El Sindicato de Trabajadores del Departamento Nacional de Planeación expresó su preocupación por una serie de nombramientos realizados en las últimas horas de la administración saliente del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, la presidenta del sindicato, Luz Yolanda Morales, aseguró que estas designaciones podrían dejar funcionarios en provisionalidad y pidió al próximo Gobierno nombrar una dirección con perfil técnico para la entidad.Sindicato cuestiona 62 nombramientos en provisionalidadLa dirigente sindical afirmó que la actual directora del DNP, Natalia Irene Molina Pozo, habría realizado "un exceso de nombramientos" antes del cambio de gobierno."Estamos aterrados de la forma en que Natalia Irene Molina Pozo (...) ha cometido en las últimas horas un exceso de nombramientos. Son 62 nombramientos en provisionalidad", aseguró.Según explicó, estas designaciones estarían relacionadas con la estructura institucional del Sistema General de Regalías y tendrían como propósito dejar vinculados a funcionarios en cargos estratégicos.Morales sostuvo que entre los casos se encuentra el del actual subdirector de Gestión de Talento Humano, quien, según dijo, ahora sería nombrado como asesor de la Subdirección del Sistema General de Regalías."Quedarían atornillados": la advertencia sobre los cargos provisionalesDurante la entrevista, la presidenta aseguró que, una vez posesionados, los funcionarios provisionales no podrían ser retirados fácilmente por la nueva administración."Los provisionales no pueden ser sacados de la entidad sino cuando se pensionen prácticamente, porque quedarían atornillados", manifestó. También afirmó que algunos funcionarios buscarían mecanismos de protección laboral, como el fuero prepensional o el fuero sindical, para permanecer en la entidad durante los próximos años.Asimismo, expresó preocupación por varias renuncias registradas en altos cargos del DNP en los últimos días del actual Gobierno, al considerar que podrían afectar la continuidad administrativa. "A uno lo que le da angustia es que se pierda la trazabilidad", señaló.Llamado a De La Espriella para nombrar un director técnicoMorales dirigió un mensaje al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y al vicepresidente José Manuel Restrepo, a quienes pidió designar un director o directora con experiencia en el Departamento Nacional de Planeación."Le suplico al presidente electo Abelardo De La Espriella (...) que dispongan como director o directora del DNP a alguien que de verdad le duela Colombia, a alguien técnico del DNP, que cumpla y haga cumplir la Constitución de la República", expresó.Finalmente, sostuvo que el Departamento Nacional de Planeación ha perdido su capacidad técnica durante los últimos años. "El rigor técnico del DNP (...) se perdió. El DNP está perdido", concluyó la presidenta del sindicato, quien también hizo un llamado para que las nuevas autoridades fortalezcan nuevamente el carácter técnico de la entidad.Escuche la entrevista completa acá:
El Gobierno nacional aclaró que el Sisbén no dejará de existir con la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI) y confirmó un cambio en el cronograma de transición hacia este nuevo sistema. A través del Decreto 662 del 26 de junio de 2026, se amplió el plazo para que las entidades públicas culminen los ajustes técnicos, operativos e institucionales antes de adoptar el RUI como instrumento principal para focalizar subsidios y programas sociales.Con esta decisión también se despejan las dudas que surgieron en las últimas semanas sobre una supuesta eliminación del Sisbén desde julio de 2026. La nueva fecha fijada por el Gobierno establece que el RUI comenzará a operar como único instrumento de focalización a partir del 1 de agosto de 2026, mientras que el período de transición para quienes ya estaban registrados en el Sisbén se extenderá hasta el 31 de octubre de este año.El Sisbén seguirá siendo parte del nuevo sistemaLa directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Irene Molina, explicó que el cambio no implica la desaparición del Sisbén, sino una evolución del mecanismo utilizado para identificar a la población que puede acceder a programas sociales.Según la funcionaria, toda la información que las familias han entregado mediante las encuestas del Sisbén continuará siendo válida. La diferencia es que ahora esa base de datos se complementará con información proveniente de otras entidades del Estado para lograr una clasificación más precisa de los ingresos de cada hogar.De esta manera, el Registro Universal de Ingresos utilizará datos del Registro Social de Hogares, integrando información del Sisbén con registros administrativos de entidades como la Registraduría Nacional, la DIAN y la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), entre otras bases oficiales.El objetivo es que la identificación de los potenciales beneficiarios de subsidios sea más actualizada y cercana a la realidad económica de cada familia.¿Qué cambia con el nuevo decreto?El Decreto 662 establece varias medidas para garantizar que la implementación del RUI se haga de manera gradual y sin afectar a los ciudadanos que actualmente reciben ayudas del Estado. Entre las principales disposiciones se encuentran:El 1 de agosto de 2026 será la fecha oficial para iniciar el uso del RUI como instrumento de focalización.Las personas que ya estaban identificadas mediante el Sisbén antes del 31 de julio de 2026 tendrán un período de transición hasta el 31 de octubre de 2026.Cada entidad encargada de administrar subsidios deberá publicar su propio cronograma de implementación, junto con los mecanismos de atención para resolver inquietudes de los ciudadanos.Durante toda la transición deberán mantenerse campañas de información y pedagogía para evitar confusiones.El Departamento Nacional de Planeación continuará brindando asistencia técnica a las entidades encargadas