Colombia continúa enfrentando una grave crisis humanitaria derivada del conflicto armado y la violencia territorial. Según cifras reveladas por el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), durante 2024 se registraron más de 394.000 personas desplazadas en el país, siendo Norte de Santander el departamento con mayor número de casos reportados.Así lo confirmó Ursulina Ossa, coordinadora de Datos para Latinoamérica del IDMC, en entrevista con Néstor Morales, donde advirtió que el fenómeno del desplazamiento interno mantiene una tendencia preocupante, especialmente en zonas donde persisten enfrentamientos entre grupos armados ilegales, disputas por corredores estratégicos y economías ilícitas.“Colombia sigue siendo uno de los países con mayores cifras de desplazamiento interno en el mundo. Lo que estamos viendo es una persistencia de las dinámicas de violencia que afectan principalmente a comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes”, señaló Ossa.Las cifras evidencian que Norte de Santander, una región históricamente golpeada por la presencia de grupos armados y su condición fronteriza con Venezuela, concentra una parte significativa de esta crisis humanitaria.Norte de Santander, epicentro de la crisis humanitariaDe acuerdo con la experta del IDMC, el departamento fronterizo encabeza el listado nacional debido a múltiples factores relacionados con el recrudecimiento del conflicto armado en municipios estratégicos como Tibú, El Tarra, Convención y otras zonas del Catatumbo.“En Norte de Santander confluyen diferentes actores armados y eso genera confinamientos, amenazas y desplazamientos masivos de comunidades enteras”, explicó Ursulina Ossa durante la entrevista.La situación en el Catatumbo ha sido reiteradamente denunciada por organizaciones sociales y organismos internacionales. Los enfrentamientos entre el ELN, disidencias de las FARC y otros grupos ilegales han incrementado los riesgos para la población civil, obligando a cientos de familias a abandonar sus hogares.Además, las comunidades enfrentan dificultades de acceso a alimentos, salud y educación, mientras las autoridades locales intentan responder a la emergencia con recursos limitados.Comunidades vulnerables son las más afectadasUno de los aspectos que más preocupa al IDMC es el impacto desproporcionado que el desplazamiento tiene sobre comunidades históricamente vulnerables.“Las poblaciones indígenas y afrodescendientes suelen ser las más afectadas porque habitan territorios estratégicos para los grupos armados y tienen menos capacidad de respuesta institucional”, indicó Ossa.La coordinadora de Datos para Latinoamérica también destacó que muchas familias desplazadas enfrentan múltiples episodios de movilidad forzada, lo que agrava las condiciones de pobreza y exclusión.En varias regiones del país, las personas desplazadas llegan a centros urbanos sin garantías de vivienda, empleo o acceso adecuado a servicios básicos. Esto genera nuevas problemáticas sociales y humanitarias que terminan afectando tanto a las comunidades receptoras como a quienes huyen de la violencia.Colombia sigue liderando cifras de desplazamiento internoEl informe del IDMC ubica nuevamente a Colombia entre los países con mayores niveles de desplazamiento interno en el mundo, una problemática que persiste pese a los acuerdos de paz y los esfuerzos gubernamentales para contener la violencia.“Aunque hay avances institucionales y marcos legales sólidos en comparación con otros países, la realidad en los territorios sigue siendo muy compleja”, afirmó la experta.La persistencia de economías ilegales asociadas al narcotráfico, la minería ilegal y el control territorial continúa alimentando los ciclos de violencia en varias regiones del país.Departamentos como Chocó, Cauca, Nariño y Antioquia también registran altos índices de desplazamiento y confinamiento, especialmente en zonas rurales donde la presencia estatal sigue siendo limitada.Llamado a fortalecer la respuesta institucionalDurante la entrevista, Ursulina Ossa insistió en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, atención y protección para las comunidades en riesgo.“La respuesta no puede limitarse únicamente a la atención de la emergencia. Es fundamental trabajar en prevención y en soluciones duraderas para las personas desplazadas”, sostuvo.La representante del IDMC señaló que uno de los principales retos para Colombia es garantizar condiciones de seguridad que permitan el retorno voluntario de las comunidades a sus territorios.Asimismo, destacó la importancia de mejorar los sistemas de recolección de datos y monitoreo para dimensionar correctamente la magnitud del fenómeno y diseñar políticas públicas más efectivas.
