El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa concedió las impugnaciones contra la sentencia que suspendió el piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo y ordenó enviar el expediente al Tribunal Administrativo del Putumayo, que deberá resolver la segunda instancia.La decisión corresponde a la Sentencia No. 003 del 22 de septiembre de 2026, que frenó la ejecución material del piloto autorizado por el Consejo Nacional de Estupefacientes.Entre los recursos están los del Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que buscan revertir la suspensión.El Ministerio sostiene que no existe una amenaza cierta e inminente y que el piloto todavía depende del cumplimiento de requisitos previos. La Agencia plantea que la tutela era improcedente porque las resoluciones que autorizaron el programa podían ser demandadas mediante otros mecanismos judiciales y sostiene que todavía no se habían realizado sobrevuelos ni aspersiones.También fue concedida la impugnación presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación, una de las organizaciones vinculadas al proceso.El proceso reúne diez acciones de tutela acumuladas. Además, el juzgado incorporó un informe del secretario de Infraestructura de Orito, Filipo Aníbal López, en calidad de alcalde encargado, quien pidió retirar al municipio del proceso, y un memorial relacionado con declaraciones públicas del presidente de la República sobre la erradicación aérea. Esos asuntos quedaron para valoración del Tribunal.
Colombia debe hacer una evaluación de los efectos sobre la salud, la seguridad alimentaria y el medioambiente antes de reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos, especialmente por su posible impacto sobre comunidades afrocolombianas, dijo este jueves un mecanismo de expertos de la ONU.En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra, el Mecanismo de Expertos Independientes de la ONU para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en la Aplicación de la Ley menciona algunas de las medidas anunciadas como parte de la lucha contra los grupos armados y el narcotráfico por parte del nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella.Como una cuestión prioritaria, los expertos piden que se preste atención a que esas medidas no refuercen el racismo sistémico en el país.Recordaron que las comunidades afrocolombianas se han visto afectadas de forma desproporcionada por políticas predominantemente punitivas y militarizadas, particularmente en territorios afectados por la violencia armada, las economías ilícitas y una limitada presencia del Estado.Por ello, pidieron que las políticas de seguridad y drogas que se implementen incorporen una perspectiva étnico-racial, respeten los derechos humanos y garanticen la participación de las comunidades afectadas.Asimismo, los expertos señalan que los estereotipos que asocian a las personas de ascendencia africana, especialmente a los jóvenes, con la criminalidad y la peligrosidad siguen influyendo en los controles policiales, las sanciones y el acceso a la justicia.Los expertos dijeron haber documentado situaciones de controles y registros policiales considerados injustificados y un uso excesivo - en ocasiones letal - de la fuerza, además de una aplicación discriminatoria de los llamados comparendos, multas cuyo impago afecta especialmente a jóvenes afrocolombianos y a personas en situación socioeconómica desfavorecida.A ese respecto, el Mecanismo de la ONU pidió una revisión integral del impacto de los comparendos y recomendó una moratoria sobre estas multas y la cancelación de las pendientes.
En diálogo con BLU Radio, el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Diego Zambrano, confirmó que antes de iniciar el plan de fumigación aérea de cultivos ilícitos con glufosinato de amonio, el El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella realizará una mesa técnica con autoridades y campesinos del departamento de Putumayo.El compromiso se habría acordado luego de un encuentro, entre el Representante a la cámara, el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, varios alcaldes del departamento, y el ministro de Defensa, Gral. (r) Jorge Eduardo Mora. Según el congresista, el propósito de este encuentro, que se realizaría en menos de quince días, es escuchar a las comunidades, llevar una oferta institucional con varios ministerios y entidades del Estado y buscar la posibilidad de concretar un plan de inversión en la región, a partir de un plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.“Desde las comunidades nace una iniciativa de hacer una sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca. Y aquí le decimos al gobierno que hay que llegar con oferta institucional, y eso es lo que se ha anunciado”, dijo el congresista. Asegura Zambrano, que en la mesa técnica participarán ministerios como el de Educación, Defensa, Salud, Agricultura, Cancillería, entre otros. “Queremos darle un ejemplo a Colombia: los putumayenses no solo somos coca, somos piña, somos frutos amazónicos, biodiversidad, cultura y turismo”, concluyó.
