El Gobierno nacional aclaró que el Sisbén no dejará de existir con la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI) y confirmó un cambio en el cronograma de transición hacia este nuevo sistema. A través del Decreto 662 del 26 de junio de 2026, se amplió el plazo para que las entidades públicas culminen los ajustes técnicos, operativos e institucionales antes de adoptar el RUI como instrumento principal para focalizar subsidios y programas sociales.Con esta decisión también se despejan las dudas que surgieron en las últimas semanas sobre una supuesta eliminación del Sisbén desde julio de 2026. La nueva fecha fijada por el Gobierno establece que el RUI comenzará a operar como único instrumento de focalización a partir del 1 de agosto de 2026, mientras que el período de transición para quienes ya estaban registrados en el Sisbén se extenderá hasta el 31 de octubre de este año.El Sisbén seguirá siendo parte del nuevo sistemaLa directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Irene Molina, explicó que el cambio no implica la desaparición del Sisbén, sino una evolución del mecanismo utilizado para identificar a la población que puede acceder a programas sociales.Según la funcionaria, toda la información que las familias han entregado mediante las encuestas del Sisbén continuará siendo válida. La diferencia es que ahora esa base de datos se complementará con información proveniente de otras entidades del Estado para lograr una clasificación más precisa de los ingresos de cada hogar.De esta manera, el Registro Universal de Ingresos utilizará datos del Registro Social de Hogares, integrando información del Sisbén con registros administrativos de entidades como la Registraduría Nacional, la DIAN y la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), entre otras bases oficiales.El objetivo es que la identificación de los potenciales beneficiarios de subsidios sea más actualizada y cercana a la realidad económica de cada familia.¿Qué cambia con el nuevo decreto?El Decreto 662 establece varias medidas para garantizar que la implementación del RUI se haga de manera gradual y sin afectar a los ciudadanos que actualmente reciben ayudas del Estado. Entre las principales disposiciones se encuentran:El 1 de agosto de 2026 será la fecha oficial para iniciar el uso del RUI como instrumento de focalización.Las personas que ya estaban identificadas mediante el Sisbén antes del 31 de julio de 2026 tendrán un período de transición hasta el 31 de octubre de 2026.Cada entidad encargada de administrar subsidios deberá publicar su propio cronograma de implementación, junto con los mecanismos de atención para resolver inquietudes de los ciudadanos.Durante toda la transición deberán mantenerse campañas de información y pedagogía para evitar confusiones.El Departamento Nacional de Planeación continuará brindando asistencia técnica a las entidades encargadas de ejecutar programas sociales.La directora del DNP señaló que este tiempo adicional permitirá consolidar la interoperabilidad entre las diferentes bases de datos del Estado y garantizar un proceso ordenado.Los mitos que aclaró el GobiernoAnte la circulación de información falsa en redes sociales y diferentes canales, el Gobierno respondió a varias de las dudas más frecuentes.Una de ellas aseguraba que el Sisbén había desaparecido desde el 1 de julio de 2026, algo que fue desmentido. El DNP reiteró que el Sisbén seguirá funcionando como una de las principales fuentes de información del Registro Social de Hogares.También se aclaró que los subsidios no serán suspendidos automáticamente con la entrada del RUI. El nuevo registro únicamente clasifica a la población según sus ingresos, mientras que cada programa social definirá sus propios criterios para realizar la transición sin afectar de manera abrupta a los hogares vulnerables.Otra inquietud frecuente era la necesidad de volver a realizar inmediatamente la encuesta del Sisbén. Frente a esto, Planeación Nacional explicó que no existe ninguna obligación inmediata. Las actualizaciones se harán progresivamente y serán las entidades territoriales las encargadas de informar cuándo un hogar deba realizar algún trámite.¿Cómo funcionará el RUI?El Registro Universal de Ingresos clasificará a las personas utilizando diferentes fuentes de información. Para quienes tienen empleo formal se tendrán en cuenta registros como aportes a seguridad social o declaraciones tributarias.En el caso de trabajadores informales, el sistema combinará modelos estadísticos con variables socioeconómicas y, cuando no existan datos suficientes, se apoyará en la información obtenida mediante la encuesta del Sisbén realizada por las alcaldías.Asimismo, quienes detecten errores o información desactualizada podrán acudir a la Ventanilla Social, disponible en las entidades territoriales, donde será posible consultar, actualizar o solicitar la corrección de sus datos.El Gobierno también insistió en que el uso de información administrativa para el funcionamiento del RUI no vulnera la privacidad de los ciudadanos, ya que el acceso a esos datos se realiza únicamente para fines de focalización social y bajo las normas de protección de datos personales y hábeas data vigentes en Colombia. Con este nuevo cronograma, las autoridades buscan que la transición hacia el RUI se realice de manera gradual y sin poner en riesgo el acceso de los hogares vulnerables a los programas sociales del Estado.
