En diálogo con BLU Radio, el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Diego Zambrano, confirmó que antes de iniciar el plan de fumigación aérea de cultivos ilícitos con glufosinato de amonio, el El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella realizará una mesa técnica con autoridades y campesinos del departamento de Putumayo.El compromiso se habría acordado luego de un encuentro, entre el Representante a la cámara, el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, varios alcaldes del departamento, y el ministro de Defensa, Gral. (r) Jorge Eduardo Mora. Según el congresista, el propósito de este encuentro, que se realizaría en menos de quince días, es escuchar a las comunidades, llevar una oferta institucional con varios ministerios y entidades del Estado y buscar la posibilidad de concretar un plan de inversión en la región, a partir de un plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.“Desde las comunidades nace una iniciativa de hacer una sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca. Y aquí le decimos al gobierno que hay que llegar con oferta institucional, y eso es lo que se ha anunciado”, dijo el congresista. Asegura Zambrano, que en la mesa técnica participarán ministerios como el de Educación, Defensa, Salud, Agricultura, Cancillería, entre otros. “Queremos darle un ejemplo a Colombia: los putumayenses no solo somos coca, somos piña, somos frutos amazónicos, biodiversidad, cultura y turismo”, concluyó.
Antioquia está dispuesto a destinar hasta $70.000 millones para enfrentar los cultivos de coca y otras economías ilegales en el departamento, así lo planteó el gobernador Andrés Julián Rendón, quien propuso al Gobierno nacional desarrollar un piloto de erradicación mediante drones que utilicen glifosato.La propuesta llega en medio de la discusión nacional sobre las alternativas para combatir los cultivos ilícitos, luego de la suspensión provisional de un piloto de fumigación con glufosinato de amonio en Putumayo.¿Cuánta coca hay actualmente en Antioquia?De acuerdo con el reporte de cultivos ilícitos de Naciones Unidas correspondiente a 2024, Antioquia registró 17.162 hectáreas de coca. Sin embargo, Rendón aseguró que las estimaciones que maneja actualmente el departamento podrían llevar esa cifra hasta unas 23.000 hectáreas.El gobernador afirmó que la situación está relacionada con la presencia de estructuras armadas ilegales en diferentes zonas del departamento, entre ellas el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC.Rendón recordó particularmente el caso de municipios como Briceño, Valdivia, Tarazá y Anorí, donde, según explicó, la expansión de los cultivos de coca coincide con la presencia de grupos armados.¿En qué consiste la propuesta de Antioquia?La Gobernación plantea realizar un piloto de fumigación con glifosato mediante drones, una alternativa que Rendón considera posible frente a las limitaciones de utilizar aeronaves especializadas como se hizo en el pasado.El gobernador sostuvo que el uso de drones permitiría aplicar el herbicida sobre los cultivos ilícitos y afirmó que esta modalidad evitaría los impactos que, según él, históricamente han generado las fumigaciones aéreas sobre otros cultivos.Esa explicación corresponde a la posición expresada por Rendón durante la entrevista y no implica que el Gobierno nacional haya adoptado esa conclusión o autorizado el piloto.¿Cuánto dinero pondría Antioquia?Rendón aseguró que el departamento tiene una apropiación inicial de hasta $70.000 millones para enfrentar el problema. Los recursos, explicó, no estarían destinados exclusivamente a la fumigación o erradicación forzada.La propuesta también contempla financiar programas de desarrollo alternativo, con el objetivo de intervenir las economías que rodean los cultivos ilícitos.“Estamos dispuestos a cazar recursos”, señaló el gobernador al explicar la intención de Antioquia de aportar financiación para la estrategia.De acuerdo con Rendón, el Gobierno ha recibido la propuesta y ha mostrado disposición a revisarla, pero todavía no existe una decisión definitiva para poner en marcha el piloto con drones y glifosato.El gobernador señaló que el ministro de Defensa no había entregado una respuesta concreta hasta el momento de la entrevista y que el Gobierno manifestó que estudiaría la iniciativa.Además, anunció que altos mandos de la Fuerza Pública se desplazarán a Antioquia para una reunión con la Secretaría de Seguridad del departamento y la Fiscalía.La propuesta hace parte de una estrategia más amplia que Rendón asegura haber planteado durante el proceso de empalme con el Gobierno nacional. Allí también se habló de la operación denominada Cazadora Antioquia, con la que se busca avanzar contra 19 objetivos de alto valor relacionados, según el gobernador, con estructuras armadas y economías ilegales.