de ejecutar programas sociales.La directora del DNP señaló que este tiempo adicional permitirá consolidar la interoperabilidad entre las diferentes bases de datos del Estado y garantizar un proceso ordenado.Los mitos que aclaró el GobiernoAnte la circulación de información falsa en redes sociales y diferentes canales, el Gobierno respondió a varias de las dudas más frecuentes.Una de ellas aseguraba que el Sisbén había desaparecido desde el 1 de julio de 2026, algo que fue desmentido. El DNP reiteró que el Sisbén seguirá funcionando como una de las principales fuentes de información del Registro Social de Hogares.También se aclaró que los subsidios no serán suspendidos automáticamente con la entrada del RUI. El nuevo registro únicamente clasifica a la población según sus ingresos, mientras que cada programa social definirá sus propios criterios para realizar la transición sin afectar de manera abrupta a los hogares vulnerables.Otra inquietud frecuente era la necesidad de volver a realizar inmediatamente la encuesta del Sisbén. Frente a esto, Planeación Nacional explicó que no existe ninguna obligación inmediata. Las actualizaciones se harán progresivamente y serán las entidades territoriales las encargadas de informar cuándo un hogar deba realizar algún trámite.¿Cómo funcionará el RUI?El Registro Universal de Ingresos clasificará a las personas utilizando diferentes fuentes de información. Para quienes tienen empleo formal se tendrán en cuenta registros como aportes a seguridad social o declaraciones tributarias.En el caso de trabajadores informales, el sistema combinará modelos estadísticos con variables socioeconómicas y, cuando no existan datos suficientes, se apoyará en la información obtenida mediante la encuesta del Sisbén realizada por las alcaldías.Asimismo, quienes detecten errores o información desactualizada podrán acudir a la Ventanilla Social, disponible en las entidades territoriales, donde será posible consultar, actualizar o solicitar la corrección de sus datos.El Gobierno también insistió en que el uso de información administrativa para el funcionamiento del RUI no vulnera la privacidad de los ciudadanos, ya que el acceso a esos datos se realiza únicamente para fines de focalización social y bajo las normas de protección de datos personales y hábeas data vigentes en Colombia. Con este nuevo cronograma, las autoridades buscan que la transición hacia el RUI se realice de manera gradual y sin poner en riesgo el acceso de los hogares vulnerables a los programas sociales del Estado.
El Departamento Nacional de Planeación destacó los avances alcanzados en la investigación que permitió destapar un nuevo entramado de corrupción relacionado con el manejo de recursos del Sistema General de Regalías, luego de que la Fiscalía General de la Nación confirmara la captura de nueve personas señaladas de direccionar contratos financiados con estos recursos.De acuerdo con información entregada por el DNP y la Subdirección del Sistema General de Regalías, desde agosto de 2024 se habían advertido posibles irregularidades en múltiples proyectos financiados con recursos públicos. La entidad señaló que “oficiamos a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, la información sobre 2.094 proyectos con plazos de ejecución vencida y/o contratos suspendidos, después del seguimiento y la revisión exhaustivas por parte de nuestros equipos técnicos en los que se advirtieron presuntas irregularidades en la ejecución de los recursos por parte de entidades ejecutoras”.Según el reporte oficial, además del análisis de estos proyectos, también se puso en conocimiento de los organismos de control información relacionada con iniciativas que evidenciaban fallas durante su ejecución. En ese sentido, el DNP precisó que “junto a esta información también se puso en conocimiento de dichas autoridades el reporte de 146 proyectos visitados que presentaban irregularidades. Entre esta información, se presentó el caso de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA)”, organización que posteriormente quedó vinculada en las investigaciones por presuntos actos de corrupción.Como parte de las medidas adoptadas para fortalecer el control y la transparencia en el manejo de recursos públicos, el Sistema General de Regalías anunció nuevas herramientas de seguimiento. La entidad indicó que “lanzó, a finales de 2025, la Nueva Metodología de Medición del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), una metodología que mide el desempeño de los ejecutores y fortalece la transparencia en la ejecución de proyectos financiados con recursos del sistema, bajo el análisis y verificación de la información entregada por las entidades”. Asimismo, informó que se encuentra en desarrollo un servicio integrado de atención a usuarios que permita eliminar intermediaciones y garantizar mayor transparencia en el acceso a las convocatorias del sistema.Estos avances institucionales coinciden con las recientes actuaciones judiciales adelantadas por la Fiscalía, que revelaron la existencia de un entramado de corrupción que utilizaba la figura de esquemas asociativos de municipios para direccionar contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Las diligencias fueron ejecutadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación en los municipios de Arauca, Barranquilla y Cantagallo, donde fueron capturadas nueve personas señaladas de participar en las actividades ilícitas.De acuerdo con las investigaciones, los capturados habrían articulado acciones para que la Asociación Regional de Municipios del Caribe fuera designada como ejecutora de proyectos financiados con regalías por parte de alcaldías y gobernaciones. Una vez obtenida la autorización, presuntamente direccionaban los contratos para favorecer intereses específicos. Según los hallazgos, se habrían direccionado 101 proyectos por una cuantía superior a 496.000 millones de pesos.
