El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa concedió las impugnaciones contra la sentencia que suspendió el piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo y ordenó enviar el expediente al Tribunal Administrativo del Putumayo, que deberá resolver la segunda instancia.La decisión corresponde a la Sentencia No. 003 del 22 de septiembre de 2026, que frenó la ejecución material del piloto autorizado por el Consejo Nacional de Estupefacientes.Entre los recursos están los del Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que buscan revertir la suspensión.El Ministerio sostiene que no existe una amenaza cierta e inminente y que el piloto todavía depende del cumplimiento de requisitos previos. La Agencia plantea que la tutela era improcedente porque las resoluciones que autorizaron el programa podían ser demandadas mediante otros mecanismos judiciales y sostiene que todavía no se habían realizado sobrevuelos ni aspersiones.También fue concedida la impugnación presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación, una de las organizaciones vinculadas al proceso.El proceso reúne diez acciones de tutela acumuladas. Además, el juzgado incorporó un informe del secretario de Infraestructura de Orito, Filipo Aníbal López, en calidad de alcalde encargado, quien pidió retirar al municipio del proceso, y un memorial relacionado con declaraciones públicas del presidente de la República sobre la erradicación aérea. Esos asuntos quedaron para valoración del Tribunal.
Colombia debe hacer una evaluación de los efectos sobre la salud, la seguridad alimentaria y el medioambiente antes de reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos, especialmente por su posible impacto sobre comunidades afrocolombianas, dijo este jueves un mecanismo de expertos de la ONU.En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra, el Mecanismo de Expertos Independientes de la ONU para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en la Aplicación de la Ley menciona algunas de las medidas anunciadas como parte de la lucha contra los grupos armados y el narcotráfico por parte del nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella.Como una cuestión prioritaria, los expertos piden que se preste atención a que esas medidas no refuercen el racismo sistémico en el país.Recordaron que las comunidades afrocolombianas se han visto afectadas de forma desproporcionada por políticas predominantemente punitivas y militarizadas, particularmente en territorios afectados por la violencia armada, las economías ilícitas y una limitada presencia del Estado.Por ello, pidieron que las políticas de seguridad y drogas que se implementen incorporen una perspectiva étnico-racial, respeten los derechos humanos y garanticen la participación de las comunidades afectadas.Asimismo, los expertos señalan que los estereotipos que asocian a las personas de ascendencia africana, especialmente a los jóvenes, con la criminalidad y la peligrosidad siguen influyendo en los controles policiales, las sanciones y el acceso a la justicia.Los expertos dijeron haber documentado situaciones de controles y registros policiales considerados injustificados y un uso excesivo - en ocasiones letal - de la fuerza, además de una aplicación discriminatoria de los llamados comparendos, multas cuyo impago afecta especialmente a jóvenes afrocolombianos y a personas en situación socioeconómica desfavorecida.A ese respecto, el Mecanismo de la ONU pidió una revisión integral del impacto de los comparendos y recomendó una moratoria sobre estas multas y la cancelación de las pendientes.
En diálogo con BLU Radio, el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Diego Zambrano, confirmó que antes de iniciar el plan de fumigación aérea de cultivos ilícitos con glufosinato de amonio, el El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella realizará una mesa técnica con autoridades y campesinos del departamento de Putumayo.El compromiso se habría acordado luego de un encuentro, entre el Representante a la cámara, el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, varios alcaldes del departamento, y el ministro de Defensa, Gral. (r) Jorge Eduardo Mora. Según el congresista, el propósito de este encuentro, que se realizaría en menos de quince días, es escuchar a las comunidades, llevar una oferta institucional con varios ministerios y entidades del Estado y buscar la posibilidad de concretar un plan de inversión en la región, a partir de un plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.“Desde las comunidades nace una iniciativa de hacer una sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca. Y aquí le decimos al gobierno que hay que llegar con oferta institucional, y eso es lo que se ha anunciado”, dijo el congresista. Asegura Zambrano, que en la mesa técnica participarán ministerios como el de Educación, Defensa, Salud, Agricultura, Cancillería, entre otros. “Queremos darle un ejemplo a Colombia: los putumayenses no solo somos coca, somos piña, somos frutos amazónicos, biodiversidad, cultura y turismo”, concluyó.
