El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, dio a conocer las medidas que se están tomando para evitar la pérdida de recursos millonarios del Sistema Nacional de Regalías. En Mañanas Blu, con Camila Zuluega, López reveló detalles de una investigación iniciada hace tres meses, la cual abarca proyectos ejecutados entre 2017 y 2024, con un total de 19.323 iniciativas que comprometen 68.5 billones de pesos.López destacó que el DNP ha identificado una gran cantidad de información que permite determinar qué recursos están en riesgo de perderse y cuáles pueden ser recuperados con acciones específicas. El objetivo es trazar una ruta institucional junto con los órganos de control del Estado para salvaguardar los fondos públicos y evitar que caigan en manos de corruptos."Nosotros con la investigación que iniciamos hace aproximadamente tres meses apenas, cogimos el el periodo comprendido entre el año 2017 y el año 2024. Entre esos años, tenemos un grupo de proyectos que llegan a los 19.323 en total los recursos comprometidos. En estos diecinueve mil trescientos veintitrés proyectos son del orden de los 68. 5 billones de pesos de recursos de regalías”Y agregó, "Tenemos ya también una cantidad de información que nos permite establecer, pues qué recursos están prácticamente perdidos y qué recursos se pueden salvar dependiendo de las acciones que se emprendan".El Sistema Nacional de Regalías distribuye recursos a municipios y departamentos donde se extraen recursos naturales como petróleo y carbón, con el fin de compensar el daño ambiental. Sin embargo, según López, algunos de estos proyectos no han sido ejecutados, están abandonados o ni siquiera han comenzado, a pesar de que los municipios han recibido importantes sumas de dinero.La investigación del DNP reveló irregularidades en la ejecución de proyectos, algunos de los cuales han sido manipulados por contratistas para su beneficio. López señaló que se han encontrado "grandes nombres" involucrados en estos casos, incluyendo contratistas, políticos, gobernadores y alcaldes, y que la información ya ha sido entregada a la Fiscalía.Ante la situación, el Gobierno nacional está considerando un nuevo enfoque para la ejecución de proyectos, que incluye la vinculación directa de las Juntas de Acción Comunal y las comunidades locales en la gestión de los recursos. Esta medida busca fortalecer la transparencia y reducir la corrupción en la administración de fondos públicos.El DNP, en colaboración con otras entidades, está comprometido en garantizar que los recursos de regalías sean utilizados de manera efectiva y en beneficio de las comunidades, evitando así la pérdida de estos millonarios fondos que son cruciales para el desarrollo del país.Escuche la entrevista completa acá:
El Gobierno nacional se prepara para destapar otro escándalo de corrupción: el posible robo de recursos de la plata de las regalías para los municipios más afectados por el conflicto armado en Colombia.El Departamento Nacional de Planeación está analizando cotizaciones sobre cuánto le costará contratar a un verdadero destacamento de auditores forenses que actúen como detectives y le pasen la lupa a 1.005 proyectos contratados con la plata de las regalías para la paz con el objetivo de encontrar toda clase de irregularidades desde faltas administrativas a delitos, según documentos conocidos por Blu Radio.“Tenemos un grave problema porque el segundo punto del acuerdo de paz con las Farc, que era transformar el territorio, la plata se la llevaron a las zonas más ricas y/o se la robaron. Por eso yo quiero, director de planeación, que usted contrate una auditoría forense, valga lo que valga”, dijo el presidente Gustavo Petro a su director de Planeación Nacional, Alexander López, durante un discurso en Nariño.López hizo caso y está preparando la contratación. Las expectativas del Gobierno sobre los resultados de ese informe son altas porque no solo espera hallazgos sino pruebas con ‘cadena de custodia’, lo que muestra una disposición a denunciar ante las autoridades.La lista de más de 1.000 proyectos del OCAD Paz incluye a todos los que se contrataron entre 2017 y 2024 y ya se encuentran en ejecución, pero también pasarán a la palestra decenas de proyectos terminados.Estamos hablando de una auditoría con enfoque "detectivo" y la palabra "detectivo" no es menor porque el Gobierno espera de hecho que los auditores se comporten como detectives: podrán buscar información física o digital, hacer entrevistas o visitar los proyectos para evaluar si hay “daños económicos, fraudes financieros, violación a la normatividad y, daños administrativos”.Al final de cada auditoría deberán entregar un listado de hallazgos penales, fiscales o disciplinarios con las pruebas que los sustentan y en varios apartes del documento se habla de la importancia de que exista una ‘cadena de custodia’ sobre esas pruebas. Además, deberán detallar la cuantía del fraude, cuáles fueron sus efectos, la posible tipificación (de los delitos) y quiénes son los presuntos responsables.Cada equipo tendrá un líder de proyecto pero, además, abogados penalistas, auditores informáticos y auditores contables o administrativos.En 2022 Blu Radio reveló las denuncias de varios alcaldes de los municipios más afectados por el conflicto, quienes dijeron haber sido ‘extorsionados’ o presionados para el pago de sobornos a funcionarios del gobierno para que les aprobaran proyectos del OCAD Paz.Según el DNP este libro blanco sobre quién se robó los recursos debería estar listo a final del año.