A finales de 2025, un total de 82,2 millones de personas estaban desplazadas en su propio país a causa de la violencia, los conflictos y desastres naturales en su mayoría provocados por el cambio climático, alertó este martes el informe anual del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC).Este desplazamiento se ha más que duplicado en una década, ya que en 2016 la cifra ascendía a 38,9 millones de acuerdo con los cálculos de IDMC, observatorio vinculado a la ONG Consejo Noruego de Refugiados (NRC).La cifra de 82,2 millones supone un ligero descenso respecto a 2024, cuando se registró un máximo histórico de 83,4 millones, pero sigue siendo "indicativo de un colapso mundial a la hora de prevenir conflictos y proteger civiles", valoró el secretario general de NRC, Jan Egeland, excoordinador humanitario de Naciones Unidas.De esos desplazados, 68,6 millones tuvieron que dejar sus hogares debido a conflictos, siendo los países más afectados por ello Sudán (9,1 millones), Colombia (7,2 millones), Siria (6 millones), Yemen (4,8 millones) y Afganistán (4,4 millones).Otros 13,6 millones de desplazados internos lo son por catástrofes naturales, incluidos 5 millones en Bangladés, 2,6 millones en Afganistán y 757.000 en Etiopía.El observatorio también calcula los movimientos de estos colectivos en un año, que contabilizan en frecuentes ocasiones varios desplazamientos de una misma persona o familia en 12 meses, y que en 2025 ascendieron a 62,2 millones.IDMC destacó que por primera vez desde que el informe es elaborado en 1998 el número de desplazamientos internos por conflictos en un año (32,2 millones, máximo histórico y un 60 % mayor que en 2024) superó a los causados por catástrofes (29,9 millones).Irán fue el Estado donde hubo más desplazamientos por conflicto en 2025, con 10 millones, en su mayoría evacuaciones temporales de la capital Teherán, seguido por República Democrática del Congo (9,7 millones), Palestina (2,7 millones), Sudán (1,7 millones) y Haití, todos ellos marcados por conflictos abiertos o violencia armada.En los desplazamientos por catástrofes, 10,7 millones se registraron en Filipinas, 3,5 millones en China y 3 millones en Pakistán, siendo un 91 % relacionados con desastres meteorológicos que incluyeron tormentas (17 millones) e inundaciones (7,9 millones).IDMC advirtió que los incendios forestales son en cada vez mayor medida una causa de desplazamiento interno en el mundo, con más de 694.000 movimientos por este motivo en 2025, la segunda cifra más alta de la última década.
Por al menos segunda vez en el año nuevamente el municipio de Briceño es epicentro de una compleja tensión entre grupos armados que causan zozobra entre pobladores de zona rural y por ende su desplazamiento masivo.Según el registro más reciente de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, ya son 163 personas, adscritas a 86 grupos familiares, las que han llegado hasta el casco urbano procedentes de veredas como Travesías, Pueblo Nuevo, El Roblal y El Orejón.Allí, desde la tarde de este domingo, empezó a circular un audio verificado por las autoridades de parte de un miembro del frente 36 de las disidencias de Farc señalando que iniciarían ataques con explosivos contra integrantes del Clan del Golfo.El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, sostuvo que un combatiente murió tras ser víctima de un dron cargado con explosivos.Ante este complejo panorama, el funcionario advirtió que tras un consejo de seguridad en las últimas horas, el Ejército se comprometió a reforzar sus capacidades y llegar hasta la zona afectada."El Ejército se compromete a enviar un componente más de militares a la zona. La zona tiene que tener en cuenta que el ejército no puede estar en un solo sitio, y menos en una jurisdicción donde hay permanente enfrentamiento y ataques de los bandidos del treinta y seis a la fuerza pública. Ellos se tienen que estar moviendo", aseguró.Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón, insistió en medidas como bombardeos para producir golpes contundentes contra los grupos e involucrados en la sangrienta disputa por el control del territorio desde hace varios meses."Mejor forma de habilitarle, como ha acontecido en otras ocasiones, el retorno a estas familias, o incluso que muchas que tengan que evitar el desplazamiento, es haciendo un control efectivo del área por parte de la fuerza pública y poniendo a correr a los bandidos que delinquen", indicó.A la espera de la eventual llegada de más personas desplazadas, la Alcaldía de Briceño adoptó medidas para garantizar el orden público en zona urbana como el cierre de establecimientos comerciales desde las 8:30 de la noche de cada día, así como el toque de queda nocturno entre las 9:30 de la noche y las 5:30 de la mañana. De igual manera se dispuso ley seca desde las 8:00 de la noche.
