En medio de las investigaciones adelantadas por el caso de falsos positivos, en hechos ocurridos entre 2005 y 2008 en el Casanare, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este lunes a 22 miembros del Ejército, un funcionario del Estado y dos civiles, por crímenes de guerra y lesa humanidad.Según detalló el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, el “modus operandi” de las unidades militares que participaron en los hoy macro casos abiertos, seguían el mismo patrón en Casanare, Norte de Santander y en la costa Caribe; dijo que “la mayoría de los implicados” aceptó los cargos por los que se les acusaba.“Hay una serie de factores y elementos en común, particularmente, operaciones y patrones criminales que eran dirigidos desde el comando de esas unidades militares. Son ordenes, instrucciones, acciones y omisiones que permearon todas las unidades y, en efecto, los móviles siempre eran semejantes: aumentar número de bajas porque significaba éxito militar y ante la comunidad era una victoria frente a la insurgencia”, explicó en diálogo con Mañanas Blu.Por otro lado, el magistrado Cifuentes se refirió a la posibilidad de incluir al ELN en la JEP y abrirles los macro casos correspondientes. Aseguró que, si se llega a dar, habría que fortalecer la jurisdicción con “una planta de personal adecuada para estas funciones”, pero aclaró que esa decisión final le corresponde al presidente junto con el Congreso de la República.Le puede interesar:“En ese evento, ya le corresponde al presidente y a Congreso tomar la determinación correspondiente. Sin embargo, si los crimines cometidos por miembros del Ejercito de Liberación Nacional (ELN), como los crímenes internacionales, se asignan a conocimiento, investigación y juzgamiento de la Jurisdicción a través de los mecanismos de la justica transicional, habrá que fortalecer la JEP”.En ese sentido, mencionó que se tiene que buscar una paz total, más no una parcial: “En lo que tiene que ver con la elaboración y aprobación de las normas, ya sean constitucionales o legales, no es competencia de la jurisdicción, de modo que simplemente nos atenemos a la función de orden judicial que nos compete”.Falsos positivos en población vulnerableEl presidente de la JEP continuó hablando sobre las imputaciones y los 303 falsos positivos que se cometieron, recalcando que los miembros de dichas unidades, siendo la brigada 16 una de las más investigadas, “simulaban combates y cubrían las acciones que se cometían”.“(…) Como los roles, objetivos se comparten entre la brigada 16, el Gaula, el batallón de infantería e, igualmente, los grupos especiales y el DAS, todos integrados para cometer acciones ilegales, para cometer 303 falsos positivos, siempre en poblaciones vulnerables; son asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate”, añadió.
Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, conoció nuevos audios en los que el alcalde de La Paz, Cesar, Martín Zuleta, habla sobre unas “hojas de block” y “carpetas”, que tendrían como fin un proyecto del Ocad Paz.Así, con palabras clave, se estaría comunicando el alcalde Zuleta con contratistas y más alcaldes, a quienes, según otro audio, les estaría garantizando los proyectos en el Ocad, uno de estos, de educación.“Buenas noches hermano mío (…) Más bien dígame usted que puntos se le piden a ellos a ver hasta cuándo se le puede ceder, de pronto cinco hojas de block es mucho para esa carpeta, de pronto cuatro o tres, pero toca decirle a ellos para llevarlos a Ocad para juntarlos allá”, se escucha decir a Zuleta a, presuntamente, un contratista.En este caso, las “carpeta” serían los proyectos y cuando nombra “hojas de block”, haría referencia a las coimas que hoy se investigan tras la investigación que reveló el entramado que hay detrás de la aprobación y ejecución de dichos recursos de la paz para varios municipios en Colombia.“Estoy atento, cuando lleguemos al sector educación, hacer todo lo posible para sacar el suyo adelante”, es otro parte del audio conocido por Blu Radio, el cual sería una conversación entre el mandatario local con otro de sus homólogos.