Durante el fin de semana, varios miembros del alto Gobierno —entre ellos las ministras de Transporte, Ciencia y TIC, y la superintendente de Industria y Comercio— se pronunciaron para condenar la entrevista realizada a la directora del Departamento Nacional de Planeación el pasado viernes 30 de enero en Blu Radio. Ante ello, considero pertinente hacer una reflexión pública sobre lo sucedido.Desde distintos sectores del Gobierno y de sus seguidores se me ha señalado por el tono que utilicé con la directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina Posso, a quien cuestioné por no tener la preparación suficiente para el cargo que hoy ocupa.Pareciera que se espera que los periodistas permanezcamos inmóviles cuando un servidor público —cuya responsabilidad es velar por las finanzas del país— evada responder preguntas concretas sobre el déficit fiscal, el aumento del gasto y la contratación estatal, y que, en lugar de responder, decida acusar públicamente a una mesa de trabajo radial de “no querer que se destinen recursos” a la salud, la educación y la inversión social para los más vulnerables.Precisamente porque nos importan esos gastos sociales es que exigimos rendición de cuentas a los funcionarios que invitamos a nuestros espacios. Responder con demagogia a preguntas válidas no es más que una técnica de desinformación y polarización, un recurso ampliamente utilizado por gobiernos en distintas latitudes para deslegitimar la crítica de los medios atacando su reputación. Eso fue exactamente lo que ocurrió durante la entrevista con la directora Molina.Recurrir a expresiones como “cálmese” o “tranquila, tranquila” no es una estrategia inocente: es una forma velada de deslegitimación, profundamente arraigada en una cultura patriarcal y misógina, que busca desactivar la interpelación en lugar de responderla. Esa actitud, que cada vez dificulta más el debate público, pretende que los periodistas renunciemos a ejercer nuestra libertad y a cuestionar las estructuras profundas que definen el poder.Sorprende la escasa —casi nula— autocrítica de quienes hoy actúan como voceros automáticos del Gobierno. Funcionarios que repiten el discurso oficial como un mantra, porque esa repetición es, en muchos casos, la condición para permanecer en el cargo.Resulta paradójico que mientras se nos acusa de ser “periodistas del poder”, muchos de ellos ocupen posiciones para las cuales no tienen la preparación ni la experiencia necesarias. Están allí precisamente porque no cuestionan, porque no contradicen, porque obedecen. Quienes se atreven a hacerlo han ido saliendo del Gobierno, como se ha visto incluso entre algunos de los más leales alfiles del progresismo.Se ha querido reducir lo ocurrido a una supuesta diferencia ideológica. Ese argumento se cae por sí solo frente a la evidencia. Los micrófonos de este programa están y seguirán estando abiertos para el debate con los funcionarios del Gobierno, siempre desde el respeto y la honestidad intelectual.De hecho, un día antes de esa entrevista, en el mismo espacio, dialogamos con la ministra de Cultura, Yannai Kadanami, a quien también cuestionamos sobre temas relacionados con su cartera. La diferencia fue clara: respondió con conocimiento, altura y argumentos.Esa misma semana pasó por el programa Susana Muhamad, otra mujer progresista que defiende con firmeza las decisiones del Gobierno y su proyecto político. Da gusto conversar con funcionarias capaces de sostener una entrevista desde la solidez técnica y el rigor.Así que no, no se trata de ideología. Se trata de preparación, de respeto por el cargo que se ocupa y por los ciudadanos a quienes se debe rendir cuentas. No dudo de que la directora Natalia Irene Molina Posso pudiera haber sido, en el futuro, una gran directora del DNP, pero sí dudo de que una persona con apenas unos años de experiencia laboral pueda hacerse cargo de un departamento tan determinante para el presente y el futuro de los más pobres, aquellos que tanto dicen defender. La entrevista de Blu Radio fue una fotografía de ello.El problema de fondo no es Molina —¿quién no aceptaría el cargo de directora del Departamento Nacional de Planeación?—. La práctica burocrática cuestionable es de quienes la nombran, porque lo hacen sabiendo que funcionarios sin experiencia dependen política y profesionalmente de quienes los designan. Así, poco a poco, se va debilitando la institucionalidad del país. Como bien lo advirtió Orwell, “la ineficiencia no siempre es un error: puede ser una herramienta de control”.Por último, no quiero cerrar estas líneas sin reconocer que el tono de la entrevista fue fuerte, lamento si fue incómodo para parte de nuestra audiencia. El deber del periodismo es ejercer control sobre el poder; a veces, como todos los seres humanos, fallamos en la forma.
El magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, a quien le correspondió por sorteo el estudio del decreto 0044 con el que se crearon nuevos impuestos para el sector de la generación de energía, ordenó una serie de pruebas para su estudio, según un auto de 8 páginas al que Blu Radio tuvo acceso en primicia.Entre esas, que el Gobierno explique cómo las medidas previstas contribuyen a conjurar la crisis y a evitar la interrupción del servicio, en particular en la región del Caribe, donde se advierten riesgos financieros y operativos.El magistrado Fernández también pidió justificar por qué fue necesario acudir a un decreto legislativo, y no a mecanismos ordinarios como leyes, ajustes tarifarios o regulaciones sectoriales, así como detallar el impacto de las medidas sobre tarifas, mercado energético y usuarios, especialmente población vulnerable.En ese orden de ideas, el despacho del magistrado Vladimir Fernández también invitó a participar a través de conceptos a un número considerable de entidades, entre esas, el Ministerio de Hacienda, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Departamento Nacional de Planeación y las gobernaciones de más de 10 departamentos de la región Caribe.Después de que lleguen todas las pruebas que requirió el magistrado Vladimir Fernández, él deberá redactar una ponencia para que la Sala Plena vote.Este auto se conoce en medio de la decisión que adoptó por primera vez la Corte Constitucional, al ‘estrenar’ su figura de la suspensión provisional a un estado de excepción, poniéndole un freno provisional a la emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro hasta que se estudie de fondo su constitucionalidad.
En medio de un debate nacional sobre el déficit fiscal y el aumento del gasto público, la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Molina, aseguró que el incremento en el presupuesto no representa un derroche, sino una inversión social estratégica en sectores como educación, salud y salarios dignos para los colombianos.En entrevista en Mañanas Blu 10:30, Molina explicó que la percepción de “gasto excesivo” no considera que la mayor parte de los recursos se destinan a programas sociales y obligaciones legales adquiridas por el Estado. “El 90% del gasto del gobierno central es inflexible y responde a sentencias judiciales o a rentas de destinación específica. Esto incluye educación, salud y remuneraciones que garantizan la dignidad de los trabajadores, como soldados y médicos internos”, detalló.La directora también se refirió a las críticas sobre el aumento de la nómina estatal y la creación de nuevos cargos. Frente a esto, Molina explicó que la recomposición del gasto público ha trasladado recursos de inversión a funcionamiento, con el objetivo de asegurar la continuidad de proyectos sociales, como la gratuidad de la educación superior para estudiantes de estratos 1, 2 y 3, y la mejora de la red hospitalaria pública, incluyendo el Hospital San Juan de Dios, que recibió 167.000 millones de pesos del Gobierno nacional.Sobre la acusación de que la política de economía expansiva del presidente Gustavo Petro incrementa el gasto sin control, Molina señaló que estas medidas buscan reactivar la economía y generar productividad. “Es como cuando una familia pide un crédito para comprar vivienda: incrementa su gasto, pero al final obtiene un activo que genera beneficio a largo plazo. El gasto público social funciona de manera similar”, argumentó.En cuanto al déficit fiscal, Molina explicó que la cifra estructural supera los 110 billones de pesos y que medidas como los decretos de emergencia económica, por 1,6 billones de pesos, solo representan una parte limitada del esfuerzo financiero. Según la directora, el Gobierno busca financiar el gasto social mediante una estructura tributaria progresiva, aplicando mayores impuestos a los contribuyentes de mayores ingresos, aunque esta estrategia ha sido objeto de debate en el Congreso y entre economistas.Durante la entrevista, la periodista planteó varias preguntas sobre la legitimidad del aumento del gasto público, la política de economía expansiva y la refinanciación de deuda, temas que Molina abordó vinculando los incrementos de gasto con la necesidad de sostener programas sociales y reactivar la economía. Sin embargo, no se presentó un consenso claro sobre si estas decisiones impactan positivamente o generan mayores riesgos fiscales.
El exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, puso en duda la validez de la declaratoria de emergencia económica del Gobierno al asegurar que los problemas que se pretenden atender no son sobrevinientes ni imprevisibles, como exige la Constitución. En entrevista en Mñanas Blu con Néstor Morales, González explicó que su concepto ante la Corte Constitucional se basa en evidencia técnica y documentos oficiales que muestran que los temas invocados por el Ejecutivo han sido objeto de debate durante años.Según el economista, los ocho puntos que sustentan la emergencia deberían ser más bien parte de la agenda estructural de cualquier gobierno. “Esos ocho puntos deberían ser como la agenda para los próximos gobiernos, deberían ser temas de discusión en las campañas”, afirmó. Sin embargo, subrayó que “afirmar que hay un hecho urgente, hay un hecho novedoso, pues no tiene mucho sentido”.Uno de los ejes centrales de su análisis es la crisis del sistema de salud y la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). González recordó que desde el primer año del actual gobierno se discutía la insuficiencia de estos recursos. “El déficit en el sector salud es un déficit clarísimo que se ha ido intensificando… el tema de la UPC claramente es un tema muy discutido”, señaló, agregando que incluso la entonces ministra Carolina Corcho presentó la propuesta de reforma antes del Plan Nacional de Desarrollo.En materia de seguridad y paz, González sostuvo que la violencia y la minería ilegal tampoco son fenómenos inesperados. Destacó que el alza del precio del oro, que hoy supera los 5.000 dólares por onza, ha incentivado estas economías ilícitas, pero recalcó: “Eso lo hemos discutido durante todo este Gobierno. Entonces tampoco es un hecho sobreviniente”.Sobre la situación fiscal, fue aún más contundente. Citando informes del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, de calificadoras internacionales y de organismos multilaterales, explicó que la fragilidad de las finanzas públicas es un problema estructural. “Colombia tiene un saldo de deuda pública sobre el PIB que se acerca ya al 62%. En 2012 era de 33%”, recordó. Además, advirtió que solo el servicio de la deuda este año ronda los 100 billones de pesos: “Eso no se va a resolver en un año, ni en dos, mucho menos a través de un decreto de emergencia”.González también reflexionó sobre la incertidumbre global y la tentación de justificar medidas extraordinarias por eventos inesperados, como tensiones comerciales internacionales. Sin embargo, defendió la necesidad de planificación de largo plazo: “El futuro es incierto, pero el reto de la política pública es estar preparados… así como uno no sabe cuándo habrá un terremoto, pero crea fondos para cuando ocurra”.