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La discusión sobre la aspersión aérea vuelve a estar en el centro de la lucha contra el narcotráfico. El ministro de Justicia, Iván Cancino, salió en defensa de esta herramienta y aseguró que no debe ser vista como una amenaza para Colombia, sino como un mecanismo del Estado para combatir los cultivos ilícitos y afectar las finanzas de las organizaciones criminales.Cancino sostuvo que la verdadera amenaza está en los cultivos ilícitos que permanecen bajo el control de organizaciones criminales. Según explicó, la aspersión aérea hace parte de las herramientas que pueden contribuir a recuperar territorios y afectar las fuentes de financiación de estos grupos. “El debate no puede partir de la idea de que actuar es el problema. No actuar es lo que pone en riesgo a las comunidades, fortalece a las organizaciones criminales y permite que sigan creciendo las economías ilegales”, señala el ministro de Justicia en su comunicado.El ministro señaló que Colombia necesita utilizar todas las herramientas legales y constitucionales disponibles para enfrentar el narcotráfico. De esta forma, defendió la estrategia impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella como una medida orientada a proteger a los ciudadanos y debilitar las economías ilegales.“La aspersión aérea, aplicada bajo parámetros técnicos, ambientales, sanitarios y constitucionales, debe ser vista como parte de la solución y no como el problema”, agregó.El líder de la cartera de Justicia advirtió además que impedirle al Estado utilizar herramientas contra los cultivos ilícitos también puede poner en riesgo derechos fundamentales como la vida, la seguridad, la libertad y la paz. Agregó que esta situación también tendría efectos sobre los derechos prevalentes de los niños y sobre las comunidades que buscan vivir sin el sometimiento de organizaciones criminales.“Por eso, nuestra posición es clara: la aspersión aérea, debidamente regulada y controlada, no debe ser presentada como una amenaza. La amenaza es el narcotráfico. La aspersión es una herramienta para combatirlo”, concluyó.Finalmente, el ministro sostuvo que limitar la capacidad del Estado para actuar contra los cultivos ilícitos termina favoreciendo el fortalecimiento de las economías ilegales.
En medio del debate por la reactivación de las pruebas para la aspersión aérea contra los cultivos ilícitos en Colombia, Daniel Rico, politólogo, exasesor del Ministerio de Defensa, examinó los alcances de las decisiones tomadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes.Según el analista, la discusión en torno al herbicida seleccionado distrae sobre los verdaderos obstáculos legales, ambientales y territoriales que enfrenta la estrategia.Un retroceso en la línea de aprendizaje institucionalPara Rico, reemplazar la molécula históricamente estudiada por glufocinato de amonio carece de justificación técnica. Sobre esta modificación, afirmó enfáticamente: “Pasar del glifosato al glufocitato, glufocinato de amonio no es ninguna ventaja ni en el tema ambiental ni en el tema de salud, sino es un retroceso importante en la línea de aprendizaje en la que ya estaba el Gobierno nacional”. El especialista remarcó que el glifosato cuenta con un amplio respaldo de investigaciones globales y locales. En su criterio, el debate sobre su implementación no responde a dilemas técnicos: “El problema con el glifosato nunca fue científico, fue político”, agregando de manera contundente que “este es un problema político. El problema técnico y científico está resuelto”.Dudas sobre el piloto de evaluación y niveles de toxicidadRespecto a las evaluaciones de prueba programadas en zonas como Nariño y Putumayo, el analista cuestionó la efectividad de los plazos estipulados. Rico sostuvo que “ese piloto en 7 días realmente no va a arrojar información importante o determinante que indique que el glufocinato es mejor que el glifosato”.Adicionalmente, advirtió sobre las clasificaciones sanitarias del glufocinato en el ámbito internacional. El experto subrayó que “el glufocinato sí tiene unas marcaciones de trazabilidad por toxicidad más altas que el glifosato y lo ha determinado así la Unión Europea en su clasificación por nivel de toxicidad”.Los verdaderos retos: Licenciamiento de la ANLA y consultas previasEl analista planteó que la elección del producto químico es el componente menos complejo del proceso de