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, dijo el martes que pedirá a la guerrilla del ELN y a "todas las agrupaciones armadas" un "cese al fuego bilateral" para comenzar "negociaciones judiciales en la mayoría de los casos y negociaciones políticas en la minoría".El senador Ariel Ávila se conectó a Sala De Prensa para hablar sobre la reanudación de las conversaciones con esta guerrilla.“Una negociación con el ELN es inevitable porque la razón de ser de esta guerrilla era llegar por la vía armada, la izquierda democrática llegó al poder entonces su objetivo ya no existe …Creo que la negociación no va a ser tan demorada porque ya está avanzada la hoja de ruta. El lío es reconstruir las relaciones internacionales”, dijo.Ávila explicó que lo que se está proponiendo son proyectos de sometimientos a la justicia para esas estructuras porque a punta de represión no se va a lograr.El lunes, el jefe del ELN, Eliécer Herlinto Chamorro, alias "Antonio García", aseguró en un comunicado que esa guerrilla está "dispuesta a reanudar las conversaciones de paz con el nuevo Gobierno para que sus resultados traigan la paz con justicia social para toda Colombia".
Luego de seis meses de investigación, Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, pudo establecer que mientras Luis Alberto Rodríguez estuvo al frente de la Dirección Nacional de Planeación, funcionarios de esta entidad y de la Contraloría General, así como congresistas, la mayoría del partido conservador; mandatarios locales y contratistas, habrían creado un entramado de corrupción para quedarse con aproximadamente el 12 % de los recursos que aprueba el Ocad-Paz.Ocad-Paz es el órgano del Sistema General de Regalías que prioriza y designa al ejecutor de los proyectos que buscan beneficiar a municipios que, a raíz del acuerdo de paz, se incluyeron en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, por ser los más pobres y afectados por el conflicto. Solo entre junio y diciembre de 2021, cuando se dio vía libre a 355 proyectos, las coimas habrían podido ascender a 500.000 millones de pesos.La situación no era un secreto, porque en ese sentido hay varias quejas y denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Dirección Nacional de Planeación y ante el entonces consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien presidía el Ocad-Paz. En un correo recibido por el consejero con el asunto: “Dolor de patria por los municipios Pdet”, se afirma que senadores, la Contraloría y el DNP, “están extorsionando a los municipios azotados por la violencia para que paguen por los proyectos para que (…) Les den el ok”.Todo este entramado de corrupción se pudo dar después de la reforma de la Ley de Regalías, donde se habilitó a las entidades mixtas, que no tienen la obligación de licitar, para ejecutar proyectos financiados con recursos del Ocad-Paz, así mismo la reforma de la Contraloría que en 2020 le asignó a este ente facultades para hacer control previo.¿Competencia desleal?La bolsa de recursos del Ocad-Paz es limitada, proviene del 7 % de las regalías y, por su diseño, pone a competir a los 170 municipios Pdet para obtener la financiación de sus proyectos. Tampoco existe un tope legal para el número de iniciativas o de presupuesto, que se puede aprobar a una región, pero la ley señala que el Ocad debe distribuir los recursos con equidad en los distintos territorios y en los diferentes pilares.Para que los proyectos que presentan los alcaldes puedan ser considerados en una sesión del Ocad-Paz, deben cumplir con el visto bueno del Departamento Nacional de Planeación, DNP; del ministerio sectorial al que pertenece el proyecto, de la Agencia de Renovación del Territorio y de la Contraloría General de la República.Los miembros del Ocad que decidieron sobre los proyectos de 2021, fueron Archila, los alcaldes de La Paz, Cesar, Martín Zuleta; y de La Uribe, Meta, Marcelino Chacón; el contralor delegado para el posconflicto, Juan Carlos Gualdrón; el contralor delegado de la Unidad de Regalías, Aníbal Quiroz; y el entonces gobernador de Arauca José Facundo Castillo, hoy preso e