El municipio de Briceño en el Norte antioqueño atraviesa una grave situación de orden público luego de que se conociera que durante varias horas el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' y el Clan del Golfo se enfrentaron en la zona rural donde decenas de personas tuvieron que esconderse como pudieron.Blu Radio pudo conocer que , hasta este momento, 75 familias conformadas por cerca de 130 personas se vieron en la obligación de salir desplazadas de sus viviendas en el corregimiento de Travesías para poder salvaguardar sus vidas.A la espera de que los enfrentamientos armados censen y la fuerza pública pueda llegar hasta la zona rural del norte antioqueño, las autoridades en el municipio de Briceño no descartan que en las próximas horas puedan llegar más personas desplazadas hasta el casco urbano en donde son recibidos y atendido con oferta institucional.Mientras se espera que se consolide el censo de las personas afectadas por los enfrentamientos entre ilegales, se ha hecho viral un audio en donde un delincuente, al parecer, del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' habla de amenazas por posible presencia del Clan del Golfo en casas y otros lugares del corregimiento Travesías."Campesinos y campesinas, ancianos y ancianas de la región, todo grupo armado que esté dentro de las casas con civiles, vamos a atacar con toda. Vamos a rampear, vamos a bombardear con drones, comunidades que, si no quieren quedar al medio de las bombas, que desalojen el caserío y que se retiren de ahí", se escucha en el audio.De momento y a la espera que lleguen más familias hasta el casco urbano, las Fuerzas Militares trabajan en un despliegue en la zona afectada y así poder evitar más desplazamientos, a la vez que buscan determinar quién está detrás de la orden de intimidar a la población civil en este lugar del Norte del departamento de Antioquia.
Blu Radio habló con un líder del Chocó, quien relató la situacion que se vive en el departamento y como está impactando la vida de diferentes comunidades.Según señaló, la situación impacta a más de 6.000 personas en zonas cercanas a los ríos Orpúa, Docampadó e Hijuá, donde la presencia de grupos armados ilegales y los enfrentamientos han restringido completamente la movilidad y el acceso a bienes básicos.“Lo que estamos viviendo es una una crisis exacerbada, desproporcionada, la violación de los derechos humanos, inflación del DH, una crisis que que ha asumido al departamento, a las comunidades étnicas y la tiene al borde de un exterminio ahora mismo en en el municipio del Bajo Baudó se encuentran confinadas al menos dieciséis comunidades negras afro y diez comunidades indígenas principalmente los ríos Orpúa, Docampadó y el río Hijuá”, advirtió el líder.En los últimos días ya se han registrado desplazamientos internos, como el de la comunidad de Santa Rosa, donde 24 familias, alrededor de 120 personas, tuvieron que abandonar sus viviendas en busca de protección.Según el testimonio, la situación de orden público está marcada por la disputa territorial entre grupos armados ilegales como el ELN y el Clan del Golfo, sumado a la presencia de la fuerza pública, lo que ha intensificado los enfrentamientos.“En una situación tan caótica a veces es complejo definir, cuando hay tantos actores en territorio, definir quién realmente son los que se están enfrentando”, explicó.Relató además, que uno de los mayores impactos se registra en la movilidad fluvial. En esta región, los ríos son la principal vía de transporte, pero hoy están bajo riesgo, lo que impide el acceso a alimentos, servicios de salud y otras actividades básicas de subsistencia.A esto se suma una crisis humanitaria que, según denuncian las comunidades, ha desbordado la capacidad de respuesta institucional.“Hoy hay una crisis en términos de alimentación, de kit de higiene en términos de protección y la situación es bastante compleja. La gobernación ha anunciado la entrega de algunos kit alimentarios, pero son insuficientes”, señalaron.Finalmente subrayó que la situación también afecta de manera directa a niños, niñas y adolescentes, quienes permanecen sin acceso a educación. “Cada vez que hay un confinamiento, hay un desplazamiento, pues siempre se escolariza a los estudiantes por obvias razones, hay una situación particular y coyuntural y es que en unos territorios étnicos como son en el departamento del Chocó pues los docentes no siempre son de las comunidades, entonces frente a estos hechos muchas veces los docentes salen y los estudiantes queda a la deriva, pues también por la misma dinámica de los actores armados que son los primeros sitios que ocupa”, explicaron.