reactivación. Según explicó: “El menor de los problemas es elegir cuál es el herbicida. Ese es el problema fácil de resolver. El problema complejo es cómo se va a manejar esto en el licenciamiento ambiental en la ANLA”.A este requerimiento se suma la relación con las comunidades locales. Rico advirtió que “el problema complejo es cómo se va a manejar esto con las comunidades”, recordando que las consultas previas pueden extenderse por años y alcanzar costos entre uno y dos millones de dólares cada una.Frente al panorama nacional, donde la producción sobrepasa las 3.000 toneladas de cocaína, el especialista precisó el alcance real de las aeronaves en la lucha antinarcóticos. Al respecto, precisó: “la aspersión aérea no es una estrategia en sí misma. La expresión aérea es una herramienta de un de una estrategia”. Asimismo, aclaró que la aplicación química no destruye definitivamente el cultivo. Explicó que “los herbicidas no... Lo que hacen es que tumban la hoja porque no le permiten eso y retrasan la producción 4 meses, 6 meses”, por lo que la medida únicamente resulta efectiva cuando se acompaña de control territorial, interdicción e incentivos a la legalidad.Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno de Colombia avanza con un plan piloto para erradicar cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio, un herbicida diferente al glifosato que durante años fue usado para combatir los cultivos de coca en el país.El Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó una prueba experimental que contempla el uso de aeronaves tripuladas y que tendrá una duración específica, con un límite de hectáreas.No obstante, esta decisión vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre los químicos usados para erradicar cultivos ilícitos. Aunque el glufosinato de amonio y glifosato son herbicidas no selectivos, tienen mecanismos de acción diferentes y también existen diferencias en su clasificación toxicológica.¿Cuál es la diferencia entre glufosinato de amonio y glifosato?Según estudios e información de POMAIS, proveedor y fabricante de productos agroquímicos, el glufosinato de amonio actúa inhibiendo una enzima denominada glutamina sintetasa, que interviene en el metabolismo del nitrógeno de las plantas. Al bloquear esta enzima, se altera el metabolismo de la planta y se acumula amonio, lo que termina provocando daños y su muerte.El glifosato, por su parte, actúa sobre otra ruta metabólica. Bloquea la enzima EPSP sintasa, necesaria para la producción de determinados aminoácidos que las plantas requieren para desarrollarse. De esta manera, interrumpe procesos fundamentales para el crecimiento vegetal.Según el ICA, algunos productos registrados en Colombia que contienen glufosinato de amonio están clasificados en la categoría toxicológica II, considerada moderadamente peligrosa. Sus etiquetas incluyen advertencias relacionadas con la inhalación y el contacto durante su manipulación y aplicación.En el caso del glifosato existe además un antecedente relacionado con su posible efecto carcinogénico. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), perteneciente a la OMS, clasificó el glifosato dentro del Grupo 2A, como probablemente carcinogénico para los seres humanos. La clasificación se basó en la evaluación de la evidencia científica disponible en ese momento.Esta clasificación no significa que toda exposición al glifosato provoque cáncer. La IARC evalúa el peligro potencial de una sustancia, mientras que la determinación del riesgo depende también de factores como el nivel, la duración y las condiciones de exposición.Impacto ambientalEn cuanto al ambiente, ninguno de los dos herbicidas puede considerarse libre de riesgos. El comportamiento de cada sustancia depende de factores como el suelo, la temperatura, la humedad, la luz, la lluvia y la forma en que se aplique.En el caso del glifosato, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos señala que el compuesto se adhiere fuertemente al suelo y que los microorganismos pueden degradarlo. Sin embargo, también puede llegar a cuerpos de agua mediante escorrentía, erosión o deriva durante la aplicación. La agencia advierte además que los principales riesgos ecológicos del glifosato están relacionados con las plantas no objetivo que puedan encontrarse cerca de las áreas tratadas.El glufosinato también requiere medidas para evitar que alcance zonas que no son objeto de la aplicación. Documentos de evaluación ambiental de la organización muestran que su comportamiento en el ambiente puede variar considerablemente según las condiciones y que existen estudios sobre su degradación en suelo y agua.