Antioquia está dispuesto a destinar hasta $70.000 millones para enfrentar los cultivos de coca y otras economías ilegales en el departamento, así lo planteó el gobernador Andrés Julián Rendón, quien propuso al Gobierno nacional desarrollar un piloto de erradicación mediante drones que utilicen glifosato.La propuesta llega en medio de la discusión nacional sobre las alternativas para combatir los cultivos ilícitos, luego de la suspensión provisional de un piloto de fumigación con glufosinato de amonio en Putumayo.¿Cuánta coca hay actualmente en Antioquia?De acuerdo con el reporte de cultivos ilícitos de Naciones Unidas correspondiente a 2024, Antioquia registró 17.162 hectáreas de coca. Sin embargo, Rendón aseguró que las estimaciones que maneja actualmente el departamento podrían llevar esa cifra hasta unas 23.000 hectáreas.El gobernador afirmó que la situación está relacionada con la presencia de estructuras armadas ilegales en diferentes zonas del departamento, entre ellas el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC.Rendón recordó particularmente el caso de municipios como Briceño, Valdivia, Tarazá y Anorí, donde, según explicó, la expansión de los cultivos de coca coincide con la presencia de grupos armados.¿En qué consiste la propuesta de Antioquia?La Gobernación plantea realizar un piloto de fumigación con glifosato mediante drones, una alternativa que Rendón considera posible frente a las limitaciones de utilizar aeronaves especializadas como se hizo en el pasado.El gobernador sostuvo que el uso de drones permitiría aplicar el herbicida sobre los cultivos ilícitos y afirmó que esta modalidad evitaría los impactos que, según él, históricamente han generado las fumigaciones aéreas sobre otros cultivos.Esa explicación corresponde a la posición expresada por Rendón durante la entrevista y no implica que el Gobierno nacional haya adoptado esa conclusión o autorizado el piloto.¿Cuánto dinero pondría Antioquia?Rendón aseguró que el departamento tiene una apropiación inicial de hasta $70.000 millones para enfrentar el problema. Los recursos, explicó, no estarían destinados exclusivamente a la fumigación o erradicación forzada.La propuesta también contempla financiar programas de desarrollo alternativo, con el objetivo de intervenir las economías que rodean los cultivos ilícitos.“Estamos dispuestos a cazar recursos”, señaló el gobernador al explicar la intención de Antioquia de aportar financiación para la estrategia.De acuerdo con Rendón, el Gobierno ha recibido la propuesta y ha mostrado disposición a revisarla, pero todavía no existe una decisión definitiva para poner en marcha el piloto con drones y glifosato.El gobernador señaló que el ministro de Defensa no había entregado una respuesta concreta hasta el momento de la entrevista y que el Gobierno manifestó que estudiaría la iniciativa.Además, anunció que altos mandos de la Fuerza Pública se desplazarán a Antioquia para una reunión con la Secretaría de Seguridad del departamento y la Fiscalía.La propuesta hace parte de una estrategia más amplia que Rendón asegura haber planteado durante el proceso de empalme con el Gobierno nacional. Allí también se habló de la operación denominada Cazadora Antioquia, con la que se busca avanzar contra 19 objetivos de alto valor relacionados, según el gobernador, con estructuras armadas y economías ilegales.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La discusión sobre la aspersión aérea vuelve a estar en el centro de la lucha contra el narcotráfico. El ministro de Justicia, Iván Cancino, salió en defensa de esta herramienta y aseguró que no debe ser vista como una amenaza para Colombia, sino como un mecanismo del Estado para combatir los cultivos ilícitos y afectar las finanzas de las organizaciones criminales.Cancino sostuvo que la verdadera amenaza está en los cultivos ilícitos que permanecen bajo el control de organizaciones criminales. Según explicó, la aspersión aérea hace parte de las herramientas que pueden contribuir a recuperar territorios y afectar las fuentes de financiación de estos grupos. “El debate no puede partir de la idea de que actuar es el problema. No actuar es lo que pone en riesgo a las comunidades, fortalece a las organizaciones criminales y permite que sigan creciendo las economías ilegales”, señala el ministro de Justicia en su comunicado.El ministro señaló que Colombia necesita utilizar todas las herramientas legales y constitucionales disponibles para enfrentar el narcotráfico. De esta forma, defendió la estrategia impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella como una medida orientada a proteger a los ciudadanos y debilitar las economías ilegales.“La aspersión aérea, aplicada bajo parámetros técnicos, ambientales, sanitarios y constitucionales, debe ser vista como parte de la solución y no como el problema”, agregó.El líder de la cartera de Justicia advirtió además que impedirle al Estado utilizar herramientas contra los cultivos ilícitos también puede poner en riesgo derechos fundamentales como la vida, la seguridad, la libertad y la paz. Agregó que esta situación también tendría efectos sobre los derechos prevalentes de los niños y sobre las comunidades que buscan vivir sin el sometimiento de organizaciones criminales.“Por eso, nuestra posición es clara: la aspersión aérea, debidamente regulada y controlada, no debe ser presentada como una amenaza. La amenaza es el narcotráfico. La aspersión es una herramienta para combatirlo”, concluyó.Finalmente, el ministro sostuvo que limitar la capacidad del Estado para actuar contra los cultivos ilícitos termina favoreciendo el fortalecimiento de las economías ilegales.