En medio de diferentes operaciones militares que se desarrollan en el Norte antioqueño para dar con la captura o la baja de alias 'Primo Gay', del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá', se conoció un nuevo hecho victimizante en donde 29 personas salieron desplazadas de la vereda El Cedral del municipio de Ituango.La información que han dado a conocer las autoridades es que los desplazados, correspondientes a seis familias, fueron intimidados mediante panfletos del Frente 18 de las disidencias de alias 'Iván Mordisco', misma facción que lideraba alias 'Ramiro' que fue abatido recientemente también en zona rural de Ituango.Aunque, al parecer, el panfleto no correspondería directamente al grupo delincuencial, las personas siguieron con zozobra y temor por las amenazas por lo que salieron de la vereda El Cedral, cinco familias con destino al casco urbano de Ituango en donde se albergaron donde conocidos y las familias restantes viajaron a la ciudad de Medellín.Por ahora, la Alcaldía de Ituango y la Policía Nacional se encuentran investigando las amenazas de delincuentes, con el fin de establecer con exactitud quiénes están detrás de los panfletos, ya que en esta zona del Norte antioqueño operan el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' y el Clan del Golfo.Además, hay que mencionar que las autoridades se encuentran verificando el posible regreso de un par de personas a la vereda El Cedral, a pesar de las recomendaciones de estar un dictamen exacto para saber a plenitud cuál es la situación de orden público en el sector afectado por las amenazas.Por último, hay que mencionar que en esta misma zona de Antioquia, recientemente, fueron capturados el escolta y la pareja sentimental de alias 'Primo Gay' a quien dejaron herido. Se espera que las operaciones militares avancen en este lugar del departamento con el fin de golpear las estructuras armadas de las disidencias.
La difícil situación de orden público por la que atravesó recientemente el Nordeste antioqueño podría escalar a otras zonas del departamento como destacaron desde la Gobernación en donde hicieron énfasis en que el conflicto armado podría trasladarse de Segovia a municipios cercanos como Remedios o Yondó.Hay que recordar que la compleja situación comenzó el pasado 26 de febrero con el asesinato de tres personas de una misma familia en la vereda Jaguas, situación que provocó el desplazamiento de más de 270 personas que luego de 20 días no han podido regresar a sus viviendas debido a las amenazas latentes en la subregión.El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, indicó que a pesar de que el Ejército Nacional hace presencia hace unos días en la zona rural de Segovia, el temor está en que el epicentro de las dispuestas disidencias de alias 'Calarcá' y el Clan del Golfo puedan trasladarse a otras zonas del departamento."El Ejército llegó, está en la zona, muy seguramente está haciendo una descubierta en el área, que va a hacer que el problema se nos desplace, o hacia Yondó o hacia el lado de Remedios o hacia el lado del Bajo Cauca, porque eso es lo que hacen esas estructuras. Cuando el Ejército aprieta en el territorio, eso tiene un efecto globo, ellos se desplazan", explicó el funcionario.Ante la situación que podría ser un detonante para la seguridad del departamento de Antioquia, la Gobernación reiteró su pedido al Gobierno nacional de que se incrementen los operativos militares para poder arreciar la presencia ilegal en estas zonas de la región.Por ahora las autoridades locales siguen atendiendo a las cerca de 300 personas que se encuentran desplazadas, a la vez que se espera que las Fuerzas Militares puedan mitigar las amenazas de expansión del conflicto al Bajo Cauca y Magdalena Medio antioqueño.
