En medio de la rendición de cuentas del Sistema General de Regalías en Valledupar, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, reveló graves irregularidades en el manejo de los recursos del OCAD Paz en la Región Caribe.Según el organismo de control, entre 2022 y 2025 se auditaron 599 proyectos de regalías por un valor de $7,1 billones, de los cuales 155 corresponden al OCAD Paz. De esas revisiones se consolidaron 414 hallazgos fiscales por $1,7 billones y un posible detrimento al patrimonio público de $224.000 millones.“Departamentos como La Guajira, Córdoba y Sucre registran indicadores de pobreza que superan el 60 %, con miles de proyectos financiados con regalías que incluyen obras inconclusas, sobre todo obras sin propósito y que no conectan con el desarrollo ni con la realidad de las necesidades de la gente”, indicó el contralor.Actualmente hay 425 actuaciones fiscales en trámite por más de $1,2 billones, y se han emitido 49 fallos con responsabilidad fiscal en esta región, por $154.000 millones.El contralor cuestionó la llamada “abundancia vacía”, que, según él, implica tener recursos, pero sin rumbo. Recordó que en La Guajira, por ejemplo, se han invertido más de $109.000 millones en parques y espacios recreativos, mientras persisten sentencias judiciales que ordenan garantizar agua y alimentación a la población Wayúu.Finalmente, el ente de control hizo un llamado a replantear el modelo de inversión de las regalías y convertirlo en un verdadero motor de desarrollo sostenible, que permita que los recursos del OCAD Paz y del sistema en general lleguen efectivamente a las comunidades que más los necesitan.
El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, dio a conocer las medidas que se están tomando para evitar la pérdida de recursos millonarios del Sistema Nacional de Regalías. En Mañanas Blu, con Camila Zuluega, López reveló detalles de una investigación iniciada hace tres meses, la cual abarca proyectos ejecutados entre 2017 y 2024, con un total de 19.323 iniciativas que comprometen 68.5 billones de pesos.López destacó que el DNP ha identificado una gran cantidad de información que permite determinar qué recursos están en riesgo de perderse y cuáles pueden ser recuperados con acciones específicas. El objetivo es trazar una ruta institucional junto con los órganos de control del Estado para salvaguardar los fondos públicos y evitar que caigan en manos de corruptos."Nosotros con la investigación que iniciamos hace aproximadamente tres meses apenas, cogimos el el periodo comprendido entre el año 2017 y el año 2024. Entre esos años, tenemos un grupo de proyectos que llegan a los 19.323 en total los recursos comprometidos. En estos diecinueve mil trescientos veintitrés proyectos son del orden de los 68. 5 billones de pesos de recursos de regalías”Y agregó, "Tenemos ya también una cantidad de información que nos permite establecer, pues qué recursos están prácticamente perdidos y qué recursos se pueden salvar dependiendo de las acciones que se emprendan".El Sistema Nacional de Regalías distribuye recursos a municipios y departamentos donde se extraen recursos naturales como petróleo y carbón, con el fin de compensar el daño ambiental. Sin embargo, según López, algunos de estos proyectos no han sido ejecutados, están abandonados o ni siquiera han comenzado, a pesar de que los municipios han recibido importantes sumas de dinero.La investigación del DNP reveló irregularidades en la ejecución de proyectos, algunos de los cuales han sido manipulados por contratistas para su beneficio. López señaló que se han encontrado "grandes nombres" involucrados en estos casos, incluyendo contratistas, políticos, gobernadores y alcaldes, y que la información ya ha sido entregada a la Fiscalía.Ante la situación, el Gobierno nacional está considerando un nuevo enfoque para la ejecución de proyectos, que incluye la vinculación directa de las Juntas de Acción Comunal y las comunidades locales en la gestión de los recursos. Esta medida busca fortalecer la transparencia y reducir la corrupción en la administración de fondos públicos.El DNP, en colaboración con otras entidades, está comprometido en garantizar que los recursos de regalías sean utilizados de manera efectiva y en beneficio de las comunidades, evitando así la pérdida de estos millonarios fondos que son cruciales para el desarrollo del país.Escuche la entrevista completa acá:
El Gobierno nacional se prepara para destapar otro escándalo de corrupción: el posible robo de recursos de la plata de las regalías para los municipios más afectados por el conflicto armado en Colombia.El Departamento Nacional de Planeación está analizando cotizaciones sobre cuánto le costará contratar a un verdadero destacamento de auditores forenses que actúen como detectives y le pasen la lupa a 1.005 proyectos contratados con la plata de las regalías para la paz con el objetivo de encontrar toda clase de irregularidades desde faltas administrativas a delitos, según documentos conocidos por Blu Radio.“Tenemos un grave problema porque el segundo punto del acuerdo de paz con las Farc, que era transformar el territorio, la plata se la llevaron a las zonas más ricas y/o se la robaron. Por eso yo quiero, director de planeación, que usted contrate una auditoría forense, valga lo que valga”, dijo el presidente Gustavo Petro a su director de Planeación Nacional, Alexander López, durante un discurso en Nariño.López hizo caso y está preparando la contratación. Las expectativas del Gobierno sobre los resultados de ese informe son altas porque no solo espera hallazgos sino pruebas con ‘cadena de custodia’, lo que muestra una disposición a denunciar ante las autoridades.La lista de más de 1.000 proyectos del OCAD Paz incluye a todos los que se contrataron entre 2017 y 2024 y ya se encuentran en ejecución, pero también pasarán a la palestra decenas de proyectos terminados.Estamos hablando de una auditoría con enfoque "detectivo" y la palabra "detectivo" no es menor porque el Gobierno espera de hecho que los auditores se comporten como detectives: podrán buscar información física o digital, hacer entrevistas o visitar los proyectos para evaluar si hay “daños económicos, fraudes financieros, violación a la normatividad y, daños administrativos”.Al final de cada auditoría deberán entregar un listado de hallazgos penales, fiscales o disciplinarios con las pruebas que los sustentan y en varios apartes del documento se habla de la importancia de que exista una ‘cadena de custodia’ sobre esas pruebas. Además, deberán detallar la cuantía del fraude, cuáles fueron sus efectos, la posible tipificación (de los delitos) y quiénes son los presuntos responsables.Cada equipo tendrá un líder de proyecto pero, además, abogados penalistas, auditores informáticos y auditores contables o administrativos.En 2022 Blu Radio reveló las denuncias de varios alcaldes de los municipios más afectados por el conflicto, quienes dijeron haber sido ‘extorsionados’ o presionados para el pago de sobornos a funcionarios del gobierno para que les aprobaran proyectos del OCAD Paz.Según el DNP este libro blanco sobre quién se robó los recursos debería estar listo a final del año.
La Contraloría General de la República actualizó las cifras y resultados que ha dejado la investigación y auditoría que ha adelantado desde septiembre de 2022 sobre los recursos de proyectos para la paz financiados con el Sistema General de Regalías.A la fecha, y tras revisar 242 proyectos por un valor de $2.8 billones, han encontrado hallazgos con posible incidencia fiscal que superan los $339.668 millones.De acuerdo con el informe, la región Caribe encabeza el número de esos hallazgos por $106.343 millones en 43 de 65 proyectos, seguida por la región de los Llanos Orientales, con 17 hallazgos fiscales por $62.382 millones en 29 proyectos revisados.Entre los principales problemas identificados están que las obras o tienen mala calidad, o no cumplen la meta para las que se habían destinado. También se evidenciaron manejos financieros indebidos como obras que se pagaron, pero no se ejecutaron o falta de sostenibilidad en los proyectos.Asimismo, el sector transporte es uno de los más afectados con el 57 % de los proyectos que no avanzan; le sigue el de vivienda, con el 19 %, y el de minas y energía, con el 12 % de los proyectos en problemas.Este es el informe de la Contraloría:
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación que sacude las altas esferas del Órgano Colegiado de Decisión para la Paz (OCAD Paz), y es que en el ojo del huracán se encuentran el ex alto consejero presidencial para la Consolidación y Estabilización, Emilio José Archila Peñalosa, el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, y el exalcalde de La Paz, Cesar, Martín Guillermo Zuleta Mieles.Todos ellos son miembros del OCAD Paz y son investigados por presuntas irregularidades en un proyecto de pavimentación de vías en Miranda, Cauca, financiado con recursos de regalías, ascendentes a $7.152 millones.Según la denuncia recibida por la Procuraduría, el OCAD Paz habría designado como ejecutor del proyecto al Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Social y la Gestión Social. Sin embargo, se cuestiona la idoneidad de este ente para asumir tal responsabilidad, dado