Luego de seis meses de investigación, Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, pudo establecer que mientras Luis Alberto Rodríguez estuvo al frente de la Dirección Nacional de Planeación, funcionarios de esta entidad y de la Contraloría General, así como congresistas, la mayoría del partido conservador; mandatarios locales y contratistas, habrían creado un entramado de corrupción para quedarse con aproximadamente el 12 % de los recursos que aprueba el Ocad-Paz.
Ocad-Paz es el órgano del Sistema General de Regalías que prioriza y designa al ejecutor de los proyectos que buscan beneficiar a municipios que, a raíz del acuerdo de paz, se incluyeron en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, por ser los más pobres y afectados por el conflicto. Solo entre junio y diciembre de 2021, cuando se dio vía libre a 355 proyectos, las coimas habrían podido ascender a 500.000 millones de pesos.
La situación no era un secreto, porque en ese sentido hay varias quejas y denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Dirección Nacional de Planeación y ante el entonces consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien presidía el Ocad-Paz. En un correo recibido por el consejero con el asunto: “Dolor de patria por los municipios Pdet”, se afirma que senadores, la Contraloría y el DNP, “están extorsionando a los municipios azotados por la violencia para que paguen por los proyectos para que (…) Les den el ok”.
Todo este entramado de corrupción se pudo dar después de la reforma de la Ley de Regalías, donde se habilitó a las entidades mixtas, que no tienen la obligación de licitar, para ejecutar proyectos financiados con recursos del Ocad-Paz, así mismo la reforma de la Contraloría que en 2020 le asignó a este ente facultades para hacer control previo.
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¿Competencia desleal?
La bolsa de recursos del Ocad-Paz es limitada, proviene del 7 % de las regalías y, por su diseño, pone a competir a los 170 municipios Pdet para obtener la financiación de sus proyectos. Tampoco existe un tope legal para el número de iniciativas o de presupuesto, que se puede aprobar a una región, pero la ley señala que el Ocad debe distribuir los recursos con equidad en los distintos territorios y en los diferentes pilares.
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Para que los proyectos que presentan los alcaldes puedan ser considerados en una sesión del Ocad-Paz, deben cumplir con el visto bueno del Departamento Nacional de Planeación, DNP; del ministerio sectorial al que pertenece el proyecto, de la Agencia de Renovación del Territorio y de la Contraloría General de la República.
Los miembros del Ocad que decidieron sobre los proyectos de 2021, fueron Archila, los alcaldes de La Paz, Cesar, Martín Zuleta; y de La Uribe, Meta, Marcelino Chacón; el contralor delegado para el posconflicto, Juan Carlos Gualdrón; el contralor delegado de la Unidad de Regalías, Aníbal Quiroz; y el entonces gobernador de Arauca José Facundo Castillo, hoy preso e imputado por la Fiscalía por tres delitos contra la contratación pública.
Además, como invitados permanentes estuvieron los representantes a la Cámara del Partido Conservador Waldtih Manzur, de Córdoba, y Yamil Arana de Sucre.
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La Secretaría técnica del Ocad-Paz estaba a cargo de Álvaro Ávila, entonces director del Sistema General de Regalías del DNP. Él elegía los proyectos que se revisarían en las sesiones y, para ello, debía tener en cuenta el orden en el que se inscribían, pero al parecer no fue así. Los alcaldes de Orito, Putumayo, y Condoto, Chocó, se quejaron por escrito al considerar que en la priorización de los proyectos no se tenía en cuenta este orden.
En entrevistas realizadas por Blu Radio, varios alcaldes de los municipios Pdet, quienes prefieren que sus nombres queden en reserva, ratificaron que para que un proyecto llegara a una sesión del Ocad-Paz necesitaba tener un padrino y, por tanto, pagar entre 6 % y 15 % de dádivas. Además, señalan con nombre propio a funcionarios del Gobierno y a congresistas conservadores como Samy Merheg y Ape Cuello.
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Además de los señalamientos de los alcaldes contra Ávila, Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, tuvo acceso a testimonios de personas que trabajaron con él en la Dirección Nacional de Planeación y que conocieron denuncias enviadas en su contra por pedir coimas para facilitar la adjudicación de los proyectos.
Una denuncia anónima llevó a la Procuraduría General a abrir una investigación disciplinaria contra Álvaro Ávila por las presuntas irregularidades cometidas como secretario técnico del Ocad-Paz para beneficiar a más de 500 proyectos. De acuerdo con el documento, proyectos de Putumayo, Antioquia, Córdoba, Risaralda, Casanare, Sucre, Cundinamarca, Arauca, Magdalena, Santander, Nariño, Boyacá y otras zonas, fueron aprobados sin cumplir con la totalidad de los requisitos y, en otros casos, las certificaciones se expidieron seis meses después de que se les hubiera dado vía libre, por lo que se concluye que certificó cuando el hecho ya estaba cumplido.
Conozca el número de proyectos Ocad-Paz y el monto aprobado por departamento
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Número de proyectos aprobados por departamento
OCAD-Paz (2019 – 2022)
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En respuesta oficial, la Procuraduría aseguró que este proceso se encuentra en etapa de investigación y estaría para alegatos precalificatorios. Esto significa que, aunque la apertura del caso se hizo el 14 de agosto de 2020, al 27 de mayo de 2022, cuanto este medio obtuvo la comunicación del ente de control, el caso lleva quieto dos años.