Casanare superó las expectativas y alcanzó un puntaje de 70.90 en el Índice de Desempeño Fiscal 2024, un número que lo coloca en la cima del ranking nacional y lo diferencia por una ventaja de 17.3 puntos sobre el promedio del país. Este reconocimiento, logrado bajo la administración del gobernador César Ortiz Zorro, se da, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), tras una administración rigurosa y eficiente de los recursos públicos.El Índice de Desempeño Fiscal, creado en virtud de la Ley 617 de 2000, es una herramienta que mide la capacidad de los departamentos para manejar sus finanzas. Evalúa diversos indicadores clave, como la capacidad de generar ingresos propios, la ejecución del presupuesto y el control del gasto.Este desempeño no es casualidad. Se da como resultado de un enfoque estratégico y de una estructura administrativa robusta y organizada que le han permitido a Casanare no solo equilibrar sus cuentas, sino también consolidarse como un modelo nacional de eficiencia fiscal.A diferencia de otros departamentos que enfrentan serias dificultades para mantener sus finanzas en orden, Casanare ha logrado establecer un camino claro hacia la estabilidad económica tan necesaria para atraer inversión, proyectos, generación de empleo y bienestar.Para ponerlo en perspectiva, mientras muchos departamentos luchan año a año por mantener sus cuentas a flote, Casanare logró consolidarse en un nivel de solvencia que ningún otro territorio alcanzó en este ciclo fiscal. El resultado deja claro que su modelo de administración pública está funcionando.Su gobernador César Ortiz Zorro ha sido clave en este proceso. De acuerdo a lo conocido, el mandatario ha venido implementando una serie de acciones, estrategias y políticas que fomentan la transparencia y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Bajo su mandato ha demostrado que es posible transformar la administración pública en un motor de desarrollo, inspirando confianza tanto en los ciudadanos como en los inversores.
El presidente Gustavo Petro, en medio de su alocución del Consejo de ministros, mencionó que la idea de la conexión de un cable submarino desde China a Colombia continúa sobre la mesa. Este proyecto busca que el cable que tiene su punto de partida desde China y que luego pasa a Sídney- Australia, a futuro llegue a Buenaventura, pues permitirá la conexión con toda América del Sur.El objetivo del gobierno es conectar a “Colombia, desde la Amazonía, con el mundo”, para ello se requiere avances en la conexión de la Fibra Óptica en las regiones del Amazonas y el Putumayo que tiene una inversión de 683.170 millones que busca conectar los departamentos de Amazona y Putumayo. Por lo que en medio de la alocución exigió a la ministra de TIC, Carina Murcia que se avanzara en este proyecto e insistió en desarrollar la conexión entre Puerto Asís y Buenaventura, para permitir la conexión en Amazonas en los municipios de Puerto Alegría, El Encanto, Puerto Arica, Tarapacá, Puerto Nariño y Leticia; mientras que en Putumayo se conectarán Puerto Asís, Puerto Leguízamo y San Miguel.La ministra de TIC, sin embargo, argumentó que se han desarrollado las primeras bases y se ha avanzado en la “construcción del Conpes, porque el ministerio no había priorizado este proyecto y no se contaba con los recursos, pues fueron destinados a otros proyectos estratégicos dentro del ministerio”. Por lo que el presidente mencionó que el anterior ministro de las TIC, Mauricio Lizcano los había engañado.Por su parte, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó la Declaratoria de Importancia Estratégico, proyecto que busca conectar a los departamentos de Amazonas y Putumayo con el resto del mundo, es un paso fundamental hacia la realización de la visión del presidente Gustavo Petro de convertir a la Amazonia en un eje de conectividad global.El Departamento de Planeación presentó el CONPES en dónde se establece un cronograma e informa los avances se verán reflejados en 3 fases, desde el 2025 al 2026 se realizaría la ingeniería detalle, entre el 2027 y mediados del 2028 comienza la implementación del proyecto y para el segundo semestre del año 2028 las familias de la región ya se verán beneficiadas.“Recibimos con gran satisfacción esta declaratoria, porque sin duda se trata de un proyecto de importancia no solo para el país, sino para toda Suramérica, si tenemos en cuenta el plan del presidente Petro de conectar la Amazonia con China con fibra óptica a través de ríos y el Pacífico”, mencionó Carina Murcia, ministra TIC.En esta acción se busca beneficiar alrededor de 227.000 personas que residen en nueve municipios del Amazonas y Putumayo, llevando conectividad y oportunidades a los lugares que más lo necesitan.“Es importante la conectividad con propósito. Lograr que esos 100.000 hogares en la Amazonía tengan una conectividad, un servicio esencial para la educación, creo que es la misión que tiene ahora el Ministerio TIC. Si logramos conectar a los colombianos, logramos también tener un país más competitivo”, afirmó la ministra de las TIC.Al adelantar estas labores, se comienza con un proceso contractual y da inicio a la ejecución de este proyecto, además, comienza el desarrollo de las 3 frases del proyecto, para en el 2028 comience con su operación.