Antioquia está dispuesto a destinar hasta $70.000 millones para enfrentar los cultivos de coca y otras economías ilegales en el departamento, así lo planteó el gobernador Andrés Julián Rendón, quien propuso al Gobierno nacional desarrollar un piloto de erradicación mediante drones que utilicen glifosato.La propuesta llega en medio de la discusión nacional sobre las alternativas para combatir los cultivos ilícitos, luego de la suspensión provisional de un piloto de fumigación con glufosinato de amonio en Putumayo.¿Cuánta coca hay actualmente en Antioquia?De acuerdo con el reporte de cultivos ilícitos de Naciones Unidas correspondiente a 2024, Antioquia registró 17.162 hectáreas de coca. Sin embargo, Rendón aseguró que las estimaciones que maneja actualmente el departamento podrían llevar esa cifra hasta unas 23.000 hectáreas.El gobernador afirmó que la situación está relacionada con la presencia de estructuras armadas ilegales en diferentes zonas del departamento, entre ellas el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC.Rendón recordó particularmente el caso de municipios como Briceño, Valdivia, Tarazá y Anorí, donde, según explicó, la expansión de los cultivos de coca coincide con la presencia de grupos armados.¿En qué consiste la propuesta de Antioquia?La Gobernación plantea realizar un piloto de fumigación con glifosato mediante drones, una alternativa que Rendón considera posible frente a las limitaciones de utilizar aeronaves especializadas como se hizo en el pasado.El gobernador sostuvo que el uso de drones permitiría aplicar el herbicida sobre los cultivos ilícitos y afirmó que esta modalidad evitaría los impactos que, según él, históricamente han generado las fumigaciones aéreas sobre otros cultivos.Esa explicación corresponde a la posición expresada por Rendón durante la entrevista y no implica que el Gobierno nacional haya adoptado esa conclusión o autorizado el piloto.¿Cuánto dinero pondría Antioquia?Rendón aseguró que el departamento tiene una apropiación inicial de hasta $70.000 millones para enfrentar el problema. Los recursos, explicó, no estarían destinados exclusivamente a la fumigación o erradicación forzada.La propuesta también contempla financiar programas de desarrollo alternativo, con el objetivo de intervenir las economías que rodean los cultivos ilícitos.“Estamos dispuestos a cazar recursos”, señaló el gobernador al explicar la intención de Antioquia de aportar financiación para la estrategia.De acuerdo con Rendón, el Gobierno ha recibido la propuesta y ha mostrado disposición a revisarla, pero todavía no existe una decisión definitiva para poner en marcha el piloto con drones y glifosato.El gobernador señaló que el ministro de Defensa no había entregado una respuesta concreta hasta el momento de la entrevista y que el Gobierno manifestó que estudiaría la iniciativa.Además, anunció que altos mandos de la Fuerza Pública se desplazarán a Antioquia para una reunión con la Secretaría de Seguridad del departamento y la Fiscalía.La propuesta hace parte de una estrategia más amplia que Rendón asegura haber planteado durante el proceso de empalme con el Gobierno nacional. Allí también se habló de la operación denominada Cazadora Antioquia, con la que se busca avanzar contra 19 objetivos de alto valor relacionados, según el gobernador, con estructuras armadas y economías ilegales.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La discusión sobre la aspersión aérea vuelve a estar en el centro de la lucha contra el narcotráfico. El ministro de Justicia, Iván Cancino, salió en defensa de esta herramienta y aseguró que no debe ser vista como una amenaza para Colombia, sino como un mecanismo del Estado para combatir los cultivos ilícitos y afectar las finanzas de las organizaciones criminales.Cancino sostuvo que la verdadera amenaza está en los cultivos ilícitos que permanecen bajo el control de organizaciones criminales. Según explicó, la aspersión aérea hace parte de las herramientas que pueden contribuir a recuperar territorios y afectar las fuentes de financiación de estos grupos. “El debate no puede partir de la idea de que actuar es el problema. No actuar es lo que pone en riesgo a las comunidades, fortalece a las organizaciones criminales y permite que sigan creciendo las economías ilegales”, señala el ministro de Justicia en su comunicado.El ministro señaló que Colombia necesita utilizar todas las herramientas legales y constitucionales disponibles para enfrentar el narcotráfico. De esta forma, defendió la estrategia impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella como una medida orientada a proteger a los ciudadanos y debilitar las economías ilegales.“La aspersión aérea, aplicada bajo parámetros técnicos, ambientales, sanitarios y constitucionales, debe ser vista como parte de la solución y no como el problema”, agregó.El líder de la cartera de Justicia advirtió además que impedirle al Estado utilizar herramientas contra los cultivos ilícitos también puede poner en riesgo derechos fundamentales como la vida, la seguridad, la libertad y la paz. Agregó que esta situación también tendría efectos sobre los derechos prevalentes de los niños y sobre las comunidades que buscan vivir sin el sometimiento de organizaciones criminales.“Por eso, nuestra posición es clara: la aspersión aérea, debidamente regulada y controlada, no debe ser presentada como una amenaza. La amenaza es el narcotráfico. La aspersión es una herramienta para combatirlo”, concluyó.Finalmente, el ministro sostuvo que limitar la capacidad del Estado para actuar contra los cultivos ilícitos termina favoreciendo el fortalecimiento de las economías ilegales.