imputado por la Fiscalía por tres delitos contra la contratación pública.Además, como invitados permanentes estuvieron los representantes a la Cámara del Partido Conservador Waldtih Manzur, de Córdoba, y Yamil Arana de Sucre.La Secretaría técnica del Ocad-Paz estaba a cargo de Álvaro Ávila, entonces director del Sistema General de Regalías del DNP. Él elegía los proyectos que se revisarían en las sesiones y, para ello, debía tener en cuenta el orden en el que se inscribían, pero al parecer no fue así. Los alcaldes de Orito, Putumayo, y Condoto, Chocó, se quejaron por escrito al considerar que en la priorización de los proyectos no se tenía en cuenta este orden.En entrevistas realizadas por Blu Radio, varios alcaldes de los municipios Pdet, quienes prefieren que sus nombres queden en reserva, ratificaron que para que un proyecto llegara a una sesión del Ocad-Paz necesitaba tener un padrino y, por tanto, pagar entre 6 % y 15 % de dádivas. Además, señalan con nombre propio a funcionarios del Gobierno y a congresistas conservadores como Samy Merheg y Ape Cuello.Además de los señalamientos de los alcaldes contra Ávila, Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, tuvo acceso a testimonios de personas que trabajaron con él en la Dirección Nacional de Planeación y que conocieron denuncias enviadas en su contra por pedir coimas para facilitar la adjudicación de los proyectos.Una denuncia anónima llevó a la Procuraduría General a abrir una investigación disciplinaria contra Álvaro Ávila por las presuntas irregularidades cometidas como secretario técnico del Ocad-Paz para beneficiar a más de 500 proyectos. De acuerdo con el documento, proyectos de Putumayo, Antioquia, Córdoba, Risaralda, Casanare, Sucre, Cundinamarca, Arauca, Magdalena, Santander, Nariño, Boyacá y otras zonas, fueron aprobados sin cumplir con la totalidad de los requisitos y, en otros casos, las certificaciones se expidieron seis meses después de que se les hubiera dado vía libre, por lo que se concluye que certificó cuando el hecho ya estaba cumplido.Conozca el número de proyectos Ocad-Paz y el monto aprobado por departamentoNúmero de proyectos aprobados por departamento OCAD-Paz (2019 – 2022)En respuesta oficial, la Procuraduría aseguró que este proceso se encuentra en etapa de investigación y estaría para alegatos precalificatorios. Esto significa que, aunque la apertura del caso se hizo el 14 de agosto de 2020, al 27 de mayo de 2022, cuanto este medio obtuvo la comunicación del ente de control, el caso lleva quieto dos años.A propósito, si se mira la cantidad de dinero adjudicado por departamento entre 2019 y 2022, Cesar recibió 652.852 millones de pesos mientras que Guanía obtuvo 1.500 millones de pesos. Según varios testimonios, esto fue posible gracias a los favores recibidos por políticos y funcionarios con trayectoria en esa zona del país.Por su parte, el contralor delegado de la Unidad de Regalías, Aníbal Quiroz, también fue denunciado por rechazar proyectos aún cuando ya tenían todos los vistos buenos de las otras entidades, tampoco daba razones claras para que los municipios pudieran hacer las correcciones necesarias: “los conceptos emitidos por la Contraloría, ejerciendo el control preventivo, fueron poco `técnicos´ livianos e injustificados para apretar alcaldes y tumbar proyectos para que el comité Ocad-Paz no les diera luz verde”.En una carta enviada por la Alcaldía de Vista Hermosa el 13 de agosto de 2021, dirigida a los titulares de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, Planeación y el Ministerio de Transporte, también se señala a Quiroz de encontrar reparos, que no explica bien, en tres proyectos de transporte para los cuales el Ministerio “ratificó los conceptos sectoriales favorables”.En el afán de los acusados por recibir “su parte”, este no habría sido el único proyecto del sector transporte con problemas. El 14 de mayo de 2021, el consejero Archila recibió una comunicación anónima en la que se afirmó que el contralor delegado para el posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, y el director de regalías, Álvaro Ávila, estaban en “una cruzada de presión al Ministerio de Transporte para que retire la favorabilidad de más de la mitad de los proyectos de vías que cuentan con concepto favorable, pero que no negociaron con ellos dádivas” y “utilizan su poder de investigaciones indiscriminadas para ejercer presión sobre el Ministerio”.En las acusaciones de la Alcaldía de Vista Hermosa contra Quiroz, se indica que algunas iniciativas que estaban en el listado de reparos de la Contraloría, “sin hacer ningún ajuste a los proyectos, sin conocerse sus falencias técnicas, por arte de magia de repente, superan esas falencias y pueden ser aprobados”, hechos por los que, como ya se explicó, también se acusa a Ávila.En todo este andamiaje, llama la atención que tanto los dos contralores, Anibal Quiroz y Juan Carlos Gualdrón, como Luis Alberto Rodríguez exdirector de Planeación Nacional, mencionados por diferentes fuentes en este caso, sean hoy candidatos para reemplazar a Felipe Córdoba en su cargo como contralor general del República.Contrataciones sospechosasDebido a que el Ocad-Paz también designa el ente ejecutor, Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, hizo seguimiento a algunos contratos y se encontró que muchos fueron asignados a sociedades con régimen especial que no tienen que contratar por Ley 80, es decir, que los contratos se les pueden adjudicar sin licitación. Mientras que, entre 2017 y 2019, se aprobaron 11 proyectos a entidades de régimen especial, entre 2020 y 2021 se adjudicaron 152 proyectos a dichas entidades, representando el 44 % del total de recursos asignados, es decir, más 1.9 billones de pesos.Entre estas sociedades se destaca el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Integral y la Gestión Social, una entidad del Valle del Cauca que en 2020 recibió un contrato por 1.295 millones de pesos y, un año más tarde recibió 33 proyectos por más de 485.000 millones de pesos; la mayoría de ellos son para implementar en el departamento de Cesar.Llama la atención que el índice de gestión de este fondo mixto del Valle pasó de tener un puntaje de 18 en el segundo trimestre del 2020, a uno de 99 en el segundo trimestre del 2021.En la sesión 51 del Ocad-Paz el senador del Partido Conservador Samy Meregh, defendió a este fondo para que se le aprobaran proyectos y en la sesión 53, realizada en 2021, este fondo mixto también fue respaldado por el representante a la cámara Wadith Manzur, también del conservatismo, quien de acuerdo con el acta de la reunión, resaltó con entusiasmo el buen índice de gestión y capacidades como contratista.Sin plata para la pazAdemás de los montos que nunca llegarán a las regiones por la corrupción, rasparon la olla del dinero que debía invertirse en 10 años, principalmente en el desarrollo de vías, electrificación, agua potable y saneamiento básico. En 2020, el Congreso aprobó que los recursos de regalías proyectados a 2030 se ejecutaran hasta el 2022. Como la ley fue sancionada en diciembre, ese adelantó se adjudicó en 2021, año en el que los proyectos aprobados sumaron 4,4 billones de pesos, lo que contrasta con el billón de pesos destinado en 2020 y los 36.000 millones aprobados este año hasta mayo 30.Recursos y proyectos OCAD-Paz aprobados 2019-2022La situación es tan grave que el mismo consejero Archila manifestó en la sesión 56 del Ocad-Paz, que la bolsa de recursos para los proyectos de los municipios Pdet, difícilmente podrá llenarse de nuevo: “lo que nosotros llamamos el `adelanto’ no era un regalo, no era un plus para ese 7 % (de los ingresos del Sistema General de Regalías), era textual el adelanto de los próximos 10 años”.Fuentes testimoniales y documentos consultados por Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, permiten confirmar que el empeño puesto por gastar al máximo los recursos de regalías para la paz se dio en 2021, antes de que Rodríguez y Ávila salieran del DNP. La conclusión es simple: rasparon la olla, según los testimonios y las denuncias se habrían apropiado de recursos de la paz y los proyectos que fueron aprobaron y ejecutados, se eligieron con criterios políticos y clientelistas.
En las últimas horas, se ha desatado una polémica después de que el comisionado Carlos Ospina, presentara su renuncia a la Comisión de la Verdad manifestando que había sido discriminado y que los temas que él trabajaba no tenían más espacio en este organismo.Asimismo, cuestionó el informe final asegurando que, según él, tiene serios problemas argumentativos sobre la narrativa del conflicto, pues no tendría una pluralidad de voces, asimismo dijo que el informe podría tener intereses políticos.El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, durante un foro defendió el informe y la labor de este organismo y explicó que será entregado posteriormente a las elecciones, pues no hacen parte de ningún sector político.“No tenemos nada que ver, y quiero ser claro, con la campaña política. El mismo informe y las mismas conclusiones se entregarán al presidente, sea Fico o sea Petro o el que sea, para nada estamos metidos en eso”, aseguró de Roux.Asimismo, dijo que se van a dejar meter en la campaña política y que el equipo que conforma la Comisión de la Verdad había sido elegido por un comité independiente que nada tenía que ver con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos ni con las Farc, las dos partes que firmaron el acuerdo de paz en 2016.Por otro lado, manifestó que buscando que haya una pluralidad de voces se han reunido con paramilitares y exguerrilleros así como comunidades indígenas, afro y con las víctimas de todos los actores que se vieron involucrados en el conflicto. Su llamado fue para que el país construya entre la diferencia sin importar las posiciones políticas con el fin de lograr la paz en Colombia.Finalmente, explicó que el comisionado Carlos Ospina realizó diferentes trabajos en estos años que fueron aportados a la Comisión antes de la renuncia y que van a ser tenidos en cuenta y reflejados en el informe final.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca la actualidad de los candidatos presidenciales a menos de un mes de las elecciones presidenciales:
Este martes el presidente Iván Duque hablará ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York, sobre la implementación del acuerdo de paz durante su gobierno. Se espera que defienda las acciones que ha tomado para garantizar los derechos de los excombatientes de las Farc y las víctimas del conflicto.Sin embargo, desde el movimiento Defendamos La Paz, del cual hacen parte académicos, políticos y exnegociadores de paz, tanto del gobierno como de la extinta guerrilla de las Farc, les enviaron una carta a los 15 embajadores del Consejo de Seguridad para que contrasten las afirmaciones de Duque con la realidad, asegurando que su gobierno no ha sido comprometido con la paz.“Podríamos entregar miles de datos para demostrar que el presidente Iván Duque ha acabado con la integralidad del Acuerdo de Paz en violación de los compromisos estatales asumidos, cumpliendo solo partes que él y su partido de gobierno consideran aceptables”, indica el movimiento.Explican además que, los 315 excombatientes que han sido asesinados tras la firma del acuerdo y los homicidios contra líderes sociales en Colombia, así como la situación humanitaria y de orden público que viven algunos departamentos, demostrarían la falta de compromiso del gobierno.Ante esto, le piden al Consejo de Seguridad de la ONU que continúe apoyando la implementación del acuerdo de paz.“Solicitamos el continuo respaldo del Consejo de Seguridad a la implementación integral del acuerdo de paz, a la independencia de la JEP y de la Comisión de la Verdad, que pronto publicará su informe”, resaltan.Escuche el podcast "Zorros y Erizos" y conozca el acontecer político del país:
La Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento, Codhes, cumple este martes 30 años desde su fundación. Es una organización que busca brindar alternativas a las víctimas del conflicto armado en Colombia, especialmente a quienes han sufrido desplazamiento.El director de Codhes, Marco Romero, asegura que "Codhes ha desarrollado un trabajo de acompañamiento, de capacitación y formación de las víctimas para crear una cultura de derechos humanos. Los líderes y las lideresas sociales son determinantes para la construcción de una sociedad democrática y en paz, por consiguiente debemos tener una cultura de cero tolerancia contra las agresiones y distintas formas de violencia".En septiembre del año 2019, Codhes se ganó el premio nacional a la defensa de los derechos humanos que busca reconocer a organizaciones, líderes y lideresas que pese a la situación de violencia que se vive en algunas regiones del país traban en la defensa de las comunidades buscando transformaciones sociales, el cual lo otorgan el programa Diakonia Colombia y ACT Iglesia Sueca.Asimismo esta organización busca apoyar a las comunidades en la formación de políticas públicas e iniciativas que logren incidencia en los territorios y busca monitorear la situación de orden público en el país, especialmente a las afectaciones de los líderes y lideresas sociales.Escuche: ¿Por qué las dietas no funcionan? con Patricia López
El presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ, Camilo González Posso, habló de la situación de orden público que se vive en diferentes zonas del país ante una escalada de violencia que se tuvo en los últimos días, con la muerte de líderes sociales y diferentes atentados en Colombia; cifras impresionantes que deja este comienzo del 2022."Se registran 17 líderes sociales asesinados, cada día de por medio uno es asesinado, con situaciones graves en zonas como Cauca, Arauca y Putumayo que son las zonas más críticas en las últimas semanas...esto por una serie de factores, una disputa de territorios entre actores armados por rentas, por rutas, por control de la población eso en generalidades pero cada territorio tiene su particularidad. En el caso de Arauca que es la zona de frontera lo que se disputa es la territorialidad de Venezuela, donde esta la situación muy tensa, los que se resisten a esto son los que se convierten en objetivo de violencia", indicó Posso.Recordemos que en Arauca hace más de un mes empezaron los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN. Desde entonces, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, al menos 2.237 personas han sido desplazadas y, la Defensoría del Pueblo tiene un registro de por lo menos 66 homicidios.El representante de Indepaz habló de la incidencia electoral en cada uno de los asesinatos y fue claro en decir que El Eln defiende sus zonas de terceros que están incursionando en territorios "mandando mensajes al Gobierno y a un próximo presidente de la República", además alertó que en febrero esta guerrilla aprovecha para hacer conmemoraciones de fechas y por eso la escalada de los últimos días.Ante estos hechos, la misión de la OEA en Colombia promovió un diálogo entre el Gobierno colombiano y el ELN, última guerrilla activa del país, según un informe divulgado el jueves que señaló mayor violencia entre los grupos armados ilegales que operan en territorio colombiano.Por último Posso se refirió al poco margen de maniobra que tienen los alcaldes, gobernadores y funcionarios y que en la realidad quienes manejan los temas en orden público los manejan las Divisiones y las Brigadas y la línea de Ministerio de Defensa, lo que pueden hacer es más en la parte social pero no se meten en la parte militar y policial; ya que están atrapados en medio de los conflictos que los superan.Escuche la Entrevista completa del presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ:
Los hijos de Miguel Rodríguez Orejuela, exjefe del Cartel de Cali, y Carlos Lehder, exintegrante del Cartel de Medellín, se encontraron para recibir la designación como gestores de paz de mano de Hoover Ruiz, director de la Organización Mundial para la Paz, OMPP, para Colombia.“Serán embajadores de paz para la delegación Colombia y estoy muy seguro que trabajaremos de la mano del Gobierno en las prisiones y las bandas para disminuir la inseguridad y seguir haciendo acciones de paz y, seguir llevando a cabo ese ejemplo de perdón y, de que hay un camino, el camino para la vida es la paz”, indicó Samuel Delgado, presidente de la OMPP, constituida y registrada en Roma, Italia.“Es una puerta de reconciliación de nuestros apellidos, que creo llevamos, lo digo por Mónica y por mí, con orgullo, en el buen sentido de la palabra, no haciendo apología a los delitos cometidos en un pasado por nuestros padres”, precisó Miguel Andrés Rodríguez.Los dos jóvenes, que con su encuentro rompieron el lastre de la guerra histórica entre los dos carteles, enemigos en la década de los 80 y 90, deberán fortalecer su activismo en cárceles del país.“Apoyar y aportar a la sociedad que hoy en día en Colombia necesita mucho de un cambio de pensamiento, de saber que la vida fácil no va por buen camino que trae consecuencias nefastas y son historias que se cuentan para que no sean repetidas”, puntualizó RodríguezEste no ha sido el único encuentro en la búsqueda de estrechar lazos de reconciliación. Medellín, cuentan, también fue escenario para que se encontraran los hijos de Lehder, Rodríguez Orejuela y Pablo Escobar, exjefe del Cartel de Medellín.“Es un nuevo comienzo de la malo de la OMPP, un nuevo compromiso para seguir llegando a más personas, para poderles ayudar a quienes viven en vulnerabilidad. Hemos trabajado con personas privadas de la libertad, es uno de nuestros objetivos y es lo que me mueve a diario. Lastimosamente, por la pandemia se ha dificultado el ingreso a las prisiones pero desde afuera seguimos trabajado con ellos para darle una oportunidad de resocialización. No nos podemos seguir quejando por la violencia sin hacer nada al respecto, o por tanta delincuencia e ignorar a quienes están involucrada en ella”, añadió Lehder.
Fueron 26 los exguerrilleros de las Farc, quienes, con toga, birrete y un cartón que los certifica como técnicos en áreas en torno al café, sus cultivos y su industrialización, demostraron que las intenciones de implementar el acuerdo de paz siguen firmes y que la educación es uno de los caminos.Con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el sostenimiento de la Paz, la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), lideró dicho proyecto en el que excombatientes del Cauca, como Leyda Yaneth, una de las mujeres beneficiarias, se convirtió en una alternativa de responsabilidad.Andrés Stapper, director de la ARN, manifestó que el objetivo de esos espacios de formación, que sirven para construir y formar emprendedores, es que puedan abrir puertas a negocios con impacto en los territorios.De acuerdo con cifras de la entidad, son seis los entornos productivos de café para personas en proceso de reincorporación, solo entre agosto de 2018 y noviembre de este año, se han implementado 27 entornos de aguacate Hass, ganadería, mecánica, turismo, entre otras labores.