Un total de 28,4 billones de pesos del Sistema General de Regalías estarían en riesgo de no ejecutarse debido a un concepto del Departamento Nacional de Planeación (DNP).La advertencia fue hecha por la Federación Nacional de Departamentos (FND), que acusó al Gobierno Nacional de afectar la autonomía territorial y de tomar decisiones que ponen en peligro la inversión social.En un comunicado, los mandatarios reclamaron que se deje sin efectos el concepto emitido por el DNP y señalaron que la medida contradice las propias guías de proyectos tipo de la entidad.Los gobernadores le piden al Gobierno que retire un concepto del DNP que está frenando el uso de 28,4 billones de pesos en regalías. ¿Por qué? Según los gobernadores del país, el DNP dice que en los presupuestos de los proyectos no se pueden incluir gastos básicos como impuestos, estampillas o trámites de legalización.El problema es que si esos costos no se tienen en cuenta desde el inicio, los proyectos quedan sin plata suficiente para ejecutarse. En la práctica, eso hace que muchas obras no puedan arrancar, aunque ya tengan recursos asignados.“Este concepto impide que en el presupuesto de los proyectos de inversión se contemplen gastos de legalización y costos por estampillas u otros tributos, afectando la viabilidad financiera al desconocer el impacto de estas erogaciones legales en los costos finales; contradiciendo las Guías de proyectos tipo' del DNP; y rompiendo con el principio de programación integral -artículo 127 de la Ley 2056 de 2020-, y el deber de planeación y determinación previa del presupuesto que exige incluir todos los gastos asociados al proyecto”, indicaron.Además, los gobernadores señalan que este concepto del DNP contradice sus propias guías técnicas y también va en contra de la ley, que ordena que en todo presupuesto se deben incluir todos los gastos reales de un proyecto.Además, los gobernadores exigieron la suspensión del artículo 21 de la Resolución 1597 de 2025 del Ministerio de Salud que, según ellos, amenaza la estabilidad laboral de profesionales del sector al impedir financiar cargos de planta con recursos del Sistema General de Participaciones.También solicitaron la aplicación inmediata de la Ley 2468 de 2025, que reforma el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), ya sancionada hace más de 40 días, y el cumplimiento de los nombramientos en propiedad de directores seccionales de entidades como el ICBF, el SENA, Invías y el ICA.La FND advirtió que, de no obtener respuesta, se verán obligados a acudir a las vías judiciales para defender la autonomía y los recursos de las regiones.