En medio del debate por la reactivación de las pruebas para la aspersión aérea contra los cultivos ilícitos en Colombia, Daniel Rico, politólogo, exasesor del Ministerio de Defensa, examinó los alcances de las decisiones tomadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes.Según el analista, la discusión en torno al herbicida seleccionado distrae sobre los verdaderos obstáculos legales, ambientales y territoriales que enfrenta la estrategia.Un retroceso en la línea de aprendizaje institucionalPara Rico, reemplazar la molécula históricamente estudiada por glufocinato de amonio carece de justificación técnica. Sobre esta modificación, afirmó enfáticamente: “Pasar del glifosato al glufocitato, glufocinato de amonio no es ninguna ventaja ni en el tema ambiental ni en el tema de salud, sino es un retroceso importante en la línea de aprendizaje en la que ya estaba el Gobierno nacional”. El especialista remarcó que el glifosato cuenta con un amplio respaldo de investigaciones globales y locales. En su criterio, el debate sobre su implementación no responde a dilemas técnicos: “El problema con el glifosato nunca fue científico, fue político”, agregando de manera contundente que “este es un problema político. El problema técnico y científico está resuelto”.Dudas sobre el piloto de evaluación y niveles de toxicidadRespecto a las evaluaciones de prueba programadas en zonas como Nariño y Putumayo, el analista cuestionó la efectividad de los plazos estipulados. Rico sostuvo que “ese piloto en 7 días realmente no va a arrojar información importante o determinante que indique que el glufocinato es mejor que el glifosato”.Adicionalmente, advirtió sobre las clasificaciones sanitarias del glufocinato en el ámbito internacional. El experto subrayó que “el glufocinato sí tiene unas marcaciones de trazabilidad por toxicidad más altas que el glifosato y lo ha determinado así la Unión Europea en su clasificación por nivel de toxicidad”.Los verdaderos retos: Licenciamiento de la ANLA y consultas previasEl analista planteó que la elección del producto químico es el componente menos complejo del proceso de reactivación. Según explicó: “El menor de los problemas es elegir cuál es el herbicida. Ese es el problema fácil de resolver. El problema complejo es cómo se va a manejar esto en el licenciamiento ambiental en la ANLA”.A este requerimiento se suma la relación con las comunidades locales. Rico advirtió que “el problema complejo es cómo se va a manejar esto con las comunidades”, recordando que las consultas previas pueden extenderse por años y alcanzar costos entre uno y dos millones de dólares cada una.Frente al panorama nacional, donde la producción sobrepasa las 3.000 toneladas de cocaína, el especialista precisó el alcance real de las aeronaves en la lucha antinarcóticos. Al respecto, precisó: “la aspersión aérea no es una estrategia en sí misma. La expresión aérea es una herramienta de un de una estrategia”. Asimismo, aclaró que la aplicación química no destruye definitivamente el cultivo. Explicó que “los herbicidas no... Lo que hacen es que tumban la hoja porque no le permiten eso y retrasan la producción 4 meses, 6 meses”, por lo que la medida únicamente resulta efectiva cuando se acompaña de control territorial, interdicción e incentivos a la legalidad.Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno de Colombia avanza con un plan piloto para erradicar cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio, un herbicida diferente al glifosato que durante años fue usado para combatir los cultivos de coca en el país.El Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó una prueba experimental que contempla el uso de aeronaves tripuladas y que tendrá una duración específica, con un límite de hectáreas.No obstante, esta decisión vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre los químicos usados para erradicar cultivos ilícitos. Aunque el glufosinato de amonio y glifosato son herbicidas no selectivos, tienen mecanismos de acción diferentes y también existen diferencias en su clasificación toxicológica.¿Cuál es la diferencia entre glufosinato de amonio y glifosato?Según estudios e información de POMAIS, proveedor y fabricante de productos agroquímicos, el glufosinato de amonio actúa inhibiendo una enzima denominada glutamina sintetasa, que interviene en el metabolismo del nitrógeno de las plantas. Al bloquear esta enzima, se altera el metabolismo de la planta y se acumula amonio, lo que termina provocando daños y su muerte.El glifosato, por su parte, actúa sobre otra ruta metabólica. Bloquea la enzima EPSP sintasa, necesaria para la producción de determinados aminoácidos que las plantas requieren para desarrollarse. De esta manera, interrumpe procesos fundamentales para el crecimiento vegetal.Según el ICA, algunos productos registrados en Colombia que contienen glufosinato de amonio están clasificados en la categoría toxicológica II, considerada moderadamente peligrosa. Sus etiquetas incluyen advertencias relacionadas con la inhalación y el contacto durante su manipulación y aplicación.En el caso del glifosato existe además un antecedente relacionado con su posible efecto carcinogénico. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), perteneciente a la OMS, clasificó el glifosato dentro del Grupo 2A, como probablemente carcinogénico para los seres humanos. La clasificación se basó en la evaluación de la evidencia científica disponible en ese momento.Esta clasificación no significa que toda exposición al glifosato provoque cáncer. La IARC evalúa el peligro potencial de una sustancia, mientras que la determinación del riesgo depende también de factores como el nivel, la duración y las condiciones de exposición.Impacto ambientalEn cuanto al ambiente, ninguno de los dos herbicidas puede considerarse libre de riesgos. El comportamiento de cada sustancia depende de factores como el suelo, la temperatura, la humedad, la luz, la lluvia y la forma en que se aplique.En el caso del glifosato, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos señala que el compuesto se adhiere fuertemente al suelo y que los microorganismos pueden degradarlo. Sin embargo, también puede llegar a cuerpos de agua mediante escorrentía, erosión o deriva durante la aplicación. La agencia advierte además que los principales riesgos ecológicos del glifosato están relacionados con las plantas no objetivo que puedan encontrarse cerca de las áreas tratadas.El glufosinato también requiere medidas para evitar que alcance zonas que no son objeto de la aplicación. Documentos de evaluación ambiental de la organización muestran que su comportamiento en el ambiente puede variar considerablemente según las condiciones y que existen estudios sobre su degradación en suelo y agua.
El Consejo Nacional de Estupefacientes de Colombia autorizó un controvertido plan piloto del Gobierno para erradicar los cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio, un herbicida considerado "moderadamente peligroso" por la Organización Mundial de la Salud (OMS).Este compuesto químico -no permitido en la Unión Europea (UE)- es distinto al glifosato, cuyo empleo para combatir los cultivos ilícitos (principalmente, coca), se suspendió en Colombia en 2017 por motivos sanitarios.La resolución, publicada en el Diario Oficial, ordena la ejecución de una "fase experimental controlada, limitada, temporal y ejecutable" mediante aeronaves tripuladas y con el compuesto químico glufosinato de Amonio 200 SL, exclusivamente en los polígonos que sean habilitados para la operación.El piloto tendrá un cupo máximo de 1.000 hectáreas efectivamente tratadas y una duración operacional de hasta siete días calendario, contados desde la fecha del acta de inicio que todavía no se conoce.La ejecución estará a cargo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Diran), que deberá cumplir los instrumentos ambientales, las autorizaciones aeronáuticas y los protocolos sanitarios, ambientales, sociales y de seguridad.El objetivo, según el Consejo Nacional de Estupefacientes, no es reactivar de manera generalizada las fumigaciones aéreas, sino "obtener evidencia científica sobre la eficacia del herbicida, la precisión de las aplicaciones, la posible deriva del producto" y sus riesgos e impactos sobre la salud y el medioambiente.La propia resolución establece que este plan piloto "no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional".El glufosinato de amonio esta incluido en Clase II (moderadamente peligroso) de la escala de toxicidad de la OMS, por encima del glifosato (clase III, ligeramente peligroso).En una área reservadaEl área de prueba estará ubicada en un único departamento del país, en una zona próxima a una instalación de la fuerza pública, aunque la resolución mantiene bajo reserva las coordenadas exactas, la extensión del área, las rutas de vuelo y el cronograma detallado, al considerar que su divulgación podría "comprometer la seguridad de la operación y del personal participante".El documento establece además que las zonas seleccionadas deberán excluir áreas protegidas, determinados ecosistemas y espacios donde pueda existir afectación directa a comunidades étnicas sin consulta previa.Si durante la preparación de una operación se detecta una posible afectación de este tipo, el polígono deberá ser suspendido.Suspendidas desde 2017La aspersión aérea de herbicidas fue durante años una de las principales herramientas utilizadas por Colombia para combatir los cultivos ilícitos, especialmente el de la coca, pero el Gobierno de Juan Manuel Santos suspendió en 2015 las fumigaciones con glifosato por motivos sanitarios.Posteriormente, en 2017 se produjo su suspensión definitiva por orden de la Corte Constitucional, en medio de cuestionamientos por los posibles efectos del producto en la salud de poblaciones campesinas y el medioambiente.Desde entonces, las autoridades han recurrido principalmente a la erradicación manual y a estrategias de sustitución voluntaria de cultivos, aunque la aspersión aérea ha permanecido en el debate como una alternativa para enfrentar el crecimiento de los cultivos de uso ilícito.La nueva resolución que fue firmada el pasado 18 de agosto y se conoce un día después de la visita a Colombia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, busca precisamente generar evidencia sobre una sustancia diferente al glifosato antes de considerar cualquier eventual programa de mayor alcance.
La posibilidad de retomar la aspersión aérea con glifosato para combatir los cultivos de coca en Colombia está condicionada por los requisitos fijados por la Corte Constitucional. Así lo explicó Gonzalo Ramírez, abogado constitucionalista, durante una entrevista en Recap Blu, de Blu Radio.Ramírez señaló que la decisión de volver a utilizar esta herramienta de erradicación no depende únicamente de la voluntad del Gobierno, pues deben cumplirse previamente una serie de condiciones jurídicas, ambientales y sanitarias. “La Corte ha sido muy clara, sin las condiciones no se puede hacer”, afirmó.El abogado precisó que las decisiones de la Corte Constitucional no significan una prohibición absoluta de la aspersión aérea con glifosato. Por el contrario, explicó que su implementación está sujeta al cumplimiento de garantías que permitan determinar que la fumigación no generará afectaciones a la población ni al medioambiente.¿Qué condiciones debe cumplir el Gobierno para fumigar con glifosato?De acuerdo con Ramírez, antes de retomar la aspersión aérea se deben considerar conceptos de las autoridades competentes en materia ambiental y de salud. Estos pronunciamientos deben permitir establecer que la aplicación del herbicida no ocasionará daños sobre las personas, los ecosistemas o los recursos naturales.“La Corte ya evaluará todos los pasos para tratar de establecer que se haga con una serie de conceptos de autoridad, ambientales y de salud, que digan que eso no va a causar daños”, sostuvo el constitucionalista. De esta manera, las garantías exigidas por el alto tribunal se convierten en un elemento central para cualquier decisión del Ejecutivo.Otro de los aspectos jurídicos que podría entrar en consideración es la consulta previa en aquellos territorios donde resulte aplicable. Ramírez mencionó esta posibilidad, aunque reconoció que su implementación podría representar una dificultad adicional para el Gobierno.Riesgos ambientales también hacen parte del debate jurídicoMás allá de las condiciones constitucionales, el abogado llamó la atención sobre los posibles efectos de la aspersión aérea con glifosato en áreas distintas a los cultivos ilícitos. Según explicó, uno de los riesgos de esta modalidad es que el químico pueda extenderse y afectar otros espacios.“Uno de los problemas que tiene es que el glifosato se puede extender a otras áreas causando daños a largo plazo”, manifestó Ramírez. Agregó que también debe analizarse la posibilidad de afectaciones sobre la salud humana, otros cultivos y fuentes de agua.Para el constitucionalista, el Estado enfrenta así una tensión entre la necesidad de combatir los cultivos ilícitos y el deber de proteger derechos y bienes constitucionalmente relevantes. Por ello, consideró necesario evaluar alternativas que permitan desarrollar la política antidrogas sin generar nuevos impactos.Erradicación de cultivos de coca: Gobierno deberá evaluar alternativasRamírez reconoció que los cultivos de coca y marihuana están asociados a graves problemas de seguridad y orden público. Sin embargo, sostuvo que la respuesta estatal debe tener en cuenta tanto la lucha contra las economías ilícitas como los eventuales efectos de las herramientas utilizadas para erradicarlas.El abogado también se refirió a la erradicación manual, una alternativa que, aunque ha sido utilizada, presenta dificultades por el tiempo y los recursos que requiere. “No hay una forma inmediata para acabar con estos cultivos”, aseguró durante la entrevista.En ese escenario, Ramírez consideró que el Gobierno tendrá que actuar con cautela frente a su política antidrogas y analizar las distintas alternativas disponibles. “El presidente tendrá que ser muy paciente con su política antidrogas”, concluyó.
El Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) expidió la Resolución 0006 de 2026, mediante la cual deroga oficialmente la Resolución 6 de 2015 que mantenía suspendida la erradicación de cultivos ilícitos con agroquímicos en el país.En medio del debate sobre el uso o no del uso de este mecanismo, el Gobierno aclara que esta derogatoria no implica la reanudación automática de las fumigaciones ni autoriza el despegue inmediato de ninguna aeronave tripulada en el territorio nacional. Por el contrario, el texto aclara que eliminar la prohibición solo quita un obstáculo legal del pasado, pero el eventual reinicio de las operaciones dependerá del cumplimiento previo de estrictos requisitos ambientales, judiciales y de salud.El documento establece que para iniciar cualquier operativo de aspersión ni autoriza el despliegue de aeronaves tripuladas. Para que vuelva a volar una sola avioneta sobre polígonos con matas de coca o marihuana, se requiere el cumplimiento concurrente, es decir, simultáneo y obligatorio, de cinco condicionales legales, ambientales y sanitarias.Por un lado, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) debe expedir un nuevo Plan de Manejo Ambiental General. Este documento define las reglas para cuidar fuentes de agua, bosques y cultivos vecinos, y debe actualizarse bajo las exigencias fijadas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-413 de 2021.Pero, la ANLA también debe levantar formalmente la medida preventiva de la Resolución 1214 de 2015 que frenó las operaciones. Además, se deben presentar y aprobar Planes de Manejo Ambiental Específicos para cada municipio o zona geográfica donde se pretenda realizar la aspersión.Además, el Gobierno está obligado a realizar la consulta previa con las comunidades de la zona, indígenas y afrodescendientes de los núcleos de operación. Este proceso de concertación busca acordar medidas de protección territorial con los pueblos étnicos, respetando los lineamientos del Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia constitucional.En cuarto lugar, el Instituto Nacional de Salud (INS) debe evaluar la evidencia médica y expedir un concepto previo favorable. Este aval sanitario es un filtro obligatorio para certificar que el uso del agroquímico no represente riesgos ni impactos graves para la salud de la población local.Por último, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) debe verificar en terreno el cumplimiento de todas las exigencias anteriores. Solo con esa confirmación y el aval de salud, el CNE emitirá una decisión independiente para autorizar la erradicación por sectores, garantizando además la participación de las comunidades campesinas.De esta forma, con la decisión firmada por el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Gónima Díaz-Granados, se elimina el freno y regresa la aspersión aérea pero, no se autoriza la reanudación inmediata de los vuelos.
La Alcaldía de Barichara, Santander, ordenó la suspensión preventiva y temporal de la circulación de vehículos tipo chiva destinados al transporte turístico en el municipio, mientras se adelanta una revisión de sus condiciones técnicas, mecánicas y legales. El vehículo transportaba cerca de 20 personas cuando presentó una falla mecánica en una pendiente de la calle Séptima. El conductor logró maniobrarlo e impactó contra dos carros y una motocicleta para evitar una tragedia mayor. Dos personas resultaron con heridas leves. La medida comenzó a regir el lunes 16 de noviembre y se mantendrá hasta que las autoridades competentes verifiquen que estos vehículos cumplen con los requisitos establecidos para prestar el servicio de transporte turístico.El alcalde de Barichara, Milton Edilson Chaparro Jiménez, anunció que se realizarán operativos de inspección, control y verificación de las condiciones de operación, documentación y mantenimiento preventivo de las chivas.Además, la Administración Municipal convocó un Consejo Extraordinario de Seguridad para este martes 17 de noviembre, con participación de las autoridades de gobierno, tránsito y organismos de control, con el propósito de establecer una ruta operativa que permita adelantar las revisiones y definir las condiciones para reactivar el servicio de manera segura.Según explicó Marcos Angarita, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barichara, el conductor perdió la capacidad de detener el vehículo y tuvo que maniobrar hasta impactar contra otros automotores que estaban estacionados. “Gracias a Dios, la maniobra evitó que hoy Barichara estuviera de luto”, dijo. La Alcaldía aclaró que la decisión tiene carácter preventivo y temporal, y no significa la prohibición definitiva de esta modalidad de transporte turístico, cuya utilización está contemplada en la normativa nacional.Finalmente, el mandatario hizo un llamado a los propietarios, operadores y prestadores de servicios turísticos para que colaboren con las autoridades y cumplan las disposiciones adoptadas. La Administración reiteró que la seguridad de los pasajeros, conductores, peatones, habitantes y visitantes es una prioridad.
El papa León XIV llegó este martes a Roma tras su visita apostólica a Uruguay, Argentina y Perú, que inició el pasado 6 de noviembre y que se ha caracterizado por actos multitudinarios y un marcado carácter social en los mensajes y gestos del pontífice.El avión papal aterrizó en la capital italiana poco antes de las 9,00 hora local, tras un vuelo de unas 12 horas que partió el lunes del aeródromo Jorge Chávez, que sirve a Lima, después de que el papa ofreciera una multitudinaria misa con la que se despidió de Perú, país del que Robert Prevost tiene la nacionalidad por los 20 años que vivió allí como misionero agustino y obispo.En la primera gira latinoamericana de su pontificado, León XIV ha congregado multitudes: más de trece millones de personas salieron a las calles en Uruguay, Argentina y Perú para acudir a los actos de un papa, que ha pedido luchar contra las desigualdades, sin ideologías y con un discurso basado exclusivamente en la doctrina social de la Iglesia.Un viaje muy exigente por tres países, 31.000 kilómetros en catorce vuelos, dos de ellos en helicóptero, y unos cuarenta actos públicos en los que el papa peruano-estadounidense ha exhibido una excelente forma física, apenas un mes después de la operación a la que fue sometido para extirparle un tumor canceroso en el pulmón, dolencia de la que está plenamente recuperado.El pontífice retomará mañana miércoles su agenda habitual con la celebración de la habitual audiencia general de los miércoles y por la tarde presidirá la misa de conmemoración de los 400 de la consagración de la Basílica de San Pedro.