Sigue la crisis humanitaria en Antioquia: más de 400 desplazados no han podido retornar a sus hogares en cuatro municipios. Los enfrentamientos entre ilegales y el uso de drones con explosivos son las principales causas del drama de más de cien familias.Segovia, Anorí, Remedios y Yondó siguen siendo los municipios epicentro de grandes desplazamientos de las comunidades, ante los enfrentamientos que sostienen los grupos armados ilegales, que incluso, atemorizan a la población por el uso de drones con explosivos.Según confirmó la Gobernación de Antioquia si bien no todos los desplazamientos comenzaron al mismo tiempo, incluso algunos vienen desde el año anterior, en este momento el balance es de 448 personas desplazadas, las cuales conforman 124 familias.Un grupo de 22 son de las veredas Jagua, San José del Pescado y Arenales de Segovia; además de Las Palmas y Montefrío; otros son de Puerto Matilda, en Yondó, de Tamar Bajo, en Remedios y de las veredas Moreno Cano, Providencia y la Triana, estas últimas llegaron al casco urbano de Anorí.El secretario de Seguridad, Luis Martínez, aseguró que precisamente este fue uno de los temas que se abordó en el último comité de garantías electorales, con presencia del ministro de Defensa Pedro Sánchez, para pedir una intervención especial en el Nordeste del departamento.“Le hicimos saber al Ministerio de la Defensa los altos mandos militares que ante remedios Segovia y Yondó se requiere un trabajo articulado, contundente, con capacidades del orden nacional para poder eliminar la amenaza que allí se presenta que no es más que el enfrentamiento permanente entre estructuras de narcotraficantes por el control de las rentas ilegales”, aseguró.Para el caso de la vereda Montefrío de Segovia hay que decir que también se reportó recientemente el desplazamiento de al menos 11 personas que salieron rumbo al casco urbano del municipio debido a las amenazas de grupos delincuenciales como las disidencias, ELN y Clan del Golfo.Por lo pronto, Martínez reiteró que en la zona afectada por los enfrentamientos ya hace presencia el Ejército, buscando consolidar el territorio, mientras que las familias afectadas están siendo atendidas por parte de la Gobernación de Antioquia, en coordinación con las alcaldías municipales de estas localidades.
En medio de la compleja situación de orden público que se vive en diferentes zona del departamento de Antioquia y a pocas horas de que los colombianos estén habilitados para votar por los representantes al Congreso de la República y por los candidatos a las consultas, aún hay cuatro desplazamientos activos en la región.El reporte más reciente de la Gobernación de Antioquia es que los afectados están en los municipios de Yondó y Segovia, este último lugar en donde se vive la situación más complicada tras la muerte de tres miembros de una familia luego de ser atacados con explosivos lanzados desde un dron.El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, entregó un reporte de los desplazamientos e indicó que este problema ocurre en una zona que históricamente se ha convertido en un corredor clave para diferentes grupos armados con injerencia en el departamento."En la vereda Arenales, producto de la situación sucedida con el asesinato de esta familia, y tenemos desplazamiento en Yondó, producto de dos sitios, Puerto Matilda, que eso está desde el 15, unos enfrentamientos que hubo allí y la vereda Tamar", indicó el funcionario.Además, en la vereda Montefrío de Segovia también se reportó recientemente el desplazamiento de al menos 11 personas que salieron rumbo al casco urbano del municipio debido a las amanezas de grupos delincuenciales como las disidencias, ELN y Clan del Golfo.Aunque la situación con las alteraciones al orden público sigue siendo una preocupación para autoridades en Antioquia, aún así esperan que los comicios se puedan desarrollar sin contratiempos en todas las subregiones del departamento.
Se cumple una semana desde que tres personas fueron asesinadas tras ser impactados por explosivos lanzados por drones en zona rural de Segovia y aunque el Ejército Nacional llegó al sector, la Personería Municipal reconoció que siguen llegando reportes de personas que han salido desplazadas por amenazas de grupos armados.Hay que recordar que, a la fecha, había 270 personas desplazadas en la vereda Arenales, sin embargo, la crítica situación de orden público no ha parado y ahora son varios habitantes de la vereda Montefrío quienes decidieron dejar sus viviendas y dirigirse hasta el casco urbano para salvaguardar su vida.El personero de Segovia, Hambler Patiño, indicó que los grupos armados sigue con presencia activa y que, incluso, se han reportado algunos combates que obligaron a que varias personas salgan de sus casas hacia el casco urbano."Fueron 11 personas hacia el casco urbano, porque tuvieron amenazas, en el sentido de que les dijeron que salieran de la región y de sus casas, porque ahí muy cerca hay combates. Para que no cayeran en el fuego cruzado", señaló Patiño.Aunque ya estas personas fueron atendidas con la oferta institucional de la Alcaldía de Segovia, hay que mencionar que es más que evidente que el orden público se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades en esta zona del Nordeste antioqueño, situación por la que el Ejército Nacional ya llegó hasta la vereda Arenales donde están las 270 personas desplazadas.Patiño indicó que con la llegada en las últimas horas de la Fuerza Pública se espera que se pueda retomar la seguridad en la zona rural y con ello las familias afectadas por el conflicto armado puedan regresar a sus viviendas."Autoridades pudieron llegar al sitio donde están concentradas las personas que se desplazaron de de una vereda hacia otra. En este momento hay presencia del Ejército. Ayer hubo una jornada especial por parte de la Alcaldía municipal y la Unidad de Víctimas, donde se les entregaron ayudas de emergencia", dijo.A la espera de que las autoridades arrecien las operaciones en Segovia, a esta hora se está verificando otra situación en donde varias personas habrían salido también desplazadas hacia el municipio de El Bagre.
