Seguridad, salud, empleo, educación, anticorrupción y energía fueron los temas que abordaron nueve de los candidatos a la Vicepresidencia que asistieron al debate regional realizado la noche de este martes en Barranquilla.Frente a la energía, uno de los temas que más preocupa al Caribe, se escucharon propuestas para bajar las tarifas, una necesidad que fue reconocida por todos los aspirantes.Al respecto, el candidato José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo De La Espriella, propuso darle una atención diferencial al Caribe."Hay que sacar de la factura el tema de la opción tarifaria, para que no siga siendo una carga para el pueblo y la región Caribe. Segundo, el Gobierno tiene que asumir parte de las inversiones en las redes y en las tecnologías para también disminuir parte del costo de la tarifa. Y, en tercer lugar, temporalmente también debe asumir parte de las pérdidas del sistema", expresó Restrepo.Martha Zamora, fórmula de Roy Barreras, también propuso un plan de desarrollo con enfoque diferencial para el Caribe, así como un plan solidario de 3x36, que consiste en el aporte de 3 pesos durante 36 meses para aliviar tarifas.Juan Daniel Oviedo, fórmula de Paloma Valencia, se mostró en desacuerdo con la intervención a Air-e y aseguró que "la operación de la energía no puede ser estatal". A su turno, Edna Bonilla, compañera de fórmula de Sergio Fajardo, propuso buscarle reemplazo a Air-e y ponerle la lupa a Afinia."Reemplazar Air-e con un operador solvente, poner a Afinia en una vigilancia técnica especial y terminar una línea que es necesaria para el Caribe: Cuestecitas, Copey y Fundación, eso hay que terminarlo ya", propuso Bonilla.La candidata Luisa Villegas propuso, en cambio, una reestructuración integral de las empresas de servicios públicos; mientras que el candidato Nelson Alarcón, junto a Carlos Caicedo, propone la creación de una empresa pública regional para operar la energía y, al mismo tiempo, acelerar la transición energética.En esa vía de la transición energética habló el candidato Pedro de la Torre, que acompaña a Mauricio Lizcano en la carrera hacia la Presidencia: su apuesta es invertir en ciencia y tecnología para solucionar el problema de la energía, entre otras, con la instalación de paneles solares en casas y de turbinas en el río Magdalena. Al respecto, el candidato Leonardo Huertas también propuso una transición con gas para generar energía más barata.SeguridadLa seguridad también fue un tema clave en el debate y allí se escucharon propuestas como la de Nelson Alarcón, quien asegura que un eventual Gobierno de Caicedo estaría dispuesto a pagarles a los niños y a los jóvenes por estudiar, para que la guerra no siga arrebatando a los menores, sino que estos encuentren su futuro en la educación."Hay que pagarles medio salario mínimo a los jóvenes de décimo y once grado, y a los jóvenes universitarios, un salario mínimo para que puedan sobrevivir con sus familias", dijo Alarcón.Vale decir que las dos grandes ausentes en este debate fueron las candidatas Luz María Zapata, quien se devolvió a Bogotá en medio de los rumores de que Luis Gilberto Murillo declinaría a su candidatura en las próximas horas, y Aida Quilcué, fórmula del candidato Iván Cepeda, quien no atendió la invitación, pero se espera que sí asista a una rueda de prensa en Barranquilla la mañana de este miércoles.