El Consejo Nacional de Estupefacientes de Colombia autorizó un controvertido plan piloto del Gobierno para erradicar los cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio, un herbicida considerado "moderadamente peligroso" por la Organización Mundial de la Salud (OMS).Este compuesto químico -no permitido en la Unión Europea (UE)- es distinto al glifosato, cuyo empleo para combatir los cultivos ilícitos (principalmente, coca), se suspendió en Colombia en 2017 por motivos sanitarios.La resolución, publicada en el Diario Oficial, ordena la ejecución de una "fase experimental controlada, limitada, temporal y ejecutable" mediante aeronaves tripuladas y con el compuesto químico glufosinato de Amonio 200 SL, exclusivamente en los polígonos que sean habilitados para la operación.El piloto tendrá un cupo máximo de 1.000 hectáreas efectivamente tratadas y una duración operacional de hasta siete días calendario, contados desde la fecha del acta de inicio que todavía no se conoce.La ejecución estará a cargo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Diran), que deberá cumplir los instrumentos ambientales, las autorizaciones aeronáuticas y los protocolos sanitarios, ambientales, sociales y de seguridad.El objetivo, según el Consejo Nacional de Estupefacientes, no es reactivar de manera generalizada las fumigaciones aéreas, sino "obtener evidencia científica sobre la eficacia del herbicida, la precisión de las aplicaciones, la posible deriva del producto" y sus riesgos e impactos sobre la salud y el medioambiente.La propia resolución establece que este plan piloto "no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional".El glufosinato de amonio esta incluido en Clase II (moderadamente peligroso) de la escala de toxicidad de la OMS, por encima del glifosato (clase III, ligeramente peligroso).En una área reservadaEl área de prueba estará ubicada en un único departamento del país, en una zona próxima a una instalación de la fuerza pública, aunque la resolución mantiene bajo reserva las coordenadas exactas, la extensión del área, las rutas de vuelo y el cronograma detallado, al considerar que su divulgación podría "comprometer la seguridad de la operación y del personal participante".El documento establece además que las zonas seleccionadas deberán excluir áreas protegidas, determinados ecosistemas y espacios donde pueda existir afectación directa a comunidades étnicas sin consulta previa.Si durante la preparación de una operación se detecta una posible afectación de este tipo, el polígono deberá ser suspendido.Suspendidas desde 2017La aspersión aérea de herbicidas fue durante años una de las principales herramientas utilizadas por Colombia para combatir los cultivos ilícitos, especialmente el de la coca, pero el Gobierno de Juan Manuel Santos suspendió en 2015 las fumigaciones con glifosato por motivos sanitarios.Posteriormente, en 2017 se produjo su suspensión definitiva por orden de la Corte Constitucional, en medio de cuestionamientos por los posibles efectos del producto en la salud de poblaciones campesinas y el medioambiente.Desde entonces, las autoridades han recurrido principalmente a la erradicación manual y a estrategias de sustitución voluntaria de cultivos, aunque la aspersión aérea ha permanecido en el debate como una alternativa para enfrentar el crecimiento de los cultivos de uso ilícito.La nueva resolución que fue firmada el pasado 18 de agosto y se conoce un día después de la visita a Colombia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, busca precisamente generar evidencia sobre una sustancia diferente al glifosato antes de considerar cualquier eventual programa de mayor alcance.
La posibilidad de retomar la aspersión aérea con glifosato para combatir los cultivos de coca en Colombia está condicionada por los requisitos fijados por la Corte Constitucional. Así lo explicó Gonzalo Ramírez, abogado constitucionalista, durante una entrevista en Recap Blu, de Blu Radio.Ramírez señaló que la decisión de volver a utilizar esta herramienta de erradicación no depende únicamente de la voluntad del Gobierno, pues deben cumplirse previamente una serie de condiciones jurídicas, ambientales y sanitarias. “La Corte ha sido muy clara, sin las condiciones no se puede hacer”, afirmó.El abogado precisó que las decisiones de la Corte Constitucional no significan una prohibición absoluta de la aspersión aérea con glifosato. Por el contrario, explicó que su implementación está sujeta al cumplimiento de garantías que permitan determinar que la fumigación no generará afectaciones a la población ni al medioambiente.¿Qué condiciones debe cumplir el Gobierno para fumigar con glifosato?De acuerdo con Ramírez, antes de retomar la aspersión aérea se deben considerar conceptos de las autoridades competentes en materia ambiental y de salud. Estos pronunciamientos deben permitir establecer que la aplicación del herbicida no ocasionará daños sobre las personas, los ecosistemas o los recursos naturales.“La Corte ya evaluará todos los pasos para tratar de establecer que se haga con una serie de conceptos de autoridad, ambientales y de salud, que digan que eso no va a causar daños”, sostuvo el constitucionalista. De esta manera, las garantías exigidas por el alto tribunal se convierten en un elemento central para cualquier decisión del Ejecutivo.Otro de los aspectos jurídicos que podría entrar en consideración es la consulta previa en aquellos territorios donde resulte aplicable. Ramírez mencionó esta posibilidad, aunque reconoció que su implementación podría representar una dificultad adicional para el Gobierno.Riesgos ambientales también hacen parte del debate jurídicoMás allá de las condiciones constitucionales, el abogado llamó la atención sobre los posibles efectos de la aspersión aérea con glifosato en áreas distintas a los cultivos ilícitos. Según explicó, uno de los riesgos de esta modalidad es que el químico pueda extenderse y afectar otros espacios.“Uno de los problemas que tiene es que el glifosato se puede extender a otras áreas causando daños a largo plazo”, manifestó Ramírez. Agregó que también debe analizarse la posibilidad de afectaciones sobre la salud humana, otros cultivos y fuentes de agua.Para el constitucionalista, el Estado enfrenta así una tensión entre la necesidad de combatir los cultivos ilícitos y el deber de proteger derechos y bienes constitucionalmente relevantes. Por ello, consideró necesario evaluar alternativas que permitan desarrollar la política antidrogas sin generar nuevos impactos.Erradicación de cultivos de coca: Gobierno deberá evaluar alternativasRamírez reconoció que los cultivos de coca y marihuana están asociados a graves problemas de seguridad y orden público. Sin embargo, sostuvo que la respuesta estatal debe tener en cuenta tanto la lucha contra las economías ilícitas como los eventuales efectos de las herramientas utilizadas para erradicarlas.El abogado también se refirió a la erradicación manual, una alternativa que, aunque ha sido utilizada, presenta dificultades por el tiempo y los recursos que requiere. “No hay una forma inmediata para acabar con estos cultivos”, aseguró durante la entrevista.En ese escenario, Ramírez consideró que el Gobierno tendrá que actuar con cautela frente a su política antidrogas y analizar las distintas alternativas disponibles. “El presidente tendrá que ser muy paciente con su política antidrogas”, concluyó.
El Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) expidió la Resolución 0006 de 2026, mediante la cual deroga oficialmente la Resolución 6 de 2015 que mantenía suspendida la erradicación de cultivos ilícitos con agroquímicos en el país.En medio del debate sobre el uso o no del uso de este mecanismo, el Gobierno aclara que esta derogatoria no implica la reanudación automática de las fumigaciones ni autoriza el despegue inmediato de ninguna aeronave tripulada en el territorio nacional. Por el contrario, el texto aclara que eliminar la prohibición solo quita un obstáculo legal del pasado, pero el eventual reinicio de las operaciones dependerá del cumplimiento previo de estrictos requisitos ambientales, judiciales y de salud.El documento establece que para iniciar cualquier operativo de aspersión ni autoriza el despliegue de aeronaves tripuladas. Para que vuelva a volar una sola avioneta sobre polígonos con matas de coca o marihuana, se requiere el cumplimiento concurrente, es decir, simultáneo y obligatorio, de cinco condicionales legales, ambientales y sanitarias.Por un lado, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) debe expedir un nuevo Plan de Manejo Ambiental General. Este documento define las reglas para cuidar fuentes de agua, bosques y cultivos vecinos, y debe actualizarse bajo las exigencias fijadas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-413 de 2021.Pero, la ANLA también debe levantar formalmente la medida preventiva de la Resolución 1214 de 2015 que frenó las operaciones. Además, se deben presentar y aprobar Planes de Manejo Ambiental Específicos para cada municipio o zona geográfica donde se pretenda realizar la aspersión.Además, el Gobierno está obligado a realizar la consulta previa con las comunidades de la zona, indígenas y afrodescendientes de los núcleos de operación. Este proceso de concertación busca acordar medidas de protección territorial con los pueblos étnicos, respetando los lineamientos del Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia constitucional.En cuarto lugar, el Instituto Nacional de Salud (INS) debe evaluar la evidencia médica y expedir un concepto previo favorable. Este aval sanitario es un filtro obligatorio para certificar que el uso del agroquímico no represente riesgos ni impactos graves para la salud de la población local.Por último, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) debe verificar en terreno el cumplimiento de todas las exigencias anteriores. Solo con esa confirmación y el aval de salud, el CNE emitirá una decisión independiente para autorizar la erradicación por sectores, garantizando además la participación de las comunidades campesinas.De esta forma, con la decisión firmada por el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Gónima Díaz-Granados, se elimina el freno y regresa la aspersión aérea pero, no se autoriza la reanudación inmediata de los vuelos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Gustavo Petro, enterraron este martes el hacha de guerra con una reunión de tono amable en la Casa Blanca, tras un año marcado por desencuentros e insultos cruzados.Aunque Petro no recibió una recepción de alto perfil y el encuentro se celebró a puerta cerrada, al término de las dos horas de conversación ambos expresaron su satisfacción. El mandatario republicano incluso le escribió una dedicatoria que decía: "Fue un gran honor, amo a Colombia"."Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien", declaró posteriormente Trump ante la prensa.Por su parte, Petro reveló desde la embajada colombiana en Washington que salió con una "impresión positiva" de la reunión, en la que no hubo "humillaciones de ningún tipo". Además, invitó a Trump a visitar su país, específicamente Cartagena de Indias, que describió como "un lugar bello y hermoso para vivir".En diálogo con Mañanas Blu, el embajador de Colombia en Estado Unidos, Daniel García-Peña, contó detalles de la reunión, en la que él estuvo presente. Aseguró que fue muy positiva, teniendo en cuenta que se trata de dos países aliados. "El presidente Petro llegó como jefe de Estado del país que es el principal aliado de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y, por ello, se ganó el respeto del presidente Trump. Trump es un personaje muy especial y, al final, dijo ‘Gustavo, I like you’”. Fue un momento, digamos, un poco divertido, pero que dejó en evidencia lo fundamental de estas reuniones: dos jefes de Estado, con posiciones distintas, dialogando de frente. Eso es, quizás, lo más valioso de todo esto", señaló. SancionesAseguró que sobre la sanción a Petro o su inclusión en la Lista Clinton, que no se tocó en medio de la reunión, sin embargo, las