La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) rechazó, por medio de un comunicado oficial, el asesinato del exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar. El crimen ocurrió en la zona rural de dicho municipio mientras la víctima se movilizaba en una motocicleta hacia el casco urbano en compañía de otra persona.“Este crimen enluta al municipalismo colombiano y constituye una afrenta contra quienes han dedicado su vida al servicio público y al bienestar de sus comunidades. La violencia no puede seguir arrebatando la vida de los líderes que trabajan por sus territorios”, aseguró la institución.Ante este hecho, Fedemunicipios hizo un llamado a las autoridades competentes para que adelanten con celeridad las investigaciones necesarias, esclarezcan lo ocurrido y capturen a los responsables, evitando así que este crimen quede en la impunidad.Asimismo, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, lamentó lo sucedido en sus redes sociales y envió un mensaje de condolencias a los familiares de la víctima. La mandataria convocó a un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación el domingo 17 de mayo a las 8:00 a.m., espacio en el que se espera contar con la presencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al igual que de altos mandos del Ejército y la Policía Nacional.La Gobernadora del Meta aseguró que se ofrecerá una recompensa de hasta $50 millones por información efectiva que permita capturar a los responsables de este acto de violencia.
Autoridades en Medellín y la subregión metropolitana continúan en la ofensiva contra delitos sexuales que afectan especialmente a menores de edad y en donde los victimarios por lo general son personas de su círculo familiar o cercano con capacidad de autoridad.Investigaciones desarrolladas durante meses con métodos como entrevistas, análisis de información y recolección de elementos materiales probatorios, han permitido la expedición de órdenes de captura por parte de jueces de la República contra los señalados responsables de estos delitos que en lo corrido de 2026 ya suman 85 en toda la subregión metropolitana.Los más recientes fueron cuatro hombres en los municipios de Itagüí, Bello y Copacabana que deberán responder por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales agravados con menor de 14 años.El primer procedimiento se desarrolló en el barrio Santa María de Itagüí, donde fue capturado un hombre de 55 años, con anotaciones por violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, señalado de abusar sexualmente de su hija de 8 años. Según la investigación, el hoy capturado aprovechaba los momentos en que quedaba al cuidado de la menor para realizarle tocamientos de índole sexual.En la misma localidad, cayó un docente de español de 62 años de edad, quien según las autoridades habría tenido conductas sexuales y tocamientos indebidos contra una estudiante de 9 años. "Este docente de Lengua Castellana le daba besos en la boca y en otras partes del cuerpo al interior de la institución educativa, y los hechos se registraron en la vigencia 2025", dijo el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana.El tercer caso ocurrió en el municipio de Copacabana donde un hombre de 37 años aprovechaba que la madre de su hijastra de 12 años de edad salía a trabajar para realizarle tocamientos indebidos y capturar fotografías de la menor sin su consentimiento. La misma edad tiene la menor víctima en el cuarto caso, en el municipio de Bello, donde el presunto agresor sexual sería su hermano, de 22 años.Mientras que los cuatro capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad por parte de jueces de control de garantías, las menores de edad fueron puestas bajo atención de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos.
