Procuraduría investigará a exmiembros de OCAD por irregularidades en proyecto con regalías

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación que sacude las altas esferas del Órgano Colegiado de Decisión para la Paz (OCAD Paz), y es que en el ojo del huracán se encuentran el ex alto consejero presidencial para la Consolidación y Estabilización, Emilio José Archila Peñalosa, el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, y el exalcalde de La Paz, Cesar, Martín Guillermo Zuleta Mieles.Todos ellos son miembros del OCAD Paz y son investigados por presuntas irregularidades en un proyecto de pavimentación de vías en Miranda, Cauca, financiado con recursos de regalías, ascendentes a $7.152 millones.Según la denuncia recibida por la Procuraduría, el OCAD Paz habría designado como ejecutor del proyecto al Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Social y la Gestión Social. Sin embargo, se cuestiona la idoneidad de este ente para asumir tal responsabilidad, dado su aparente déficit de experiencia, capacidad administrativa y técnica en proyectos de infraestructura vial.La investigación ha puesto el foco en la transparencia del proceso de selección del ejecutor del proyecto. Se solicitaron pruebas a la administración municipal de Miranda, Cauca, incluyendo el estudio previo realizado al Fondo Mixto para su designación, así como una certificación sobre las razones técnicas y de experiencia presentadas ante el OCAD Paz. También se han requerido a la dirección del Fondo Mixto diversos documentos, como las hojas de vida del personal asignado para el proyecto, los estados financieros de las vigencias 2019 a 2021.La Procuraduría su parte se compromete a actuar con la transparencia en el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías, trabajando desde su misionalidad disciplinaria para garantizar la integridad y responsabilidad de los servidores públicos involucrados en la administración de estos fondos. Este caso no solo pone en tela de juicio la gestión del OCAD Paz, sino que también subraya la necesidad de una supervisión rigurosa y una selección transparente de los ejecutores de proyectos financiados con recursos públicos.