su aparente déficit de experiencia, capacidad administrativa y técnica en proyectos de infraestructura vial.La investigación ha puesto el foco en la transparencia del proceso de selección del ejecutor del proyecto. Se solicitaron pruebas a la administración municipal de Miranda, Cauca, incluyendo el estudio previo realizado al Fondo Mixto para su designación, así como una certificación sobre las razones técnicas y de experiencia presentadas ante el OCAD Paz. También se han requerido a la dirección del Fondo Mixto diversos documentos, como las hojas de vida del personal asignado para el proyecto, los estados financieros de las vigencias 2019 a 2021.La Procuraduría su parte se compromete a actuar con la transparencia en el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías, trabajando desde su misionalidad disciplinaria para garantizar la integridad y responsabilidad de los servidores públicos involucrados en la administración de estos fondos. Este caso no solo pone en tela de juicio la gestión del OCAD Paz, sino que también subraya la necesidad de una supervisión rigurosa y una selección transparente de los ejecutores de proyectos financiados con recursos públicos.
La Contraloría General entregó un informe sobre la auditoria a los proyectos de Ocad-Paz en el país y reveló grandes hallazgos fiscales. Cabe recordar que hace varios meses Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, realizó una investigación exclusiva sobre los recursos de las regalías para proyectos en las regiones, lo que llevó a indagaciones sobre si se estaban o no ejecutando estos programas.Diana Marcela Molina Méndez, coordinadora general encargada del grupo interno de trabajo de Responsabilidad Fiscal del Sistema General de Regalías, habló sobre los avances en estos procesos. Según dijo, “hay hallazgos de más de 227.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 100.000 son de recursos de Ocad-Paz”.Méndez recordó que están haciendo un “especial seguimiento” a esos recursos luego de las denuncias conocidas públicamente. Y es que, según aclaró, en algunos casos se giraron los anticipos, pero las obras no se concluyeron o ni se iniciaron.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF“La Contraloría tiene la lupa puesta en todo lo que tiene que ver los recursos de Ocad-Paz”, insistió la funcionaria en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.Sobre los procedimientos que se entablaron una vez se conocieron las denuncias por una supuesta mala entrega de esos recursos en algunos municipios, Méndez explicó que, una vez recopiladas las investigaciones, se llevan a la unidad de responsabilidad fiscal y ahí el grupo de los contralores delegados se somete, a reparto, estos procesos y “se evalúa toda la situación” para poder iniciar y asignar responsabilidades fiscales.A la pregunta de si se perdió la plata de los Ocad-Paz, la coordinadora (e) comentó que, por ahora, están revisando cada proceso fiscal, pues “esos procesos están sometidos a reserva” y por eso no puede avecinarse a responder con un sí o no.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire:
El Ocad Paz, órgano del Sistema General de Regalías responsable de aprobar proyectos de inversión que contribuyan a la implementación del acuerdo de paz, dio vía libre a 55 proyectos que serán financiados por la asignación de incentivos a la producción de regalías, por un valor de $163.197 millones y beneficiarán a más de 500.000 habitantes de 16 departamentos del país.“Con lo aprobado se está dando cumplimiento al punto uno del acuerdo final de paz, a través de la Reforma Rural Integral, RRI, mediante 25 proyectos que dan cumplimiento a seis", señaló Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (UIAP).El desarrollo de proyectos estratégicos va a beneficiar múltiples sectores como energía, agricultura, ambiente, educación, gestión del riesgo, transporte, vivienda e inclusión social y reconciliación, entre otros.La apuesta más importante está en el sector energético, en donde se busca generar energía alternativa a 8.000 personas. Además, también quedó fijado en este pliego de proyectos llevar gas domiciliario a 13.000 personas y conectar a 3.000 más con proyectos de redes de electrificación.Le puede interesar:
El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, habló en Mañanas Blu sobre los primeros retos que encara en el cargo y aseguró que la entidad alista informes sobre la presunta defraudación de recursos en los fondos Ocad-Paz y nóminas paralelas."La prevención no puede convertirse en el control previo, no puede formar parte de la coadministración. Estamos preparando un informe sobre el tema de las Ocad-Paz y las nóminas paralelas, que se habla de 4,5 billones de pesos", señaló el contralor. Una de las líneas claves de investigación en el escándalo de los fondos Ocad-Paz tiene que ver con el rol de la Contraloría, en cabeza de los contralores delegados Aníbal Quiroz y Juan Carlos Gualdrón. Según fuentes, estos funcionarios pedían entre el 1-2 % de cada proyecto a los alcaldes para eximirlos de incluir sus proyectos en los controles previos que estos contralores enviaban a las sesiones del OCAD Paz, media hora antes de que estos sesionaran.En cuanto a las llamadas "nóminas paralelas", el contralor dijo que no se puede meter en un mismo saco a todos los trabajadores del Estado con contratos de prestación de servicios, sino que la Contraloría se centrará en quienes cuentan con múltiples contratos o desarrollan labores que por ley están limitadas a funcionarios. "No se puede cobijar bajo el mismo manto de presunta irregularidad a absolutamente todo, también hay contratista que cumplen adecuadamente con su función. Lo que no está bien es cuando en varias entidades del Estado puede haber personas con cinco, seis, diez contratos, que es lo que vamos a verificar, o que estén realizando funciones propias que deberían estar desarrollando los funcionarios propios de la entidad ", sostuvo el jefe del ente de control fiscal. Según el artículo 123 de la Constitución Política, las nóminas paralelas son contratos de prestación de servicios que usan las entidades estatales para desarrollar actividades de administración o funcionamiento; es decir, son tareas que realizan personas naturales y que las personas de nómina no pueden cumplir. Un trabajo temporal de acuerdo con las necesidades.
La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, durante la presentación del informe de empalme, se convirtió en blanco de críticas y denuncias por parte del equipo de Gustavo Petro por la falta de información y por los billonarios contratos que se habrían firmado, que para el gobierno entrante no tienen sustento o no están plenamente justificados o con un proyecto de obras claras.“Nosotros lo tenemos que decir: con toda seguridad, sentimos que la Unidad de Gestión del Riesgo se convirtió en una fiducia para evadir licitaciones. Así lo decimos. No nos quisieron entregar los convenios que han firmado en este cuatrienio, que son billonarios y múltiples, y a nosotros sí nos genera una serie de preguntas”, denunció Luis Fernando Velasco.En ese sentido, añadió: “Qué hay ahí. Yo no tengo la respuesta. Yo sí le pido al Gobierno un especial cuidado con estos proyectos y le pido a la UIANF y a la Fiscalía una revisión de los patrimonios de quienes manejaron estos recursos”.Para el exsenador Velasco el sistema se puede cambiar con la creación de una sola bolsa, donde la comunidad que los tiene indique en que se deben invertir esos recursos de la paz.“En los OCAD existieron peajes. Eso lo tiene que indagar los entes de control y nos tendrán que contar qué fue lo que realmente pasó. Pero sí se evidencia la existencia de peajes”, agregó Velasco.Siga y escuche el podcast de ‘La Intérprete’:
Desde la Presidencia se envió una carta al Congreso de la República, en la que solicita al presidente del Senado, Roy Barreras, y al presidente de la Comisión Primera que se anticipe para la próxima semana el debate de control político sobre los dineros de la paz en el marco del OCAD-paz, que ha generado un debate en el país por presuntas irregularidades sobre los fondos.“Solicitamos de manera respetuosa se proceda a establecer, en la semana del 1 al 5 de agosto de 2022, fecha para el mencionado debate de control político, con el fin de garantizar un espacio transparente donde la ciudadanía reciba las explicaciones relacionadas con la gestión de recursos para el OCAD-paz”, dice uno de los apartes de la misiva que llego al Congreso.La carta la firma la directora del DNP, Alejandra Botero; al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo; a Juan Carlos Vargas, alto consejero para la Estabilización, y a Víctor Muñoz, director del Dapre y en ella también piden que se invite a la procuradora Margarita Cabello, el fiscal Francisco Barbosa y el contralor general, Felipe Córdoba.Hace una semana los congresistas Jota Pe Hernández, Humberto de la Calle, Rodolfo Hernández y Ariel Ávila, quienes hacen parte de la Comisión Primera del Senado, radicaron en la secretaría de la comisión un debate de control político en la que piden explicación sobre los recursos del OCAD-Paz.Le puede interesar. Escuche el podcast Historias detrás de la historia:
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.