La Alcaldía de Barrancabermeja mantiene las inspecciones en diferentes sectores del Distrito luego del sismo registrado durante la mañana de este lunes, que llevó a las autoridades a activar el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo para verificar posibles afectaciones en viviendas, infraestructura pública e instituciones educativas.En el caso de los colegios, los equipos técnicos adelantan verificaciones en varias sedes para determinar si las grietas, fisuras u otras novedades reportadas corresponden a afectaciones relacionadas con el movimiento sísmico.De acuerdo con la información entregada por la Administración Distrital, las inspecciones se concentran en el colegio Camilo Torres, sede A; la sede Antonio Nariño; el colegio El Castillo, sede A; y las sedes La Arenosa y La Lejía, ubicadas en el corregimiento Meseta de San Rafael.Además, se reportaron afectaciones menores en el colegio Pierre de Fermat y en la Megaludoteca.La Dirección de Gestión del Riesgo señaló que las evaluaciones continúan y que los informes técnicos serán remitidos a las secretarías de Educación e Infraestructura, entidades que deberán determinar las acciones de intervención que correspondan.Como medida de prevención, se recomendó suspender durante este lunes las actividades académicas en las instituciones educativas que están siendo objeto de revisión, mientras se establece si existen condiciones que puedan representar algún riesgo para estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.Didier González, director de Gestión del Riesgo y Desastres de Barrancabermeja, explicó que después de los movimientos sísmicos se inició una revisión especial de diferentes estructuras del Distrito.“Estamos haciendo una revisión especial en dos colegios públicos donde al parecer tenemos afectaciones. El colegio El Castillo tiene posibles afectaciones estructurales y el Camilo Torres, en la sede A, también será evaluado”, señaló inicialmente el funcionario.Sin embargo, con el avance de las inspecciones, la Alcaldía amplió el reporte a otras instituciones y sedes educativas, por lo que serán los resultados de las visitas técnicas los que permitan establecer el alcance real de las afectaciones.La Dirección de Gestión del Riesgo también continúa recibiendo reportes de los ciudadanos y realizando visitas técnicas en diferentes puntos de Barrancabermeja. De manera preliminar, se han reportado posibles afectaciones en seis sectores del Distrito, entre ellos Buenavista, Las Torres, San José Obrero, Las Granjas y Kennedy.Las autoridades insistieron en que estos reportes se encuentran en proceso de verificación y que, por ahora, no se debe asumir que las grietas o fisuras corresponden necesariamente a daños estructurales provocados por el sismo.La Administración Distrital hizo un llamado a la comunidad a mantener la calma y consultar únicamente los canales oficiales para conocer las novedades relacionadas con las inspecciones y las medidas que puedan adoptarse.También recordó que la información oficial sobre la actividad sísmica y la ocurrencia de posibles réplicas corresponde al Servicio Geológico Colombiano, por lo que pidió a la ciudadanía no compartir información que no haya sido verificada por las autoridades.Las inspecciones continuarán durante la jornada con el objetivo de establecer las condiciones de seguridad de las estructuras y definir, junto con las secretarías de Educación e Infraestructura, las medidas que deberán implementarse en las instituciones educativas.
Los jugadores del Deportivo Pereira vivieron horas de angustia e incertidumbre luego del terremoto que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto. Mientras el equipo se encontraba concentrado en Barranquilla para disputar su compromiso por la cuarta fecha de la Liga BetPlay, varios futbolistas perdieron comunicación con sus familiares y compañeros, una situación que aumentó la preocupación hasta que poco a poco lograron confirmar que todos se encontraban a salvo.Así lo relató el defensor Jordy Monroy en entrevista con Blog Deportivo, donde explicó que el fuerte sismo sorprendió al plantel cuando ya estaba preparado para afrontar el partido. “Se generó mucha incertidumbre porque después de un temblor se va la señal. No nos podíamos comunicar con nuestros familiares allá en Pereira, con algunos compañeros tampoco. Hasta hace poquito apareció el último que nos faltaba por saber de él y ya estamos un poquito más tranquilos”, afirmó.El futbolista aseguró que la distancia hizo aún más difícil la situación, ya que los integrantes del equipo solo podían seguir las noticias a través de las redes sociales mientras observaban los daños registrados en Pereira. “Lo único que podemos hacer es meternos a las redes y mirar todo lo que está pasando allá en Pereira, que hubo mucha destrucción. Ya solo nos queda viajar y llegar allá y estar con nuestras familias, que gracias a Dios están bien”, señaló.Monroy también contó que su esposa lo llamó entre lágrimas pocos minutos después del movimiento telúrico. Según explicó, ella se encontraba en la casa de su madre y no estaba sola, una circunstancia que le dio algo de tranquilidad en medio de la emergencia. “Fue algo muy duro, un momento de mucha tensión al ver que la gente corría, que cosas se veían al suelo, edificios y todo eso. Mucha tristeza por lo que pasó y por lo que puede pasar”, expresó el defensor.Tras la decisión de la Dimayor de suspender la jornada del fútbol colombiano, el jugador consideró acertada la medida y explicó que la prioridad del plantel será regresar cuanto antes a Pereira para verificar el estado de sus viviendas y reencontrarse con sus seres queridos. “Lo primordial es llegar a la casa a ver cómo está todo. Tengo entendido que hay muchos apartamentos que quedaron afectados por dentro. Me parece una buena decisión que esta semana no haya fútbol; es una forma de solidaridad con las personas que están afectadas”, concluyó.