La Fiscalía General de la Nación reportó la captura de 85 personas en diferentes puntos de Cali, Valle del Cauca, como parte de las actividades investigativas adelantadas contra grupos delincuenciales que afectan la seguridad ciudadana en la ciudad.Los procedimientos fueron realizados en la madrugada de este jueves, a partir de análisis criminales desarrollados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la Sijin de la Policía Nacional y la presencia del Presidente Abelardo de la Espriella.De acuerdo con la Fiscalía, estos análisis permitieron identificar puntos de injerencia de los grupos investigados y establecer los fenómenos delictivos en los que estarían involucrados, entre ellos homicidios, hurtos y tráfico local de estupefacientes.En total fueron realizadas 103 diligencias de registro y allanamiento, dirigidas contra las estructuras conocidas como ‘La Torre’, ‘La Luna’, ‘Los Pascua’, ‘Los del Hueco’, ‘Las Palmas’, ‘La 30’ y ‘Los Buitres’.De las 85 capturas reportadas, 73 fueron realizadas mediante órdenes de captura y 12 en situación de flagrancia, de acuerdo con el reporte entregado por la Fiscalía.Durante los procedimientos también fueron incautados elementos que quedaron a disposición de las autoridades. Entre ellos se encuentran dos revólveres, 118 cartuchos de diferentes calibres, una granada de fragmentación, una pistola calibre 9 milímetros, una pistola artesanal y cuatro proveedores de fusil.Asimismo, las autoridades reportaron la incautación de 25 teléfonos celulares, 14.093.000 pesos en efectivo y cerca de 6,5 kilogramos de estupefacientes.La Fiscalía indicó que las diligencias hacen parte de las investigaciones adelantadas para establecer las actividades en las que estarían involucradas las estructuras identificadas y su relación con los hechos delictivos priorizados en la ciudad.En las próximas horas, los fiscales de la Seccional Cali presentarán a las personas capturadas ante jueces de control de garantías. En esas audiencias, la Fiscalía prevé imputarles delitos como concierto para delinquir, hurto, homicidio y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.
Un complejo panorama en materia de atención en salud atraviesa durante los últimos días la ciudad de Medellín tras una combinación de factores nacionales y regionales que han llevado a superar ampliamente la capacidad de los servicios de urgencias en diferentes centros asistenciales.Según cifras de la Secretaría de Salud del distrito, tras consolidar los reportes de 36 centros asistenciales hay preocupación por un promedio de 156% de sobreocupación en estas áreas claves para la atención prioritaria de pacientes.Además del San Vicente Fundación, los casos más críticos se reportan en la Clínica El Rosario en su sede centro y El Tesoro con 243% y 264% de saturación de urgencias. También, las unidades de la red pública Metrosalud en zonas como San Javier y Santa Cruz exceden su capacidad en un 250% y 225%, respectivamente.Otros centros asistenciales de gran relevancia para la ciudad como la Clínica Bolivariana (135%), Las Vegas (219%), el Hospital La María (172%), el General de Medellín (153%) y el Alma Mater (169%), están teniendo complicaciones para la atención en urgencias.Natalia López, secretaria de Salud del distrito, explicó que la alta demanda de estos servicios por estos días en Medellín se debe principalmente a las dificultades financieras que atraviesa la Nueva EPS, las cuales se traducen en faltas de atención a pacientes en diferentes municipios de Antioquia y finalmente su remisión a la capital."Está relacionado especialmente con el cierre de servicios que ha habido en el departamento para la red de atención hacia Nueva EPS, teniendo en cuenta que esta entidad acumula una cantidad significativa de cuentas por pagar a las instituciones de salud, aparte de las dificultades que ha tenido en la formalización de contratos", explicó la funcionaria.Ante el panorama las autoridades de salud recomiendan acudir a los servicios de urgencias únicamente cuando exista una condición que represente un riesgo para la vida o requiera atención inmediata, y optar, ante síntomas que no revistan gravedad, por los canales de atención primaria, consulta externa, líneas de orientación médica o servicios de atención prioritaria.De igual manera, aconsejan no acudir a urgencias para resolver trámites, solicitar medicamentos o atender enfermedades leves que pueden ser manejadas de manera ambulatoria.
