Martha Lucía Zamora rompe el silencio sobre interrogatorio de la Fiscalía

Por primera vez desde que fue vinculada a un proceso penal por, supuestamente, encubrir la salida de exjefes guerrilleros de las zonas transitorias, la directora administrativa de la JEP, Martha Lucía Zamora, habló sobre su situación.Vea también: Justicia ordena investigar a exfiscal Zamora por caso que había sido archivado La funcionaria afirmó que cree que su llamado se da por una denuncia que Néstor Raúl Correa hizo por resentimiento.En entrevista con el diario El Espectador, Zamora explicó que las preguntas del interrogatorio que le hizo la Fiscalía giraron alrededor de los permisos de salida del país de los exguerrilleros, concedidos por el exsecretario ejecutivo de la JEP Néstor Raúl Correa en una época para cual ella era coordinadora jurídica.En ese entonces, cuenta, elaboró junto a su equipo un formato para autorizar las salidas del país de unos comparecientes, en diciembre de 2017.Según revela en la entrevista, su llamado a comparecer a la justicia se relacionaría con una denuncia que hizo Néstor Raúl Correa ante el despacho del fiscal general por el presunto delito de falsedad ideológica, cometido supuestamente en la jurisdicción.Al parecer, se habrían concedido permisos de salida del país de algunos guerrilleros con la firma digital de Correa, cuando este ya no tenía la competencia para hacerlo, incluso, cuando ya había salido de la entidad.Según la denuncia del exfuncionario, su firma para esos permisos se habría concedido sin su consentimiento.Lo más delicado es que Zamora asegura que para ella “su denuncia refleja el resentimiento con que él, desafortunadamente, se retiró”.Finalmente, dice que tal vez la Fiscalía malinterpretó algunas de sus conversaciones con otros dos funcionarios que fueron llamados también a imputación de cargos.“Por la información que me ha llegado, supe que la Fiscalía interceptó los teléfonos de los dos contratistas y el mío. Y me imagino que, para poder concluir con la imputación de esos tres delitos, debieron interpretar mis conversaciones con los dos abogados en torno al trabajo que desarrollábamos para organizar la primera audiencia que se llevó a cabo en la JEP con los antiguos miembros de las Farc, sin consultar el soporte legal que tenemos en los reglamentos existentes”, finalizó.Lea la entrevista completa en El Espectador.