La capital de Boyacá se vio sacudida por un caso de violencia de género que conmocionó a la opinión pública nacional tras confirmarse los detalles de un crimen perpetrado a finales de diciembre de 2025. Erika Jimena Moreno Varón, una joven madre de 22 años, fue asesinada por su pareja sentimental, quien posteriormente ocultó su cuerpo dentro de la residencia y mantuvo su rutina cotidiana durante una semana completa mientras los familiares adelantaban labores de búsqueda.El dictamen emitido por el Instituto de Medicina Legal estableció que la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica por sofocación superior. Las pesquisas judiciales determinaron que el homicidio ocurrió el 29 de diciembre de 2025, fecha en la que la víctima ingresó por última vez al inmueble ubicado en el barrio Libertador, al suroccidente de Tunja.Siete días de búsqueda y el hallazgo en la habitación infantilLas sospechas de los familiares se encendieron cuando la joven dejó de responder llamadas telefónicas y únicamente se comunicaba mediante mensajes de texto impersonales. José Faustino Moreno, padre de la víctima, relató que los textos no correspondían al estilo habitual de su hija, por lo que alertó a las autoridades sobre la posible manipulación del dispositivo móvil.Tras una semana de incertidumbre, la noche del domingo 4 de enero de 2026, el padre de la joven y unidades de la Policía Nacional ingresaron al apartamento utilizando una copia de las llaves proporcionada por los arrendadores. Al inspeccionar el lugar, encontraron luces encendidas y alimentos servidos en la cocina. El cuerpo sin vida de Erika fue hallado en una habitación secundaria destinada a la hija de ambos, cubierto con una gran cantidad de prendas de vestir y juguetes infantiles.Reconstrucción de los hechos y captura en BogotáEl análisis de 216 horas de grabaciones captadas por cámaras de seguridad permitió a la Sijín de la Policía reconstruir los movimientos del agresor. Los registros visuales evidenciaron que Walter Camilo Medina Rojas ingresó al apartamento horas antes que la víctima el 28 de diciembre de 2025 y permaneció en el sitio tras cometer el crimen.Durante los siete días que transcurrieron entre el asesinato y el descubrimiento del cadáver, el sujeto continuó laborando con normalidad e incluso asistió a festividades de Año Nuevo con allegados antes de retornar a dormir a la residencia. Tras el hallazgo del cuerpo, el responsable huyó hacia la ciudad de Bogotá, donde fue localizado y capturado por uniformados de la institución policial quince días más tarde gracias al rastreo de su línea telefónica.Audiencia judicial y sentencia condenatoriaEl proceso penal avanzó el 12 de marzo de 2026, fecha en la que se llevó a cabo la audiencia virtual ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Tunja. Durante la diligencia, presidida por el juez Carlos Eduardo Bórquez Caro, el procesado se acogió a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y aceptó su autoría en el delito de feminicidio agravado.El despacho judicial avaló la negociación y dictó una condena de 375 meses de prisión, equivalentes a 31 años y 3 meses de privación de la libertad. El sentenciado cumple actualmente dicha pena en el establecimiento penitenciario de máxima seguridad El Barne, ubicado en el municipio boyacense de Cómbita, cerrando un proceso judicial que dejó consternada a la comunidad por la sevicia y frialdad con la que se ejecutaron los hechos.
El presidente Abelardo De la Espriella ordenó reforzar la seguridad en el departamento del Huila con el envío de un batallón de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA 13), la activación del Bloque de Búsqueda y Seguridad Urbana (BOSUR) en Neiva y el reforzamiento de 12 estaciones de Policía con mallas de protección y sistemas antidrones. También dispuso aumentar la presencia del Ejército y la Policía en los peajes y proteger la infraestructura crítica del departamento. Las medidas comenzarán a implementarse la próxima semana.“¡El Huila no está solo! ¡Lo vamos a defender!”, escribió el mandatario en su cuenta de X, donde aseguró que sigue de cerca la situación de orden público y que el departamento merece “todo el apoyo, toda la atención y toda la protección del Estado”.El anuncio se produce en medio de una escalada de violencia que deja al menos ocho ataques contra la Fuerza Pública y otros objetivos en el departamento durante los últimos meses.Entre agosto y octubre se reportaron acciones de las disidencias de la estructura Ismael Ruiz en Íquira, Teruel, Aipe, Palermo y la zona rural de Neiva, incluidos ataques con explosivos lanzados desde drones.El 31 de octubre, una motocicleta bomba explotó frente al establecimiento Las Palmitas, en Algeciras. El atentado causó la muerte del patrullero Julián Esmith Castaño López y dejó ocho personas heridas, entre policías y civiles.La violencia también alcanzó la infraestructura vial y energética. En la madrugada del 15 de noviembre fue detonada una motocicleta cargada con explosivos en el peaje Neiva-Aipe, en la salida hacia Bogotá. La explosión destruyó parte de las instalaciones, pero no dejó heridos. Ese mismo día fue encontrado otro vehículo con cerca de 180 kilos de explosivos en el peaje Los Cauchos, en la vía Neiva-Rivera, que fue desactivado por técnicos antiexplosivos.Además, un ataque contra torres de transmisión en la vereda Hato Viejo, en El Pital, afectó el suministro eléctrico en ocho municipios del Huila y sectores de Caquetá y Putumayo.
El sorteo 2.736 del Baloto, realizado el lunes 16 de noviembre de 2026, no tuvo ganador del premio mayor. Ningún apostador acertó los cinco números y la superbalota, por lo que el acumulado pasó de $20.800 millones a $21.200 millones, que se pondrán en juego el miércoles 18 de noviembre.La combinación ganadora del Baloto fue 02 – 12 – 19 – 25 – 42 y la superbalota fue el 07.En la modalidad Revancha tampoco hubo ganador del premio principal. Su acumulado, que estaba en $2.000 millones, sube a $2.200 millones para el próximo sorteo.Números ganadores de la Revancha del 16 de noviembreLos números de la Revancha fueron 02 – 17 – 27 – 33 – 37 y la superbalota fue el 10. El número 02 salió en ambas modalidades de la jornada.Ganadores y premios del BalotoSegún el reporte oficial del sorteo, el Baloto dejó 11.367 ganadores en sus distintas categorías, con una premiación total de $75.803.000.Distribución de premios del Baloto5 aciertos + superbalota: sin ganadores.5 aciertos: sin ganadores.4 aciertos + superbalota: 4 ganadores, cada uno recibe $717.550 (total de $2.870.200).4 aciertos: 56 ganadores, con $56.050 cada uno (total de $3.138.800).3 aciertos + superbalota: 128 ganadores, con $21.250 cada uno (total de $2.720.000).3 aciertos: 1.573 ganadores, con $6.000 cada uno (total de $9.438.000).2 aciertos + superbalota: 1.214 ganadores, con $6.000 cada uno (total de $7.284.000).0 aciertos + superbalota: 8.392 ganadores, con $6.000 cada uno (total de $50.352.000).La categoría con más premiados fue la de acierto únicamente de la superbalota, que concentró 8.392 de los 11.367 ganadores de la noche.Ganadores y premios de la RevanchaLa Revancha registró 7.120 ganadores y repartió $29.499.200 en premios.Distribución de premios de la Revancha5 aciertos + superbalota: sin ganadores.5 aciertos: sin ganadores.4 aciertos + superbalota: 1 ganador, que recibe $1.277.850.4 aciertos: 14 ganadores, con $99.850 cada uno (total de $1.397.900).3 aciertos + superbalota: 30 ganadores, con $40.400 cada uno (total de $1.212.000).3 aciertos: 483 ganadores, con $8.200 cada uno (total de $3.960.600).2 aciertos + superbalota: 431 ganadores, con $7.350 cada uno (total de $3.167.850).0 aciertos + superbalota: 6.161 ganadores, con $3.000 cada uno (total de $18.483.000).El premio individual más alto de la jornada fue para el único jugador de la Revancha que acertó cuatro números y la superbalota.Próximo sorteo del Baloto: miércoles 18 de noviembreEl siguiente sorteo del Baloto y la Revancha se realizará el miércoles 18 de noviembre de 2026. Los apostadores podrán jugar por un acumulado de $21.200 millones en el Baloto y de $2.200 millones en la Revancha.El Baloto se sortea tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. Para ganar el premio mayor, el jugador debe acertar los cinco números y la superbalota de la combinación ganadora.Las personas que hayan resultado premiadas deben conservar el tiquete original, ya que es el documento requerido para reclamar el premio.