Alrededor de la medianoche aterrizó en Cali el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para liderar la puesta en marcha del primer bloque de seguridad urbana del país. Se trata de la opeación 'Iron', en la que más de 1.200 hombres de la Fuerza Pública se desplegaron por el centro y el oriente de la ciudad. La operación inició en la madrugada de este jueves y sigue activa en toda la ciudad, enfocándose principalmente en los barrios Calvario, San Pascual y Sucre en el centro de Cali, los cuales históricamente han sido afectados por problemáticas de microtráfico."Acaba de empezar el operativo más importante en la historia de esta ciudad, de Cali, más de 1.200 hombres, vamos a recuperar el centro de Cali que está tomado por las ollas que venden droga con la que se envenenan a nuestros niños y jóvenes, por los extorsionistas que acaban con los sueños de nuestros de nuestros comerciantes y emprendedores. Los delincuentes hacen lo que les da la gana, hoy lo vamos a derrotar, vamos a liberar a Cali de ese flagelo del crimen organizado", aseguró el presidente.En el operativo también estuvieron presentes el general retirado Jorge Mora; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quienes durante toda la madrugada estuvieron recorriendo seis comunas y 15 barrios, donde se efectuaron más de 80 órdenes de captura y 161 diligencias de allanamiento.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, afirmó que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se mantiene en términos de diálogo y coordinación, pese a las diferencias que han surgido alrededor de asuntos como el presupuesto nacional y las prioridades de gasto. El senador sostuvo que ha mantenido conversaciones frecuentes con el presidente de la República y con diferentes integrantes del gabinete.“Le tengo que decir de mi parte una relación cordial, sincera, franca y permanente”, aseguró Henríquez al ser consultado por la relación entre el Congreso y el Gobierno. Según explicó, durante los periodos de sesiones se han desarrollado reuniones con distintos ministros para abordar asuntos relacionados con salud, seguridad, deporte y otros sectores.El pronunciamiento se produjo durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que el presidente del Congreso también se refirió a la situación de seguridad que atraviesa Santa Marta, ciudad de la que es oriundo, luego de las acciones atribuidas a estructuras criminales y de las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar el control territorial.Seguridad en Santa Marta y presencia de la Fuerza PúblicaHenríquez señaló que, aunque no permaneció en Santa Marta durante los días más críticos de la situación de orden público, recibió información sobre el temor que se extendió entre los habitantes y las medidas de resguardo adoptadas por la comunidad.Para el presidente del Congreso, la prioridad debe ser el restablecimiento del orden y el retorno de la ciudad a la normalidad. En ese sentido, respaldó la presencia de policías y militares en Santa Marta y en otros territorios de la región.“Aquí lo que hay que hacer prevalecer es la libertad, el orden”, manifestó. También sostuvo que una ciudad turística como Santa Marta necesita recuperar la confianza y consideró que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo de las demás actividades sociales y económicas.Sobre la presencia histórica de grupos criminales y fenómenos como las extorsiones, Henríquez reconoció que se trata de una problemática que ha afectado a distintas regiones del país. “Las regiones están a merced de los grupos al margen de la ley. La ciudad de Santa Marta no es una excepción”, afirmó.El senador agregó que el fortalecimiento de la seguridad requiere recursos para modernización, tecnología, equipamiento y ciberseguridad. Según sus declaraciones, existe un desbalance entre las capacidades de los grupos armados ilegales y las de la Fuerza Pública que debe ser atendido.Ley de sometimiento y estatuto antiterroristaOtro de los asuntos abordados fue el trámite de los proyectos relacionados con seguridad, entre ellos la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. enríquez explicó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó al Congreso que el Gobierno ya cuenta con un borrador de estas iniciativas, pero que el documento continúa en revisión por parte de la Presidencia de la República.“Estamos a la espera de que ello ocurra”, señaló el presidente del Congreso, quien agregó que el Gobierno no ha establecido todavía una fecha concreta para la presentación de los proyectos.Presupuesto: salud y defensa, entre las prioridadesEn materia económica, Henríquez se refirió a la aprobación del monto general del presupuesto y a las discusiones que deberán continuar en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Uno de los asuntos que expresó como preocupación es la financiación del sistema de salud. El senador señaló que el sector enfrenta un déficit frente a los recursos solicitados y destacó la necesidad de revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).“La salud para mí y todos es una prioridad”, afirmó, al reconocer al mismo tiempo las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado. a seguridad también aparece entre las prioridades planteadas por Henríquez. El presidente del Congreso manifestó que considera necesario incrementar los recursos destinados al sector defensa, particularmente para fortalecer capacidades operativas, tecnología y equipamiento.Ajuste fiscal y dificultades presupuestalesRespecto al anunciado proyecto de ley de ajuste fiscal, Henríquez indicó que hasta el momento no conoce una fecha de radicación ni los detalles de su contenido. Sin embargo, consideró necesario que la iniciativa sea presentada y debatida. “Nosotros esperamos que lo antes posible lleguen con la información y lleguen a radicarlo y a debatirlo, porque es lo sensato y es lo que los técnicos dicen que hay que hacer”, afirmó.El senador también fue consultado sobre el recorte previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En respuesta, señaló que no conoce en detalle su presupuesto y planteó que el problema es generalizado en diferentes entidades del Estado.Henríquez sostuvo que sectores como defensa, salud y justicia enfrentan necesidades adicionales de financiación, mientras el Gobierno debe afrontar restricciones fiscales y buscar mecanismos para reducir los gastos de funcionamiento.Diálogo entre poderes para buscar solucionesFinalmente, el presidente del Congreso explicó que sus encuentros con representantes de las altas cortes y otros órganos del Estado tienen como propósito identificar problemas y construir acuerdos dentro del principio de separación e independencia de poderes. “En medio de las diferencias hay que construir consenso para buscar soluciones a los temas que afectan a los colombianos”, señaló.Henríquez puso como ejemplo los asuntos que llegan a la Corte Constitucional y que requieren actuaciones del Congreso, así como el elevado número de acciones de tutela relacionadas con servicios de salud.Según explicó, el objetivo de estos encuentros es identificar qué problemas requieren decisiones administrativas y cuáles necesitan reformas legales.
Viajar desde Colombia hasta Japón puede costar menos de lo que muchos viajeros imaginan, con un cálculo hecho para febrero de 2027 en el que se encuentran tiquetes desde Bogotá hacia Tokio por alrededor de $5 millones ida y vuelta. A esto se suma un factor que está reduciendo el costo del destino para los colombianos: la cotización del yen frente al peso.Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó que la combinación de una moneda japonesa debilitada y un peso colombiano relativamente fuerte hace que el gasto en Japón sea menor para quienes llevan pesos.“Cuando se juntan una de las monedas más débiles del mundo (el yen) con una de las más fuertes (el peso colombiano), Japón se pone en promoción”, señaló el economista.¿Por qué viajar a Japón está más barato para los colombianos?El comportamiento del yen frente al peso permite dimensionar el cambio. Según Campos, a comienzos de 2023, 100 yenes costaban aproximadamente $3.700, mientras que actualmente esa misma cantidad representa unos $2.026.Con esa diferencia, el economista calcula que Japón resulta cerca de 45 % más barato para un colombiano al comparar el valor de la moneda japonesa en esos dos momentos.El efecto se refleja principalmente en los gastos que se realizan directamente en yenes, como alojamiento, alimentación, transporte y entradas a diferentes atracciones.¿Cuánto puede costar un viaje de 15 días?Una estimación compartida por un influencer de viajes plantea que el presupuesto para 15 días en Japón puede estar alrededor de $4 millones, sin incluir los tiquetes internacionales.El cálculo contempla alojamiento en Tokio, Kioto y Osaka desde unos $100.000 por noche por persona, principalmente en hostales. En hoteles, el valor puede subir a $200.000 o más.Para alimentación, la referencia utilizada es de unos $100.000 diarios. Entre las opciones mencionadas están las tiendas de conveniencia y cadenas de restaurantes, mientras que un ramen en Ichiran puede costar alrededor de $25.000.El transporte urbano también puede mantenerse dentro de ese presupuesto: los trayectos en metro se estiman en unos $6.000.¿Qué ruta se puede hacer por Japón?Para un viaje de 15 días, el itinerario propuesto comienza en Tokio y pasa por Yokohama, Kanazawa, Takayama, Kioto, Osaka, Hakone y Kawaguchiko, antes de regresar a Tokio.El recorrido permite combinar grandes ciudades con destinos turísticos ubicados fuera de los principales centros urbanos. Entre ellos está Kawaguchiko, una zona recomendada para observar el monte Fuji y situada aproximadamente a una hora y media de Tokio.El desplazamiento entre Tokio y Osaka también puede hacerse en Shinkansen, el tren bala japonés. El cálculo se estima en unos $700.000 el trayecto de ida y vuelta, incluyendo la conexión con Kioto.¿Cómo comprar tiquetes baratos desde Colombia a Japón?Para viajar entre el 3 y el 18 de febrero de 2027 se encontraron vuelos desde Bogotá a Tokio por unos $5 millones ida y vuelta.El itinerario encontrado se trata de tiquetes comprados por separado, que permiten armar el recorrido entre Bogotá, Madrid y Tokio por unos $5,2 millones en total. Así quedaría el recorrido desde Bogotá:Bogotá-Madrid ida y vuelta por aproximadamente $2,5 millones en Avianca, sin escalas.Madrid-Tokio ida y vuelta ronda los $2,7 millones, por Qatar Airways haciendo una escala.A ese presupuesto se pueden sumar otros gastos, como entradas a atracciones. Por ejemplo, Tokyo Disneyland se encuentra entre los parques Disney con entradas más económicas, con un valor cercano a $190.000.Cabe también aclarar que los costos presentados son una estimación, y el valor final dependerá únicamente del recorrido, la experiencia y los lugares que desee visitar cada uno, por lo que fácilmente ese precio podría subir si se decide estar en hoteles 5 estrellas y comer siempre en restaurantes lujosos.
Colombia debe hacer una evaluación de los efectos sobre la salud, la seguridad alimentaria y el medioambiente antes de reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos, especialmente por su posible impacto sobre comunidades afrocolombianas, dijo este jueves un mecanismo de expertos de la ONU.En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra, el Mecanismo de Expertos Independientes de la ONU para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en la Aplicación de la Ley menciona algunas de las medidas anunciadas como parte de la lucha contra los grupos armados y el narcotráfico por parte del nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella.Como una cuestión prioritaria, los expertos piden que se preste atención a que esas medidas no refuercen el racismo sistémico en el país.Recordaron que las comunidades afrocolombianas se han visto afectadas de forma desproporcionada por políticas predominantemente punitivas y militarizadas, particularmente en territorios afectados por la violencia armada, las economías ilícitas y una limitada presencia del Estado.Por ello, pidieron que las políticas de seguridad y drogas que se implementen incorporen una perspectiva étnico-racial, respeten los derechos humanos y garanticen la participación de las comunidades afectadas.Asimismo, los expertos señalan que los estereotipos que asocian a las personas de ascendencia africana, especialmente a los jóvenes, con la criminalidad y la peligrosidad siguen influyendo en los controles policiales, las sanciones y el acceso a la justicia.Los expertos dijeron haber documentado situaciones de controles y registros policiales considerados injustificados y un uso excesivo - en ocasiones letal - de la fuerza, además de una aplicación discriminatoria de los llamados comparendos, multas cuyo impago afecta especialmente a jóvenes afrocolombianos y a personas en situación socioeconómica desfavorecida.A ese respecto, el Mecanismo de la ONU pidió una revisión integral del impacto de los comparendos y recomendó una moratoria sobre estas multas y la cancelación de las pendientes.