Martha Lucía Zamora, fórmula vicepresidencial de Roy Barreras, marcó distancia con el presidente Gustavo Petro y reveló detalles de su salida del Gobierno, dejando ver una ruptura que expone diferencias sobre el ejercicio del poder. En entrevista con Recap Blu, la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado manifestó que “del alcalde al presidente hay un gran trecho”.Zamora aseguró que no volvió a hablar con el mandatario desde su renuncia, ocurrida tras el polémico episodio de los pasaportes, que también involucró al excanciller Álvaro Leyva. Según relató, su salida estuvo marcada por lo que considera una pérdida de confianza injustificada. “Yo lo que hice fue defender al Estado y evitarle un mal mayor”, afirmó, al explicar que su postura buscaba prevenir una eventual demanda contra la Nación en un contrato de alto riesgo jurídico.La candidata vicepresidencial relató que el punto de quiebre fue un mensaje público del presidente en noviembre de 2023, en el que cuestionó su actuación. Ese episodio, sumado a la solicitud de renuncia, la llevó a apartarse del cargo. “Hay momentos en los que uno entiende el lenguaje del otro y toma un camino respetuoso”, dijo.Pese a la ruptura, Zamora no reniega de su pasado cercano con Petro, a quien conoció durante su etapa como alcalde de Bogotá. Por el contrario, reconoce que esa experiencia le permitió crecer profesionalmente. Sin embargo, subrayó que el paso del poder local al nacional transforma el liderazgo.“Ya no es el mismo escenario, ni las mismas decisiones. El presidente está rodeado de muchas más voces”, explicó.En esa línea, fue más allá y cuestionó algunas posturas actuales del jefe de Estado, especialmente su relación con la justicia. Zamora expresó preocupación por lo que considera una confrontación con la rama judicial, algo que —según dijo— contrasta con el respeto que Petro mostraba hacia los jueces durante su alcaldía. “Los jueces son fundamentales para el Estado de Derecho, y descalificarlos me duele profundamente”, concluyó.
El candidato presidencial Roy Barreras y su fórmula vicepresidencial Martha Lucía Zamora realizaron una radiografía sobre su candidatura y las aspiraciones que tienen para pasar la primera vuelta en las elecciones del 31 de mayo. En ese sentido, cuestionaron a los aspirantes de derecha y afirmaron que este sector político quiere “oculta la verdad” en temas relacionados con el proceso de paz y la justicia transicional (JEP) en Colombia."Aquí hay 10 millones de víctimas que vamos a reparar, y aquí hay unas instituciones para que se conozca la verdad, para la no repetición de crímenes atroces. Por eso no queremos que vuelva la derecha, porque la derecha oculta la verdad", afirmó Barreras en entrevista con Recap Blu.En ese sentido, el candidato defendió la trayectoria de Zamora, quien ha sido magistrada auxiliar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), además de ocupar cargos como fiscal general encargada y directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Barreras aseguró que su compañera de fórmula representa una defensa auténtica de la institucionalidad y del acuerdo de paz.Además, Barreras cuestionó la posición de Juan Daniel Oviedo, quien es la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, senadora del centro Democrático y quien ha manifestado que no va a continuar la JEP."Oviedo dice: 'A mí me gustaría que la JEP se defendiera', pero al minuto siguiente de su inscripción hoy, de su anuncio, la senadora Paloma Valencia, con coherencia desde su punto de vista, dijo: 'No, nosotros mantenemos la misma posición contra la JEP'. Y hasta ahí llegó el aporte del doctor Oviedo en defensa de la JEP", dijo Roy.¿Le alcanzará los votos?Barreras también se refirió a los resultados de la consulta del Frente por la Vida, en la que obtuvo más de 257.000 votos dentro de un total cercano a 600.000 sufragios. Aunque reconoció que esperaba una votación mayor, comparó el resultado con una clasificación al Mundial del Fútbol.“Es como cuando la selección clasifica al mundial: se puede ganar 1-0 o 7-0, pero lo importante es que se clasificó”, afirmó, al insistir en que la campaña presidencial apenas comienza.Por su parte, Zamora relató que la invitación a integrar la fórmula llegó de manera inesperada. Contó que el día en que recibió la llamada de Barreras estaba celebrando su cumpleaños y salía al cine con su hija cuando recibió la propuesta. Aunque pidió unos minutos para pensarlo, aseguró que en el fondo tenía claro que aceptaría, pues comparte principios como la defensa de la Constitución de 1991, el acuerdo de paz y la institucionalidad democrática.
