La violencia asociada al conflicto armado continúa provocando el desplazamiento de comunidades en diferentes regiones del país. Un informe de la Defensoría del Pueblo señala que 23.931 personas fueron afectadas por desplazamientos forzados masivos entre enero y agosto de 2026.
Durante esos ocho meses, la entidad documentó 111 eventos de desplazamiento forzado masivo en diferentes territorios del país. Solo durante agosto se registraron 11 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 5.976 personas, de acuerdo con el reporte de la Defensoría. Los hechos estuvieron relacionados con situaciones derivadas del conflicto armado interno y obligaron a las comunidades a abandonar sus territorios.
Según la Defensoría, el departamento del Cauca fue el que concentró el mayor número de personas afectadas por desplazamiento forzado durante los primeros ocho meses del año, con más de 6.700 personas. Seguido por Norte de Santander (más de 4.350 personas), Antioquia (más de 3.150), Nariño (más de 2.550), Magdalena (más de 1.900)
Sin embargo, el desplazamiento hace parte de un panorama más amplio de afectaciones a las comunidades. Entre enero y agosto, la Defensoría también registró 63 eventos de confinamiento que afectaron la movilidad de 80.369 personas.
En este caso, Chocó fue el departamento con mayor número de personas afectadas, con 15.641. Le siguen Cauca, con 13.350; Putumayo, con 12.646; Caquetá, con 11.651, y Bolívar, con 6.593.
Solo en agosto, nueve eventos de confinamiento restringieron la movilidad de 6.201 personas, lo que quiere decir que, durante ese mes más de 12.000 personas resultaron afectadas entre desplazamiento forzado y confinamiento: 5.976 por desplazamiento y 6.201 por restricciones a la movilidad.
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Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno Nacional y a las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, SNARIV, revisar y ajustar los procedimientos para responder a las emergencias provocadas por el desplazamiento y el confinamiento.
El objetivo según la entidad es reducir las barreras y cargas administrativas que pueden retrasar la respuesta institucional, priorizar la atención humanitaria y garantizar los derechos de las comunidades afectadas.