En medio del debate por la reactivación de las pruebas para la aspersión aérea contra los cultivos ilícitos en Colombia, Daniel Rico, politólogo, exasesor del Ministerio de Defensa, examinó los alcances de las decisiones tomadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes.Según el analista, la discusión en torno al herbicida seleccionado distrae sobre los verdaderos obstáculos legales, ambientales y territoriales que enfrenta la estrategia.Un retroceso en la línea de aprendizaje institucionalPara Rico, reemplazar la molécula históricamente estudiada por glufocinato de amonio carece de justificación técnica. Sobre esta modificación, afirmó enfáticamente: “Pasar del glifosato al glufocitato, glufocinato de amonio no es ninguna ventaja ni en el tema ambiental ni en el tema de salud, sino es un retroceso importante en la línea de aprendizaje en la que ya estaba el Gobierno nacional”. El especialista remarcó que el glifosato cuenta con un amplio respaldo de investigaciones globales y locales. En su criterio, el debate sobre su implementación no responde a dilemas técnicos: “El problema con el glifosato nunca fue científico, fue político”, agregando de manera contundente que “este es un problema político. El problema técnico y científico está resuelto”.Dudas sobre el piloto de evaluación y niveles de toxicidadRespecto a las evaluaciones de prueba programadas en zonas como Nariño y Putumayo, el analista cuestionó la efectividad de los plazos estipulados. Rico sostuvo que “ese piloto en 7 días realmente no va a arrojar información importante o determinante que indique que el glufocinato es mejor que el glifosato”.Adicionalmente, advirtió sobre las clasificaciones sanitarias del glufocinato en el ámbito internacional. El experto subrayó que “el glufocinato sí tiene unas marcaciones de trazabilidad por toxicidad más altas que el glifosato y lo ha determinado así la Unión Europea en su clasificación por nivel de toxicidad”.Los verdaderos retos: Licenciamiento de la ANLA y consultas previasEl analista planteó que la elección del producto químico es el componente menos complejo del proceso de reactivación. Según explicó: “El menor de los problemas es elegir cuál es el herbicida. Ese es el problema fácil de resolver. El problema complejo es cómo se va a manejar esto en el licenciamiento ambiental en la ANLA”.A este requerimiento se suma la relación con las comunidades locales. Rico advirtió que “el problema complejo es cómo se va a manejar esto con las comunidades”, recordando que las consultas previas pueden extenderse por años y alcanzar costos entre uno y dos millones de dólares cada una.Frente al panorama nacional, donde la producción sobrepasa las 3.000 toneladas de cocaína, el especialista precisó el alcance real de las aeronaves en la lucha antinarcóticos. Al respecto, precisó: “la aspersión aérea no es una estrategia en sí misma. La expresión aérea es una herramienta de un de una estrategia”. Asimismo, aclaró que la aplicación química no destruye definitivamente el cultivo. Explicó que “los herbicidas no... Lo que hacen es que tumban la hoja porque no le permiten eso y retrasan la producción 4 meses, 6 meses”, por lo que la medida únicamente resulta efectiva cuando se acompaña de control territorial, interdicción e incentivos a la legalidad.Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno de Colombia avanza con un plan piloto para erradicar cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio, un herbicida diferente al glifosato que durante años fue usado para combatir los cultivos de coca en el país.El Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó una prueba experimental que contempla el uso de aeronaves tripuladas y que tendrá una duración específica, con un límite de hectáreas.No obstante, esta decisión vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre los químicos usados para erradicar cultivos ilícitos. Aunque el glufosinato de amonio y glifosato son herbicidas no selectivos, tienen mecanismos de acción diferentes y también existen diferencias en su clasificación toxicológica.¿Cuál es la diferencia entre glufosinato de amonio y glifosato?Según estudios e información de POMAIS, proveedor y fabricante de productos agroquímicos, el glufosinato de amonio actúa inhibiendo una enzima denominada glutamina sintetasa, que interviene en el metabolismo del nitrógeno de las plantas. Al bloquear esta enzima, se altera el metabolismo de la planta y se acumula amonio, lo que termina provocando daños y su muerte.El glifosato, por su parte, actúa sobre otra ruta metabólica. Bloquea la enzima EPSP sintasa, necesaria para la producción de determinados aminoácidos que las plantas requieren para desarrollarse. De esta manera, interrumpe procesos fundamentales para el crecimiento vegetal.Según el ICA, algunos productos registrados en Colombia que contienen glufosinato de amonio están clasificados en la categoría toxicológica II, considerada moderadamente peligrosa. Sus etiquetas incluyen advertencias relacionadas con la inhalación y el contacto durante su manipulación y aplicación.En el caso del glifosato existe además un antecedente relacionado con su posible efecto carcinogénico. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), perteneciente a la OMS, clasificó el glifosato dentro del Grupo 2A, como probablemente carcinogénico para los seres humanos. La clasificación se basó en la evaluación de la evidencia científica disponible en ese momento.Esta clasificación no significa que toda exposición al glifosato provoque cáncer. La IARC evalúa el peligro potencial de una sustancia, mientras que la determinación del riesgo depende también de factores como el nivel, la duración y las condiciones de exposición.Impacto ambientalEn cuanto al ambiente, ninguno de los dos herbicidas puede considerarse libre de riesgos. El comportamiento de cada sustancia depende de factores como el suelo, la temperatura, la humedad, la luz, la lluvia y la forma en que se aplique.En el caso del glifosato, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos señala que el compuesto se adhiere fuertemente al suelo y que los microorganismos pueden degradarlo. Sin embargo, también puede llegar a cuerpos de agua mediante escorrentía, erosión o deriva durante la aplicación. La agencia advierte además que los principales riesgos ecológicos del glifosato están relacionados con las plantas no objetivo que puedan encontrarse cerca de las áreas tratadas.El glufosinato también requiere medidas para evitar que alcance zonas que no son objeto de la aplicación. Documentos de evaluación ambiental de la organización muestran que su comportamiento en el ambiente puede variar considerablemente según las condiciones y que existen estudios sobre su degradación en suelo y agua.
El Consejo Nacional de Estupefacientes de Colombia autorizó un controvertido plan piloto del Gobierno para erradicar los cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio, un herbicida considerado "moderadamente peligroso" por la Organización Mundial de la Salud (OMS).Este compuesto químico -no permitido en la Unión Europea (UE)- es distinto al glifosato, cuyo empleo para combatir los cultivos ilícitos (principalmente, coca), se suspendió en Colombia en 2017 por motivos sanitarios.La resolución, publicada en el Diario Oficial, ordena la ejecución de una "fase experimental controlada, limitada, temporal y ejecutable" mediante aeronaves tripuladas y con el compuesto químico glufosinato de Amonio 200 SL, exclusivamente en los polígonos que sean habilitados para la operación.El piloto tendrá un cupo máximo de 1.000 hectáreas efectivamente tratadas y una duración operacional de hasta siete días calendario, contados desde la fecha del acta de inicio que todavía no se conoce.La ejecución estará a cargo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Diran), que deberá cumplir los instrumentos ambientales, las autorizaciones aeronáuticas y los protocolos sanitarios, ambientales, sociales y de seguridad.El objetivo, según el Consejo Nacional de Estupefacientes, no es reactivar de manera generalizada las fumigaciones aéreas, sino "obtener evidencia científica sobre la eficacia del herbicida, la precisión de las aplicaciones, la posible deriva del producto" y sus riesgos e impactos sobre la salud y el medioambiente.La propia resolución establece que este plan piloto "no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional".El glufosinato de amonio esta incluido en Clase II (moderadamente peligroso) de la escala de toxicidad de la OMS, por encima del glifosato (clase III, ligeramente peligroso).En una área reservadaEl área de prueba estará ubicada en un único departamento del país, en una zona próxima a una instalación de la fuerza pública, aunque la resolución mantiene bajo reserva las coordenadas exactas, la extensión del área, las rutas de vuelo y el cronograma detallado, al considerar que su divulgación podría "comprometer la seguridad de la operación y del personal participante".El documento establece además que las zonas seleccionadas deberán excluir áreas protegidas, determinados ecosistemas y espacios donde pueda existir afectación directa a comunidades étnicas sin consulta previa.Si durante la preparación de una operación se detecta una posible afectación de este tipo, el polígono deberá ser suspendido.Suspendidas desde 2017La aspersión aérea de herbicidas fue durante años una de las principales herramientas utilizadas por Colombia