En medio del juicio disciplinario en contra del excanciller, Álvaro Leyva, el procurador delegado ante este caso escuchó a Martha Lucia Zamora, quien protagonizó un polémico episodio que también involucró a Leyva cuando este último la despidió de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica.Sobre las 8:00 a.m. inició una nueva sesión en la Procuraduría General de la Nación en medio del juicio que se adelanta en contra de Álvaro Leyva por la licitación de los pasaportes, la primera en intervenir en esta audiencia fue Martha Lucia Zamora, quien señaló que Leyva la increpó en la Casa de Nariño, advirtiéndole que le iba a decir al presidente Gustavo Petro sobre supuestos actos de corrupción en el comité de conciliación.“A nosotros no nos han dicho nada, ni nada en este momento evidencia temas de corrupción”, expresó Zamora, acto seguido Álvaro Leyva le habría dicho: “Le voy a decir al presidente lo que usted está haciendo”.Por otro lado, Martha Lucia Zamora dijo que la agencia resultó ser “una piedra en el zapato” refiriéndose a que al final no encajaría dentro del interés que se tenía de no llegar a una solución.Además de esto, Zamora también habló sobre que continuó advirtiéndole al excanciller que demeritó las acciones legales a las que se enfrentaba el Estado por declarar desierta la licitación.
La abogada Martha Lucia Zamora, quien fuera la directora de la Defensa Jurídica del Estado, entregó un análisis detallado de la situación en la Cancillería tras la decisión del secretario general de adjudicar el contrato de los pasaportes a Thomas Greg & Sons. Tabién mencionó la legalidad de su actuación frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro y las implicaciones legales tiene este conflicto interno en el Gobierno nacional."Desde esta mañana escuché la noticia al principio de verdad no creía. Me parecía un poco extraña, pero realmente recuerdo que estaba pendiente de resolver una revocatoria. Esto fue lo que quedó pendiente después de la decisión del canciller de decretar desierta la licitación, por eso no me extraña, celebro esa decisión del secretario general y me parece que tiene todos los fundamentos jurídicos para para haber llegado a esa conclusión", mencionó.Zamora se refirió a la decisión del secretario general José Antonio Salazar Ramírez, quien revocó la suspensión de la licitación para la expedición de pasaportes y visas y la adjudicó a la Unión Temporal Pasaporte 2023, representada por Thomas Greg & Sons, aun sabiendo de antemano que la reacción del presidente Gustavo Petro no iba a estar a su favor, pues lo declaró insubsistente inmediatamente.¿Se pueden presentar demandas?Zamora indicó que Salazar siempre ha dado muestras de ser una persona "muy seria y jurídica", y cree que la decisión que él tomó ya se tienen decisiones de la Procuraduría. Incluso en la tutela también se hizo un análisis. Por esa razón comsideró que hay suficientes elementos de juicio para haber tomado esa decisión que él tomó. Además, mencionño si jurídicamente el Gobierno puede revocar esa decisión."No, en mi criterio, no creo que eso sea viable. Es decir, por eso digo, las competencias están dadas en cabeza del secretario general de la Cancillería por ser el ordenador del gasto, por tener a su bajo su dominio, llamémoslo así, las decisiones en un proceso licito. Creo que si bien al presidente le parece que sigue existiendo visos de corrupción, para eso está un proceso penal que está en curso, lo mismo que en la en la Procuraduría, lo mismo que en la Contraloría, pero la decisión en materia del proceso licito es absolutamente legítima", resaltó.¿Al canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, le cabe responsabilidad?Finalmente, Zamora aclaró si a Luis Gilberto Murillo, canciller encargado, mientras Álvaro Leyva cumple su suspensión de tres meses del cargo, le cabe responsabilidad en estos hechos y fue enfática en su respuesta."No. Lo que pasa es que aquí la ordenación del gasto hace que la persona tenga el dominio y la decisión están a su cargo, que era la diferencia entre el proceso licito como venía en donde quien asumió ese tipo de decisiones y esa competencia fue directamente el canciller. Por eso los procesos son directamente contra él. Por esa razón, entonces, en este momento el canciller encargado, el doctor Murillo, no tiene, digamos ninguna injerencia ni ha tomado decisiones, sino estas quedaron en cabeza al secretario general", concluyó.Escuche la entrevista acá:
El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se pronunció sobre el caso del canciller Álvaro Leyva, quien está en el ojo del huracán por el proceso para la licitación de los pasaportes. En diálogo con Mañanas Blu, dijo que ya se han venido “recaudando algunos elementos” y declaraciones. Asimismo, contó que la Martha Lucia Zamora estuvo en la Fiscalía y rindió versión.“Imagino que los fiscales llamarán a declaraciones a otras personas. Entiendo que el canciller Leyva quería entregar una información en la Fiscalía General de la Nación y, como siempre, las puertas de la entidad están abiertas para también recibir la colaboración ciudadana”, comentó el fiscal Barbosa.¿El canciller Álvaro Leyva ha pedido oficialmente ser escuchado en esta investigación?Según reveló el fiscal, desde que estalló la polémica y, hasta el momento, la Fiscalía no ha recibido ninguna solicitud por parte del canciller pidiendo ser escuchado en este caso, pero, insistió, están al tanto y dispuestos a que se dé.“Al día de hoy no he recibido en el despacho ninguna información o carta del canciller pidiendo esta reunión, pero, repito, estamos listos a que se dé. La Fiscalía está muy encima y todas estas personas que han participado dentro de este tema tendrían que ir a responder los interrogantes el ente acusador”, sentenció.De acuerdo con el funcionario, este caso posiblemente tenga una “continuación” el próximo año, pues, tras las investigaciones para determinar cómo fue el proceso de licitación, “seguramente tendrá los resultados pertinentes” y una vez se tenga “certeza” de lo que llamó “entramado o ruido” de estos acuerdos, la Fiscalía entregará las pruebas que ha venido recogiendo.Cabe recordar que el canciller Álvaro Leyva, luego de un tensionaste debate en la Comisión Segunda del Sanado, pidió investigar a su hijo y, nuevamente, negó algún tipo de maltrato contra Zamora, la saliente directora de la Agencia Nacional de Seguridad del Estado y quien por medio de una carta dejó entrever problemas internos en la Cancillería.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu:
Luego de toda la polémica que se ha levantado por la licitación de los pasaportes en la Cancillería, se conoció que Paula Robledo Silva reemplazará a Martha Lucía Zamora como directora de la Agencia Jurídica del Estado.Después de la pelea del canciller Álvaro Leyva con la doctora Martha Lucía Zamora, que aún sigue más viva que nunca, pues se va a revelar todo frente a lo que pasó con la licitación de los pasaportes, ya se sabe quién será la nueva directora de la Agencia Jurídica del Estado. No se ha hecho el anuncio oficial, pero ese nombramiento ya está listo, según reveló Mañanas 10 AM.Se trata de la doctora Paula Robledo Silva, que ya trabaja en la agencia, hasta el momento es directora de Políticas y Estrategias para la Defensa Jurídica. Robledo es una abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia, también es profesora, es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid; tiene maestría en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia y es doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid.Además, se ha desempeñado como magistrada auxiliar del Consejo de Estado, la Corte Constitucional, defensora delegada de los asuntos constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo, docente investigadora de los Departamentos de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y consultora independiente.Dentro de sus principales publicaciones se encuentran el libro La Autonomía Municipal en Colombia (Universidad Externado de Colombia, 2010) y la edición de los libros: Diseño Institucional del Estado democrático en América Latina (Universidad Externado de Colombia, 2017) y Derecho de las entidades territoriales (Universidad Externado de Colombia, 2018), según su perfil en la página web de la agenciaMartha Lucia Zamora dejó su cargo luego de que el presidente Gustavo Petro le pidiera la renuncia, después de que se conociera que el canciller Álvaro Leyva le había gritado por su forma de resolver un conflicto con Thomas Greg & Sons, empresa contratista para la producción de pasaportes."No toleraré ningún cuestionamiento sobre mi trabajo", manifestó Zamora al anunciar su salida del cargo.