El Departamento Nacional de Planeación destacó los avances alcanzados en la investigación que permitió destapar un nuevo entramado de corrupción relacionado con el manejo de recursos del Sistema General de Regalías, luego de que la Fiscalía General de la Nación confirmara la captura de nueve personas señaladas de direccionar contratos financiados con estos recursos.De acuerdo con información entregada por el DNP y la Subdirección del Sistema General de Regalías, desde agosto de 2024 se habían advertido posibles irregularidades en múltiples proyectos financiados con recursos públicos. La entidad señaló que “oficiamos a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, la información sobre 2.094 proyectos con plazos de ejecución vencida y/o contratos suspendidos, después del seguimiento y la revisión exhaustivas por parte de nuestros equipos técnicos en los que se advirtieron presuntas irregularidades en la ejecución de los recursos por parte de entidades ejecutoras”.Según el reporte oficial, además del análisis de estos proyectos, también se puso en conocimiento de los organismos de control información relacionada con iniciativas que evidenciaban fallas durante su ejecución. En ese sentido, el DNP precisó que “junto a esta información también se puso en conocimiento de dichas autoridades el reporte de 146 proyectos visitados que presentaban irregularidades. Entre esta información, se presentó el caso de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA)”, organización que posteriormente quedó vinculada en las investigaciones por presuntos actos de corrupción.Como parte de las medidas adoptadas para fortalecer el control y la transparencia en el manejo de recursos públicos, el Sistema General de Regalías anunció nuevas herramientas de seguimiento. La entidad indicó que “lanzó, a finales de 2025, la Nueva Metodología de Medición del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), una metodología que mide el desempeño de los ejecutores y fortalece la transparencia en la ejecución de proyectos financiados con recursos del sistema, bajo el análisis y verificación de la información entregada por las entidades”. Asimismo, informó que se encuentra en desarrollo un servicio integrado de atención a usuarios que permita eliminar intermediaciones y garantizar mayor transparencia en el acceso a las convocatorias del sistema.Estos avances institucionales coinciden con las recientes actuaciones judiciales adelantadas por la Fiscalía, que revelaron la existencia de un entramado de corrupción que utilizaba la figura de esquemas asociativos de municipios para direccionar contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Las diligencias fueron ejecutadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación en los municipios de Arauca, Barranquilla y Cantagallo, donde fueron capturadas nueve personas señaladas de participar en las actividades ilícitas.De acuerdo con las investigaciones, los capturados habrían articulado acciones para que la Asociación Regional de Municipios del Caribe fuera designada como ejecutora de proyectos financiados con regalías por parte de alcaldías y gobernaciones. Una vez obtenida la autorización, presuntamente direccionaban los contratos para favorecer intereses específicos. Según los hallazgos, se habrían direccionado 101 proyectos por una cuantía superior a 496.000 millones de pesos.
Durante el fin de semana, varios miembros del alto Gobierno —entre ellos las ministras de Transporte, Ciencia y TIC, y la superintendente de Industria y Comercio— se pronunciaron para condenar la entrevista realizada a la directora del Departamento Nacional de Planeación el pasado viernes 30 de enero en Blu Radio. Ante ello, considero pertinente hacer una reflexión pública sobre lo sucedido.Desde distintos sectores del Gobierno y de sus seguidores se me ha señalado por el tono que utilicé con la directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina Posso, a quien cuestioné por no tener la preparación suficiente para el cargo que hoy ocupa.Pareciera que se espera que los periodistas permanezcamos inmóviles cuando un servidor público —cuya responsabilidad es velar por las finanzas del país— evada responder preguntas concretas sobre el déficit fiscal, el aumento del gasto y la contratación estatal, y que, en lugar de responder, decida acusar públicamente a una mesa de trabajo radial de “no querer que se destinen recursos” a la salud, la educación y la inversión social para los más vulnerables.Precisamente porque nos importan esos gastos sociales es que exigimos rendición de cuentas a los funcionarios que invitamos a nuestros espacios. Responder con demagogia a preguntas válidas no es más que una técnica de desinformación y polarización, un recurso ampliamente utilizado por gobiernos en distintas latitudes para deslegitimar la crítica de los medios atacando su reputación. Eso fue exactamente lo que ocurrió durante la entrevista con la directora Molina.Recurrir a expresiones como “cálmese” o “tranquila, tranquila” no es una estrategia inocente: es una forma velada de deslegitimación, profundamente arraigada en una cultura patriarcal y misógina, que busca desactivar la interpelación en lugar de responderla. Esa actitud, que cada vez dificulta más el debate público, pretende que los periodistas renunciemos a ejercer nuestra libertad y a cuestionar las estructuras profundas que definen el poder.Sorprende la escasa —casi nula— autocrítica de quienes hoy actúan como voceros automáticos del Gobierno. Funcionarios que repiten el discurso oficial como un mantra, porque esa repetición es, en muchos casos, la condición para permanecer en el cargo.Resulta paradójico que mientras se nos acusa de ser “periodistas del poder”, muchos de ellos ocupen posiciones para las cuales no tienen la preparación ni la experiencia necesarias. Están allí precisamente porque no cuestionan, porque no contradicen, porque obedecen. Quienes se atreven a hacerlo han ido saliendo del Gobierno, como se ha visto incluso entre algunos de los más leales alfiles del progresismo.Se ha querido reducir lo ocurrido a una supuesta diferencia ideológica. Ese argumento se cae por sí solo frente a la evidencia. Los micrófonos de este programa están y seguirán estando abiertos para el debate con los funcionarios del Gobierno, siempre desde el respeto y la honestidad intelectual.De hecho, un día antes de esa entrevista, en el mismo espacio, dialogamos con la ministra de Cultura, Yannai Kadanami, a quien también cuestionamos sobre temas relacionados con su cartera. La diferencia fue clara: respondió con conocimiento, altura y argumentos.Esa misma semana pasó por el programa Susana Muhamad, otra mujer progresista que defiende con firmeza las decisiones del Gobierno y su proyecto político. Da gusto conversar con funcionarias capaces de sostener una entrevista desde la solidez técnica y el rigor.Así que no, no se trata de ideología. Se trata de preparación, de respeto por el cargo que se ocupa y por los ciudadanos a quienes se debe rendir cuentas. No dudo de que la directora Natalia Irene Molina Posso pudiera haber sido, en el futuro, una gran directora del DNP, pero sí dudo de que una persona con apenas unos años de experiencia laboral pueda hacerse cargo de un departamento tan determinante para el presente y el futuro de los más pobres, aquellos que tanto dicen defender. La entrevista de Blu Radio fue una fotografía de ello.El problema de fondo no es Molina —¿quién no aceptaría el cargo de directora del Departamento Nacional de Planeación?—. La práctica burocrática cuestionable es de quienes la nombran, porque lo hacen sabiendo que funcionarios sin experiencia dependen política y profesionalmente de quienes los designan. Así, poco a poco, se va debilitando la institucionalidad del país. Como bien lo advirtió Orwell, “la ineficiencia no siempre es un error: puede ser una herramienta de control”.Por último, no quiero cerrar estas líneas sin reconocer que el tono de la entrevista fue fuerte, lamento si fue incómodo para parte de nuestra audiencia. El deber del periodismo es ejercer control sobre el poder; a veces, como todos los seres humanos, fallamos en la forma.
El magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, a quien le correspondió por sorteo el estudio del decreto 0044 con el que se crearon nuevos impuestos para el sector de la generación de energía, ordenó una serie de pruebas para su estudio, según un auto de 8 páginas al que Blu Radio tuvo acceso en primicia.Entre esas, que el Gobierno explique cómo las medidas previstas contribuyen a conjurar la crisis y a evitar la interrupción del servicio, en particular en la región del Caribe, donde se advierten riesgos financieros y operativos.El magistrado Fernández también pidió justificar por qué fue necesario acudir a un decreto legislativo, y no a mecanismos ordinarios como leyes, ajustes tarifarios o regulaciones sectoriales, así como detallar el impacto de las medidas sobre tarifas, mercado energético y usuarios, especialmente población vulnerable.En ese orden de ideas, el despacho del magistrado Vladimir Fernández también invitó a participar a través de conceptos a un número considerable de entidades, entre esas, el Ministerio de Hacienda, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Departamento Nacional de Planeación y las gobernaciones de más de 10 departamentos de la región Caribe.Después de que lleguen todas las pruebas que requirió el magistrado Vladimir Fernández, él deberá redactar una ponencia para que la Sala Plena vote.Este auto se conoce en medio de la decisión que adoptó por primera vez la Corte Constitucional, al ‘estrenar’ su figura de la suspensión provisional a un estado de excepción, poniéndole un freno provisional a la emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro hasta que se estudie de fondo su constitucionalidad.
En medio de un debate nacional sobre el déficit fiscal y el aumento del gasto público, la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Molina, aseguró que el incremento en el presupuesto no representa un derroche, sino una inversión social estratégica en sectores como educación, salud y salarios dignos para los colombianos.En entrevista en Mañanas Blu 10:30, Molina explicó que la percepción de “gasto excesivo” no considera que la mayor parte de los recursos se destinan a programas sociales y obligaciones legales adquiridas por el Estado. “El 90% del gasto del gobierno central es inflexible y responde a sentencias judiciales o a rentas de destinación específica. Esto incluye educación, salud y remuneraciones que garantizan la dignidad de los trabajadores, como soldados y médicos internos”, detalló.La directora también se refirió a las críticas sobre el aumento de la nómina estatal y la creación de nuevos cargos. Frente a esto, Molina explicó que la recomposición del gasto público ha trasladado recursos de inversión a funcionamiento, con el objetivo de asegurar la continuidad de proyectos sociales, como la gratuidad de la educación superior para estudiantes de estratos 1, 2 y 3, y la mejora de la red hospitalaria pública, incluyendo el Hospital San Juan de Dios, que recibió 167.000 millones de pesos del Gobierno nacional.Sobre la acusación de que la política de economía expansiva del presidente Gustavo Petro incrementa el gasto sin control, Molina señaló que estas medidas buscan reactivar la economía y generar productividad. “Es como cuando una familia pide un crédito para comprar vivienda: incrementa su gasto, pero al final obtiene un activo que genera beneficio a largo plazo. El gasto público social funciona de manera similar”, argumentó.En cuanto al déficit fiscal, Molina explicó que la cifra estructural supera los 110 billones de pesos y que medidas como los decretos de emergencia económica, por 1,6 billones de pesos, solo representan una parte limitada del esfuerzo financiero. Según la directora, el Gobierno busca financiar el gasto social mediante una estructura tributaria progresiva, aplicando mayores impuestos a los contribuyentes de mayores ingresos, aunque esta estrategia ha sido objeto de debate en el Congreso y entre economistas.Durante la entrevista, la periodista planteó varias preguntas sobre la legitimidad del aumento del gasto público, la política de economía expansiva y la refinanciación de deuda, temas que Molina abordó vinculando los incrementos de gasto con la necesidad de sostener programas sociales y reactivar la economía. Sin embargo, no se presentó un consenso claro sobre si estas decisiones impactan positivamente o generan mayores riesgos fiscales.
El exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, puso en duda la validez de la declaratoria de emergencia económica del Gobierno al asegurar que los problemas que se pretenden atender no son sobrevinientes ni imprevisibles, como exige la Constitución. En entrevista en Mñanas Blu con Néstor Morales, González explicó que su concepto ante la Corte Constitucional se basa en evidencia técnica y documentos oficiales que muestran que los temas invocados por el Ejecutivo han sido objeto de debate durante años.Según el economista, los ocho puntos que sustentan la emergencia deberían ser más bien parte de la agenda estructural de cualquier gobierno. “Esos ocho puntos deberían ser como la agenda para los próximos gobiernos, deberían ser temas de discusión en las campañas”, afirmó. Sin embargo, subrayó que “afirmar que hay un hecho urgente, hay un hecho novedoso, pues no tiene mucho sentido”.Uno de los ejes centrales de su análisis es la crisis del sistema de salud y la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). González recordó que desde el primer año del actual gobierno se discutía la insuficiencia de estos recursos. “El déficit en el sector salud es un déficit clarísimo que se ha ido intensificando… el tema de la UPC claramente es un tema muy discutido”, señaló, agregando que incluso la entonces ministra Carolina Corcho presentó la propuesta de reforma antes del Plan Nacional de Desarrollo.En materia de seguridad y paz, González sostuvo que la violencia y la minería ilegal tampoco son fenómenos inesperados. Destacó que el alza del precio del oro, que hoy supera los 5.000 dólares por onza, ha incentivado estas economías ilícitas, pero recalcó: “Eso lo hemos discutido durante todo este Gobierno. Entonces tampoco es un hecho sobreviniente”.Sobre la situación fiscal, fue aún más contundente. Citando informes del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, de calificadoras internacionales y de organismos multilaterales, explicó que la fragilidad de las finanzas públicas es un problema estructural. “Colombia tiene un saldo de deuda pública sobre el PIB que se acerca ya al 62%. En 2012 era de 33%”, recordó. Además, advirtió que solo el servicio de la deuda este año ronda los 100 billones de pesos: “Eso no se va a resolver en un año, ni en dos, mucho menos a través de un decreto de emergencia”.González también reflexionó sobre la incertidumbre global y la tentación de justificar medidas extraordinarias por eventos inesperados, como tensiones comerciales internacionales. Sin embargo, defendió la necesidad de planificación de largo plazo: “El futuro es incierto, pero el reto de la política pública es estar preparados… así como uno no sabe cuándo habrá un terremoto, pero crea fondos para cuando ocurra”.
Casanare superó las expectativas y alcanzó un puntaje de 70.90 en el Índice de Desempeño Fiscal 2024, un número que lo coloca en la cima del ranking nacional y lo diferencia por una ventaja de 17.3 puntos sobre el promedio del país. Este reconocimiento, logrado bajo la administración del gobernador César Ortiz Zorro, se da, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), tras una administración rigurosa y eficiente de los recursos públicos.El Índice de Desempeño Fiscal, creado en virtud de la Ley 617 de 2000, es una herramienta que mide la capacidad de los departamentos para manejar sus finanzas. Evalúa diversos indicadores clave, como la capacidad de generar ingresos propios, la ejecución del presupuesto y el control del gasto.Este desempeño no es casualidad. Se da como resultado de un enfoque estratégico y de una estructura administrativa robusta y organizada que le han permitido a Casanare no solo equilibrar sus cuentas, sino también consolidarse como un modelo nacional de eficiencia fiscal.A diferencia de otros departamentos que enfrentan serias dificultades para mantener sus finanzas en orden, Casanare ha logrado establecer un camino claro hacia la estabilidad económica tan necesaria para atraer inversión, proyectos, generación de empleo y bienestar.Para ponerlo en perspectiva, mientras muchos departamentos luchan año a año por mantener sus cuentas a flote, Casanare logró consolidarse en un nivel de solvencia que ningún otro territorio alcanzó en este ciclo fiscal. El resultado deja claro que su modelo de administración pública está funcionando.Su gobernador César Ortiz Zorro ha sido clave en este proceso. De acuerdo a lo conocido, el mandatario ha venido implementando una serie de acciones, estrategias y políticas que fomentan la transparencia y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Bajo su mandato ha demostrado que es posible transformar la administración pública en un motor de desarrollo, inspirando confianza tanto en los ciudadanos como en los inversores.
El presidente Gustavo Petro, en medio de su alocución del Consejo de ministros, mencionó que la idea de la conexión de un cable submarino desde China a Colombia continúa sobre la mesa. Este proyecto busca que el cable que tiene su punto de partida desde China y que luego pasa a Sídney- Australia, a futuro llegue a Buenaventura, pues permitirá la conexión con toda América del Sur.El objetivo del gobierno es conectar a “Colombia, desde la Amazonía, con el mundo”, para ello se requiere avances en la conexión de la Fibra Óptica en las regiones del Amazonas y el Putumayo que tiene una inversión de 683.170 millones que busca conectar los departamentos de Amazona y Putumayo. Por lo que en medio de la alocución exigió a la ministra de TIC, Carina Murcia que se avanzara en este proyecto e insistió en desarrollar la conexión entre Puerto Asís y Buenaventura, para permitir la conexión en Amazonas en los municipios de Puerto Alegría, El Encanto, Puerto Arica, Tarapacá, Puerto Nariño y Leticia; mientras que en Putumayo se conectarán Puerto Asís, Puerto Leguízamo y San Miguel.La ministra de TIC, sin embargo, argumentó que se han desarrollado las primeras bases y se ha avanzado en la “construcción del Conpes, porque el ministerio no había priorizado este proyecto y no se contaba con los recursos, pues fueron destinados a otros proyectos estratégicos dentro del ministerio”. Por lo que el presidente mencionó que el anterior ministro de las TIC, Mauricio Lizcano los había engañado.Por su parte, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó la Declaratoria de Importancia Estratégico, proyecto que busca conectar a los departamentos de Amazonas y Putumayo con el resto del mundo, es un paso fundamental hacia la realización de la visión del presidente Gustavo Petro de convertir a la Amazonia en un eje de conectividad global.El Departamento de Planeación presentó el CONPES en dónde se establece un cronograma e informa los avances se verán reflejados en 3 fases, desde el 2025 al 2026 se realizaría la ingeniería detalle, entre el 2027 y mediados del 2028 comienza la implementación del proyecto y para el segundo semestre del año 2028 las familias de la región ya se verán beneficiadas.“Recibimos con gran satisfacción esta declaratoria, porque sin duda se trata de un proyecto de importancia no solo para el país, sino para toda Suramérica, si tenemos en cuenta el plan del presidente Petro de conectar la Amazonia con China con fibra óptica a través de ríos y el Pacífico”, mencionó Carina Murcia, ministra TIC.En esta acción se busca beneficiar alrededor de 227.000 personas que residen en nueve municipios del Amazonas y Putumayo, llevando conectividad y oportunidades a los lugares que más lo necesitan.“Es importante la conectividad con propósito. Lograr que esos 100.000 hogares en la Amazonía tengan una conectividad, un servicio esencial para la educación, creo que es la misión que tiene ahora el Ministerio TIC. Si logramos conectar a los colombianos, logramos también tener un país más competitivo”, afirmó la ministra de las TIC.Al adelantar estas labores, se comienza con un proceso contractual y da inicio a la ejecución de este proyecto, además, comienza el desarrollo de las 3 frases del proyecto, para en el 2028 comience con su operación.
Un total de 28,4 billones de pesos del Sistema General de Regalías estarían en riesgo de no ejecutarse debido a un concepto del Departamento Nacional de Planeación (DNP).La advertencia fue hecha por la Federación Nacional de Departamentos (FND), que acusó al Gobierno Nacional de afectar la autonomía territorial y de tomar decisiones que ponen en peligro la inversión social.En un comunicado, los mandatarios reclamaron que se deje sin efectos el concepto emitido por el DNP y señalaron que la medida contradice las propias guías de proyectos tipo de la entidad.Los gobernadores le piden al Gobierno que retire un concepto del DNP que está frenando el uso de 28,4 billones de pesos en regalías. ¿Por qué? Según los gobernadores del país, el DNP dice que en los presupuestos de los proyectos no se pueden incluir gastos básicos como impuestos, estampillas o trámites de legalización.El problema es que si esos costos no se tienen en cuenta desde el inicio, los proyectos quedan sin plata suficiente para ejecutarse. En la práctica, eso hace que muchas obras no puedan arrancar, aunque ya tengan recursos asignados.“Este concepto impide que en el presupuesto de los proyectos de inversión se contemplen gastos de legalización y costos por estampillas u otros tributos, afectando la viabilidad financiera al desconocer el impacto de estas erogaciones legales en los costos finales; contradiciendo las Guías de proyectos tipo' del DNP; y rompiendo con el principio de programación integral -artículo 127 de la Ley 2056 de 2020-, y el deber de planeación y determinación previa del presupuesto que exige incluir todos los gastos asociados al proyecto”, indicaron.Además, los gobernadores señalan que este concepto del DNP contradice sus propias guías técnicas y también va en contra de la ley, que ordena que en todo presupuesto se deben incluir todos los gastos reales de un proyecto.Además, los gobernadores exigieron la suspensión del artículo 21 de la Resolución 1597 de 2025 del Ministerio de Salud que, según ellos, amenaza la estabilidad laboral de profesionales del sector al impedir financiar cargos de planta con recursos del Sistema General de Participaciones.También solicitaron la aplicación inmediata de la Ley 2468 de 2025, que reforma el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), ya sancionada hace más de 40 días, y el cumplimiento de los nombramientos en propiedad de directores seccionales de entidades como el ICBF, el SENA, Invías y el ICA.La FND advirtió que, de no obtener respuesta, se verán obligados a acudir a las vías judiciales para defender la autonomía y los recursos de las regiones.
Natalia Irene Molina Posso asumirá la dirección del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en reemplazo de Alexander López, quien dejó el cargo el pasado 15 de abril tras la llegada de Armando Benedetti al gabinete presidencial.La hoja de vida de Molina ya fue publicada en el portal de aspirantes a altos cargos del Ejecutivo, lo que confirma su nombramiento.Molina Posso es economista de la Universidad Nacional y cuenta con una maestría en políticas públicas. Hasta ahora se venía desempeñando como subdirectora general de descentralización y desarrollo territorial en el DNP. También ha trabajado en el Ministerio de Hacienda, donde lideró iniciativas relacionadas con reforma fiscal y eficiencia del gasto.Inicialmente, se había considerado a la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, para este cargo. Sin embargo, su nombramiento no prosperó debido a desacuerdos con el presidente Gustavo Petro. Con esta decisión, el Gobierno opta por una figura con trayectoria dentro del mismo DNP y perfil técnico en el manejo de políticas públicas.
Durante el encuentro se analizaron los desafíos que enfrenta Colombia tras la parálisis de proyectos estratégicos en los últimos años y se planteó la necesidad de avanzar hacia una transición energética responsable, capaz de garantizar un suministro suficiente, asequible y sostenible para los hogares, las empresas y el desarrollo económico del país.Como resultado de la reunión, el Gobierno entrante manifestó su intención de impulsar proyectos que fortalezcan la seguridad energética nacional, reactiven la exploración de gas, permitan enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño y atraigan inversión estadounidense para respaldar el crecimiento del sector.La agenda continuó con un encuentro en la sede de Google, donde el vicepresidente electo se reunió con Karan Bhatia, Global Head of Government Affairs & Public Policy, y su equipo directivo. Allí se iniciaron conversaciones para construir una hoja de ruta conjunta que permita fortalecer la transformación digital del país y ampliar la cooperación en inteligencia artificial, ciencia de datos, innovación y formación de talento joven.La compañía tecnológica también destacó el potencial de Colombia para convertirse en un referente regional en desarrollo digital y, ante esto, el gobierno entrante aseguró que busca aprovechar las capacidades del sector privado para cerrar brechas tecnológicas, aumentar la productividad y generar nuevas oportunidades de empleo y crecimiento en las diferentes regiones del país.Mientras tanto, en Bogotá, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural designado, Indalecio Dangond Baquero, sostuvo su primer encuentro con la Federación Nacional de Cacaoteros, Fedecacao, con el propósito de definir una estrategia para fortalecer la cadena productiva del cacao.Esto contempla la siembra de 50.000 nuevas hectáreas en zonas afectadas por cultivos ilícitos, la renovación de áreas improductivas y el mejoramiento técnico de más de 150.000 hectáreas, beneficiando a más de 100.000 familias productoras.En la reunión con Fedecacao también se abordó la problemática del contrabando de cacao hacia Ecuador, una situación que afecta la comercialización y los ingresos de miles de productores colombianos. El Gobierno entrante y el gremio acordaron trabajar de manera conjunta para enfrentar este fenómeno y fortalecer la competitividad del sector, promoviendo un modelo de desarrollo rural basado en la productividad, la legalidad y el acompañamiento permanente a los agricultores.
La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud presentada por la representante a la Cámara Karen Manrique con la que buscaba un permiso para ser trasladada, bajo custodia, al Capitolio Nacional el próximo 20 de julio y posesionarse para el periodo constitucional 2026-2030.Manrique, quien permanece privada de la libertad por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, había solicitado una autorización temporal para asistir a la ceremonia de posesión alegando que debe prevalecer su presunción de inocencia y sus derechos políticos, al no existir una sentencia condenatoria en su contra.Sin embargo, la Corte respondió que debe prevalecer el cumplimiento de la medida de aseguramiento vigente pues, cuando esta se impuso, se consideró que la libertad de la congresista representaba un riesgo para la comunidad, para la integridad de la investigación y para el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas.Además, le recordó a Manrique su rol como congresista está relacionado con las razones que motivaron la medida de aseguramiento y por ello, autorizar su traslado para asumir nuevamente una curul podría resultar contraproducente.“Así las cosas, aunque el pedimento se circunscribe a una autorización temporal de salida del centro de reclusión para asistir al acto de posesión, las circunstancias derivadas de la medida de aseguramiento a la que se encuentra sometida la aforada permiten advertir que dicha autorización podría comprometer los fines constitucionales que justifican la limitación de su libertad ambulatoria, los cuales han de prevalecer sobre el interés de la procesada de tomar posesión del cargo para el cual fue elegida, argumentó la Corte.En la decisión, la Corte explicó además que la legislación penitenciaria solo contempla permisos excepcionales de salida para casos específicos, como diligencias judiciales, atención médica o situaciones graves relacionadas con familiares cercanos.Con esta decisión, Karen Astrith Manrique Olarte no podrá asistir a la instalación del nuevo Congreso el próximo 20 de julio para tomar posesión como representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz del departamento de Arauca.
El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, rechazó los señalamientos sobre una supuesta alianza con el Pacto Histórico para lograr la elección de Honorio Enríquez como presidente del Senado. En entrevista con Recap Blu, el dirigente aseguró que su partido únicamente busca ejercer el derecho que, según afirmó, le otorgan la tradición del Congreso, el llamado código de honor y la Ley Quinta para aspirar a esa dignidad.Vallejo sostuvo que la colectividad no está buscando acuerdos con el oficialismo y, por el contrario, cuestionó las gestiones que, según dijo, estaría adelantando el Gobierno con otras bancadas.“El partido Centro Democrático no está buscando al Pacto Histórico para el tema de la Presidencia del Senado (...) No es cierto que el Centro Democrático se esté aliando con el Pacto Histórico para lograr y buscar la Presidencia del Senado”, afirmó.Cuestionamientos al Gobierno por la elección del SenadoDurante la entrevista, el director del Centro Democrático manifestó que le preocupa una eventual intervención del Gobierno en la elección de la mesa directiva del Senado y aseguró que esa decisión debe recaer exclusivamente en el Congreso.“Sería muy grave para el precedente de la democracia colombiana que el presidente del Congreso lo elija el presidente de la República (...) Yo creo que eso le hace daño a la democracia”, expresó.Vallejo insistió en que la aspiración de Honorio Enríquez responde a un “derecho legítimo” del partido y no a un interés personal o político. Además, aseguró que, según él, otras colectividades han reconocido esa posibilidad.“El Centro Democrático no está pidiendo nada extraordinario (...) Estamos ejerciendo un derecho legítimo que entre otras cosas lo reconocen todos los partidos”, señaló.Ratifican respaldo al Gobierno de Abelardo de la EspriellaPese a las diferencias alrededor de la Presidencia del Senado, Vallejo afirmó que el respaldo del Centro Democrático al gobierno de Abelardo de la Espriella no está condicionado al resultado de la elección del próximo 20 de julio.“Nosotros vamos a acompañar y apoyar al doctor Abelardo de la Espriella, independientemente del resultado de lo que ocurra el 20 de julio”, sostuvo.Asimismo, reiteró que la colectividad no ha buscado la Presidencia de la Cámara de Representantes y que su única aspiración ha sido la del Senado, en línea con lo que, según explicó, establece la tradición del Congreso.Finalmente, el dirigente señaló que las conversaciones con el Gobierno y las demás bancadas continúan, por lo que evitó anticipar un resultado sobre la elección de la Presidencia del Senado. Explicó que en política los acuerdos pueden cambiar en cuestión de horas y aseguró que el Centro Democrático seguirá defendiendo su aspiración hasta la votación prevista para el 20 de julio. No obstante, afirmó que, cualquiera que sea el desenlace, la colectividad respetará la decisión del Congreso y mantendrá su respaldo al gobierno de Abelardo de la Espriella.“Si esto es a voto limpio, pues a voto limpio. Y si salimos derrotados, salimos derrotados (...) este partido está ejerciendo un derecho legítimo”, concluyó.Escuche la entrevista completa acá:
Este jueves se adelantó una nueva diligencia en el caso Lili Pink, en la que la Fiscalía imputa cargos contra ocho personas que harían parte de una red de contrabando y lavado de activos. Durante la audiencia, la fiscal expuso cómo, según la investigación, habrían sido creadas empresas de papel para ocultar el control real de las operaciones comerciales.Allí se presentó Max Abadi, empresario colombo-panameño y cofundador de Lili Pink. La Fiscalía sostuvo que durante años habría funcionado una estructura con empresas en Colombia y Panamá que realizaban operaciones comerciales que hoy son objeto de investigación.“Podemos afirmar la estructuración de una organización delictiva desde el año 2013 a la fecha, con el fin de cometer delitos indeterminados o determinables para este caso de contrabando, enriquecimiento ilícito y lavado de activos”, dijo la fiscal.Uno de los puntos que llamó la atención de la fiscalía fue la forma en la que, según su investigación, algunas personas habrían aparecido formalmente como representantes legales de compañías, aunque sus funciones dentro de la organización serían distintas.Detalló, por ejemplo, el caso del conductor de Max Abadi, quien habría figurado como representante legal de una de las sociedades.“Realizaron, además, reportes inconsistentes ante la DIAN, entre estas con las comercializadoras, y cuentan con direcciones registradas que corresponden a lotes baldíos, casas o locales desocupados. Los constituyentes, representantes legales, socios y accionistas fueron y son empleados de las sociedades”, agregó la fiscal.Según la fiscalía, la mercancía habría ingresado al país aparentando legalidad y, posteriormente, habría sido comercializada, mientras los recursos obtenidos habrían sido enviados al exterior y utilizados para la adquisición de bienes.La audiencia se retomará este martes a las 9:00 a.m.
A partir de este viernes 17 de julio, varios hospitales públicos de Antioquia suspenderán la prestación de servicios ambulatorios para los afiliados de la EPS Coosalud, debido a las deudas acumuladas de la entidad que a la fecha asciende a los 290.000 millones de pesos y a la falta de firma de los contratos de prestación de servicios correspondientes a la vigencia 2026.Así lo anunció el director ejecutivo de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, Luis Hernán Sánchez, quien explicó que las instituciones hospitalarias llevan varios meses sin recibir los pagos por parte de la EPS, situación que, según indicó, hace inviable continuar prestando la atención bajo las actuales condiciones.La situación es crítica pues afecta a más de 400.000 usuarios en todo el departamento que dependen de la red pública para acceder a consultas, controles y otros servicios ambulatorios, siendo las subregiones del Bajo Cauca y Urabá las que mayor cantidad de afiliados a esa entidad tienen."Hacemos un llamado a la EPS Coosalud para que se ponga al día con las deudas pendientes con estos hospitales y se pueda normalizar la atención en salud de los usuarios en los 44 municipios de Antioquia, donde hace presencia", señaló Sánchez.Uno de los casos lo expuso en una carta el gerente Freddy Armando Longa, quien aseguró que al centro asistencial que representa no han llegado pagos desde el mes de febrero: “El giro directo de Coosalud EPS representa aproximadamente el 80% de los ingresos totales de La ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Bagre. La ausencia prolongada de estos recursos compromete severamente la capacidad operativa de la institución, impidiéndonos cumplir con el pago de nómina, proveedores, insumos médicos y demás obligaciones necesarias para garantizar una atención en salud de calidad”, se lee en el documento.Hasta el momento dentro del listado oficial de los hospitales que suspenderán la atención están las instituciones de municipios como Tarazá, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza, así como también el Hospital San Juan de Dios de Valdivia y el Hospital La Merced de Ciudad Bolívar.