La Contraloría General de la República actualizó las cifras y resultados que ha dejado la investigación y auditoría que ha adelantado desde septiembre de 2022 sobre los recursos de proyectos para la paz financiados con el Sistema General de Regalías.A la fecha, y tras revisar 242 proyectos por un valor de $2.8 billones, han encontrado hallazgos con posible incidencia fiscal que superan los $339.668 millones.De acuerdo con el informe, la región Caribe encabeza el número de esos hallazgos por $106.343 millones en 43 de 65 proyectos, seguida por la región de los Llanos Orientales, con 17 hallazgos fiscales por $62.382 millones en 29 proyectos revisados.Entre los principales problemas identificados están que las obras o tienen mala calidad, o no cumplen la meta para las que se habían destinado. También se evidenciaron manejos financieros indebidos como obras que se pagaron, pero no se ejecutaron o falta de sostenibilidad en los proyectos.Asimismo, el sector transporte es uno de los más afectados con el 57 % de los proyectos que no avanzan; le sigue el de vivienda, con el 19 %, y el de minas y energía, con el 12 % de los proyectos en problemas.Este es el informe de la Contraloría:
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación que sacude las altas esferas del Órgano Colegiado de Decisión para la Paz (OCAD Paz), y es que en el ojo del huracán se encuentran el ex alto consejero presidencial para la Consolidación y Estabilización, Emilio José Archila Peñalosa, el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, y el exalcalde de La Paz, Cesar, Martín Guillermo Zuleta Mieles.Todos ellos son miembros del OCAD Paz y son investigados por presuntas irregularidades en un proyecto de pavimentación de vías en Miranda, Cauca, financiado con recursos de regalías, ascendentes a $7.152 millones.Según la denuncia recibida por la Procuraduría, el OCAD Paz habría designado como ejecutor del proyecto al Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Social y la Gestión Social. Sin embargo, se cuestiona la idoneidad de este ente para asumir tal responsabilidad, dado su aparente déficit de experiencia, capacidad administrativa y técnica en proyectos de infraestructura vial.La investigación ha puesto el foco en la transparencia del proceso de selección del ejecutor del proyecto. Se solicitaron pruebas a la administración municipal de Miranda, Cauca, incluyendo el estudio previo realizado al Fondo Mixto para su designación, así como una certificación sobre las razones técnicas y de experiencia presentadas ante el OCAD Paz. También se han requerido a la dirección del Fondo Mixto diversos documentos, como las hojas de vida del personal asignado para el proyecto, los estados financieros de las vigencias 2019 a 2021.La Procuraduría su parte se compromete a actuar con la transparencia en el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías, trabajando desde su misionalidad disciplinaria para garantizar la integridad y responsabilidad de los servidores públicos involucrados en la administración de estos fondos. Este caso no solo pone en tela de juicio la gestión del OCAD Paz, sino que también subraya la necesidad de una supervisión rigurosa y una selección transparente de los ejecutores de proyectos financiados con recursos públicos.
