La construcción del Malecón del Río Magdalena, tramo 1, permanece en medio de retrasos y ajustes técnicos que han impedido avanzar al ritmo esperado, pese a que el proyecto quedó financiado y estructurado desde 2023, cuando el alcalde de Barrancabermeja era Alfonso Eljach, Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el tiempo transcurrido para actualizar los estudios y diseños. Después de cerca de dos años, la administración de Jhonatan Vásquez entregó al Departamento Nacional de Planeación los estudios y diseños el 18 de febrero de 2025, con el propósito de avanzar en el proceso de ajuste y reactivación del proyecto.Sin embargo, desde entonces, habría transcurrido aproximadamente un año y medio sin que se concrete la reactivación definitiva de los recursos de regalías, situación que mantiene en espera una obra considerada estratégica para la recuperación del frente ribereño de Barrancabermeja.De acuerdo con la ficha de asistencia técnica del DNP fechada el 13 de mayo de 2026, la cual fue conocida por Blu Radio, fueron identificados aspectos que debían ser ajustados dentro del proyecto y registrados correctamente en el aplicativo SUIFP-SGR, plataforma utilizada para el seguimiento de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.El proyecto contempla una inversión cercana a $28.000 millones, mientras que se plantea una adición aproximada de $8.000 millones, equivalente a cerca del 20 % del valor inicial, según la información suministrada.La documentación del DNP advierte que las modificaciones deben estar debidamente sustentadas y que, bajo las condiciones establecidas para este tipo de proyectos, los ajustes pueden estar sujetos a los límites previstos en la normativa del Sistema General de Regalías.Uno de los puntos que estaría generando mayores dificultades está relacionado con las condiciones actuales del río Magdalena.Durante una reunión de asistencia técnica quedaron como compromisos la reformulación de los diseños correspondientes a aproximadamente 60 metros de tabla estancado en el sector del Hotel Pipatón, debido a los cambios registrados en el cauce del río.La propia ficha señala que los diseños inicialmente entregados presentan diferencias frente a las condiciones actuales del afluente, por lo que la actualización podría modificar algunos componentes del proyecto.Además, dentro de los compromisos adquiridos aparece la necesidad de avanzar en la entrega al SENA de la administración de la Escuela de Gastronomía, otro de los componentes relacionados con el proyecto.¿Por qué no se ha terminado el Malecón?El proyecto enfrenta así una combinación de retrasos administrativos, ajustes en estudios y diseños, cambios en las condiciones del río y trámites ante el Sistema General de Regalías.El alcalde de Barrancabermeja, Jhonatan Vásquez, deberá completar los ajustes solicitados, actualizar la información en el SUIFP-SGR y cumplir los compromisos establecidos con el DNP para buscar el levantamiento de la suspensión de los recursos y permitir que la obra pueda continuar.A principios de 2024, la secretaria de Infraestructura de Barrancabermeja, Johana Paola Santos, afirmó que las obras avanzaban de acuerdo con el proyecto financiado dejado por la anterior administración. Hoy estas obras están paralizadas por errores y ajustes que debe hacer el gobierno de Jhonatan Vásquez. "También los retrasos en está importante obra se debe a las demandas judiciales que interpuso en su momento el abogado Leonardo Granados, quién es hoy el secretario de Ambiente de Barrancabermeja. Son errores 'políticos', que está pagando la ciudad", dijo un reconocido veedor social del Puerto Petrolero. El Malecón del Río Magdalena es uno de los proyectos de infraestructura más importantes para Barrancabermeja, tanto por su impacto urbanístico como por su potencial turístico y de recuperación del espacio público sobre la ribera del río.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella busca financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto sin recurrir a un aumento de impuestos, pese a la presión que enfrenta el país por los daños ocasionados por la emergencia, aseguró Julián Buitrago, nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en entrevista con Mañanas Blu.El funcionario explicó que existen diferentes mecanismos para conseguir recursos adicionales y acelerar la ejecución de los que ya están disponibles. Entre las alternativas mencionó combatir la evasión, mejorar la eficiencia del gasto público y destrabar recursos de regalías que actualmente permanecen sin ejecutar.Buitrago sostuvo que la emergencia obliga a buscar mecanismos distintos para conseguir los recursos necesarios.