de Venezuela sí estuvieron sobre la mesa. "Realmente se esperaba que de pronto habría algún momento de tensiones, nada que ver. La conversación se giró en torno a esos ejes donde efectivamente tenemos mucho que trabajar juntos: narcotráfico, crimen internacional, el tema de los negocios en Venezuela, otros temas. Haití, que fue un tema de técnica, se mencionó cómo Colombia puede trabajar con Estados Unidos para estabilizar Haití. Entonces nos centramos en esos temas donde efectivamente Colombia es un aliado fundamental para Estados Unidos" dijo. Cooperación energética y el fin de las sanciones a VenezuelaUno de los puntos más destacados de la conversación fue la posibilidad de levantar las sanciones económicas impuestas a Venezuela para facilitar la estabilidad regional y el flujo energético. Durante la reunión, se explicó que para que Venezuela pueda extraer petróleo de manera eficiente, necesita de la energía eléctrica que Colombia está en capacidad de suministrar a través de ISA y Ecopetrol.Ante esta explicación, el presidente Donald Trump calificó las sanciones actuales como "una bobada" y cuestionó su utilidad frente a Marco Rubio, quien será el principal interlocutor para aterrizar estos acuerdos con el Departamento de Estado. El objetivo discutido es habilitar a empresas como Ecopetrol para realizar negocios con PDVSA, reactivar el gasoducto y fortalecer la interconexión eléctrica, lo cual beneficiaría a los tres países involucrados.Un nuevo enfoque en la lucha contra el narcotráficoContrario a lo que se especulaba, no hubo exigencias por parte de la administración estadounidense para retomar el uso de glifosato. Trump se mostró impresionado por la explicación de Petro sobre la sustitución voluntaria de cultivos, coincidiendo en que es fundamental atacar a los "capos" de los carteles y brindar oportunidades reales a los campesinos para que dejen de sembrar coca.Colombia ratificó su compromiso de avanzar en la erradicación de hectáreas mediante acuerdos con las comunidades, una meta que fue presentada por el propio Petro sin que mediara una presión externa.Escuche aquí la entrevista:
A pocos días que el Gobierno nacional anunciara el posible retorno de aspersiones a cultivos ilícitos con glifosato para 17 municipios del departamento del Cauca, en otras regiones del país ha calado la iniciativa y por eso ya empiezan a pedir pista para que también se implemente.Este es el caso de Antioquia ,donde se conoció una carta de la Gobernación remitida al ministro de Justicia encargado, Andrés Idarraga, donde le solicita autorización para proceder con la erradicación focalizada de estos cultivos mediante drones en nueve municipios del Norte, Nordeste y Bajo Cauca del departamento.Se trata de las localidades de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Anorí, Ituango, El Bagre, Zaragoza, Briceño y Campamento, donde, según la administración, departamental se concentra la mayor densidad de hectáreas de coca sembradas.Cifras entregadas por la Gobernación señalan que, para 2013, se reportaron 911 hectáreas sembradas de coca, mientras que para 2023 la cifra aumentó más de veinte veces. Esto quiere decir que hoy se estiman por encima de las 18.000, como lo ha indicado varias veces el gobernador Andrés Julián Rendón en encuentros con altos funcionarios del Gobierno nacional."Quisiéramos también, ministro, que se evaluara la posibilidad de volver a asperjar, asperjar con contundencia para eliminar esos enclaves cocaleros que se han ido enquistando en el norte del departamento. El departamento tiene hoy más de dieciocho mil hectáreas de coca", aseguró.En caso de una respuesta afirmativa por parte de la cartera de Justicia, el departamento se mostró presto para desplegar los requerimientos necesarios para llevar a cabo estas tareas, mientras que en caso de una respuesta negativa solicitó argumentos.La solicitud desde Antioquia se produce en medio de las tensiones con campesinos del Cauca que ya generó la decisión anunciada hace pocos días. Allí, campesinos del Cañón del Micay ya planean movilizaciones contra esas fumigaciones reclamando que ese tipo de acciones atentan contra la salud de los pobladores. A cambio piden la sustitución de cultivos.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este miércoles, 23 de septiembre de 2026:El grupo de pop-rock colombiano 'Compañía Iliminata' contaron cómo nacieron algunas de sus canciones más icónicas. Además, hablaron sobre cómo su música al inicio solo sonaba en emisoras especializadas en baladas.El creador de contenido "Sin Rol Específico", Thomás Pérez, dio consejos a los oyentes sobre cómo convertir una historia de la calle en un contenido que conecte con la audiencia.