La Contraloría General entregó un informe sobre la auditoria a los proyectos de Ocad-Paz en el país y reveló grandes hallazgos fiscales. Cabe recordar que hace varios meses Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, realizó una investigación exclusiva sobre los recursos de las regalías para proyectos en las regiones, lo que llevó a indagaciones sobre si se estaban o no ejecutando estos programas.Diana Marcela Molina Méndez, coordinadora general encargada del grupo interno de trabajo de Responsabilidad Fiscal del Sistema General de Regalías, habló sobre los avances en estos procesos. Según dijo, “hay hallazgos de más de 227.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 100.000 son de recursos de Ocad-Paz”.Méndez recordó que están haciendo un “especial seguimiento” a esos recursos luego de las denuncias conocidas públicamente. Y es que, según aclaró, en algunos casos se giraron los anticipos, pero las obras no se concluyeron o ni se iniciaron.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF“La Contraloría tiene la lupa puesta en todo lo que tiene que ver los recursos de Ocad-Paz”, insistió la funcionaria en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.Sobre los procedimientos que se entablaron una vez se conocieron las denuncias por una supuesta mala entrega de esos recursos en algunos municipios, Méndez explicó que, una vez recopiladas las investigaciones, se llevan a la unidad de responsabilidad fiscal y ahí el grupo de los contralores delegados se somete, a reparto, estos procesos y “se evalúa toda la situación” para poder iniciar y asignar responsabilidades fiscales.A la pregunta de si se perdió la plata de los Ocad-Paz, la coordinadora (e) comentó que, por ahora, están revisando cada proceso fiscal, pues “esos procesos están sometidos a reserva” y por eso no puede avecinarse a responder con un sí o no.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:
El Ocad Paz, órgano del Sistema General de Regalías responsable de aprobar proyectos de inversión que contribuyan a la implementación del acuerdo de paz, dio vía libre a 55 proyectos que serán financiados por la asignación de incentivos a la producción de regalías, por un valor de $163.197 millones y beneficiarán a más de 500.000 habitantes de 16 departamentos del país.“Con lo aprobado se está dando cumplimiento al punto uno del acuerdo final de paz, a través de la Reforma Rural Integral, RRI, mediante 25 proyectos que dan cumplimiento a seis", señaló Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (UIAP).El desarrollo de proyectos estratégicos va a beneficiar múltiples sectores como energía, agricultura, ambiente, educación, gestión del riesgo, transporte, vivienda e inclusión social y reconciliación, entre otros.La apuesta más importante está en el sector energético, en donde se busca generar energía alternativa a 8.000 personas. Además, también quedó fijado en este pliego de proyectos llevar gas domiciliario a 13.000 personas y conectar a 3.000 más con proyectos de redes de electrificación.Le puede interesar:
El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, habló en Mañanas Blu sobre los primeros retos que encara en el cargo y aseguró que la entidad alista informes sobre la presunta defraudación de recursos en los fondos Ocad-Paz y nóminas paralelas."La prevención no puede convertirse en el control previo, no puede formar parte de la coadministración. Estamos preparando un informe sobre el tema de las Ocad-Paz y las nóminas paralelas, que se habla de 4,5 billones de pesos", señaló el contralor. Una de las líneas claves de investigación en el escándalo de los fondos Ocad-Paz tiene que ver con el rol de la Contraloría, en cabeza de los contralores delegados Aníbal Quiroz y Juan Carlos Gualdrón. Según fuentes, estos funcionarios pedían entre el 1-2 % de cada proyecto a los alcaldes para eximirlos de incluir sus proyectos en los controles previos que estos contralores enviaban a las sesiones del OCAD Paz, media hora antes de que estos sesionaran.En cuanto a las llamadas "nóminas paralelas", el contralor dijo que no se puede meter en un mismo saco a todos los trabajadores del Estado con contratos de prestación de servicios, sino que la Contraloría se centrará en quienes cuentan con múltiples contratos o desarrollan labores que por ley están limitadas a funcionarios. "No se puede cobijar bajo el mismo manto de presunta irregularidad a absolutamente todo, también hay contratista que cumplen adecuadamente con su función. Lo que no está bien es cuando en varias entidades del Estado puede haber personas con cinco, seis, diez contratos, que es lo que vamos a verificar, o que estén realizando funciones propias que deberían estar desarrollando los funcionarios propios de la entidad ", sostuvo el jefe del ente de control fiscal. Según el artículo 123 de la Constitución Política, las nóminas paralelas son contratos de prestación de servicios que usan las entidades estatales para desarrollar actividades de administración o funcionamiento; es decir, son tareas que realizan personas naturales y que las personas de nómina no pueden cumplir. Un trabajo temporal de acuerdo con las necesidades.