¿De dónde saldrían los recursos para la reconstrucción?Buitrago señaló que una de las fuentes que el Gobierno busca aprovechar son los recursos del sistema general de regalías. Según explicó, actualmente existen $16 billones congelados, por lo que una de sus prioridades será revisar cómo agilizar la aprobación de proyectos para permitir que ese dinero llegue a las regiones.“Tenemos congeladas en regalías 16 billones de pesos”, afirmó el nuevo director del DNP durante la entrevista.El funcionario aseguró que conoce el funcionamiento de estos procesos porque anteriormente estuvo vinculado al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), instancia relacionada con la aprobación de proyectos financiados con regalías.Buitrago cuestionó que existan recursos disponibles mientras los trámites para ejecutar proyectos pueden tardar y planteó que se debe hacer más eficiente ese procedimiento. “Si tenemos recursos congelados, están ahí en las cuentas de las fiducias, pues no tiene ningún sentido que apretemos más a los colombianos”.¿Qué otras medidas plantea el Gobierno para conseguir recursos?El director de Planeación Nacional también mencionó la necesidad de combatir la evasión y hacer más eficiente el gasto público como mecanismos para aumentar la disponibilidad de recursos sin crear nuevos impuestos.A esto se suma la posibilidad de utilizar herramientas que permitan atraer inversión privada y extranjera. Buitrago explicó que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo deberá contemplar mecanismos para que los recursos públicos disponibles puedan servir para apalancar proyectos de reconstrucción.El funcionario señaló que el Gobierno estudia herramientas como beneficios tributarios para inversionistas extranjeros, con el objetivo de incentivar la llegada de capital destinado a proyectos de inversión.¿Por qué la reconstrucción enfrenta dificultades de financiación?Buitrago reconoció que el panorama fiscal del país representa uno de los principales retos para la reconstrucción. Según explicó, el Gobierno recibió un margen de endeudamiento que, de acuerdo con sus cálculos, es mucho menor al que normalmente tendría una administración al comenzar su periodo.Además, advirtió que la emergencia también afecta las finanzas de los municipios. Puso como ejemplo a Pereira, donde los ingresos propios dependen principalmente del impuesto predial y del impuesto de industria y comercio, tributos que podrían disminuir como consecuencia de la tragedia.El problema, según explicó, se amplía al considerar los municipios afectados por el terremoto, por lo que el Gobierno deberá buscar mecanismos para realizar inversiones incluso con recursos fiscales limitados.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El presidente Abelardo De La Espriella anunció desde Pereira la designación de Julián Buitrago como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). El nombramiento se produce en medio de la respuesta institucional a la emergencia ocasionada por el terremoto, que generó afectaciones en distintos departamentos del país.La elección de Buitrago adquiere especial relevancia por el papel que tendrá el DNP en la definición de las acciones de recuperación. El funcionario deberá contribuir a estructurar las iniciativas necesarias para atender los daños ocasionados por el sismo y establecer las prioridades de inversión que permitan avanzar en la recuperación de las regiones golpeadas.Uno de los primeros desafíos será trabajar en la hoja de ruta para la recuperación de Pereira y Risaralda, sin dejar de lado las necesidades de otros territorios afectados. Esto supone integrar las consecuencias de la emergencia a la planificación nacional y determinar qué proyectos, recursos y programas requieren atención prioritaria.Durante su anuncio, el presidente también confirmó que Pereira hará parte de la emergencia económica que será presentada por el Gobierno la próxima semana. Esta decisión busca facilitar la respuesta frente a las consecuencias del terremoto y contar con herramientas adicionales para acelerar las intervenciones que requiera la ciudad.De esta manera, Buitrago asumirá el cargo en un momento en el que la planeación será determinante para pasar de la atención inmediata de la emergencia a una etapa de recuperación y reconstrucción. El reto será coordinar las necesidades de Pereira y Risaralda con una estrategia más amplia que permita responder a las afectaciones ocasionadas por el terremoto en diferentes zonas de Colombia.
El exsubdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y exdecano de Economía de la Universidad del Rosario, Carlos Eduardo Sepúlveda Rico, asumirá como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Así lo pudo conocer Blu Radio en primicia.Sepúlveda Rico es doctor en Economía por la Universidad de Boston y cuenta con título de pregrado y maestría en la misma disciplina por la Universidad del Rosario. En el ámbito académico ha ejercido labores docentes e investigativas enfocadas en la transformación institucional.En su trayectoria técnica, Sepúlveda ha participado en el diseño y evaluación de políticas públicas en el país. Su experiencia técnica abarca el uso de datos cuantitativos para la toma de decisiones públicas, el estudio de las dinámicas de los hogares, los impactos de la migración y las barreras en el mercado de trabajo.Asimismo, se confirmaron nuevos encargos temporales en distintas entidades del alto Gobierno para asumir funciones de dirección y seguimiento institucional.Encargos en el DNI, Paz y SupersubsidioEl actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Andrés Ríos Puerta, asumirá de manera temporal la dirección del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI). De igual forma, ejercerá en calidad de encargado las funciones de Consejero Comisionado de Paz.Por su parte, el presidente Abelardo De la Espriella designó a la ministra del Trabajo, Natalia López, como superintendente de Subsidio Familiar encargada.
El Sindicato de Trabajadores del Departamento Nacional de Planeación expresó su preocupación por una serie de nombramientos realizados en las últimas horas de la administración saliente del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, la presidenta del sindicato, Luz Yolanda Morales, aseguró que estas designaciones podrían dejar funcionarios en provisionalidad y pidió al próximo Gobierno nombrar una dirección con perfil técnico para la entidad.Sindicato cuestiona 62 nombramientos en provisionalidadLa dirigente sindical afirmó que la actual directora del DNP, Natalia Irene Molina Pozo, habría realizado "un exceso de nombramientos" antes del cambio de gobierno."Estamos aterrados de la forma en que Natalia Irene Molina Pozo (...) ha cometido en las últimas horas un exceso de nombramientos. Son 62 nombramientos en provisionalidad", aseguró.Según explicó, estas designaciones estarían relacionadas con la estructura institucional del Sistema General de Regalías y tendrían como propósito dejar vinculados a funcionarios en cargos estratégicos.Morales sostuvo que entre los casos se encuentra el del actual subdirector de Gestión de Talento Humano, quien, según dijo, ahora sería nombrado como asesor de la Subdirección del Sistema General de Regalías."Quedarían atornillados": la advertencia sobre los cargos provisionalesDurante la entrevista, la presidenta aseguró que, una vez posesionados, los funcionarios provisionales no podrían ser retirados fácilmente por la nueva administración."Los provisionales no pueden ser sacados de la entidad sino cuando se pensionen prácticamente, porque quedarían atornillados", manifestó. También afirmó que algunos funcionarios buscarían mecanismos de protección laboral, como el fuero prepensional o el fuero sindical, para permanecer en la entidad durante los próximos años.Asimismo, expresó preocupación por varias renuncias registradas en altos cargos del DNP en los últimos días del actual Gobierno, al considerar que podrían afectar la continuidad administrativa. "A uno lo que le da angustia es que se pierda la trazabilidad", señaló.Llamado a De La Espriella para nombrar un director técnicoMorales dirigió un mensaje al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y al vicepresidente José Manuel Restrepo, a quienes pidió designar un director o directora con experiencia en el Departamento Nacional de Planeación."Le suplico al presidente electo Abelardo De La Espriella (...) que dispongan como director o directora del DNP a alguien que de verdad le duela Colombia, a alguien técnico del DNP, que cumpla y haga cumplir la Constitución de la República", expresó.Finalmente, sostuvo que el Departamento Nacional de Planeación ha perdido su capacidad técnica durante los últimos años. "El rigor técnico del DNP (...) se perdió. El DNP está perdido", concluyó la presidenta del sindicato, quien también hizo un llamado para que las nuevas autoridades fortalezcan nuevamente el carácter técnico de la entidad.Escuche la entrevista completa acá:
El Gobierno nacional aclaró que el Sisbén no dejará de existir con la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI) y confirmó un cambio en el cronograma de transición hacia este nuevo sistema. A través del Decreto 662 del 26 de junio de 2026, se amplió el plazo para que las entidades públicas culminen los ajustes técnicos, operativos e institucionales antes de adoptar el RUI como instrumento principal para focalizar subsidios y programas sociales.Con esta decisión también se despejan las dudas que surgieron en las últimas semanas sobre una supuesta eliminación del Sisbén desde julio de 2026. La nueva fecha fijada por el Gobierno establece que el RUI comenzará a operar como único instrumento de focalización a partir del 1 de agosto de 2026, mientras que el período de transición para quienes ya estaban registrados en el Sisbén se extenderá hasta el 31 de octubre de este año.El Sisbén seguirá siendo parte del nuevo sistemaLa directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Irene Molina, explicó que el cambio no implica la desaparición del Sisbén, sino una evolución del mecanismo utilizado para identificar a la población que puede acceder a programas sociales.Según la funcionaria, toda la información que las familias han entregado mediante las encuestas del Sisbén continuará siendo válida. La diferencia es que ahora esa base de datos se complementará con información proveniente de otras entidades del Estado para lograr una clasificación más precisa de los ingresos de cada hogar.De esta manera, el Registro Universal de Ingresos utilizará datos del Registro Social de Hogares, integrando información del Sisbén con registros administrativos de entidades como la Registraduría Nacional, la DIAN y la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), entre otras bases oficiales.El objetivo es que la identificación de los potenciales beneficiarios de subsidios sea más actualizada y cercana a la realidad económica de cada familia.¿Qué cambia con el nuevo decreto?El Decreto 662 establece varias medidas para garantizar que la implementación del RUI se haga de manera gradual y sin afectar a los ciudadanos que actualmente reciben ayudas del Estado. Entre las principales disposiciones se encuentran:El 1 de agosto de 2026 será la fecha oficial para iniciar el uso del RUI como instrumento de focalización.Las personas que ya estaban identificadas mediante el Sisbén antes del 31 de julio de 2026 tendrán un período de transición hasta el 31 de octubre de 2026.Cada entidad encargada de administrar subsidios deberá publicar su propio cronograma de implementación, junto con los mecanismos de atención para resolver inquietudes de los ciudadanos.Durante toda la transición deberán mantenerse campañas de información y pedagogía para evitar confusiones.El Departamento Nacional de Planeación continuará brindando asistencia técnica a las entidades encargadas de ejecutar programas sociales.La directora del DNP señaló que este tiempo adicional permitirá consolidar la interoperabilidad entre las diferentes bases de datos del Estado y garantizar un proceso ordenado.Los mitos que aclaró el GobiernoAnte la circulación de información falsa en redes sociales y diferentes canales, el Gobierno respondió a varias de las dudas más frecuentes.Una de ellas aseguraba que el Sisbén había desaparecido desde el 1 de julio de 2026, algo que fue desmentido. El DNP reiteró que el Sisbén seguirá funcionando como una de las principales fuentes de información del Registro Social de Hogares.También se aclaró que los subsidios no serán suspendidos automáticamente con la entrada del RUI. El nuevo registro únicamente clasifica a la población según sus ingresos, mientras que cada programa social definirá sus propios criterios para realizar la transición sin afectar de manera abrupta a los hogares vulnerables.Otra inquietud frecuente era la necesidad de volver a realizar inmediatamente la encuesta del Sisbén. Frente a esto, Planeación Nacional explicó que no existe ninguna obligación inmediata. Las actualizaciones se harán progresivamente y serán las entidades territoriales las encargadas de informar cuándo un hogar deba realizar algún trámite.¿Cómo funcionará el RUI?El Registro Universal de Ingresos clasificará a las personas utilizando diferentes fuentes de información. Para quienes tienen empleo formal se tendrán en cuenta registros como aportes a seguridad social o declaraciones tributarias.En el caso de trabajadores informales, el sistema combinará modelos estadísticos con variables socioeconómicas y, cuando no existan datos suficientes, se apoyará en la información obtenida mediante la encuesta del Sisbén realizada por las alcaldías.Asimismo, quienes detecten errores o información desactualizada podrán acudir a la Ventanilla Social, disponible en las entidades territoriales, donde será posible consultar, actualizar o solicitar la corrección de sus datos.El Gobierno también insistió en que el uso de información administrativa para el funcionamiento del RUI no vulnera la privacidad de los ciudadanos, ya que el acceso a esos datos se realiza únicamente para fines de focalización social y bajo las normas de protección de datos personales y hábeas data vigentes en Colombia. Con este nuevo cronograma, las autoridades buscan que la transición hacia el RUI se realice de manera gradual y sin poner en riesgo el acceso de los hogares vulnerables a los programas sociales del Estado.