para combatir los cultivos ilícitos, especialmente el de la coca, pero el Gobierno de Juan Manuel Santos suspendió en 2015 las fumigaciones con glifosato por motivos sanitarios.Posteriormente, en 2017 se produjo su suspensión definitiva por orden de la Corte Constitucional, en medio de cuestionamientos por los posibles efectos del producto en la salud de poblaciones campesinas y el medioambiente.Desde entonces, las autoridades han recurrido principalmente a la erradicación manual y a estrategias de sustitución voluntaria de cultivos, aunque la aspersión aérea ha permanecido en el debate como una alternativa para enfrentar el crecimiento de los cultivos de uso ilícito.La nueva resolución que fue firmada el pasado 18 de agosto y se conoce un día después de la visita a Colombia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, busca precisamente generar evidencia sobre una sustancia diferente al glifosato antes de considerar cualquier eventual programa de mayor alcance.
La posibilidad de retomar la aspersión aérea con glifosato para combatir los cultivos de coca en Colombia está condicionada por los requisitos fijados por la Corte Constitucional. Así lo explicó Gonzalo Ramírez, abogado constitucionalista, durante una entrevista en Recap Blu, de Blu Radio.Ramírez señaló que la decisión de volver a utilizar esta herramienta de erradicación no depende únicamente de la voluntad del Gobierno, pues deben cumplirse previamente una serie de condiciones jurídicas, ambientales y sanitarias. “La Corte ha sido muy clara, sin las condiciones no se puede hacer”, afirmó.El abogado precisó que las decisiones de la Corte Constitucional no significan una prohibición absoluta de la aspersión aérea con glifosato. Por el contrario, explicó que su implementación está sujeta al cumplimiento de garantías que permitan determinar que la fumigación no generará afectaciones a la población ni al medioambiente.¿Qué condiciones debe cumplir el Gobierno para fumigar con glifosato?De acuerdo con Ramírez, antes de retomar la aspersión aérea se deben considerar conceptos de las autoridades competentes en materia ambiental y de salud. Estos pronunciamientos deben permitir establecer que la aplicación del herbicida no ocasionará daños sobre las personas, los ecosistemas o los recursos naturales.“La Corte ya evaluará todos los pasos para tratar de establecer que se haga con una serie de conceptos de autoridad, ambientales y de salud, que digan que eso no va a causar daños”, sostuvo el constitucionalista. De esta manera, las garantías exigidas por el alto tribunal se convierten en un elemento central para cualquier decisión del Ejecutivo.Otro de los aspectos jurídicos que podría entrar en consideración es la consulta previa en aquellos territorios donde resulte aplicable. Ramírez mencionó esta posibilidad, aunque reconoció que su implementación podría representar una dificultad adicional para el Gobierno.Riesgos ambientales también hacen parte del debate jurídicoMás allá de las condiciones constitucionales, el abogado llamó la atención sobre los posibles efectos de la aspersión aérea con glifosato en áreas distintas a los cultivos ilícitos. Según explicó, uno de los riesgos de esta modalidad es que el químico pueda extenderse y afectar otros espacios.“Uno de los problemas que tiene es que el glifosato se puede extender a otras áreas causando daños a largo plazo”, manifestó Ramírez. Agregó que también debe analizarse la posibilidad de afectaciones sobre la salud humana, otros cultivos y fuentes de agua.Para el constitucionalista, el Estado enfrenta así una tensión entre la necesidad de combatir los cultivos ilícitos y el deber de proteger derechos y bienes constitucionalmente relevantes. Por ello, consideró necesario evaluar alternativas que permitan desarrollar la política antidrogas sin generar nuevos impactos.Erradicación de cultivos de coca: Gobierno deberá evaluar alternativasRamírez reconoció que los cultivos de coca y marihuana están asociados a graves problemas de seguridad y orden público. Sin embargo, sostuvo que la respuesta estatal debe tener en cuenta tanto la lucha contra las economías ilícitas como los eventuales efectos de las herramientas utilizadas para erradicarlas.El abogado también se refirió a la erradicación manual, una alternativa que, aunque ha sido utilizada, presenta dificultades por el tiempo y los recursos que requiere. “No hay una forma inmediata para acabar con estos cultivos”, aseguró durante la entrevista.En ese escenario, Ramírez consideró que el Gobierno tendrá que actuar con cautela frente a su política antidrogas y analizar las distintas alternativas disponibles. “El presidente tendrá que ser muy paciente con su política antidrogas”, concluyó.
El Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) expidió la Resolución 0006 de 2026, mediante la cual deroga oficialmente la Resolución 6 de 2015 que mantenía suspendida la erradicación de cultivos ilícitos con agroquímicos en el país.En medio del debate sobre el uso o no del uso de este mecanismo, el Gobierno aclara que esta derogatoria no implica la reanudación automática de las fumigaciones ni autoriza el despegue inmediato de ninguna aeronave tripulada en el territorio nacional. Por el contrario, el texto aclara que eliminar la prohibición solo quita un obstáculo legal del pasado, pero el eventual reinicio de las operaciones dependerá del cumplimiento previo de estrictos requisitos ambientales, judiciales y de salud.El documento establece que para iniciar cualquier operativo de aspersión ni autoriza el despliegue de aeronaves tripuladas. Para que vuelva a volar una sola avioneta sobre polígonos con matas de coca o marihuana, se requiere el cumplimiento concurrente, es decir, simultáneo y obligatorio, de cinco condicionales legales, ambientales y sanitarias.Por un lado, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) debe expedir un nuevo Plan de Manejo Ambiental General. Este documento define las reglas para cuidar fuentes de agua, bosques y cultivos vecinos, y debe actualizarse bajo las exigencias fijadas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-413 de 2021.Pero, la ANLA también debe levantar formalmente la medida preventiva de la Resolución 1214 de 2015 que frenó las operaciones. Además, se deben presentar y aprobar Planes de Manejo Ambiental Específicos para cada municipio o zona geográfica donde se pretenda realizar la aspersión.Además, el Gobierno está obligado a realizar la consulta previa con las comunidades de la zona, indígenas y afrodescendientes de los núcleos de operación. Este proceso de concertación busca acordar medidas de protección territorial con los pueblos étnicos, respetando los lineamientos del Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia constitucional.En cuarto lugar, el Instituto Nacional de Salud (INS) debe evaluar la evidencia médica y expedir un concepto previo favorable. Este aval sanitario es un filtro obligatorio para certificar que el uso del agroquímico no represente riesgos ni impactos graves para la salud de la población local.Por último, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) debe verificar en terreno el cumplimiento de todas las exigencias anteriores. Solo con esa confirmación y el aval de salud, el CNE emitirá una decisión independiente para autorizar la erradicación por sectores, garantizando además la participación de las comunidades campesinas.De esta forma, con la decisión firmada por el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Gónima Díaz-Granados, se elimina el freno y regresa la aspersión aérea pero, no se autoriza la reanudación inmediata de los vuelos.
El programa de este domingo, 8 de noviembre de 2026, 'En Blu Jeans' arrancó con la encuesta: ¿En cuáles de estas experiencias prefiere gastar su dinero?'La ciencia detrás de las cosas': Juanca Solarte explicó la anatomía de las orejas y el funcionamiento del oído, respondiendo a por qué nunca dejamos de escuchar.'Tema Central': Se analizó la economía de las experiencias y por qué las personas prefieren gastar su dinero en vivencias (viajes, gastronomía, entretenimiento y aprendizaje) antes que acumular bienes materiales.'Historias de viaje con JuanK': Juanca compartió detalles de su viaje a Egipto, comentando la importancia cultural de los gatos y su recorrido por las pirámides en la meseta de Guiza.'La máquina de la verdad': Se desmintieron mitos sobre Guatapé, explicando el valor cultural e histórico de sus zócalos y sus variadas opciones turísticas más allá de la rumba.