Unas 451.000 personas más podrían perder la vida a causa del calor durante los primeros nueve meses (de junio 2026 a febrero 2027 ) de El Niño a nivel mundial, en comparación con un año normal, según un informe de este miércoles del Climate Impact Lab de la Universidad de Chicago.Los científicos prevén que las temperaturas terrestres mundiales se situarán 1,2 °C por encima de lo normal en los próximos meses, debido en gran medida al actual ‘Súper El Niño’.Estas condiciones de calor anómalo se asemejarán a las temperaturas más elevadas que, según las proyecciones, traerá consigo el cambio climático dentro de 20 años y provocarán un 44 % más de días de calor extremo de lo que cabría esperar en un año normal."En la práctica, El Niño nos está empujando hacia el futuro —exponiéndonos a temperaturas que no serán la norma hasta dentro de dos décadas— antes de que tengamos tiempo de adaptarnos y protegernos", citó el estudio.Los investigadores creen que las cifras de muertes "aumenten aún más" de las 451.000, especialmente porque los efectos —como las temperaturas superiores a la media y las muertes relacionadas con el calor— se prolongarán hasta junio y julio de 2027.Los países más afectados serían Nigeria, Sudán, Níger y Chad que podrían contabilizar en conjunto más de 65.000 muertes relacionadas con el calor.Los investigadores estiman que Filipinas, Vietnam, Tailandia, Camboya e Indonesia registrarían cerca de 40.000 muertes en total, mientras que Brasil podría experimentar hasta 13.300 muertes por calor en esos nueve meses.En Estados Unidos los científicos proyectan que El Niño podría dejar hasta 3.500 fallecidos más, con el estado de Texas como el más afectado por las altas temperaturas.Colombia yVenezuela se exponen a registrar 2.200 y 2.300decesos, respectivamente a causa del fenómeno meteorológico.
Seis personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías y judicializadas por su presunta participación en el hurto de 150 toneladas de café, transportadas en camiones entre enero de 2025 y enero de 2026.De acuerdo con la investigación, los hechos corresponden a cinco casos independientes registrados mientras los vehículos permanecían estacionados en parqueaderos de paso ubicados en Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Lebrija, Santander.El valor de los cargamentos hurtados fue calculado en más de $3.200 millones, según la información entregada por la Fiscalía.Los judicializados fueron identificados como Richard Orlando Laguna Lozada, José David Amorocho Romero, John Fredy Espinosa Pimiento, Fabio David Redondo Coronado, Raúl Fonseca Patiño y Luis Arturo Bnaguera Gonzales.La Fiscalía les imputó, de acuerdo con la responsabilidad individual de cada procesado, los delitos de hurto calificado y agravado y receptación. Ninguno de los seis aceptó los cargos.Como medida judicial, tres de los procesados fueron enviados a centros carcelarios, mientras que los otros tres afrontarán el proceso en libertad, aunque con medidas restrictivas.La investigación permitió establecer que los robos se concentraron en cargamentos de café que eran movilizados por carretera y que fueron saqueados cuando los vehículos realizaban paradas en parqueaderos de paso de cuatro municipios de Santander.Los cinco hechos investigados ocurrieron durante un periodo de aproximadamente un año y dejaron pérdidas estimadas en más de $3.200 millones, de acuerdo con la Fiscalía.