El Departamento Nacional de Planeación destacó los avances alcanzados en la investigación que permitió destapar un nuevo entramado de corrupción relacionado con el manejo de recursos del Sistema General de Regalías, luego de que la Fiscalía General de la Nación confirmara la captura de nueve personas señaladas de direccionar contratos financiados con estos recursos.De acuerdo con información entregada por el DNP y la Subdirección del Sistema General de Regalías, desde agosto de 2024 se habían advertido posibles irregularidades en múltiples proyectos financiados con recursos públicos. La entidad señaló que “oficiamos a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, la información sobre 2.094 proyectos con plazos de ejecución vencida y/o contratos suspendidos, después del seguimiento y la revisión exhaustivas por parte de nuestros equipos técnicos en los que se advirtieron presuntas irregularidades en la ejecución de los recursos por parte de entidades ejecutoras”.Según el reporte oficial, además del análisis de estos proyectos, también se puso en conocimiento de los organismos de control información relacionada con iniciativas que evidenciaban fallas durante su ejecución. En ese sentido, el DNP precisó que “junto a esta información también se puso en conocimiento de dichas autoridades el reporte de 146 proyectos visitados que presentaban irregularidades. Entre esta información, se presentó el caso de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA)”, organización que posteriormente quedó vinculada en las investigaciones por presuntos actos de corrupción.Como parte de las medidas adoptadas para fortalecer el control y la transparencia en el manejo de recursos públicos, el Sistema General de Regalías anunció nuevas herramientas de seguimiento. La entidad indicó que “lanzó, a finales de 2025, la Nueva Metodología de Medición del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), una metodología que mide el desempeño de los ejecutores y fortalece la transparencia en la ejecución de proyectos financiados con recursos del sistema, bajo el análisis y verificación de la información entregada por las entidades”. Asimismo, informó que se encuentra en desarrollo un servicio integrado de atención a usuarios que permita eliminar intermediaciones y garantizar mayor transparencia en el acceso a las convocatorias del sistema.Estos avances institucionales coinciden con las recientes actuaciones judiciales adelantadas por la Fiscalía, que revelaron la existencia de un entramado de corrupción que utilizaba la figura de esquemas asociativos de municipios para direccionar contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Las diligencias fueron ejecutadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación en los municipios de Arauca, Barranquilla y Cantagallo, donde fueron capturadas nueve personas señaladas de participar en las actividades ilícitas.De acuerdo con las investigaciones, los capturados habrían articulado acciones para que la Asociación Regional de Municipios del Caribe fuera designada como ejecutora de proyectos financiados con regalías por parte de alcaldías y gobernaciones. Una vez obtenida la autorización, presuntamente direccionaban los contratos para favorecer intereses específicos. Según los hallazgos, se habrían direccionado 101 proyectos por una cuantía superior a 496.000 millones de pesos.
Durante el fin de semana, varios miembros del alto Gobierno —entre ellos las ministras de Transporte, Ciencia y TIC, y la superintendente de Industria y Comercio— se pronunciaron para condenar la entrevista realizada a la directora del Departamento Nacional de Planeación el pasado viernes 30 de enero en Blu Radio. Ante ello, considero pertinente hacer una reflexión pública sobre lo sucedido.Desde distintos sectores del Gobierno y de sus seguidores se me ha señalado por el tono que utilicé con la directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina Posso, a quien cuestioné por no tener la preparación suficiente para el cargo que hoy ocupa.Pareciera que se espera que los periodistas permanezcamos inmóviles cuando un servidor público —cuya responsabilidad es velar por las finanzas del país— evada responder preguntas concretas sobre el déficit fiscal, el aumento del gasto y la contratación estatal, y que, en lugar de responder, decida acusar públicamente a una mesa de trabajo radial de “no querer que se destinen recursos” a la salud, la educación y la inversión social para los más vulnerables.Precisamente porque nos importan esos gastos sociales es que exigimos rendición de cuentas a los funcionarios que invitamos a nuestros espacios. Responder con demagogia a preguntas válidas no es más que una técnica de desinformación y polarización, un recurso ampliamente utilizado por gobiernos en distintas latitudes para deslegitimar la crítica de los medios atacando su reputación. Eso fue exactamente lo que ocurrió durante la entrevista con la directora Molina.Recurrir a expresiones como “cálmese” o “tranquila, tranquila” no es una estrategia inocente: es una forma velada de deslegitimación, profundamente arraigada en una cultura patriarcal y misógina, que busca desactivar la interpelación en lugar de responderla. Esa actitud, que cada vez dificulta más el debate público, pretende que los periodistas renunciemos a ejercer nuestra libertad y a cuestionar las estructuras profundas que definen el poder.Sorprende la escasa —casi nula— autocrítica de quienes hoy actúan como voceros automáticos del Gobierno. Funcionarios que repiten el discurso oficial como un mantra, porque esa repetición es, en muchos casos, la condición para permanecer en el cargo.Resulta paradójico que mientras se nos acusa de ser “periodistas del poder”, muchos de ellos ocupen posiciones para las cuales no tienen la preparación ni la experiencia necesarias. Están allí precisamente porque no cuestionan, porque no contradicen, porque obedecen. Quienes se atreven a hacerlo han ido saliendo del Gobierno, como se ha visto incluso entre algunos de los más leales alfiles del progresismo.Se ha querido reducir lo ocurrido a una supuesta diferencia ideológica. Ese argumento se cae por sí solo frente a la evidencia. Los micrófonos de este programa están y seguirán estando abiertos para el debate con los funcionarios del Gobierno, siempre desde el respeto y la honestidad intelectual.De hecho, un día antes de esa entrevista, en el mismo espacio, dialogamos con la ministra de Cultura, Yannai Kadanami, a quien también cuestionamos sobre temas relacionados con su cartera. La diferencia fue clara: respondió con conocimiento, altura y argumentos.Esa misma semana pasó por el programa Susana Muhamad, otra mujer progresista que defiende con firmeza las decisiones del Gobierno y su proyecto político. Da gusto conversar con funcionarias capaces de sostener una entrevista desde la solidez técnica y el rigor.Así que no, no se trata de ideología. Se trata de preparación, de respeto por el cargo que se ocupa y por los ciudadanos a quienes se debe rendir cuentas. No dudo de que la directora Natalia Irene Molina Posso pudiera haber sido, en el futuro, una gran directora del DNP, pero sí dudo de que una persona con apenas unos años de experiencia laboral pueda hacerse cargo de un departamento tan determinante para el presente y el futuro de los más pobres, aquellos que tanto dicen defender. La entrevista de Blu Radio fue una fotografía de ello.El problema de fondo no es Molina —¿quién no aceptaría el cargo de directora del Departamento Nacional de Planeación?—. La práctica burocrática cuestionable es de quienes la nombran, porque lo hacen sabiendo que funcionarios sin experiencia dependen política y profesionalmente de quienes los designan. Así, poco a poco, se va debilitando la institucionalidad del país. Como bien lo advirtió Orwell, “la ineficiencia no siempre es un error: puede ser una herramienta de control”.Por último, no quiero cerrar estas líneas sin reconocer que el tono de la entrevista fue fuerte, lamento si fue incómodo para parte de nuestra audiencia. El deber del periodismo es ejercer control sobre el poder; a veces, como todos los seres humanos, fallamos en la forma.
El magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, a quien le correspondió por sorteo el estudio del decreto 0044 con el que se crearon nuevos impuestos para el sector de la generación de energía, ordenó una serie de pruebas para su estudio, según un auto de 8 páginas al que Blu Radio tuvo acceso en primicia.Entre esas, que el Gobierno explique cómo las medidas previstas contribuyen a conjurar la crisis y a evitar la interrupción del servicio, en particular en la región del Caribe, donde se advierten riesgos financieros y operativos.El magistrado Fernández también pidió justificar por qué fue necesario acudir a un decreto legislativo, y no a mecanismos ordinarios como leyes, ajustes tarifarios o regulaciones sectoriales, así como detallar el impacto de las medidas sobre tarifas, mercado energético y usuarios, especialmente población vulnerable.En ese orden de ideas, el despacho del magistrado Vladimir Fernández también invitó a participar a través de conceptos a un número considerable de entidades, entre esas, el Ministerio de Hacienda, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Departamento Nacional de Planeación y las gobernaciones de más de 10 departamentos de la región Caribe.Después de que lleguen todas las pruebas que requirió el magistrado Vladimir Fernández, él deberá redactar una ponencia para que la Sala Plena vote.Este auto se conoce en medio de la decisión que adoptó por primera vez la Corte Constitucional, al ‘estrenar’ su figura de la suspensión provisional a un estado de excepción, poniéndole un freno provisional a la emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro hasta que se estudie de fondo su constitucionalidad.
