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La Corte Constitucional rechazó la recusación que buscaba separar al magistrado Jorge Enrique Ibáñez del estudio a una de las demandas contra la reforma pensional del Gobierno nacional.
La decisión se dio luego de revisar la acción judicial, presentada por un exdelegado de la Procuraduría General de la Nación en el departamento de Sucre, que alegaba que la imparcialidad de Ibáñez estaba comprometida por sus declaraciones sobre las presuntas chuzadas a magistrados de las altas cortes.
“Hay una duda razonable sobre la capacidad del togado para actuar de manera objetiva e imparcial en el análisis de constitucionalidad de la reforma pensional, por cuanto esta conducta ha generado un impacto mediático, que a mí juicio podría estar motivado por la intención de causar daño al Gobierno”, reseñó el documento oficial.
La petición reseñaba una enemistad declarada de Ibáñez con el Gobierno nacional y traía como argumento principal las declaraciones que en junio pasado dio el magistrado en la que alertaba de presuntas filtraciones a su celular, de su equipo e incluso familiares tras la filtración de un documento que apenas estaba en construcción.
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No obstante, no se halló motivo para que el magistrado se alejara de la discusión y, por el contrario, se determinó que la recusación no era pertinente pues no era el momento de recurrir a ese tipo de recursos.
Esto significa que el magistrado Ibáñez, ahora vicepresidente de la Corte Constitucional, se mantiene en la discusión de la constitucionalidad de la ley de reforma pensional sancionada por el presidente Petro el pasado 16 de julio; puntualmente en la demanda presentada por la senadora Paloma Valencia.
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