Un joven identificado como David Ospina Jerez, de 23 años, fue asesinado en hechos que son materia de investigación en zona rural del departamento de Santander, cuando, al parecer, prestaba un servicio de transporte a través de una plataforma digital con destino a San Vicente de Chucurí.De acuerdo con la información conocida, el joven habría sido abordado por varias personas dentro del vehículo en el que se movilizaba, en un hecho que estaría relacionado con un hurto. En el automotor viajaban cinco ocupantes al momento de los acontecimientos.Su padre, Rogelio Jerez, relató que la última comunicación con su hijo se produjo en horas de la mañana del día del hecho. “Hablé con él a las 11 de la mañana. Me dijo que estaba trabajando. Luego volví a llamarlo y ya no contestó. Desde la noche del martes estaba desaparecido”, señaló.El joven, quien se ganaba la vida como conductor en una plataforma digital, fue encontrado posteriormente por la comunidad en el municipio de Lebrija, donde intentaron auxiliarlo y lo trasladaron a un centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, no sobrevivió a la gravedad de las heridas.De manera extraoficial se conoció que el vehículo en el que se movilizaba habría sido hallado en el sector de Puerto Boyacá, información que aún no ha sido confirmada por las autoridades.Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Bucaramanga no ha entregado información oficial ni detalles sobre los responsables del hecho, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen.Familiares indicaron que David era oriundo del departamento del Cesar y que su padre, residente en Curumaní, le había insistido en varias ocasiones que se trasladara a vivir con él.
Esta semana, la región Caribe registró una temperatura promedio de 38 grados Celsius en medio de la ola de calor que golpea al norte del país y en la que poblaciones sufrieron sensaciones térmicas superiores a los 40 grados. El impacto ha sido tan grande que este promedio no se presentaba desde mediados del año 1998.Así fue confirmado a Blu Radio por la jefa de la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas del Ideam, Jennifer Dorado, quien además indicó que ciudades como Valledupar, en Cesar; Santa Marta, en Magdalena; y San Andrés Islas tuvieron temperaturas de cuatro grados superiores a las que normalmente registran. Es decir, de 34 grados pasaron a los 38.“Hemos superado los promedios mensuales históricos, especialmente en Valledupar. Allí tuvimos cinco días consecutivos de aumentos. En Riohacha también, así como Santa Marta y San Andrés. Recordemos que para este mes batimos el récord de 1998”, expresó Dorado en entrevista.Barranquilla no se quedó atrás, pues tuvo un aumento de 3,3 grados por encima del registro histórico, el cual se mantenía entre los 32 y 33 grados Celsius antes del mes de mayo. De hecho, este sábado inició con temperaturas de 28 grados y una sensación térmica de 31, valores que seguramente irán creciendo con el pasar de las horas.La expectativa es que para este fin de semana comiencen a bajar las temperaturas; sin embargo, la comunidad debe mantenerse alerta ante las recomendaciones de las autoridades competentes. Tampoco se descartan lluvias en diferentes sectores de la región Caribe, según aclaró el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.En Colombia hay 106 municipios que siguen bajo alerta por incendios forestales ante la presente ola de calor. Específicamente, en la región Caribe encontramos poblaciones como Galapa, Puerto Colombia, Tubará, Barranquilla y Soledad, en Atlántico; Dibulla, Manaure, Riohacha y Uribia, en La Guajira; sumado a Sitionuevo, en Magdalena.
Una ambulancia que aparentemente prestaba servicio médico terminó siendo utilizada como fachada por redes del narcotráfico para transportar droga y evadir los controles de las autoridades en las carreteras del sur del país.El operativo se llevó a cabo en la vía Putumayo–Pitalito, a la altura de la vereda El Cedro, corregimiento de Bruselas, donde tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 27 Magdalena, adscrito a la Novena Brigada del Ejército Nacional, interceptaron el vehículo de misión médica.“En desarrollo de operaciones militares, la Novena Brigada, a través del Batallón de Infantería Magdalena, logró la captura de unos sujetos que se movilizaban en una ambulancia. Al inspeccionar el vehículo y notar modificaciones en su estructura, los soldados verificaron y encontraron 207 kilos de clorhidrato de cocaína”, indicó el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada.Durante la inspección, los soldados detectaron varias irregularidades en la estructura del automotor y hallaron caletas ocultas en la parte superior de la ambulancia, específicamente en el área de la sirena, además de otras adecuaciones internas utilizadas para esconder el estupefaciente.En total, fueron encontrados 128 paquetes que contenían 207 kilos de clorhidrato de cocaína. El cargamento, proveniente del Putumayo y con destino al interior del país, tendría un valor cercano a los 630 millones de pesos.“La cocaína provenía del Putumayo y tenía como destino el interior del país. De igual manera, esta incautación representa 414.000 dosis menos en las calles”, señaló el brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada del Ejército Nacional.En el procedimiento fueron capturados en flagrancia dos hombres que se movilizaban en la ambulancia. Los detenidos, junto con la droga incautada y el vehículo, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para adelantar el respectivo proceso judicial.