver a utilizar esta herramienta de erradicación no depende únicamente de la voluntad del Gobierno, pues deben cumplirse previamente una serie de condiciones jurídicas, ambientales y sanitarias. “La Corte ha sido muy clara, sin las condiciones no se puede hacer”, afirmó.El abogado precisó que las decisiones de la Corte Constitucional no significan una prohibición absoluta de la aspersión aérea con glifosato. Por el contrario, explicó que su implementación está sujeta al cumplimiento de garantías que permitan determinar que la fumigación no generará afectaciones a la población ni al medioambiente.¿Qué condiciones debe cumplir el Gobierno para fumigar con glifosato?De acuerdo con Ramírez, antes de retomar la aspersión aérea se deben considerar conceptos de las autoridades competentes en materia ambiental y de salud. Estos pronunciamientos deben permitir establecer que la aplicación del herbicida no ocasionará daños sobre las personas, los ecosistemas o los recursos naturales.“La Corte ya evaluará todos los pasos para tratar de establecer que se haga con una serie de conceptos de autoridad, ambientales y de salud, que digan que eso no va a causar daños”, sostuvo el constitucionalista. De esta manera, las garantías exigidas por el alto tribunal se convierten en un elemento central para cualquier decisión del Ejecutivo.Otro de los aspectos jurídicos que podría entrar en consideración es la consulta previa en aquellos territorios donde resulte aplicable. Ramírez mencionó esta posibilidad, aunque reconoció que su implementación podría representar una dificultad adicional para el Gobierno.Riesgos ambientales también hacen parte del debate jurídicoMás allá de las condiciones constitucionales, el abogado llamó la atención sobre los posibles efectos de la aspersión aérea con glifosato en áreas distintas a los cultivos ilícitos. Según explicó, uno de los riesgos de esta modalidad es que el químico pueda extenderse y afectar otros espacios.“Uno de los problemas que tiene es que el glifosato se puede extender a otras áreas causando daños a largo plazo”, manifestó Ramírez. Agregó que también debe analizarse la posibilidad de afectaciones sobre la salud humana, otros cultivos y fuentes de agua.Para el constitucionalista, el Estado enfrenta así una tensión entre la necesidad de combatir los cultivos ilícitos y el deber de proteger derechos y bienes constitucionalmente relevantes. Por ello, consideró necesario evaluar alternativas que permitan desarrollar la política antidrogas sin generar nuevos impactos.Erradicación de cultivos de coca: Gobierno deberá evaluar alternativasRamírez reconoció que los cultivos de coca y marihuana están asociados a graves problemas de seguridad y orden público. Sin embargo, sostuvo que la respuesta estatal debe tener en cuenta tanto la lucha contra las economías ilícitas como los eventuales efectos de las herramientas utilizadas para erradicarlas.El abogado también se refirió a la erradicación manual, una alternativa que, aunque ha sido utilizada, presenta dificultades por el tiempo y los recursos que requiere. “No hay una forma inmediata para acabar con estos cultivos”, aseguró durante la entrevista.En ese escenario, Ramírez consideró que el Gobierno tendrá que actuar con cautela frente a su política antidrogas y analizar las distintas alternativas disponibles. “El presidente tendrá que ser muy paciente con su política antidrogas”, concluyó.
A pocos días que el Gobierno nacional anunciara el posible retorno de aspersiones a cultivos ilícitos con glifosato para 17 municipios del departamento del Cauca, en otras regiones del país ha calado la iniciativa y por eso ya empiezan a pedir pista para que también se implemente.Este es el caso de Antioquia ,donde se conoció una carta de la Gobernación remitida al ministro de Justicia encargado, Andrés Idarraga, donde le solicita autorización para proceder con la erradicación focalizada de estos cultivos mediante drones en nueve municipios del Norte, Nordeste y Bajo Cauca del departamento.Se trata de las localidades de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Anorí, Ituango, El Bagre, Zaragoza, Briceño y Campamento, donde, según la administración, departamental se concentra la mayor densidad de hectáreas de coca sembradas.Cifras entregadas por la Gobernación señalan que, para 2013, se reportaron 911 hectáreas sembradas de coca, mientras que para 2023 la cifra aumentó más de veinte veces. Esto quiere decir que hoy se estiman por encima de las 18.000, como lo ha indicado varias veces el gobernador Andrés Julián Rendón en encuentros con altos funcionarios del Gobierno nacional."Quisiéramos también, ministro, que se evaluara la posibilidad de volver a asperjar, asperjar con contundencia para eliminar esos enclaves cocaleros que se han ido enquistando en el norte del departamento. El departamento tiene hoy más de dieciocho mil hectáreas de coca", aseguró.En caso de una respuesta afirmativa por parte de la cartera de Justicia, el departamento se mostró presto para desplegar los requerimientos necesarios para llevar a cabo estas tareas, mientras que en caso de una respuesta negativa solicitó argumentos.La solicitud desde Antioquia se produce en medio de las tensiones con campesinos del Cauca que ya generó la decisión anunciada hace pocos días. Allí, campesinos del Cañón del Micay ya planean movilizaciones contra esas fumigaciones reclamando que ese tipo de acciones atentan contra la salud de los pobladores. A cambio piden la sustitución de cultivos.
Las redes sociales han impulsado una nueva forma de hablar sobre los hábitos de todos los días, el maxing. El término se usa para describir la idea de llevar al máximo una actividad o característica, desde hacer ejercicio y cuidar la apariencia hasta intentar optimizar distintos aspectos de la vida.Aunque algunas de estas prácticas pueden limitarse a hábitos cotidianos, el concepto también está relacionado con tendencias que llevan la búsqueda de una mejor apariencia a niveles extremos. Especialistas han advertido especialmente sobre el fenómeno del looksmaxing, debido a que algunas de las prácticas difundidas en internet pueden representar riesgos físicos y afectar la relación de los jóvenes con su propia imagen.¿Qué es el maxing y por qué genera preocupación?El sufijo “-maxing” proviene de la idea de maximizar algo y tiene antecedentes en la cultura de los videojuegos, donde términos como min-maxing se usaban para describir la optimización de determinadas características de un personaje. Con el tiempo, la expresión pasó a utilizarse en internet para hablar de diferentes formas de autooptimización.Una de sus expresiones más conocidas es el looksmaxing, centrado en mejorar la apariencia física. Dentro de esta tendencia se suele hablar de softmaxing, asociado con prácticas como el cuidado de la piel, el ejercicio, la alimentación, el arreglo personal y la forma de vestir. Estas actividades no necesariamente son perjudiciales por sí mismas, aunque los especialistas advierten que también pueden convertirse en conductas excesivas.El problema aparece cuando la búsqueda de cambios físicos lleva a métodos más extremos. El denominado hardmaxing puede incluir procedimientos invasivos, dietas muy restrictivas, uso de esteroides o prácticas sin respaldo médico. Expertos han advertido sobre comportamientos como intentar modificar la estructura del rostro mediante golpes y sobre el uso de sustancias promovidas en redes sociales.La Universidad de Michigan también ha señalado que algunas prácticas difundidas dentro del looksmaxing pueden relacionarse con problemas de imagen corporal y conductas alimentarias perjudiciales. Entre los comportamientos extremos mencionados aparecen las restricciones severas de comida y los intentos de modificar los rasgos faciales mediante métodos peligrosos.La presión puede aumentar cuando las redes sociales convierten la apariencia en una especie de competencia. Algunos jóvenes incluso recurren a aplicaciones que califican sus rostros mediante inteligencia artificial, lo que puede aumentar la preocupación por características como la mandíbula, los pómulos o la piel.Por eso, los especialistas diferencian entre hábitos de cuidado personal y conductas que pueden poner en riesgo la salud. El hecho de que una práctica sea presentada como una forma de “mejorarse” en redes sociales no significa que sea segura, especialmente cuando implica procedimientos, sustancias o cambios extremos en la alimentación.Un estudio publicado en el Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery analizó recientemente contenidos relacionados con looksmaxing y encontró una importante presencia de publicaciones sobre prácticas estéticas potencialmente peligrosas. Los autores también identificaron narrativas que presentan estas conductas como formas de superación personal y que pueden contribuir a normalizar los riesgos.
“Colpensiones lo estoy entendiendo”, “me tiraron a los toros” y “sería irresponsable decir que conozco la entidad profundamente” fueron algunas de las frases pronunciadas por Carlos René Montoya durante su primera intervención ante la Comisión Séptima del Senado, un día antes de que el presidente Abelardo De La Espriella le solicitara su renuncia a la presidencia de Colpensiones. La decisión fue confirmada este jueves, 24 de septiembre, y estuvo relacionada con las dificultades que tuvo el funcionario para responder preguntas sobre el presupuesto, el funcionamiento de la entidad y los retos del sistema pensional.Montoya llevaba apenas dos días en el cargo cuando fue citado al Congreso para explicar asuntos relacionados con el presupuesto de Colpensiones. Al comenzar su intervención, reconoció que todavía estaba conociendo la entidad y pidió que una de sus asesoras, Sandra Camargo, explicara algunos detalles. Sin embargo, desde la Comisión Séptima le señalaron que, al ser el funcionario citado, debía ser él quien respondiera directamente los cuestionamientos de los senadores.Fue entonces cuando pronunció una de las frases que terminaría marcando su breve paso por la entidad: “Administrativamente, Colpensiones, lo estoy entendiendo, porque sería irresponsable decir que conozco la entidad profundamente”. También manifestó durante la sesión: “Es mi segundo día de trabajo, por cierto. O sea, me tiraron a los toros”. Esta intervención generó cuestionamientos de congresistas por las dificultades para explicar las cifras presupuestales y aspectos relacionados con la operación de la entidad y la implementación del nuevo modelo pensional.La Comisión Séptima terminó aplazando la discusión y había previsto una nueva citación para que Montoya ampliara sus explicaciones sobre el presupuesto de 2027. Sin embargo, antes de que pudiera regresar al Senado, el Gobierno decidió solicitarle la renuncia. Según la Presidencia, la determinación se produjo después de evidenciarse dificultades para responder con precisión sobre asuntos fundamentales de Colpensiones y del sistema pensional.Así, las expresiones que Montoya utilizó para explicar que apenas comenzaba su gestión terminaron convirtiéndose en el centro de la controversia que derivó en su salida. La renuncia fue presentada y puesta a disposición del Gobierno tras la solicitud del presidente De La Espriella.
Los cantantes Ozuna, Manuel Turizo, Pablo Alborán y Tito Double P figuran entre los doce primeros artistas que actuarán en los Premios Billboard de la Música Latina 2026, que se celebran el próximo 22 de octubre en Miami, según anunció este jueves la cadena Telemundo.Otros artistas que cantarán en la gala son el salsero puertorriqueño Víctor Manuelle, cuyo disco 'La parranda es mía' opta a álbum tropical del año; Xavi, candidato a canción regional mexicana del año por 'No capea', con Grupo Frontera, y el trío de hermanos Yahritza y Su Esencia, que estrenó su primer álbum, 'Metamorfosis'.También subirán al escenario el mexicano Carlos Rivera, que llevó su gira 'Vida México' de su país a España, y el colombiano Kapo, que encabezó varias listas de Billboard con 'La villa', junto con Ryan Castro y Gangsta.Completan el cartel la rapera dominicana Melymel, conocida como 'La Mamá del Rap'; el intérprete de música mexicana Chuyin, que presenta su disco de debut, 'Los locos nunca mueren', y la cantante filipino-cubana Riza, que colaboró con Pablo Alborán.La gala tendrá como maestros de ceremonias a la actriz colombiana Carmen Villalobos, que ya la presentó en 2024, y al comunicador mexicano Javier Poza, que lo hizo en 2025.La ceremonia se transmitirá en directo por la cadena Telemundo y la plataforma Peacock, y llegará a América Latina y el Caribe a través de Telemundo Internacional.
Más de 100 personas se reunieron en Mar de Plata, Argentina, para despedir a un familiar y lo hicieron con potente caravana de motos, sin embargo, durante el recorrido comenzaron a realizar “maniobras extremas, pruebas de velocidad y circulaban en contramano ocupando ambos carriles”, según las autoridades, por lo que tuvieron que intervenir por el bien del orden público.“Un cortejo fúnebre con alrededor de 100 motos terminó en disturbios y maniobras temerarias. Desde el COM hicimos el seguimiento por cámaras y desplegamos un operativo cerrojo junto a Patrulla Municipal, Tránsito y fuerzas policiales”, indicó el intendente municipal del Partido General, Agustin Neme, sobre la situación.Las autoridades policiales, efectivos de Infantería, Caballería, el Grupo de Prevención Motorizada (GPM), personal de Tránsito y la Patrulla Municipal fueron los encargados de realizar el operativo de control en la zona, pero lo que no pensaron era que alguno tenía problema, hasta un pedido de secuestro activo desde el 17 de agosto de 2026. El aviso había sido solicitado en una causa por robo agravado. Hubo múltiples sanciones por maniobras temerarias de velocidad y resistencia a la autoridad.Varios motociclistas intentaron escapar del sitio al ver la gran cantidad de autoridades llegar a la zona y algunos hasta abandonaron el punto, todo esto permitió que trasladaran alrededor de 42 motocicletas a los patios o algunas incautadas por esta situación.“El resultado: 42 motos secuestradas, 100 actas de infracción y una moto con pedido de secuestro activo. Gracias a la Policía por el trabajo conjunto y por actuar con firmeza para poner orden. La calle no es una pista ni tierra de nadie. El que pone en riesgo a los demás, se queda sin moto”, añadió.En video quedó tanto la caravana como todo el operativo en donde fueron trasladadas las motocicletas a los patios en varias grúas que llegaron hasta ese punto.
El municipio de Bahía Solano se prepara para recibir una nueva infraestructura aeroportuaria que busca fortalecer la conectividad aérea y las condiciones para el desarrollo turístico de esta localidad importante para el desarrollo del departamento del Chocó.Será la Gobernación del Chocó la que realizará la entrega protocolaria de las obras de mejoramiento de los servicios aeroportuarios y de navegación aérea del Aeropuerto José Celestino Mutis, esto, con una inversión de $31.195 millones, recursos provenientes del Sistema General de Regalías.El proyecto incluyó la construcción de la terminal de pasajeros, así como el cerramiento perimetral de seguridad y otras obras requeridas para garantizar el funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria.La ejecución estuvo a cargo de la Asociación de Municipios Urabá Darién–Caribe, mientras que el municipio de Bahía Solano figura como entidad beneficiaria de la intervención.De acuerdo con la Gobernación, las nuevas obras permitirán fortalecer las condiciones aeroportuarias de Bahía Solano, considerado uno de los principales destinos turísticos del departamento y, además, la infraestructura también busca aportar mejores condiciones para la conectividad de la región.Según los expertos, la inversión representa una intervención relevante para un territorio cuya conexión aérea tiene importancia tanto para la actividad turística como para la movilidad de residentes y visitantes.