En la Comisión Segunda del Senado parecen no estar conformes con las declaraciones y explicaciones del canciller Álvaro Leyva, quien en los últimos días ha estado en el centro de la polémica por la licitación para los pasaportes. Según dijo el senador Lidio García Turbay, presidente de esta comisión, han estado esperando una cita con el funcionario, pero, luego del debate, quedaron con muchas más “dudas”.“Nos hemos quedado esperando como Comisión Segunda del Senado de la República y yo, como presidente de esa comisión, al canciller en una citación que le hicimos y que fue reiterada, la hicimos muchas veces, tres veces, y el hombre falló; él nunca asistió en una llamada telefónica y permitimos que él escogiera la fecha para poder hacer el debate de los pasaportes, para que el país pues supiera a ciencia cierta qué es lo que realmente está pasando y con la fecha que él escogió, tampoco asistió. Entonces nos quedaron muchas dudas, muchas preguntas y pues por fin hicimos el debate en el día de ayer”, indicó García en diálogo con Mañanas Blu.De acuerdo con el senador Lidio García, el canciller “llegó con los taches arriba” y se dedicó a “pelear”, lo que, según dijo, cambió los ánimos en el debate que se estaba desarrollando. Recalcó que, en una hora y un minuto que duró su intervención, habló solo de temas personales, noticias publicadas y de Martha Lucía Zamora, pero “nunca respondió nada” sobre el proceso de los pasaportes.“Me parece que el jefe de la diplomacia en Colombia debe tener, casualmente, actitudes diplomáticas tranquilas y llegó fue con los taches arriba, como decimos en el fútbol. Entonces eso creo que caldeó mucho los ánimos y él mismo buscó que la sesión terminara en un ambiente bastante caliente, bastante fuerte y donde prácticamente el ministro y, lamentablemente para él y para el país, pues terminó muy mal. Terminó muy mal y con una proposición muy fuerte para él”, puntualizó.Así, el presidente de la Comisión Segunda subrayó que el debate que programaron buscaba ser abierto para que el canciller Leyva contara lo que pasó con la licitación de “principio a fin”; a la final, agregó, solo “fueron evasivas”.“Entonces, se dedicó a decir que nunca habíamos citado; lo habíamos citado cuatro veces. Dijo que no habíamos leído las resoluciones. Las resoluciones son las que dan pie para que el debate se hiciera e infinidad de cosas. Se dedicó a leer los trinos del presidente de la República y fueron puras evasivas”, concluyó.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu:
Este miércoles 13 de diciembre el canciller Álvaro Leyva adelantó un debate ante la Comisión Segunda del Senado, para que responda por el escándalo del proceso de licitación para la fabricación de pasaportes.“Vamos a referirnos a todos los temas pero a mi manera. ¿Al hijo del canciller vincularlo al tema de los pasaportes? ¡Pregúntenle a mi niño, denúncienlo, llévenlo a la Fiscalía!". El que nada debe, nada teme", arrancó diciendo el canciller tras un choque con el presidente de la comisión Lidio García.El canciller Leyva negó rotundamente haber gritado a Martha Lucía Zamora, saliente directora de la Agencia Nacional de Seguridad del Estado, quien por medio de una una carta en la que deja entrever problemas internos en la Cancillería."No grité a la señora Zamora, yo no soy tan torpe. ¿Cómo puede estar ella de acuerdo de que se le entregue un contrato a dedo a Thomas Greg & Sons vía conciliación? Es que se mueven demasiadas cosas", dice el canciller Leyva y anuncia que enviará a la Fiscalía pruebas que demuestran presuntas irregularidades en actuaciones adelantadas por Zamora en contratos del Estado.“¿Cómo puede la supuesta defensora del Estado estar de acuerdo con dar un contrato a dedo? Ella se fue en contra del presidente y del canciller. ¿Por qué hace esto una persona que defiende los intereses del Estado? Muy raro. A Zamora ya le estaban buscando remplazo hace rato”, añadió.Finalmente indicó: “¿No será que quiere convertir su salida en un episodio de maltrato para tapar su deficiente trabajo e irregularidades contractuales?”.Le puede interesar:
Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, reveló que la conexión entre el canciller Álvaro Leyva y Juan Carlos Losada Perdomo, actual director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería, no es de ahora.Ospina centró su relato en el enredado episodio relacionado con la licitación para la expedición de pasaportes en Colombia y la abrupta suspensión de la adjudicación a Thomas Greg & Son por parte del presidente Gustavo Petro, justo cuando estaba a punto de concretarse.La decisión de detener el proceso generó tensiones notables, especialmente, entre el canciller Leyva y la saliente directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, quien terminó renunciando a su cargo.Ospina hizo referencia a la presunta reunión en París entre Jorge Leyva Valenzuela, hijo del canciller Álvaro Leyva, Juan Carlos Losada Perdomo y otras personas, en la que se habría discutido sobre la licitación de los pasaportes, según dijo Zamora.Los involucrados, especialmente Losada y Jorge Leyva, sostienen que fue una reunión social relacionada con actividades de tiempo libre, posterior a una misión oficial de la Cancillería.No obstante, Ospina recordó un episodio judicial ocurrido hace casi veinte años, en 2004. Juan Carlos Losada Perdomo, en ese entonces fiscal 61 seccional, archivó una investigación por calumnia contra Álvaro Leyva Durán, quien estaba asilado en Costa Rica. Leyva acusó al entonces vicefiscal general de la Nación, Jaime Córdoba Triviño, de recibir dinero ilícito.“Juan Carlos Lozada Perdomo el 22 de abril del 2004 era el fiscal 61 seccional y ese día, después de tres años, casi cuatro, de investigación decidió precluir, es decir, archivar una investigación que se adelantaba contra Álvaro Leyva Durán por calumnia. Este es el desarrollo de la historia, para quienes no recuerdan: Álvaro Leyva permaneció durante casi seis años asilado en Costa Rica luego de que la Fiscalía ordenó su captura el 28 de junio de 1998 por enriquecimiento ilícito, relacionado con la recepción, por parte de Leyva, de un cheque por 49 millones de pesos, vinculado a Jairo Aparicio Lenis, quien era uno de los capos del Cartel del Norte del Valle”, dijo Ospina.En ese momento Leyva, continuó el periodista, se defendió diciendo que él había tenido una transacción porque él había servido como importador de unas volquetas de Rusia y que le habían pagado con ese cheque y que no tenía nada que ver con el Cartel de Cali ni con el narcotráfico.“Eso no lo creyó la Fiscalía. La Fiscalía ordenó su captura y antes de que fuera detenido, Leyva viaja primero a México, luego a Costa Rica y permaneció asilado durante seis años. A Leyva lo absuelve un juez de descongestión de Cali y luego la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió no cazar la sentencia. Es decir, que dejó en firme la absolución”, indicó.La historia tuvo un desarrollo, pues en el año 2000, el hoy canciller concedió una entrevista al Canal RCN, en la que mostró dos cheques en los que vinculó al entonces fiscal general Alfonso Gómez Méndez y a su vicefiscal, Jaime Córdoba Triviño, con un cheque girado por el narcotraficante anteriormente mencionado.“Un cheque girado por el propio narco Jairo Aparicio lenis por 50 millones de pesos y otro cheque por 80 millones, girado a un señor Hernando Salazar, que era el jefe de prensa, secretario de prensa de Alfonso Gómez Méndez. Los segundos apellidos nunca se pusieron y Álvaro Leyva aseguró, en ese momento, que el vicefiscal general de Colombia y que el secretario de prensa de la Fiscalía había recibido dineros del narcotráfico”, detalló Ospina.Esto llevó a los implicados a denunciar a Leyva por calumnia, ya que sostenían que el hoy canciller no mostró la parte posterior del cheque, el endoso. Es decir, quién lo cobró, la cédula de quién estaba girado y demás.“El punto final de la historia es que el 22 de abril de 2004 Juan Carlos Losada Perdomo decidió recluir la investigación contra Álvaro Leyva por calumnia. Los argumentos, por lo menos, son llamativos, porque él dice, por ejemplo, que en ningún caso pretendió causar el daño a estas personas, que simplemente lo que sucedió fue que recibió una información de algunas personas en Costa Rica y que él simplemente la tramitó. Algo adicional: para el fiscal en ese momento fiscal Losada Perdomo, las presuntas víctimas, o sea Jaime Córdova, Treviño y Hernández, no sufrieron daño y menos un efectivo reproche social”, añadióLa absolución de Leyva, enfatizó el director del servicio informativo de Blu Radio, resulta llamativa, especialmente, considerando que años después, Juan Carlos Losada se convierte en su subalterno en la Cancillería.