A propósito, si se mira la cantidad de dinero adjudicado por departamento entre 2019 y 2022, Cesar recibió 652.852 millones de pesos mientras que Guanía obtuvo 1.500 millones de pesos. Según varios testimonios, esto fue posible gracias a los favores recibidos por políticos y funcionarios con trayectoria en esa zona del país.
Por su parte, el contralor delegado de la Unidad de Regalías, Aníbal Quiroz, también fue denunciado por rechazar proyectos aún cuando ya tenían todos los vistos buenos de las otras entidades, tampoco daba razones claras para que los municipios pudieran hacer las correcciones necesarias: “los conceptos emitidos por la Contraloría, ejerciendo el control preventivo, fueron poco `técnicos´ livianos e injustificados para apretar alcaldes y tumbar proyectos para que el comité Ocad-Paz no les diera luz verde”.
En una carta enviada por la Alcaldía de Vista Hermosa el 13 de agosto de 2021, dirigida a los titulares de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, Planeación y el Ministerio de Transporte, también se señala a Quiroz de encontrar reparos, que no explica bien, en tres proyectos de transporte para los cuales el Ministerio “ratificó los conceptos sectoriales favorables”.
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En el afán de los acusados por recibir “su parte”, este no habría sido el único proyecto del sector transporte con problemas. El 14 de mayo de 2021, el consejero Archila recibió una comunicación anónima en la que se afirmó que el contralor delegado para el posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, y el director de regalías, Álvaro Ávila, estaban en “una cruzada de presión al Ministerio de Transporte para que retire la favorabilidad de más de la mitad de los proyectos de vías que cuentan con concepto favorable, pero que no negociaron con ellos dádivas” y “utilizan su poder de investigaciones indiscriminadas para ejercer presión sobre el Ministerio”.
En las acusaciones de la Alcaldía de Vista Hermosa contra Quiroz, se indica que algunas iniciativas que estaban en el listado de reparos de la Contraloría, “sin hacer ningún ajuste a los proyectos, sin conocerse sus falencias técnicas, por arte de magia de repente, superan esas falencias y pueden ser aprobados”, hechos por los que, como ya se explicó, también se acusa a Ávila.
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En todo este andamiaje, llama la atención que tanto los dos contralores, Anibal Quiroz y Juan Carlos Gualdrón, como Luis Alberto Rodríguez exdirector de Planeación Nacional, mencionados por diferentes fuentes en este caso, sean hoy candidatos para reemplazar a Felipe Córdoba en su cargo como contralor general del República.
Contrataciones sospechosas
Debido a que el Ocad-Paz también designa el ente ejecutor, Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, hizo seguimiento a algunos contratos y se encontró que muchos fueron asignados a sociedades con régimen especial que no tienen que contratar por Ley 80, es decir, que los contratos se les pueden adjudicar sin licitación. Mientras que, entre 2017 y 2019, se aprobaron 11 proyectos a entidades de régimen especial, entre 2020 y 2021 se adjudicaron 152 proyectos a dichas entidades, representando el 44 % del total de recursos asignados, es decir, más 1.9 billones de pesos.
Entre estas sociedades se destaca el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Integral y la Gestión Social, una entidad del Valle del Cauca que en 2020 recibió un contrato por 1.295 millones de pesos y, un año más tarde recibió 33 proyectos por más de 485.000 millones de pesos; la mayoría de ellos son para implementar en el departamento de Cesar.
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Llama la atención que el índice de gestión de este fondo mixto del Valle pasó de tener un puntaje de 18 en el segundo trimestre del 2020, a uno de 99 en el segundo trimestre del 2021.
En la sesión 51 del Ocad-Paz el senador del Partido Conservador Samy Meregh, defendió a este fondo para que se le aprobaran proyectos y en la sesión 53, realizada en 2021, este fondo mixto también fue respaldado por el representante a la cámara Wadith Manzur, también del conservatismo, quien de acuerdo con el acta de la reunión, resaltó con entusiasmo el buen índice de gestión y capacidades como contratista.
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Sin plata para la paz
Además de los montos que nunca llegarán a las regiones por la corrupción, rasparon la olla del dinero que debía invertirse en 10 años, principalmente en el desarrollo de vías, electrificación, agua potable y saneamiento básico. En 2020, el Congreso aprobó que los recursos de regalías proyectados a 2030 se ejecutaran hasta el 2022. Como la ley fue sancionada en diciembre, ese adelantó se adjudicó en 2021, año en el que los proyectos aprobados sumaron 4,4 billones de pesos, lo que contrasta con el billón de pesos destinado en 2020 y los 36.000 millones aprobados este año hasta mayo 30.
Recursos y proyectos OCAD-Paz aprobados 2019-2022
La situación es tan grave que el mismo consejero Archila manifestó en la sesión 56 del Ocad-Paz, que la bolsa de recursos para los proyectos de los municipios Pdet, difícilmente podrá llenarse de nuevo: “lo que nosotros llamamos el `adelanto’ no era un regalo, no era un plus para ese 7 % (de los ingresos del Sistema General de Regalías), era textual el adelanto de los próximos 10 años”.
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Fuentes testimoniales y documentos consultados por Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, permiten confirmar que el empeño puesto por gastar al máximo los recursos de regalías para la paz se dio en 2021, antes de que Rodríguez y Ávila salieran del DNP. La conclusión es simple: rasparon la olla, según los testimonios y las denuncias se habrían apropiado de recursos de la paz y los proyectos que fueron aprobaron y ejecutados, se eligieron con criterios políticos y clientelistas.
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