Una seguidilla de temblores se registró durante la mañana de este jueves 24 de septiembre en el departamento del Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos sísmicos con pocos minutos de diferencia.El primero ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.4. De acuerdo con el reporte, el evento tuvo una profundidad superficial y fue localizado en Chaparral, Tolima.Cinco minutos después, a las 11:46 de la mañana, se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1. El SGC también estableció una profundidad superficial para este sismo, cuyo punto de referencia fue Chaparral.Dos temblores en pocos minutosEl segundo movimiento fue percibido en diferentes ciudades del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 4.1 se sintió en Armenia, Ibagué, Cali, Neiva y Pereira, entre otros puntos.El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral y ocurrió a 14 kilómetros de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. El SGC ubicó el movimiento en una latitud de 3.88 y una longitud de -75.61.La cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención, pues los dos fueron registrados en la misma zona de referencia y con una diferencia de apenas seis minutos.Colombia registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación geológica. Por ello, el Servicio Geológico Colombiano realiza seguimiento permanente a los movimientos que se presentan en diferentes regiones del territorio nacional.Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los reportes disponibles sobre estos dos eventos registrados durante la mañana de este jueves en el Tolima.
Amazonas registra la mayor tasa de evasión de la revisión tecnomecánica en Colombia: durante 2026, el 96,95 % de los vehículos del departamento no ha cumplido con esta revisión obligatoria, según las cifras del informe sobre el estado del parque automotor nacional.El dato significa que casi 97 de cada 100 vehículos en esta región aparecen como evasores de la tecnomecánica. Amazonas encabeza así un listado en el que también aparecen otros departamentos con niveles de incumplimiento superiores al 90 %.Guainía registra una evasión del 93,79 %, concentrada en Inírida, mientras que Vichada alcanza el 93,42 %, con el incumplimiento concentrado en Puerto Carreño.¿Cuántos vehículos evaden la tecnomecánica en Colombia?El caso de Amazonas hace parte de un problema que se extiende por todo el país. Colombia tiene actualmente 22.161.912 vehículos matriculados, de los cuales más de 10 millones evaden la RTMyEC.A esa cifra se suman más de 3 millones de vehículos que todavía no están obligados a realizar la revisión, debido a su reciente matrícula o a las exenciones contempladas en la normativa.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, manteniéndose por encima del 50 % durante los últimos cinco años.La falta de renovación acumulada en ese periodo corresponde a 5.927.092 vehículos particulares, 192.871 de servicio público, 69.532 oficiales y 992 diplomáticos.¿En qué otras zonas hay altos niveles de evasión?El incumplimiento no se limita a los departamentos con menor cantidad de vehículos. A nivel municipal también aparecen cifras elevadas.Aguachica registra una evasión del 90,93 %, mientras que La Dorada llega al 74,48 %. Estos datos muestran que los mayores niveles de incumplimiento también se presentan en municipios ubicados sobre corredores de circulación importantes.En contraste, Bogotá concentra el mayor número de inspecciones realizadas durante 2026, con 747.140 revisiones. De ese total, 663.252 correspondieron a vehículos particulares, 77.172 a transporte público, 6.715 a vehículos oficiales y una a servicio diplomático.Más de la mitad de las motos rechazadas no supera la revisiónEl informe también muestra diferencias según el tipo de vehículo que llega a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Las motocicletas son el grupo con mayor cantidad de inspecciones rechazadas en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la revisión.Por departamentos, el Archipiélago de San Andrés y Providencia presenta el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.La evasión de la tecnomecánica supera el 50 % en ColombiaAunque el panorama mantiene niveles elevados de incumplimiento, el número de vehículos certificados aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026 hubo 3.810.725 vehículos con la tecnomecánica al día, frente a 3.629.782 durante el mismo periodo de 2025.Esto representa un incremento de 180.943 vehículos certificados, equivalente a cerca del 5 %.El país cuenta actualmente con una red de 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados. Sin embargo, la capacidad instalada permanece ampliamente subutilizada
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