Un nuevo hecho de violencia con arma de fuego se registró en el municipio de Roldanillo, norte del Valle del Cauca. El ataque, ocurrido en el barrio San Sebastián, dejó como saldo una persona fallecida y un menor de edad lesionado, lo que generó preocupación entre los habitantes de este sector.De acuerdo con el reporte preliminar entregado por el Departamento de Policía Valle, las víctimas se encontraban en este sector cuando fueron interceptadas por varios sujetos que, al parecer, las atacaron con arma de fuego. En medio de la agresión, una de las personas recibió impactos que le ocasionaron la muerte, mientras que el menor resultó herido."Es de esclarecer que se perpetúa el sicariato de una persona mayor de edad de sexo masculino y un daño colateral contra un menor de edad. Es de resaltar que se amplía y se ejecuta el despliegue de todas las actividades institucionales para dar con los móviles irresponsables de este lamentable caso", dijo el mayor Hans Alberto Cardona Bedoya, comandante (e) de Distrito de Policía Roldanillo.Tras lo ocurrido, el adolescente fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Por ahora, las autoridades no han entregado información adicional sobre su estado de salud ni han precisado las circunstancias que rodearon el ataque."La Policía Nacional rechaza categóricamente todo acto de violencia que atente contra la vida y la integridad de las personas, especialmente cuando pone en riesgo a niños, niñas y adolescentes", dice un comunicado emitido por la institución.El hecho es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, que buscan establecer qué motivó esta agresión, determinar si las víctimas habían recibido amenazas y establecer las identidades de los responsables. Asimismo, se adelantan las labores de recolección de información y verificación de los elementos que permitan reconstruir lo sucedido.Este nuevo episodio de violencia genera preocupación por la afectación a la población civil, especialmente por la presencia de un menor de edad entre las víctimas. La Policía Nacional hizo un llamado a los habitantes de Roldanillo para que suministren cualquier información que permita avanzar en el esclarecimiento de este caso y facilitar la identificación de los responsables.
La pérdida de cabello no es un problema exclusivo de los adultos. La alopecia puede comenzar desde los 16 años y estar relacionada con factores que van más allá de la genética y los cambios hormonales. La alimentación, los hábitos de vida, algunas enfermedades y las deficiencias vitamínicas también pueden influir en el crecimiento capilar.La doctora Paula Andrea Villarreal, tricóloga con maestría en Cirugía Capilar y directora médica de Capilix, advierte sobre la importancia de identificar el origen de la caída antes de iniciar cualquier tratamiento. Uno de los errores frecuentes, señala, es recurrir a productos que se promocionan en redes sociales sin contar con una valoración profesional.Esta práctica puede generar gastos innecesarios, resultados que no corresponden con las necesidades del paciente y expectativas difíciles de cumplir. Por eso, el diagnóstico temprano es fundamental para determinar qué tipo de alopecia presenta cada persona y cuál es el abordaje indicado.¿Qué puede causar alopecia desde la adolescencia?Aunque la genética y las alteraciones hormonales suelen relacionarse con la pérdida capilar, no son los únicos factores que deben evaluarse. La especialista explica que también es necesario revisar la alimentación, los antecedentes médicos, los hábitos cotidianos y posibles deficiencias de vitaminas.Incluso el consumo de suplementos, como la creatina, puede hacer parte de los aspectos que se revisan durante la consulta. Por esta razón, no se recomienda comenzar tratamientos por cuenta propia sin conocer qué está provocando la caída.¿Cuáles son las señales de alerta de la pérdida de cabello?La alopecia no siempre se manifiesta con una caída abundante. Entre las señales que pueden indicar un problema están el ensanchamiento de la línea media, el retroceso de las entradas y la disminución del volumen en la coronilla.De acuerdo con Villarreal, existen alrededor de 100 tipos de alopecia, por lo que identificar cuál está presente resulta determinante para orientar el tratamiento. La valoración médica y el análisis microscópico del cuero cabelludo permiten estudiar las características del cabello y complementar el diagnóstico.¿La alopecia también afecta la salud emocional?La pérdida capilar puede tener consecuencias que van más allá de la apariencia. Según la experiencia clínica de la doctora, puede afectar la autoestima, las relaciones personales y las actividades cotidianas. Evitar fotografías, dejar de asistir a reuniones o utilizar accesorios para ocultar zonas despobladas son algunas de las situaciones que pueden reflejar ese impacto.La especialista también señala que no todas las personas son candidatas a un implante capilar. Antes de considerar una cirugía, deben evaluarse la severidad de la alopecia, la disponibilidad de la zona donante, las enfermedades de base y las expectativas del paciente.
