Gobierno pedirá a Corte “sentencia interpretativa” para retomar aspersión con glifosato
El presidente Gustavo Petro había planteado días atrás la posibilidad de retomar la fumigación aérea.
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El ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, aclaró este jueves en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que la fumigación aérea con glifosato no es posible actualmente por las restricciones impuestas por la Corte Constitucional desde 2017.
Sin embargo, señaló que el Gobierno buscará que el alto tribunal expida una “sentencia interpretativa” que permita reabrir el debate sobre el uso de este herbicida en la erradicación de cultivos ilícitos.
Montealegre explicó que existen tres pilares en la jurisprudencia de la Corte que impiden la aspersión en este momento: el principio de precaución, la consulta previa con comunidades étnicas y audiencias públicas y el principio de proporcionalidad.
“Cuando exista la probabilidad de un daño al medio ambiente o a la salud pública, no se pueden utilizar ciertas herramientas. Basta el riesgo, basta la probabilidad. No es necesario que exista la certeza de que el glifosato ocasione el daño”, dijo el ministro.
Agregó que, en virtud de esas sentencias, el Estado está obligado a demostrar con evidencia científica robusta, independiente y concluyente que la sustancia es inocua para la salud, condición que no se cumple en este momento.
El presidente Gustavo Petro había planteado días atrás la posibilidad de retomar la fumigación aérea como respuesta a las llamadas asonadas en las que la población civil actúa contra la fuerza pública en zonas de cultivos ilícitos.
Montealegre precisó que el mandatario no habló de reinstaurar de forma general la política de aspersión, sino de manera excepcional, en casos donde grupos criminales utilicen a la población como escudo.
“La palabra del Presidente no puede interpretarse aisladamente. Hizo un llamado a la Corte Constitucional en el sentido de que nuevamente abra la puerta a la fumigación con glifosato”, aclaró.
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No obstante, insistió en que ni siquiera en esos casos excepcionales se podrían hacer aspersiones sin cumplir los presupuestos fijados por el tribunal constitucional.
En la entrevista, Montealegre recordó que la sentencia T-236 de 2017 estableció que el principio de precaución no es absoluto y que el Consejo Nacional de Estupefacientes puede habilitar la aspersión si se cumplen requisitos como estudios científicos independientes y consultas con comunidades.
El ministro insistió en que la carga de la prueba recae sobre el Estado, que debe demostrar de manera concluyente que el glifosato no representa riesgos graves para la salud.
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Para ello, citó criterios internacionales como los establecidos por la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Daubert, replicados en el derecho colombiano: experimentación científica validada, publicaciones en revistas de alto nivel, medición de márgenes de error y aval de la comunidad científica.
Montealegre, expresidente de la Corte Constitucional, señaló que el Gobierno pedirá al alto tribunal la expedición de una sentencia interpretativa, una figura que, según explicó, está prevista en su reglamento aunque nunca se ha aplicado.
“La Corte Constitucional puede dictar sentencias interpretativas independientemente de casos particulares. Así construye políticas públicas, como legislador positivo”, explicó.
Dijo que, con este mecanismo, el tribunal podría modular su jurisprudencia sobre el glifosato y definir en qué circunstancias es posible usarlo sin que ello implique un riesgo desproporcionado a derechos fundamentales.
Frente a la posibilidad de utilizar otras sustancias distintas al glifosato, Montealegre respondió que hasta ahora “la ciencia lo que más utiliza es el glifosato” y que no existen alternativas comprobadas que permitan la aspersión sin riesgo para la vida y la salud.