Tras el sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana, en José del Palmar, Chocó, las aerolíneas activaron medidas especiales para los pasajeros que puedan tener afectaciones en sus viajes. Avianca, LATAM y Wingo ofrecen alternativas para reprogramar vuelos, cambiar rutas o solicitar reembolsos, aunque las condiciones dependen de cada compañía.Avianca habilitó estas medidas para pasajeros con tiquetes confirmados en vuelos nacionales para este 10 de agosto. Podrán cambiar la fecha hasta 15 días después de la original, sin penalidad ni diferencia tarifaria, sujeto a disponibilidad. También podrán modificar la ruta entre puntos comunes de Colombia, bajo las mismas condiciones. En ese caso, el pasajero deberá asumir el desplazamiento hacia o desde el nuevo destino. La tercera opción es solicitar el reembolso, según las condiciones de la aerolínea.Las medidas aplican al trayecto afectado y al regreso, incluso si están en tiquetes diferentes, siempre que ambos vuelos sean operados por Avianca.LATAM estableció flexibilidades para pasajeros con vuelos entre el 10 y el 16 de agosto desde o hacia Pereira, Cali y Armenia. Podrán cambiar la fecha o el vuelo sin multa ni diferencia tarifaria, pedir la devolución sin costo adicional o solicitar un cambio de ruta, sujeto a la disponibilidad de sillas en la misma cabina del tiquete original. La compañía mantiene seguimiento de la situación junto con las autoridades y los aeropuertos, y comunicará cualquier modificación directamente a los viajeros.Wingo, por su parte, habilitó medidas para pasajeros con vuelos programados el 10 y 11 de agosto en toda su red de destinos. Pueden cambiar la fecha sin pagar penalidad ni diferencia tarifaria y viajar hasta 30 días después de la fecha original. También pueden solicitar un cambio de ruta dentro de la red de Wingo, sujeto a disponibilidad, para viajar dentro de ese mismo plazo.Este periodo podría modificarse según la evolución de la situación y las decisiones de las autoridades. Además, está disponible el reembolso del 100 % del valor pagado por el tiquete.Las aerolíneas recomiendan verificar el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto y realizar cualquier trámite únicamente a través de sus canales oficiales. Avianca dispone de su página web, aplicación móvil y demás canales de atención. LATAM tiene habilitados su página web, aplicación, la línea 601 518 5800 y el WhatsApp +56 9 68250850.Wingo recibe las solicitudes de cambio, ruta o reembolso a través de sus canales de atención en Colombia. Las compañías continuarán monitoreando la situación y actualizarán sus medidas si cambian las condiciones operacionales.
Luego del terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y afectaciones reportadas principalmente en municipios de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) activó un corredor humanitario para apoyar la atención de las comunidades damnificadas.La iniciativa contempla la gestión y el transporte de alimentos de consumo inmediato, productos de la canasta básica, bebidas y otros artículos esenciales. Entre los alimentos que se requieren están agua, arroz, aceite, pastas, lentejas, fríjol, garbanzo, arveja, alimentos enlatados, harina de maíz y trigo, panela, chocolate, frutos secos, avena, coladas, leche en polvo, leche líquida UHT y alimentos listos para el consumo.También se necesitan artículos de primera necesidad como jabón, champú, cepillos y crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para bebés y adultos, toallitas húmedas, crema antipañalitis, toallas, colchonetas y mantas.Para recibir estas ayudas fueron habilitados diferentes Bancos de Alimentos en el país. En Pereira y Buenaventura, los puntos habituales se encuentran afectados y está en evaluación la habilitación de lugares alternos. También fueron dispuestos puntos de acopio en Manizales, Medellín, Cali, Bogotá, Armenia, Ibagué y Bucaramanga, desde donde se coordinará posteriormente el traslado de las donaciones hacia las zonas que requieren atención.ABACO también habilitó canales para recibir donaciones económicas destinadas a atender la emergencia:A través de la página oficial de donaciones de ABACO: https://donahoy.abaco.org.co/colombia2026Llave Bre-B: 0090989753.Cuenta corriente Bancolombia: 15264342372, a nombre de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, NIT 900326456-1.Los recursos serán destinados principalmente a financiar el transporte humanitario y la compra de alimentos de la canasta básica. Las ayudas están dirigidas a personas ubicadas en albergues oficiales, centros de salud y hospitales; población autoalbergada en viviendas de familiares o conocidos dentro de las zonas afectadas; y comunidades ubicadas en sectores cercanos al área de la emergencia.
Para hacerle frente al fenómeno de El Niño, el municipio de La Ceja le apuesta a la energía limpia. Con una inversión de 800 millones de pesos, el municipio instaló 218 paneles solares en su acueducto, una medida que busca reducir los costos operativos y el consumo energéticoComo parte de las medidas de preparación ante la llegada del fenómeno de El Niño, el municipio de La Ceja inauguró 218 paneles solares en la planta de bombeo Pantanillo ubicada en El Retiro, una infraestructura clave para la captación del agua del acueducto municipal.El nuevo sistema solar fotovoltaico garantizará al menos el 20 % de la energía que consume la planta en sus picos más altos, reduciendo en un 19 % el consumo eléctrico total destinado al bombeo de agua para la comunidad."En gastos operacionales de las Empresas Públicas de La Ceja, nos va a permitir redistribuir ese ingreso para seguir mejorando la calidad de los servicios públicos que prestamos. Nosotros prestamos acueducto, alcantarillado, aseo, y tenemos que seguir fortaleciendo también la transformación de residuos sólidos. Entonces, ese recurso nos va a servir mucho para ese propósito", así lo dijo María Ilbed Santa, alcaldesa del municipio de La Ceja.El gerente de Empresas Públicas de La Ceja, Andrés Felipe Álvarez, destacó que esta iniciativa materializada con una inversión cercana a los 800 millones de pesos y el apoyo de Empresas Públicas de Medellín (EPM) le permitirá al municipio un ahorro estimado en más de 2.300 millones de pesos durante los próximos 20 años.