Una persecución por varias calles de Bogotá terminó con la captura de un taxista que, según la Policía, había amenazado a otros conductores y disparado contra uniformados en inmediaciones del aeropuerto El Dorado. El hombre fue ubicado en Teusaquillo gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad.El hecho se registró después de las 8:00 de la noche en la entrada 4 del aeropuerto, donde dos taxistas protagonizaron una pelea por una carrera. De acuerdo con la Policía, uno de los conductores habría intentado recoger a un pasajero sin respetar la fila que realizaban los demás trabajadores.La discusión inicialmente fue verbal, pero posteriormente los dos hombres se enfrentaron a golpes. En medio de la pelea, uno de ellos habría sacado un arma traumática y comenzado a amenazar a los demás conductores.¿Por qué comenzó la persecución?La situación fue advertida por policías que se encontraban en el aeropuerto. Según explicó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el taxista habría apuntado el arma contra los uniformados.“Los policías reaccionan, hay un intercambio de disparos, el taxista huye”, explicó el oficial a Blu Radio.Tras la huida, los uniformados activaron un plan candado para intentar ubicar al conductor. Las cámaras de seguridad del aeropuerto fueron claves para identificar el vehículo y hacer seguimiento a sus movimientos.Con la información obtenida sobre las placas del taxi, los policías lograron establecer que el conductor se había desplazado hacia el centro de Bogotá.¿Dónde capturaron al taxista?El seguimiento permitió ubicar al hombre en inmediaciones de un centro comercial de la localidad de Teusaquillo, donde finalmente fue interceptado y capturado por los uniformados.Durante el procedimiento, la Policía también encontró e incautó el arma traumática que, según la investigación, habría sido utilizada durante el enfrentamiento en el aeropuerto.De acuerdo con las autoridades, el arma había sido arrojada cerca de El Dorado durante la huida y posteriormente fue encontrada por los uniformados.El taxista capturado, el vehículo inmovilizado y los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente. El hombre será presentado ante la Fiscalía para responder por los hechos.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó este miércoles que las Fuerzas Armadas, en coordinación con el Comando Sur de Estados Unidos, mataron a alias Charlie, calificado como supuesto "operador logístico y financiero de redes internacionales de narcotráfico"."Nuestras Fuerzas Armadas, en cooperación con el Comando Sur, ejecutaron una operación en la que fue abatido el objetivo militar alias Charlie", escribió Noboa en su cuenta de la red social X, quien se encuentra en Nueva York y minutos antes había participado en la Asamblea General de la ONU."Este es el resultado para quienes buscan amenazar a los ecuatorianos y para quienes creen que pueden financiar el crimen desde cualquier parte del mundo", escribió el mandatario en su publicación, en la que adjuntó fotografías en las que se ve en el piso los cuerpos de tres hombres asesinados.Dos de ellos están junto a una camioneta que tiene múltiples disparos.El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, felicitó en X a las Fuerzas Armadas ecuatorianas y calificó la acción como una "exitosa operación contra un grupo de narcoterroristas vinculado a Los Choneros".Además, afirmó que Ecuador había demostrado "una vez más" su determinación de enfrentar a estas organizaciones "narcoterroristas violentas"."Mantenemos nuestro firme compromiso de apoyar a nuestros socios de la Coalición de las Américas contra los carteles derrotando las amenazas de terroristas transnacionales", dijo.Por su parte, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, agregó también en X que 'Charlie' supuestamente pertenecía a Los Choneros, el grupo criminal más antiguo del país andino, y también al Frente Oliver Sinisterra, disidencia de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).Además, Loffredo aseguró que el hombre también tenía nexos con el mexicano cartel Jalisco Nueva Generación, y que "su misión principal era la de sembrar terror" en el país.Según el titular de Defensa, 'Charlie', cuyo nombre real no ha sido revelado por el Gobierno, era "uno de los objetivos militares de más alto valor en suelo ecuatoriano".Las otras dos personas que también murieron en el operativo eran miembros de la seguridad de Charlie, dijo Loffredo.Minutos antes de este anuncio, Noboa reivindicó ante la ONU una mayor cooperación internacional para combatir al crimen organizado, que, dijo, ya ha dejado de ser "un asunto interno" de los países para convertirse en "una amenaza para la paz y la seguridad internacional".El Comando Sur y las Fuerzas Armadas ecuatorianas han estrechado su cooperación en los últimos meses.Un ejemplo son las operaciones que marines estadounidenses han ejecutado en el mar desde finales de agosto, en las que han bombardeado al menos ocho embarcaciones ecuatorianas.Estas embarcaciones son señaladas por reabastecer de combustible a lanchas supuestamente utilizadas para el narcotráfico por Los Choneros.Este es uno de los grupos ecuatorianos a los que el presidente Noboa les declaró la "guerra" en 2024 y pasó a denominar como "terroristas", al atribuirles la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años.En esta lista, el Gobierno de Noboa ha incluido a varios grupos internacionales, como el Frente Oliver Sinisterra.Los Choneros también han sido declarados como organización terrorista por el Gobierno estadounidense junto a Los Lobos, los Chone Killers y Los Tiguerones.