En medio de un debate nacional sobre el déficit fiscal y el aumento del gasto público, la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Molina, aseguró que el incremento en el presupuesto no representa un derroche, sino una inversión social estratégica en sectores como educación, salud y salarios dignos para los colombianos.En entrevista en Mañanas Blu 10:30, Molina explicó que la percepción de “gasto excesivo” no considera que la mayor parte de los recursos se destinan a programas sociales y obligaciones legales adquiridas por el Estado. “El 90% del gasto del gobierno central es inflexible y responde a sentencias judiciales o a rentas de destinación específica. Esto incluye educación, salud y remuneraciones que garantizan la dignidad de los trabajadores, como soldados y médicos internos”, detalló.La directora también se refirió a las críticas sobre el aumento de la nómina estatal y la creación de nuevos cargos. Frente a esto, Molina explicó que la recomposición del gasto público ha trasladado recursos de inversión a funcionamiento, con el objetivo de asegurar la continuidad de proyectos sociales, como la gratuidad de la educación superior para estudiantes de estratos 1, 2 y 3, y la mejora de la red hospitalaria pública, incluyendo el Hospital San Juan de Dios, que recibió 167.000 millones de pesos del Gobierno nacional.Sobre la acusación de que la política de economía expansiva del presidente Gustavo Petro incrementa el gasto sin control, Molina señaló que estas medidas buscan reactivar la economía y generar productividad. “Es como cuando una familia pide un crédito para comprar vivienda: incrementa su gasto, pero al final obtiene un activo que genera beneficio a largo plazo. El gasto público social funciona de manera similar”, argumentó.En cuanto al déficit fiscal, Molina explicó que la cifra estructural supera los 110 billones de pesos y que medidas como los decretos de emergencia económica, por 1,6 billones de pesos, solo representan una parte limitada del esfuerzo financiero. Según la directora, el Gobierno busca financiar el gasto social mediante una estructura tributaria progresiva, aplicando mayores impuestos a los contribuyentes de mayores ingresos, aunque esta estrategia ha sido objeto de debate en el Congreso y entre economistas.Durante la entrevista, la periodista planteó varias preguntas sobre la legitimidad del aumento del gasto público, la política de economía expansiva y la refinanciación de deuda, temas que Molina abordó vinculando los incrementos de gasto con la necesidad de sostener programas sociales y reactivar la economía. Sin embargo, no se presentó un consenso claro sobre si estas decisiones impactan positivamente o generan mayores riesgos fiscales.
El municipio de Bahía Solano se prepara para recibir una nueva infraestructura aeroportuaria que busca fortalecer la conectividad aérea y las condiciones para el desarrollo turístico de esta localidad importante para el desarrollo del departamento del Chocó.Será la Gobernación del Chocó la que realizará la entrega protocolaria de las obras de mejoramiento de los servicios aeroportuarios y de navegación aérea del Aeropuerto José Celestino Mutis, esto, con una inversión de $31.195 millones, recursos provenientes del Sistema General de Regalías.El proyecto incluyó la construcción de la terminal de pasajeros, así como el cerramiento perimetral de seguridad y otras obras requeridas para garantizar el funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria.La ejecución estuvo a cargo de la Asociación de Municipios Urabá Darién–Caribe, mientras que el municipio de Bahía Solano figura como entidad beneficiaria de la intervención.De acuerdo con la Gobernación, las nuevas obras permitirán fortalecer las condiciones aeroportuarias de Bahía Solano, considerado uno de los principales destinos turísticos del departamento y, además, la infraestructura también busca aportar mejores condiciones para la conectividad de la región.Según los expertos, la inversión representa una intervención relevante para un territorio cuya conexión aérea tiene importancia tanto para la actividad turística como para la movilidad de residentes y visitantes.
Un nuevo sismo se registró en la noche de este jueves, 24 de septiembre, en el departamento del Tolima. De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a las 7:37 de la noche y tuvo una magnitud de 4,1.El epicentro fue localizado en inmediaciones de Chaparral, Tolima, específicamente a 17 kilómetros de Roncesvalles. El reporte del SGC señala que el evento tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, una característica que puede hacer que un sismo sea percibido con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro.Según la información publicada por la entidad, el evento tuvo como coordenadas una latitud de 3,86 y longitud de -75,63. En el mapa del boletín se observa que el epicentro se encuentra en una zona del centro-occidente del país, relativamente cercana a municipios como Ibagué, Armenia, Pereira y Manizales.Por el momento, el boletín del Servicio Geológico Colombiano corresponde a un reporte actualizado del evento sísmico y advierte que la información proporcionada está sujeta a cambios. La magnitud, localización y profundidad pueden ser ajustadas posteriormente a medida que avance el procesamiento de los datos registrados por la red sísmica.El sismo se registró en horas de la noche y se suma a la actividad sísmica que se ha presentado en las últimas semanas en este municipio.Hasta el momento no se han reportado afectaciones o lesionados en el área de Chaparral, Tolima.
A través de sus redes sociales, la Alcaldía de La Pintada mostró un video en donde se deja en evidencia el grave deterioro que sufre la actual sede administrativa del municipio del Suroeste antioqueño, situación por la que elevaron un llamado al Gobierno nacional.Según detallaron desde La Pintada, la sede no tiene las condiciones adecuadas para poder atender a la comunidad y, como muestra de ello, fue la inundación que sufrieron en los últimos días producto de las fuertes lluvias que azotaron la subregión.El alcalde de La Pintada, Herman Correa, hizo un llamado al Gobierno nacional para que haga un acompañamiento y puedan habilitar una nueva sede administrativa en esta zona del Suroeste antioqueño."Triste escenario que vivimos en tiempos de lluvia. Hago un llamado a todas las personas o que representan el estado colombiano para que nos ayuden a darle solución a esta situación", aseguró el mandatario.Desde la Alcaldía de La Pintada explicaron que la nueva sede lleva abandonada 10 años, por lo que se hizo la solicitud de apoyo y así poder habilitar el Centro Administrativo Municipal, CAM.Por ahora, las autoridades locales deberán esperar la respuesta del Gobierno nacional, con el atenuante que seguirán enfrentándose a las inclemencias del clima, así como a las precarias condiciones en las que se trabajan actualmente.
A pesar de ahorros en los consumos de agua por cuenta del racionamiento nocturno que regresó para el nororiente de Medellín desde el pasado 22 de septiembre, el panorama no pinta bien de cara a las próximas semanas.El fenómeno de El Niño sigue golpeando al embalse de Piedras Blancas y sus afluentes, generando preocupación sobre una posible extensión o endurecimiento de los cortes de agua.Según EPM, para el 21 de septiembre el nivel de la fuente hídrica estaba en un 76.8% de su capacidad útil y tres días después, el más reciente reporte, indica que este nivel se ha reducido hasta el 71.28%, equivalente a 310 mil metros cúbicos de agua.Humberto Iglesias, gerente encargado de EPM, manifestó que los ahorros siguen siendo cortos teniendo en cuenta el panorama actual y los pronósticos sobre el recrudecimiento del fenómeno de El Niño."El niño va a continuar, sin lugar a dudas. Esto apenas está arrancando y todavía no estamos en la etapa más crítica. Tenemos que prepararnos desde ahora para los meses más exigentes que se vienen, que seguramente van a ser diciembre, enero y febrero. Y miren lo que estamos viviendo hoy", manifestó Iglesias.Al tiempo que desde EPM insisten en la necesidad de implementar medidas en cada vivienda para llegar a la meta diaria de ahorro de agua de 92 litros en el nororiente y 70 litros en el resto de la ciudad, las evaluaciones son constantes sobre el comportamiento de otros embalses como La Fe y Riogrande II que abastecen a otras zonas de Medellín y el Valle de Aburrá.Se espera que el próximo lunes 28 de septiembre, tras una semana de interrupciones en el servicio de acueducto, la compañía de servicios públicos indique si la medida debe mantenerse.
Este jueves en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.