La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, durante la presentación del informe de empalme, se convirtió en blanco de críticas y denuncias por parte del equipo de Gustavo Petro por la falta de información y por los billonarios contratos que se habrían firmado, que para el gobierno entrante no tienen sustento o no están plenamente justificados o con un proyecto de obras claras.“Nosotros lo tenemos que decir: con toda seguridad, sentimos que la Unidad de Gestión del Riesgo se convirtió en una fiducia para evadir licitaciones. Así lo decimos. No nos quisieron entregar los convenios que han firmado en este cuatrienio, que son billonarios y múltiples, y a nosotros sí nos genera una serie de preguntas”, denunció Luis Fernando Velasco.En ese sentido, añadió: “Qué hay ahí. Yo no tengo la respuesta. Yo sí le pido al Gobierno un especial cuidado con estos proyectos y le pido a la UIANF y a la Fiscalía una revisión de los patrimonios de quienes manejaron estos recursos”.Para el exsenador Velasco el sistema se puede cambiar con la creación de una sola bolsa, donde la comunidad que los tiene indique en que se deben invertir esos recursos de la paz.“En los OCAD existieron peajes. Eso lo tiene que indagar los entes de control y nos tendrán que contar qué fue lo que realmente pasó. Pero sí se evidencia la existencia de peajes”, agregó Velasco.Siga y escuche el podcast de ‘La Intérprete’:
Desde la Presidencia se envió una carta al Congreso de la República, en la que solicita al presidente del Senado, Roy Barreras, y al presidente de la Comisión Primera que se anticipe para la próxima semana el debate de control político sobre los dineros de la paz en el marco del OCAD-paz, que ha generado un debate en el país por presuntas irregularidades sobre los fondos.“Solicitamos de manera respetuosa se proceda a establecer, en la semana del 1 al 5 de agosto de 2022, fecha para el mencionado debate de control político, con el fin de garantizar un espacio transparente donde la ciudadanía reciba las explicaciones relacionadas con la gestión de recursos para el OCAD-paz”, dice uno de los apartes de la misiva que llego al Congreso.La carta la firma la directora del DNP, Alejandra Botero; al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo; a Juan Carlos Vargas, alto consejero para la Estabilización, y a Víctor Muñoz, director del Dapre y en ella también piden que se invite a la procuradora Margarita Cabello, el fiscal Francisco Barbosa y el contralor general, Felipe Córdoba.Hace una semana los congresistas Jota Pe Hernández, Humberto de la Calle, Rodolfo Hernández y Ariel Ávila, quienes hacen parte de la Comisión Primera del Senado, radicaron en la secretaría de la comisión un debate de control político en la que piden explicación sobre los recursos del OCAD-Paz.Le puede interesar. Escuche el podcast Historias detrás de la historia:
El representante Ape Cuello, el más votado del Cesar con una votación histórica, ha sido mencionado por diferentes alcaldes como uno de los protagonistas del entramado del saqueó a los recursos de la paz; uno de los aportantes a la campaña al Congreso del representante es la empresa La Calle Prensa, Televisión y Radio SAS.Esta empresa está constituida por Jesús Eduardo Vargas Oñate y su representante legal es su esposa Cindy Paola Daza Benjumea, quien es socia de uno de los contratistas más importantes del departamento del Cesar en la empresa GCON Construcciones.Esta empresa ha ejecutado muchos contratos de regalías y, además, de Ocad-Paz en el Cesar; dos de los mayores accionistas de esta empresa son Luis Eduardo Cayón Medina y Eduardo Cayón Márquez, quienes han creado diferentes consorcios para contratar con el Estado.Justamente, la semana pasada en la posesión del nuevo Congreso de la República, el representante Ape Cuello llevó como invitado a Jesús Eduardo Vargas.Eduardo Cayón Márquez tiene hallazgos por incidencia fiscal de la Contraloría General por 7.019 millones de pesos, por irregularidades en la construcción de 1.010 viviendas para población pobre y vulnerable, desplazados y víctimas de la violencia del municipio de La Jagua de Ibirico.Aún así, le dieron el contrato de la piscina olímpica de la Universidad Popular del Cesar para los Juegos Bolivarianos. Momento que el mismo representante celebró en diciembre de 2021 y que compartió por sus redes sociales.Sin embargo, la Procuraduría evidenció incumplimientos en la ejecución del proyecto. Así mismo lo constató el periódico del Cesar; el proyecto que tuvo una inversión por más de 33.000 millones de pesos fue adjudicado al Consorcio la Piscina Olímpica, que tiene como socios a Eduardo Cayón y a Kenny Rene Vega Luque.La empresa GCON, de la cual hace parte Cayón y Cindy Paola Daza, aportante de la campana de Ape, también construyó el coliseo multifuncional de la universidad.Ahora bien, Kenny Rene Vega, socio de Cayón, es el contratista del parque Sacúdete de Gamarra en el municipio del Cesar; en un video en su cuenta de Twitter el representante Cuello afirmó que los recursos para el proyecto Sacúdete de Gamarra los puso él. Lo llamativo con esta empresa GCON y con los consorcios conformados por la familia Cayón, es que la mayoría de los contratos se los entregó Comfacesar, que es la caja de compensación del Cesar.El tema con los contratos de Comfacesar es que, aunque ejecuta recursos públicos, se rige por derecho privado, es decir, no está obligada a realizar licitaciones públicas ni a revelar públicamente a quienes subcontrata las obras.Al respecto, Claudia Núñez Padilla, gerente de Proyectos de Vivienda de Comfacesar, aclaró en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, que esta caja de compensación privada “no puede suscribir contratos interadministrativos”, pues esto solo lo pueden realizar organizaciones “de naturaleza pública”.“Con respecto a la contratación de este oferente, la empresa Cayón ha sido contratista de la caja y del departamento del Cesar durante años. Con ellos estamos ejecutando cinco proyectos que están en el Ocad-Paz, de los cuales Cayón tienen tres (…) El proceso para adjudicar los contratos es por medio de una convocatoria pública”, aseguró Padilla.En el municipio La Jagua de Ibirico, los Cayón tienen casi toda la contratación, desde parque Sacúdete, polideportivos, contratos de vivienda, casas afro, entre otros. Por ejemplo, uno de ellos, subcontratado a la empresa de la familia Cayón para la construcción de viviendas en sitio propio, presenta retrasos; la comunidad se ha quejado además de que los materiales utilizados son de mala calidad.También tienen proyectos de Ocad-Paz. Por ejemplo, en La Jagua el Ocad-Paz aprobó un contrato en la urbanización Perijá para construcción de viviendas por $6.853.336.560. Este contrato se lo entregó la alcaldía a Comfacesar y esta entidad a Carlos Ernesto Vaños Rocha, quien es socio de los GCON en la construcción de los parque Sacúdete.Cabe aclarar que Ovelio Jiménez, alcalde de La Jagua, hace parte de un movimiento independiente, pero fue apoyado por el Partido Conservador y cercano a Ape Cuello; en este municipio, GCON es el gran contratista.Por último, el representante Cuello se rehusó a salir al aire en Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, pero aseguró que no tenía conocimiento de que Cindy Paola Daza era socia de la familia Cayón en la empresa GCON. Además, afirmó que no estuvo involucrado en la selección de contratistas.Según el representante, su trabajó se limitó a asegurar la inversión de recursos en su departamento. Confirmó conocer a la familia Cayón y dio fe de que son unos de los mejores contratistas del Cesar.
Este viernes, en Santander de Quilichao, departamento del Cauca, se firmará un acuerdo por la convivencia en el norte del departamento. Allí estará la vicepresidenta Francia Márquez y se realizará una entrega protocolaria de tierras a las comunidades de la zona.“La Mesa de Diálogo del Norte del Cauca, de la cual la vicepresidenta es coordinadora, fue concebida como un espacio de diálogo, concertación, conciliación y mediación entre las comunidades negras, afrocolombianas, indígenas, campesinas, miembros del sector de la caña (gremios, propietarios y trabajadores) de esa zona del departamento, y los gobiernos nacional, departamental y municipal”, explica la Agencia Nacional de Tierras.La idea de esta mesa era buscar soluciones a las tensiones territoriales que se habían presentado en la zona hace algunos meses. En ella participaron el sector privado, las comunidades de la zona y el Gobierno.“La Mesa de Diálogo del Norte del Cauca, coordinada por la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina y establecida mediante la Resolución No. 1691 de 2022 del Ministerio del Interior, fue creada para abordar las tensiones vinculadas al uso y tenencia de la tierra en el departamento, así como para promover el desarrollo y los derechos humanos. Su objetivo principal es construir acuerdos colectivos que fortalezcan la armonía entre todos los sectores sociales y su relación con la tierra”, agrega la ANT.
El canciller Luis Gilberto Murillo, se reunió este viernes con altos cargos de economía y medio ambiente del Gobierno chino para avanzar en la agenda bilateral en esos campos y tratar sobre la preparación de la COP16 que arranca en Colombia a finales de mes.Murillo, de visita oficial en China, mantuvo un encuentro con el ministro chino de Ambiente y Ecología, Huang Runqiu, en el que conversaron sobre los preparativos de la COP16 en la ciudad colombiana de Cali “teniendo en cuenta la experiencia de China como organizadora de la COP15”, informó en la red X la Cancillería.La Conferencia de la Organización de Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) comenzará el próximo 21 de octubre y se prolongará hasta el 1 de noviembre y reunirá a más de 190 países, organizaciones observadoras, grupos de jóvenes, sociedad civil, academias y público que negociarán y discutirán sobre la importancia que tiene la protección y restauración de la naturaleza a través de 23 metas para 2030 y cuatro objetivos para 2050.Según la misma fuente, Huang confirmó su participación en la sesión de inauguración del segmento de alto nivel de la cita, en la que China traspasará a Colombia la presidencia de este foro, título que el país asiático compartió con Canadá en 2022, último año en que se celebró.El jefe de la diplomacia se vio asimismo con el negociador comercial internacional del Ministerio de Comercio y subsecretario del departamento de Comercio del Partido Comunista de China, Wang Shouwen, con quien abordó “la agenda comercial, la facilitación del comercio y la comisión mixta” bilateral.“Se exploraron oportunidades de cooperación con enfoque territorial y cierre de brechas”, agregó la Cancillería.China es el segundo socio comercial de Colombia, con un intercambio comercial bilateral de aproximadamente 18.165 millones de dólares en 2022 y la balanza marcadamente inclinada hacia el gigante asiático.El canciller de Colombia llegó a Pekín el miércoles para una visita de cuatro días que sigue a la que realizó en octubre de 2023 el presidente de su país, Gustavo Petro, quien acordó con el mandatario chino, Xi Jinping, la elevación de las relaciones a la categoría de asociación estratégica.Una de las principales razones de este viaje ha sido concretar la futura adhesión del país latinoamericano a la iniciativa de las Nuevas Rutas de la Seda, el proyecto estrella de China para aumentar su influencia geopolítica en el exterior.Murillo avanzó en la víspera que Pekín y Bogotá han formado un grupo de trabajo para negociar la adhesión del país latinoamericano, que se producirá "en un tiempo prudencial".Más de una veintena de naciones se han unido al proyecto en Latinoamérica, pero no -hasta ahora- Colombia, que, sin embargo, sí ha adjudicado a empresas chinas importantes proyectos de infraestructura en transporte y minería.
Óscar Camargo Ríos, alias 'Pichi', reconocido narcotraficante de Bucaramanga, logró evadir las autoridades tras fugarse de su apartamento ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín. El hecho ocurrió mientras cumplía una medida de detención domiciliaria que había sido revocada pocas horas antes.Según el reporte oficial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el pasado jueves, en horas de la tarde, se realizó la revisión de rutina en su domicilio, donde se confirmó la presencia de Camargo Ríos en el lugar. Sin embargo, minutos después de la visita, el brazalete electrónico que monitoreaba su ubicación emitió una alerta de transgresión en el Centro de Vigilancia Electrónica de Inpec (CERVI).Ante esta alerta, las autoridades enviaron nuevamente a una cuadrilla de la Unidad de Domiciliaria, pero, al llegar al lugar, Camargo Ríos ya no se encontraba en su residencia. Este hecho fue reportado inmediatamente al juez encargado del caso, y se activaron los protocolos de búsqueda en coordinación con la Policía Nacional (PONAL).La fotografía más reciente de Camargo Ríos fue tomada a las 5:00 de la tarde de ese mismo día, momento en el que se comprobó su presencia en el apartamento. Sin embargo, pocos minutos después de la revisión, el narcotraficante logró evadir la vigilancia y escapar, dejando a las autoridades sin rastro alguno.La fuga de Camargo Ríos genera preocupación entre las autoridades, debido a su historial criminal y su vinculación con redes de narcotráfico que operan tanto en Colombia como en el exterior. Las autoridades han intensificado la búsqueda para dar con su paradero y evitar que logre salir del país.
En una operación militar en el suroriente de Caquetá, fue localizado y desmantelado un campamento donde se refugiaban criminales pertenecientes a una estructura de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Los criminales, según las autoridades, intentaban esconderse de la ofensiva del Ejército y la Fuerza Aérea.En el hecho, que se presentó en zona rural del municipio de Solano, se produjo un combate que dejó como resultado la muerte de varios integrantes de esta estructura durante el desarrollo de las operaciones militares, quienes venían adelantando varias acciones criminales en contra de la población civil.Como resultado de la acción, fueron incautados siete fusiles, munición de diferentes calibres, material de intendencia y equipos de comunicación. “Esto representa un golpe significativo a las capacidades logísticas y criminales de las estructuras de alias 'Iván Mordisco' en la región”, señalaron las Fuerzas Militares.La comisión neutralizada era presuntamente responsable de fortalecer las finanzas ilegales a través de actividades como la extorsión, el secuestro, la minería ilegal y el narcotráfico. También se les atribuye la planificación de homicidios y el reclutamiento forzado de menores, quienes a menudo son utilizados como escudos humanos o ejecutados si se niegan a unirse a las filas de esta estructura crim
Al menos dos cascos azules resultaron heridos este viernes en un nuevo supuesto ataque israelí contra el cuartel general de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL), el cuarto atribuido a Israel contra tropas de la ONU en dos días.Según la agencia nacional de noticias libanesa, NNA, el ataque tuvo lugar cuando un "tanque enemigo Merkava (supuestamente israelí) atacó una de las torres de la FINUL en la carretera que conecta Tiro con Naquora (sur), frente al puesto de control del Ejército libanés, hiriendo a dos soldados del batallón de Sri Lanka".El medio estatal indicó que "las fuerzas enemigas dispararon un proyectil de artillería contra la entrada principal del cuartel de la FINUL en Naqoura (sur), causando daños en la entrada".Israel no ha reaccionado a esa información, y tampoco la FINUL ha comentado aún ese nuevo incidente que se produce unas 24 horas después de que otros dos cascos azules resultaran heridos en un incidente similar.El Ejército israelí admitió el jueves haber llevado a cabo disparos cerca de la base de las fuerzas de paz de Naciones Unidas en Naqoura, donde dos cascos azules indonesios resultaron heridos leves, si bien acusó al grupo libanés Hizbulá de "operar" cerca de los puestos de misión de la ONU.La FINUL denunció también el jueves que soldados israelíes abrieron fuego contra una posición de los Cascos Azules en Naqoura, donde fue alcanzada la entrada a un búnker en el que se refugiaban efectivos internacionales y donde quedaron dañados varios vehículos, así como un sistema de comunicación.Todo ello se produce después de que ya el miércoles soldados israelíes dispararan "deliberadamente" contra cámaras de vigilancia en ese mismo puesto, según la FINUL.También el miércoles, una tercera posición de la FINUL fue objetivo de disparos "deliberados" por parte del Ejército de Israel, causando más daños materiales.Fuentes del ministerio español de Defensa consultadas por EFE en Madrid informaron de que ninguno de los cascos azules españoles que forman parte de la FINUL ha resultado herido y todos ellos se encuentran bien.Hace diez días, el Estado judío inició una serie de operaciones terrestres en áreas "limitadas" del territorio libanés cercanas a la frontera común, coincidiendo con una intensa campaña de bombardeos contra esa región, y también en el este del Líbano y los suburbios de Beirut.