La posibilidad de retomar la aspersión aérea con glifosato para combatir los cultivos de coca en Colombia está condicionada por los requisitos fijados por la Corte Constitucional. Así lo explicó Gonzalo Ramírez, abogado constitucionalista, durante una entrevista en Recap Blu, de Blu Radio.
Ramírez señaló que la decisión de volver a utilizar esta herramienta de erradicación no depende únicamente de la voluntad del Gobierno, pues deben cumplirse previamente una serie de condiciones jurídicas, ambientales y sanitarias. “La Corte ha sido muy clara, sin las condiciones no se puede hacer”, afirmó.
El abogado precisó que las decisiones de la Corte Constitucional no significan una prohibición absoluta de la aspersión aérea con glifosato. Por el contrario, explicó que su implementación está sujeta al cumplimiento de garantías que permitan determinar que la fumigación no generará afectaciones a la población ni al medioambiente.
¿Qué condiciones debe cumplir el Gobierno para fumigar con glifosato?
De acuerdo con Ramírez, antes de retomar la aspersión aérea se deben considerar conceptos de las autoridades competentes en materia ambiental y de salud. Estos pronunciamientos deben permitir establecer que la aplicación del herbicida no ocasionará daños sobre las personas, los ecosistemas o los recursos naturales.
“La Corte ya evaluará todos los pasos para tratar de establecer que se haga con una serie de conceptos de autoridad, ambientales y de salud, que digan que eso no va a causar daños”, sostuvo el constitucionalista. De esta manera, las garantías exigidas por el alto tribunal se convierten en un elemento central para cualquier decisión del Ejecutivo.
Otro de los aspectos jurídicos que podría entrar en consideración es la consulta previa en aquellos territorios donde resulte aplicable. Ramírez mencionó esta posibilidad, aunque reconoció que su implementación podría representar una dificultad adicional para el Gobierno.
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Riesgos ambientales también hacen parte del debate jurídico
Más allá de las condiciones constitucionales, el abogado llamó la atención sobre los posibles efectos de la aspersión aérea con glifosato en áreas distintas a los cultivos ilícitos. Según explicó, uno de los riesgos de esta modalidad es que el químico pueda extenderse y afectar otros espacios.
“Uno de los problemas que tiene es que el glifosato se puede extender a otras áreas causando daños a largo plazo”, manifestó Ramírez. Agregó que también debe analizarse la posibilidad de afectaciones sobre la salud humana, otros cultivos y fuentes de agua.
Para el constitucionalista, el Estado enfrenta así una tensión entre la necesidad de combatir los cultivos ilícitos y el deber de proteger derechos y bienes constitucionalmente relevantes. Por ello, consideró necesario evaluar alternativas que permitan desarrollar la política antidrogas sin generar nuevos impactos.
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Erradicación de cultivos de coca: Gobierno deberá evaluar alternativas
Ramírez reconoció que los cultivos de coca y marihuana están asociados a graves problemas de seguridad y orden público. Sin embargo, sostuvo que la respuesta estatal debe tener en cuenta tanto la lucha contra las economías ilícitas como los eventuales efectos de las herramientas utilizadas para erradicarlas.
El abogado también se refirió a la erradicación manual, una alternativa que, aunque ha sido utilizada, presenta dificultades por el tiempo y los recursos que requiere. “No hay una forma inmediata para acabar con estos cultivos”, aseguró durante la entrevista.
En ese escenario, Ramírez consideró que el Gobierno tendrá que actuar con cautela frente a su política antidrogas y analizar las distintas alternativas disponibles. “El presidente tendrá que ser muy paciente con su política antidrogas”, concluyó.