La esperanza de encontrarlo con vida terminó en tragedia. Carlos Arturo Gómez Pico, de 40 años, murió luego de ser arrastrado por las aguas de la quebrada La Ruitoca, en Girón, durante la madrugada del sábado.Según las primeras versiones, el hombre se movilizaba en su motocicleta e intentaba atravesar un puente sobre la quebrada cuando fue sorprendido por una creciente súbita. Las fuertes lluvias habrían provocado un aumento considerable del caudal, haciendo que la corriente lo arrastrara.La emergencia puso en marcha un operativo de búsqueda en el que participaron organismos de socorro, unidades de la Policía, Bomberos, Defensa Civil y residentes de la zona, quienes recorrieron diferentes puntos del afluente con la esperanza de ubicarlo.El sargento Carlos Portilla, del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, señaló: "Después de varias horas de labores, el cuerpo fue encontrado en la vereda Barbosa, cerca de la finca Los Mantilla, en jurisdicción de Girón".La recuperación no fue sencilla. La fuerza del agua y las condiciones del terreno obligaron a los bomberos de Floridablanca a extender sus trabajos hasta altas horas de la noche.La motocicleta en la que se desplazaba también fue localizada a pocos metros del punto donde habría ocurrido el accidente.Más allá de la emergencia, la noticia golpeó especialmente a los habitantes del corregimiento de Acapulco, donde Carlos Arturo era conocido cariñosamente como 'Pico' y era apreciado por sus vecinos.Su muerte deja un profundo dolor entre familiares, amigos y miembros de una comunidad que hoy lamenta su partida.
El Consejo de Estado condenó en segunda instancia a la Policía Nacional por las graves lesiones físicas y mentales que sufrió un niño de cuatro años, luego de que una auxiliar de enfermería de la Clínica de la Policía de Envigado le aplicara incorrectamente una inyección de dipirona en 2008.De acuerdo con el proceso, el 9 de junio de 2008 el menor fue llevado al servicio de urgencias por presentar fiebre y dolor generalizado. Durante la atención recibió media ampolla de dipirona en el glúteo derecho, procedimiento que terminó ocasionándole una lesión permanente en el nervio ciático.La familia tuvo que acudir a una acción de tutela para conseguir una valoración especializada, pues la clínica no tenía contratos vigentes con neurólogos. Casi tres meses después, se estableció que la inyección había sido aplicada fuera de la zona segura del glúteo.Las consecuencias fueron devastadoras para el menor de edad, ya que en 2010, Medicina Legal determinó que el menor presentaba deformidad física y perturbación funcional permanentes. Quedó con cojera, dificultades para apoyar el talón derecho y dolor crónico.Posteriormente, los peritajes de la Universidad CES documentaron afectaciones en su salud mental, relacionadas con el sufrimiento prolongado y la dependencia a medicamentos opioides. El abogado Javier Villegas demostró durante el proceso la responsabilidad de la institución por una falla en la prestación del servicio médico."Sin la aplicación indebida de la inyección, el daño no se había producido. El daño sufrido por el menor fue cierto, personal y permanente. No se redujo a la lesión del nervio siático derecho, sino que además comprende la deformidad física y la perturbación funcional del órgano de la locomoción y el dolor crónico", explicó el abogado. Hay que mencionar que el Consejo de Estado rechazó los argumentos de la Policía Nacional, que atribuía parte de las complicaciones al supuesto incumplimiento de las recomendaciones médicas por parte de la madre.Como consecuencia de los tratamientos, los padres tuvieron que vender su vivienda y el pequeño establecimiento comercial del que obtenían su sustento económico. Incluso, la madre llegó a encadenarse en el Palacio de Justicia y en La Alpujarra para reclamar atención y apoyo.