Un total de 16 indígenas provenientes de Nuquí, Chocó, llegaron a Medellín, ocho de ellos menores de edad, luego de verse obligados a abandonar sus territorios por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en esta zona del departamento.Las familias arribaron al aeropuerto Olaya Herrera, donde fueron recibidas por el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía de Medellín. Según informó la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, se trata de cuatro grupos familiares afectados por la situación de orden público en esa zona.La Administración Distrital confirmó que estas personas ya rindieron declaración ante la Personería de Medellín y actualmente se encuentran en albergues de la ciudad, donde reciben acompañamiento y atención humanitaria. "Debido al conflicto armado en Nuquí, habían asesinado dos indígenas y secuestrado uno y la Alcaldía de Medellín les hace toda la atención en coordinación con la Personería de Medellín donde declaran que se les brinda toda la ayuda humanitaria de albergue de protección a a esta población que viene amenazada y desplazada", indicó el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila, en diálogo con BLU Radio.Este nuevo desplazamiento ocurre en medio de la grave situación humanitaria que enfrenta Nuquí. El pasado primero de noviembre, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el desplazamiento forzado de aproximadamente 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, quienes abandonaron sus territorios por temor a las disputas entre el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, y el ELN.El organismo advirtió que la comunidad permanecía temporalmente en Jurubirá, sin haber podido completar su traslado hasta la cabecera municipal. Además, señaló que cerca de 300 habitantes de Puerto Indio también estarían evaluando desplazarse por las condiciones de inseguridad.La Defensoría había advertido sobre el agravamiento del riesgo en la zona tras el asesinato de dos personas y el presunto secuestro de una tercera, hechos que precedieron la salida de las familias indígenas de sus territorios.
La Sala Plena de la Corte Constitucional estudiará, como primer punto de su sesión extraordinaria del lunes 9 de noviembre, el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.La sesión será a partir de las 9:00 de la mañana, en la que abordará como primer punto la definición de qué autoridad debe continuar con la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos vínculos con estructuras paramilitares: si será la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El asunto corresponde al expediente CJU-7957. El magistrado ponente es Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien tiene a su cargo estudiar el expediente y presentar a la Sala Plena una ponencia sobre cuál de las dos autoridades tiene la competencia para continuar con el proceso.La controversia se originó el 19 de agosto de 2026, cuando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad una proposición mediante la cual reclamó el expediente que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación.El argumento de la Comisión es que algunas de las conductas investigadas, entre ellas el presunto concierto para delinquir agravado, se habrían prolongado en el tiempo hasta 2003, período durante el cual el expresidente Álvaro Uribe ejercía como jefe de Estado. Por esa razón, considera que los hechos estarían cobijados por el fuero presidencial y que, en consecuencia, la investigación debe ser asumida por el Congreso de la República.Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación rechaza esa pretensión y sostiene que debe conservar la competencia para adelantar el proceso, debido a que los hechos objeto de investigación habrían ocurrido cuando Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997.Hay que precisar que esta discusión no corresponde a una decisión sobre la responsabilidad penal del expresidente, sino a la definición de quién es competente para adelantar la investigación.El segundo asunto previsto en el orden del día de la sesión extraordinaria corresponde al expediente D-16118, cuya magistrada ponente es Natalia Ángel Cabo. Se trata de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32, parcialmente, de la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, denominado Colombia, Potencia Mundial de la Vida, del Gobierno del ahora expresidente Gustavo Petro.La disposición demandada modificó el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y está relacionada con, según la definición del Gobierno anterior, las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del territorio nacional localizados en la frontera agrícola.El debate constitucional se concentra en las facultades otorgadas al Gobierno nacional, particularmente al Ministerio de Agricultura y a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), para identificar y delimitar áreas de especial interés destinadas a garantizar la producción de alimentos y proteger el suelo rural.Dentro de estas figuras se encuentran las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Reserva Campesina.La demanda cuestiona si estas disposiciones desconocen la autonomía territorial de los municipios y distritos, reconocida en los artículos 287 y 311 de la Constitución Política, al considerar que la intervención del Gobierno nacional podría limitar las competencias de las autoridades locales para definir y adoptar sus propios Planes de Ordenamiento Territorial (POT).Entre los argumentos expuestos por los demandantes y sectores gremiales, como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), está la preocupación por una posible afectación de las competencias municipales en materia de ordenamiento del territorio y definición de los usos del suelo.
Estos fueron los invitados en la emisión del domingo 8 de noviembre de 2026:Decoración navideña y tradiciones en el hogar: Los conductores Juan Manuel Ramírez y Tata Solarte conversaron sobre el armado del árbol de Navidad y anécdotas familiares de fin de año.Evento GovTech e innovación en el Estado: Se reseñó un encuentro organizado por emprendedores tecnológicos junto a alcaldes y expertos internacionales para abordar la modernización del gobierno digital.Experiencias personales de comercio electrónico: Los presentadores compartieron historias sobre sus hábitos cotidianos de compras en plataformas digitales locales e internacionales.Proyecto de Ley de Rescate Económico: El representante a la Cámara Julio César Triana analizó los recortes al gasto público y las discusiones sobre la reforma tributaria en el Congreso.Impuesto de IVA al comercio electrónico internacional: María Fernanda Quiñones (CCCE) detalló la propuesta de aplicar un 19% de IVA a paquetes menores a 200 dólares para equiparar condiciones con el comercio nacional.Normalización tributaria de criptoactivos: Alejandro Beltrán (Buda) explicó la iniciativa de aplicar un impuesto único del 5% a la tenencia de criptomonedas y los reportes de información ante la DIAN.
Dos hechos de orden público mantienen en alerta a las autoridades en el Nordeste de Antioquia. En la vereda Providencia de Anorí, tropas del Ejército adelantan la desactivación de cargas explosivas instaladas en dos mulas, mientras que en Segovia un subintendente de la Policía resultó herido durante un ataque armado y fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de 39 años.En Anorí, la alerta se activó luego de que las autoridades detectaran que los animales transportaban explosivos. El Ejército interviene para neutralizar las cargas y evitar que sean detonadas. Este hecho sería responsabilidad del frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.El otro hecho ocurrió en las últimas horas en el sector de Matuna, zona rural de Segovia. De acuerdo con el reporte de la Policía, unidades del Escuadrón Móvil de Carabineros número 12 acudieron a atender un requerimiento ciudadano relacionado con un presunto secuestro y el hurto de un vehículo.Los uniformados, que estaban en un puesto de control sobre la vía de Interrapidísimo, se desplazaron hasta el sitio y fueron recibidos con disparos. En el hostigamiento resultó lesionado el subintendente Jonatan Alexander Castro Díaz, quien sufrió una afectación en el dedo pulgar de la mano izquierda y aturdimiento. Una vez controlada la situación, los policías encontraron el cuerpo sin vida de Lady Patricia Guerrero, de 39 años. La Policía informó que los actos urgentes quedaron a cargo de unidades de la Sijín de Antioquia.En el lugar fueron incautadas dos escopetas Mossberg, dos fusiles y una carabina. Según información de inteligencia de la Policía, en esta zona tienen presencia la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del Clan del Golfo, y el frente 4 de las disidencias, grupos que mantienen una confrontación por el control territorial. El ataque en Segovia sería atribuido a este último grupo.
Este domingo, 8 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:Escándalo de la vida privada del expresidente Gustavo Petro: Debate sobre las denuncias del presunto uso de recursos públicos para pagar contratos a cambio de favores sexuales y su impacto ético y judicial.Entrevista con Cecilia López Montaño: La exministra presenta su libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, analizando la pérdida de ética pública, el cambio de rumbo gubernamental y las consecuencias para el país.Gira del Papa León XIV por América Latina: Reporte con el periodista Néstor Pongutá sobre el recorrido del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú (Chiclayo), resaltando la masiva convocatoria y sus mensajes pastorales.Situación del Cauca y su potencial económico: Entrevista con Ana Fernanda Muñoz (presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca) sobre el impacto de la violencia, los daños del terremoto, el reclamo de presencia estatal integral y la fuerza agroexportadora regional.Perspectivas del sector de hidrocarburos: Entrevista con Frank Pearl (presidente de la ACP) sobre la reactivación de la exploración petrolera y de gas, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y agilidad en consultas y licencias ambientales.Balance a 10 años del Acuerdo de Paz: Adelanto de la entrevista con la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre las deudas en el desarrollo territorial de las zonas PDET y el cumplimiento de las sanciones restaurativas para los excombatientes de las FARC.Sección de cine y plataformas: Recomendaciones de Luis Carlos Rueda con la película colombiana Pacífico, los estrenos El gato en el sombrero, Godzilla, Yo soy Rocky y la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia.